El Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado, MOVICE, da a conocer ante la opini\u00f3n p\u00fablica y la sociedad en general sus planteamientos respecto al proyecto de ley de v\u00edctimas en el marco de su segundo debate, este 13 de diciembre, en la Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes.<\/p>\n
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Desde su nacimiento el MOVICE se ha pronunciado a favor de la creaci\u00f3n de un modelo garantista y justo para las v\u00edctimas y ha propendido por una soluci\u00f3n pol\u00edtica y negociada al conflicto armado. Ha expresado en distintas ocasiones que s\u00f3lo verdaderas pol\u00edticas de reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas pueden asegurar procesos de reconstrucci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la democracia, de all\u00ed el inter\u00e9s en el actual proyecto de la ley de v\u00edctimas que comenz\u00f3 su segundo debate este 13 de diciembre en la Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes.<\/p>\n
Es un hecho que el proyecto de ley de v\u00edctimas que se tramita hoy en el Congreso ha tenido avances respecto a los proyectos discutidos en el pasado, en materia de est\u00e1ndares de protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas. Su mayor expresi\u00f3n est\u00e1 en la definici\u00f3n del universo de v\u00edctimas, en el que se pas\u00f3 de una definici\u00f3n restrictiva que exclu\u00eda, entre otras, a las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de Estado, a una m\u00e1s amplia en la que la que se considera v\u00edctima a toda persona que ha sufrido un da\u00f1o como consecuencia de una violaci\u00f3n a sus derechos humanos o por una infracci\u00f3n al DIH; el nuevo texto se\u00f1ala las diferentes responsabilidades que existen entre el Estado, la sociedad y las v\u00edctimas frente a la reparaci\u00f3n; establece la obligaci\u00f3n de crear un plan econ\u00f3mico que garantice la sostenibilidad de la ley; crea un procedimiento que facilita la restituci\u00f3n de tierras; se establecen algunas medidas que atienden a las especiales necesidades de las mujeres que han sido victimizadas especialmente en materia de violencia sexual y de despojo;\u00a0 y se establece la obligaci\u00f3n dentro del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaciones de la Fiscal\u00eda de especializarse en la persecuci\u00f3n de los bienes destinados a la reparaci\u00f3n.<\/p>\n
No obstante, a pesar de dichos avances, el MOVICE llama la atenci\u00f3n en cuatro aspectos de especial preocupaci\u00f3n por los contenidos en la ponencia para segundo debate del proyecto de ley en menci\u00f3n. <\/p>\n
1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Universo de v\u00edctimas y la cobertura en el tiempo<\/p>\n
A pesar de la inclusi\u00f3n de v\u00edctimas de agentes del Estado en la definici\u00f3n de v\u00edctima, dicho universo se encuentra limitado a aquellas que han sufrido la victimizaci\u00f3n con posterioridad a 1993, situaci\u00f3n que desconoce la dimensi\u00f3n de los cr\u00edmenes cometidos con antelaci\u00f3n a esta fecha, especialmente en la d\u00e9cada del 80.
