![](\"http:\/\/www.theprisma.co.uk\/wp-content\/uploads\/2010\/12\/desapare.jpg\" "\\"desapare\\"")
<\/a><\/span><\/strong><\/p>\nUn informe publicado este mes de diciembre por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y la Oficina de EE.UU. en Colombia analiza este grave problema del que han sido v\u00edctimas m\u00e1s de 51.000 colombianos y sus familiares desde la d\u00e9cada de 1970, seg\u00fan datos oficiales del Gobierno colombiano actualizados en noviembre pasado.<\/p>\n
La primera conclusi\u00f3n de dicho informe apunta que los casos de desapariciones forzadas no tienen la suficiente atenci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica, debido en parte a la actitud del gobierno y a los altos \u00edndices de asesinatos y muertes por violencia en general, que atraen la curiosidad de los medios de comunicaci\u00f3n y de la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
La segunda es que los estamentos gubernamentales del pa\u00eds han reaccionado tarde ante este grave problema, aunque los esfuerzos y las mejoras jur\u00eddicas, sobre todo desde el a\u00f1o 2007, tanto para registrar las desapariciones, desentra\u00f1ar los cr\u00edmenes y reconocer la posici\u00f3n de v\u00edctimas de los miles de familiares han evolucionado, si bien muy lentamente, en direcci\u00f3n correcta.<\/p>\n
Los casos de desapariciones forzadas se remontan a las d\u00e9cadas de 1970 y 1980, cuando tanto las fuerzas policiales como militares y algunos grupos insurgentes comenzaron a emplear esta t\u00e9cnica terrorista de la que fueron v\u00edctimas miles de personas y sus familiares. Una \u201cherramienta de terror\u201d, cuyo empleo aument\u00f3 exponencialmente con el auge de los paramilitares en la d\u00e9cada de 1990 y, en concreto, con la formaci\u00f3n del grupo Autodefensas Unidas de Colombia, un auge cimentado sobre el apoyo otorgado por las Fuerzas Armadas del pa\u00eds. Empleada para difundir el terror y controlar comunidades, silenciar a grupos pol\u00edticos opositores, movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de defensa de los Derechos Humanos, entre las v\u00edctimas de las desapariciones forzadas se encuentran, sindicalistas, afro-colombianos, defensores de los derechos humanos, ind\u00edgenas, periodistas y j\u00f3venes de las \u00e1reas rurales que se encuentran en conflicto.<\/p>\n
Un marco jur\u00eddico insuficiente<\/strong><\/p>\n Desde que en 1982 se crearan la Asociaci\u00f3n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes),\u00a0 y los movimientos contra las desapariciones y las organizaciones en defensa de los derechos humanos denunciaran progresivamente esta realidad, se dieron pasos al frente para promover la creaci\u00f3n de un marco jur\u00eddico atento a los casos de desapariciones y corregir en parte esta situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n legal.<\/p>\n En este punto, es necesario matizar que la mencionada ley no reconoce a los familiares de los desaparecidos tambi\u00e9n como v\u00edctimas de las desapariciones, y el derecho de aquellos a participar plenamente en la b\u00fasqueda est\u00e1 reconocido de forma abstracta, pero en la realidad no se cumple. A ra\u00edz de esta ley surgieron varios organismos, como la Comisi\u00f3n Nacional de B\u00fasqueda, el Registro Nacional de Desaparecidos y el Mecanismo de B\u00fasqueda Urgente para Evitar las Desapariciones Forzadas.<\/p>\n Formada por representantes de altos estamentos como la\u00a0 Fiscal\u00eda General, el Ministerio de Defensa, o la Oficina Presidencial para los Derechos Humanos, entre otros, la Comisi\u00f3n Nacional de B\u00fasqueda apoya y promueve investigaciones de casos de desapariciones y recomienda medidas para evitarlas y proteger a testigos y familiares. Una comisi\u00f3n poco efectiva en el fondo, apunta el informe, ya que no tiene autoridad para obligar a los organismos del gobierno a actuar y s\u00f3lo puede emitir recomendaciones, de las cuales no todas se cumplen. Adem\u00e1s, son escasos los mecanismos de b\u00fasqueda iniciados y los resultados han sido limitados, aclara el informe.<\/p>\n Con el paso del tiempo se han implementado reformas con el objetivo de optimizar las investigaciones y otorgar mayor protagonismo a los familiares de las v\u00edctimas. De esta forma, la creaci\u00f3n del Plan Nacional de B\u00fasqueda creado en 2007 y cuya labor es limitada, seg\u00fan apunta el informe, as\u00ed como el Centro \u00danico Virtual de Identificaci\u00f3n que coordina las actividades operativas de los organismos de gobierno que tienen que ver con las exhumaciones, identificaci\u00f3n y devoluci\u00f3n de los cuerpos a los familiares, la unificaci\u00f3n de una base de datos de desaparecidos, y la promulgaci\u00f3n de la Ley 1408 en agosto de este mismo a\u00f1o han mejorado el marco jur\u00eddico previo.