“Somos familiares de presos pol\u00edticos mapuche, encarcelados por el estado Chileno, actualmente, recluidos en la c\u00e1rcel de Lebu, Provincia de Arauco”. De esta forma comienza una extensa carta abierta dirigida a la sociedad civil mapuche y chilena, as\u00ed como a diversos organismos de derechos humanos a nivel internacional, por parte de los familiares de los 17 comuneros actualmente en sometidos a juicio oral en el Tribunal de Ca\u00f1ete.<\/p>\n
Los comuneros son investigados por el Ministerio P\u00fablico bajo la pol\u00e9mica Ley Antiterrorista. Entre ellos se encuentran los principales lideres de la CAM, sindicados como culpables del supuesto atentado sufrido por el Fiscal Mario Elgueta en Tir\u00faa el a\u00f1o 2008. Los hechos ocurrieron en octubre del 2008, cuando un grupo de mapuches se resisti\u00f3 a la comitiva policial del Fiscal Especial para causas ind\u00edgenas, quien se encontraba liderando un masivo allanamiento a una comunidad en el sector de Puerto Choque, municipio de Tir\u00faa, sector costa del Pa\u00eds Mapuche.<\/p>\n
Los mapuches alegan que se trat\u00f3 de un enfrentamiento y que hicieron uso del “leg\u00edtimo derecho a la autodefensa” ante la agresi\u00f3n policial. La fiscal\u00eda, por su parte, acusa una “emboscada de aniquilamiento” y denuncia “t\u00e1cticas” y “nexos” de los imputados con las FARC de Colombia e inclusive Al Qaeda en Irak, lo que es negado en la misiva por los familiares de los comuneros. “Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperaci\u00f3n territorial de comunidades en la zona de conflicto del lago Lleu-Lleu, en virtud de los cuales se han involucrado en la lucha de nuestro pueblo”, se\u00f1alan.<\/p>\n
“En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido constantemente allanadas por la polic\u00eda chilena, en m\u00faltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llev\u00e1ndose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos. Por el solo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista en las audiencias de formalizaci\u00f3n, pero no ha sido s\u00f3lo el Ministerio P\u00fablico a trav\u00e9s de sus Fiscales quienes solicitan su aplicaci\u00f3n, sino que es el propio Gobierno Chileno”, subrayan.<\/p>\n
Denuncian los familiares que la aplicaci\u00f3n de la Ley Antiterrorista, heredada del r\u00e9gimen militar de Pinochet, “ha implicado arbitrariedades, faltas de garant\u00edas y violaciones al debido proceso, tales como el secreto de la investigaci\u00f3n durante pr\u00e1cticamente todo el proceso; 1 a\u00f1o y ocho meses de prisi\u00f3n preventiva no respetando la presunci\u00f3n de inocencia, supuestamente garantizada por el actual sistema judicial y violando el articulo 10 del Convenio 169 de la OIT; 35 testigos sin rostro, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversaci\u00f3n en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la polic\u00eda y fiscales”.<\/p>\n
Agregan a estas violaciones de derechos humanos las condenas de m\u00e1s de 50 a\u00f1os de prisi\u00f3n que el Ministerio P\u00fablico estar\u00eda solicitando al tribunal para todos los imputados, ninguno de ellos involucrados en delitos de sangre o de gran connotaci\u00f3n p\u00fablica. Se detalla en la carta abierta que para H\u00e9ctor Llaitul Carillanca se piden 103 a\u00f1os de c\u00e1rcel; 77 para Marco Millanao Mari\u00f1an; 65 para Ram\u00f3n Llanquileo Pilquiman; 52 para Jos\u00e9 Huenuche Reiman; 52 para Luis Menares Chanilao; 52 para Jonathan Huillical M\u00e9ndez; 50 para Carlos Mu\u00f1oz Huenuman y 50 para Juan Parra Leiva.<\/p>\n
“Pero la aberraci\u00f3n jur\u00eddica m\u00e1s grande la ha constituido el doble juzgamiento al que est\u00e1n sometidos cinco presos pol\u00edticos mapuche del proceso de recuperaci\u00f3n territorial de Choque”, indican los familiares. Se tratar\u00eda de los imputados Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical, quienes por su supuesta participaci\u00f3n en el ataque al fiscal Mario Elgueta est\u00e1n siendo procesados por la Justicia Civil y Militar. La paradoja m\u00e1s grande es que recientemente el Juzgado Militar de Valdivia resolvi\u00f3 absolver a todos por falta de pruebas, fallo que se encuentra en apelaci\u00f3n ante la Corte Marcial de Santiago.<\/p>\n
“Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuches son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y\/o cumpliendo penas que son verdaderas burlas para las familias de las v\u00edctimas. Junto con esto los apremios ileg\u00edtimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a \u201cser testigos secretos\u201d quedan tambi\u00e9n en la m\u00e1s absoluta impunidad puesto que el Ministerio P\u00fablico siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la a\u00fan vigente Justicia Militar chilena”, subrayaron.<\/p>\n
Denuncian a su vez que “Chile es el Pa\u00eds que tiene la mayor cantidad de presos pol\u00edticos miembros de un pueblo originario”, lo que a su juicio dar\u00eda cuenta del nivel de discriminaci\u00f3n y racismo que aun prevalecer\u00eda en el pa\u00eds, cuyas autoridades han hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales en materia ind\u00edgena durante todos estos a\u00f1os. “Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros familiares prisioneros, est\u00e1n frente a un juzgamiento pol\u00edtico que responde a la defensa de grandes intereses econ\u00f3micos (latifundios, hidroel\u00e9ctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy dif\u00edcil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones”, concluyen.<\/p>\n
Frente a este escenario de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas del debido proceso, los familiares solicitan la presencia de observadores internacionales y medios de comunicaci\u00f3n alternativos durante los alegatos de clausura, a desarrollarse a partir del pr\u00f3ximo 17 de enero en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Ca\u00f1ete. A juicio de los familiares, se tratar\u00eda de una “instancia fundamental en la cual se definir\u00e1 el futuro judicial de nuestros familiares”. Cabe destacar que reci\u00e9n la pr\u00f3xima semana comenzar\u00edan a declarar los testigos de la defensa. El abogado de Jos\u00e9 Huenuche, Ram\u00f3n Llanquileo y C\u00e9sar Parra, se\u00f1ala que hasta ahora nada de lo mostrado por el Ministerio P\u00fablico prueba la participaci\u00f3n de los imputados.<\/p>\n
De la misma forma, demandan adhesiones y pronunciamientos “sobre la situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos en la que se encuentra el pueblo mapuche frente a su judicializaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de legislaciones de excepci\u00f3n”; manifestaciones y cartas a las Embajadas de Chile en el mundo “para que el gobierno tome conocimiento del cuestionamiento a nivel internacional del tratamiento que le da a los pueblos originarios”. Se despiden los familiares agradeciendo a los y las Observadoras Internacionales, provenientes de Europa y a la Misi\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Americana de Juristas que estuvieron presentes durante el mes de noviembre en la presentaci\u00f3n de pruebas del Ministerio Publico, en especial de los “testigos secreto”.<\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que el juicio oral contra los dirigentes de la CAM comenz\u00f3 el 8 de noviembre de 2010 y es hasta hora el m\u00e1s extenso en la historia de la reforma procesal penal en la Regi\u00f3n del B\u00edo-B\u00edo. Las principales pruebas de la fiscal\u00eda son las escuchas telef\u00f3nicas, que -seg\u00fan asegura- situar\u00edan a los imputados en el lugar del supuesto atentado al fiscal, y las declaraciones de los pol\u00e9micos “testigos sin rostro”, varios de los cuales ser\u00edan comuneros con prontuario policial y en cuyas causas judiciales el Ministerio P\u00fablico habr\u00eda dejado de perseverar como moneda de cambio por su “testimonio”.<\/p>\n