Un gran recrudecimiento de la violencia social y pol\u00edtica en nuestro pa\u00eds se registr\u00f3 precisamente desde comienzos de la d\u00e9cada de los 80, cuando se realizan las primeras masacres fundacionales del paramilitarismo, y en la que se registra un grupo significativo de magnicidios, genocidios, masacres, desapariciones forzadas, todas ellas relacionadas con el incremento de la violencia sociopol\u00edtica en el pa\u00eds. Con la reducci\u00f3n de fecha se elimina del imaginario colectivo masacres como las de los 19 comerciantes del a\u00f1o 87, la masacre de Segovia en noviembre de 1988 (43 asesinados), la masacre de la Rochela de enero de 1989 (12 asesinados), la masacre de Mejor Esquina en C\u00f3rdoba (38 asesinados), masacre de Coquitos (25 asesinados) y magnicidios como los de Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Gal\u00e1n, Carlos Pizarro y Bernardo\u00a0 Jaramillo,\u00a0 cr\u00edmenes en los cuales, ya sea por sentencias de organismos internaciones o por declaraciones de los mismos autores materiales, se ha comprobado la responsabilidad del Estado Colombiano.<\/p>\n
La violencia desarrollada en Colombia durante la d\u00e9cada de los 80 hasta llegar al a\u00f1o de 1993 se caracteriza, por la comisi\u00f3n de diferentes cr\u00edmenes bajo el amparo de reformas pol\u00edticas y jur\u00eddicas a “la acci\u00f3n represiva del Estado”, como ocurre en el gobierno de Belisario Betancur, \u00e9poca en la cual se pasa de acciones legales a acciones ilegales propias de la guerra sucia\u00a0 contra pol\u00edticos militantes de izquierda, y activistas defensores de derechos humanos. Hacia mediados de la d\u00e9cada de los 80, la represi\u00f3n se agrava, los objetivos de los ataques sistem\u00e1ticos se extienden a l\u00edderes sindicales, periodistas.etc; simultaneo a este proceso se fortalecen las estructuras paramilitares en zonas donde act\u00faa la oposici\u00f3n pol\u00edtica,\u00a0 ya a finales de la d\u00e9cada de los 80, el estado implanta de nuevo el\u00a0 Estado de Sitio por medio del Estatuto en Defensa de la Democracia.<\/p>\n
Por \u00faltimo, el concepto de v\u00edctima tambi\u00e9n resulta discriminatorio al excluir en cualquier circunstancia a los actores armados al margen de la ley y a sus familiares, desconociendo que ellos y ellas tambi\u00e9n son v\u00edctimas como consecuencia de graves infracciones al derecho internacional humanitario.<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Distinci\u00f3n de medidas sociales, de asistencia y de reparaci\u00f3n a v\u00edctimas<\/p>\n
La Corte Constitucional ha establecido la necesaria distinci\u00f3n entre medidas propias de pol\u00edticas sociales, medias de asistencia y de emergencia humanitaria y las medidas dirigidas a reparar a las v\u00edctimas. Por esta raz\u00f3n es inconcebible la utilizaci\u00f3n de la figura de los \u201cefectos reparadores\u201d para relajar las fronteras de las medidas para reparar a las v\u00edctimas, tal y como ocurre en el proyecto de ley con el subsidio de vivienda.
Tambi\u00e9n ha sostenido la Corte Constitucional que el acceso preferencial a los programas y a los servicios sociales del Estado, no pueden ser tomados como medidas de reparaci\u00f3n, ni pueden ser calculados dentro del presupuesto destinado para dichas medidas.
Adicionalmente, la confusi\u00f3n entre las medidas, podr\u00eda producir una competencia entre la poblaci\u00f3n vulnerable o pobre y las v\u00edctimas, la poblaci\u00f3n desplazada, que niega la consolidaci\u00f3n de los fundamentos de la ciudadan\u00eda. En sentido contrario, promueve el acceso a la ciudadan\u00eda social por medio de la victimizaci\u00f3n.<\/p>\n
3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Reintegraci\u00f3n patrimonial<\/p>\n
De acuerdo con los est\u00e1ndares nacionales e internacionales en materia de DDHH la restituci\u00f3n es un componente de la reparaci\u00f3n integral, la cual se materializa a trav\u00e9s de mecanismos de indemnizaci\u00f3n, satisfacci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, restituci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n, precisamente por la diversidad de da\u00f1os causados.
Como grandes ausencias en este punto se destacan: 1. El compromiso por parte del Estado de entregar la tierra en condiciones adecuadas, libres de cualquier peligro que amenace la vida e integridad de quienes la habitan, 2. La entrega del bien en condiciones que la hagan apta para la subsistencia, aspecto de gran relevancia si se considera que la restituci\u00f3n en el proyecto se limita a las tierras y se excluye la devoluci\u00f3n de otros bienes como semovientes y herramientas de trabajo, 3. La entrega de prestaciones complementarias tales como el alivio de pasivos, el saneamiento de los bienes y medidas de estabilizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica, 4. Una estrategia de seguridad para campesinos y campesinas m\u00e1s all\u00e1 de la militarizaci\u00f3n que les permita el retorno, atendiendo la permanencia de diversos intereses contrarios a la restituci\u00f3n sobre sus territorios; as\u00ed como una estrategia de protecci\u00f3n dirigida a salvaguardar la integridad de los operadores jur\u00eddicos que tendr\u00e1n a cargo la restituci\u00f3n de los predios despojados.
