De no extirpar de ra\u00edz las mafias de terratenientes, ley de v\u00edctimas nacer\u00e1 con una pata quebrada.<\/p>\n
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“Donde ponemos el dedo sale pus”. Con esa brutal afirmaci\u00f3n, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique V\u00e9lez, le describi\u00f3 al presidente Juan Manuel Santos el estado de las investigaciones sobre 10 de las 192 oficinas de registro en el pa\u00eds. De acuerdo con esta entidad -a cargo de la guarda de la fe p\u00fablica-, notarios, funcionarios del Incoder y registradores, en asocio con terratenientes, habr\u00edan usurpado unas 150.000 hect\u00e1reas de terrenos del Estado y de campesinos.<\/p>\n
Este saldo es apenas el banderazo de un desbordado saqueo que ha durado d\u00e9cadas y que ha empleado a las mismas agencias estatales para legalizarse. La revisi\u00f3n inicial solo cubri\u00f3 unas \u00e1reas cr\u00edticas, como el Carmen de Bol\u00edvar, los Montes de Mar\u00eda, el Urab\u00e1 antioque\u00f1o, municipios del Meta, Caquet\u00e1, Choc\u00f3 y Norte de Santander. Pero la podredumbre descubierta es de tal magnitud, que el Gobierno anunci\u00f3 que incluir\u00e1 a la Superintendencia de Notariado y Registro dentro de las entidades por intervenir, en uso de las facultades a punto de ser aprobadas en el Congreso.<\/p>\n
Los mecanismos de la corrupci\u00f3n identificados por estas pesquisas son de variada \u00edndole. Al tradicional y violento despojo de terrenos dentro de la din\u00e1mica del conflicto interno se suman esquemas de complicidad entre empresarios y funcionarios p\u00fablicos para asaltar predios de propiedad estatal o adjudicar irregularmente terrenos que gozan de protecci\u00f3n legal o simplemente regalar bald\u00edos a particulares para su millonaria reventa. En palabras del superintendente V\u00e9lez, “la mayor v\u00edctima de robos de tierras es el Estado”.<\/p>\n
Ad portas de la fase final del debate de la ley de v\u00edctimas en el Legislativo, es bienvenido el anuncio de reforma del aparato estatal de vigilancia al servicio de Notariado y de Instrumentos P\u00fablicos. Para el \u00e9xito de la ambiciosa tarea del cap\u00edtulo de tierras que incluye esta iniciativa parlamentaria, es indispensable contar con una estructura depurada capaz de ‘dar fe’ de la propiedad de millones de predios en Colombia.<\/p>\n
Su captura por intereses mafiosos o su sometimiento a punta de intimidaciones debilitar\u00eda uno de los pilares de la restituci\u00f3n a los miles de despojados: los fallos de los jueces agrarios.<\/p>\n
La discusi\u00f3n sobre esta intervenci\u00f3n no debe centrarse en el trivial argumento de que no todos los 872 notarios, los 192 registradores y el Incoder est\u00e1n involucrados en actos de corrupci\u00f3n. Tal aseveraci\u00f3n no amerita la m\u00ednima consideraci\u00f3n. Lo que es inocultable es que en el traspaso il\u00edcito de cientos de miles de hect\u00e1reas algunos funcionarios estatales emplearon su poder para beneficiarse o enriquecer a otros.<\/p>\n
El siguiente paso es la identificaci\u00f3n, la destituci\u00f3n y el procesamiento de los responsables de estas graves irregularidades. Solo poniendo nombre propio y apellido se evitar\u00e1 que un falso esp\u00edritu de cuerpo enrarezca las pesquisas. Estas investigaciones internas de la Supernotariado deben, asimismo, desembocar en acciones judiciales contra los empresarios que se apropiaron, mediante estos oscuros vericuetos, de bald\u00edos. Son tan ladrones como quienes los ayudaron con las escrituras.<\/p>\n
Si en las restantes 182 oficinas de registro sale tanto pus como en las diez primeras, la Casa de Nari\u00f1o est\u00e1 ante un masivo e impostergable ejercicio de depuraci\u00f3n administrativa. No es suficiente el dise\u00f1o futuro de una Superintendencia m\u00e1s transparente si no se atacan de ra\u00edz los ‘cartelitos’ de robatierras, ya enquistados y funcionando en la actual estructura.<\/p>\n
De no extirparlos, ser\u00e1n otra amenaza adicional a la de los grupos armados contra la necesaria aplicaci\u00f3n de la ley de v\u00edctimas.<\/p>\n
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