<\/p>\n Los autores del informe alertan de que pese a lo conseguido hasta ahora en el plano legal, con todos los defectos que todav\u00eda quedan por pulir y las mejoras por implementar, la denuncia de las desapariciones forzadas constituye un peligro para la seguridad de los familiares de las v\u00edctimas.<\/p>\n Los casos de desaparici\u00f3n forzada suelen provocar que los familiares, se\u00f1alados en ocasiones como guerrilleros, tengan que desplazarse debido a las amenazas. Este factor, unido al hecho de que en la mayor\u00eda de las situaciones los desaparecidos son hombres, mujeres e hijos de \u00e9stos, quedan en una situaci\u00f3n muy vulnerable desde el punto de vista econ\u00f3mico.<\/p>\n Sin investigar<\/strong><\/p>\n Otro problema a\u00fan no resuelto se encuentra relacionado con las investigaciones de los casos, ya que la mayor\u00eda nunca son tratados, y s\u00f3lo un min\u00fasculo porcentaje de las investigaciones terminan en sentencias. Adem\u00e1s, muchos casos de desapariciones forzadas \u201cson reportados varios a\u00f1os despu\u00e9s de ocurridos o no se reportan nunca\u201d. <\/em><\/p>\n Nueva ley<\/strong><\/p>\n Sin embargo, los autores del informe ven un significativo avance en la Ley 1480 de promulgada este a\u00f1o, ya que \u201csoluciona algunos de los escollos legales que persisten para las desapariciones forzadas que no resolvi\u00f3 la Ley 589\u201d, estableciendo los derechos de las v\u00edctimas del conflicto colombiano y reconociendo como v\u00edctimas tanto a aquellas v\u00edctimas de \u201cactores armados legales como por actores armados ilegales\u201d.<\/p>\n Adem\u00e1s, en octubre de 2010, Colombia se convirti\u00f3 en el vig\u00e9simo pa\u00eds en ratificar la convenci\u00f3n de las Naciones Unidos contra las desapariciones forzadas, tras lo cual sus disposiciones comenzaron a regir en el pa\u00eds. Gracias a esta nueva legislaci\u00f3n el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas podr\u00e1 realizar investigaciones pasando a formar parte de las herramientas legales para ayudar a las v\u00edctimas colombianas.<\/p>\n En el apartado final el informe reconoce que se est\u00e1n dando algunos avances para solucionar este grave problema, principalmente en cuanto a la mejora de los derechos de las v\u00edctimas y del marco jur\u00eddico, y tambi\u00e9n a trav\u00e9s de medidas como las de los fondos del Usaid \u201cpara educar a las v\u00edctimas sobre sus derechos y el trabajo forense tanto del gobierno como de organizaciones independiente entre otros programas\u201d. Por otra parte, exhorta al gobierno de EE.UU, \u201cque sigue brindando\u201d recursos militares al ej\u00e9rcito colombiano, lo cual ayud\u00f3 \u201ca fortalecer un ej\u00e9rcito que caus\u00f3 una enorme escalada en el n\u00famero de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales\u201d.<\/p>\n De igual forma, afirma que dicho Ej\u00e9rcito \u201cprest\u00f3 colaboraci\u00f3n u omiti\u00f3 actuar en contra de la violencia paramilitar, durante la \u00e9poca de mayor financiamiento por parte de EE.UU\u201d, a \u201casegurarse de que todas sus pol\u00edticas sirvan para frenar los abusos a los derechos humanos y asistir a las v\u00edctimas en su b\u00fasqueda de verdad y justicia\u201d.<\/p>\nEl informe sobre las desapariciones forzadas en Colombia se\u00f1ala que el marco jur\u00eddico actual en Colombia que ata\u00f1e a este problema todav\u00eda no es suficiente y que \u201crara vez se aplica con firmeza\u201d. Aunque ya la Constituci\u00f3n colombiana de 1991 proh\u00edbe expresamente la desaparici\u00f3n forzada, no fue hasta el a\u00f1o 2000 cuando se aprob\u00f3 una ley espec\u00edfica sobre esta cuesti\u00f3n que permite investigar y judicializar dichos casos. Como se\u00f1ala el informe, antes de que se pusiese en pr\u00e1ctica esta ley \u201cera dif\u00edcil procesar las desapariciones sin tener la prueba de un cuerpo que indicara que el crimen hab\u00eda sido cometido\u201d.<\/p>\nFamiliares, tambi\u00e9n v\u00edctimas<\/strong><\/p>\nEl informe se\u00f1ala que es complicado llevar ante la justicia los casos de las desapariciones forzadas ya que los jueces y fiscales suelen evitar llevar a proceso los casos ocurridos previos a la sanci\u00f3n de la ley 589, del a\u00f1o 2000, que instituy\u00f3 por primera vez las desapariciones forzadas como crimen. Igualmente, el sistema acusatorio s\u00f3lo otorga un papel activo a los fiscales, no as\u00ed a las v\u00edctimas y abogados.<\/p>\nAlgunos avances<\/strong><\/p>\n