La formalizaci\u00f3n\u00a0 y la restituci\u00f3n de t\u00edtulos jur\u00eddicos son de vital importancia para quienes han sido despojados y despojadas, no obstante resultan insuficientes si se desea resolver la situaci\u00f3n de las personas desplazadas y asegurar el goce efectivo de sus derechos. Garantizar la restituci\u00f3n material de las tierras, implica generar condiciones de permanencia, revisar el modelo de desarrollo rural actual, que se caracteriza por el no reconocimiento de la importancia del campesinado, de las comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes.<\/p>\n
4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Garant\u00edas para las v\u00edctimas <\/p>\n
La experiencia del proceso de \u201cjusticia y paz\u201d ha dejado en evidencia la debilidad del enfoque pro-v\u00edctima del modelo de reparaci\u00f3n. Los asesinatos de l\u00edderes sociales reclamantes de tierras y de v\u00edctimas organizadas participantes del mismo proceso, son casos que no pueden repetirse y hasta ahora muestran que no existe una pol\u00edtica adecuada con plenas garant\u00edas para el reclamo justo de los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Tampoco es claro en el proyecto de ley actual cu\u00e1les son las garant\u00edas econ\u00f3micas y sociales para el retorno de la poblaci\u00f3n que ha sufrido el desplazamiento. Abogamos por amplias reformas que promuevan mecanismos capaces de asegurar el retorno y la permanencia en los territorios.<\/p>\n
Finalmente en lo relacionado con la asistencia judicial a las v\u00edctimas, adem\u00e1s de la creaci\u00f3n de una estructura org\u00e1nica de la Defensor\u00eda del Pueblo como mecanismo de fortalecimiento del Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica, es fundamental que se destinen recursos suficientes para que se asegure el acompa\u00f1amiento y\u00a0 la asistencia judicial a v\u00edctimas. Esto\u00a0 \u00faltimo no debe quedar a discrecionalidad del ejecutivo como pasa como m\u00faltiples elementos del proyecto de ley actual.<\/p>\n
Conclusi\u00f3n
Desde un enfoque integral de la reparaci\u00f3n, el MOVICE insiste en la urgencia de garantizar la verdad y la justicia para las v\u00edctimas. Sobre este \u00faltimo aspecto es importante manifestar la enorme preocupaci\u00f3n por el actual proyecto de ley, actualmente en tr\u00e1nsito en el Congreso, como respuesta a la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del principio de oportunidad para desmovilizados, en el que se establece una nueva f\u00f3rmula de legalizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n en que se encuentran por lo menos 27.000 paramilitares que participaron de las desmovilizaciones individuales y colectivas, pero que no fueron presentados ante la justicia y a quienes se intent\u00f3 indultar asimilando sus cr\u00edmenes con delitos pol\u00edticos.<\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n se habla de un mecanismo no judicial de verdad, en el que se dispone que: \u201cLa informaci\u00f3n que surja en el marco de los acuerdos de que trata este art\u00edculo no podr\u00e1, en ning\u00fan caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial\u201d, aspecto que debe transformarse; de lo contrario se estar\u00eda negando una vez m\u00e1s el derecho a la justicia, elemento \u00edntimamente relacionado con la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/p>\n
El Movimiento Nacional de Victimas de Cr\u00edmenes de Estado hace un llamado al Congreso de la Rep\u00fablica, para que en el tr\u00e1mite legislativo corrija los graves problemas que han sido se\u00f1alados en este documento, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales del Estado colombiano, as\u00ed como las expectativas de las v\u00edctimas.<\/p>\n
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