Adem\u00e1s, el MOVICE anuncia que radicar\u00e1 una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Transicional \u2014Ley 1424 de 29 de diciembre de 2010\u2014 en la Corte Constitucional porque seg\u00fan la organizaci\u00f3n \u00abdesconocen los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos que son vinculantes para el Estado y forman parte del Bloque de Constitucionalidad\u00bb. Esta presentaci\u00f3n de la demanda de inconstitucionalidad tendr\u00e1 lugar en el marco de la movilizaci\u00f3n prevista en la ciudad de Bogot\u00e1 de este viernes 11 de marzo a partir de las 2 pm desde la plaza Eduardo Uma\u00f1a (carrera 7 con calle 20).<\/p>\n
Por otro lado, el tr\u00e1mite del proyecto de la Ley de V\u00edctimas se encuentra en su tercer debate en la Comisi\u00f3n I del Senado y el tema de la financiaci\u00f3n fue uno de sus primeros puntos de discusi\u00f3n el pasado martes 8 de marzo. Est\u00e1 previsto que los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, expliquen la pr\u00f3xima semana cu\u00e1les son las fuentes de financiaci\u00f3n de la ley. El MOVICE requiere al Gobierno y a los congresistas ponentes que ajusten el proyecto a los est\u00e1ndares internacionales, principios y derechos constitucionales porque de lo contrario se ver\u00e1 en la obligaci\u00f3n de demandar la futura ley. Seg\u00fan el MOVICE, el proyecto de Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras \u00abtrae consigo una contradicci\u00f3n insalvable que pone en riesgo la legitimidad de la futura ley\u00bb. La organizaci\u00f3n defensora de derechos humanos se\u00f1ala que \u2014tal y como recoge el mismo proyecto de ley\u2014 organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia (OACNUDH) han reconocido que a\u00fan existe un conflicto armado en el pa\u00eds y por ello se hace la siguiente pregunta: \u00ab\u00bfC\u00f3mo podemos dise\u00f1ar instrumentos transicionales para la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas sin garantizar que otras generaciones de colombianos y colombianas no ser\u00e1n nuevamente victimizadas en el futuro?\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan el Informe final del relator especial sobre el derecho de restituci\u00f3n, indemnizaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de las victimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el a\u00f1o 2000, los \u00abPrincipios y directrices b\u00e1sicos sobre el derecho de las v\u00edctimas de violaciones a las normas intencionales de derechos humanos\u00bb se basan en la medida de lo posible en: \u00abdevolver a la v\u00edctima a la situaci\u00f3n anterior a la violaci\u00f3n de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, comprende el restablecimiento de la libertad, los derechos, la situaci\u00f3n social, la vida familiar y la ciudadan\u00eda de la v\u00edctima; el retorno a su lugar de residencia, la reintegraci\u00f3n en su empleo y la devoluci\u00f3n de sus propiedades\u00bb. El MOVICE afirma que este principio general es desconocido en el proyecto de Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras porque \u00fanicamente contempla medidas de restituci\u00f3n frente a la p\u00e9rdida de propiedades e incluso \u00aben esta materia es limitado, pues niega las p\u00e9rdidas patrimoniales que se han causado y en el caso de la restituci\u00f3n de tierra se restringe a inmuebles rurales, situaci\u00f3n que desconoce la problem\u00e1tica del desplazamiento intraurbano\u00bb.<\/p>\n
La primera de las objeciones m\u00e1s relevantes al proyecto de Ley por parte del MOVICE tiene que ver con la ausencia de participaci\u00f3n de las v\u00edctimas lo cual contraviene criterios de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos respecto a pol\u00edticas de restituci\u00f3n. El MOVICE tambi\u00e9n denuncia la ausencia de un enfoque diferencial multi\u00e9tnico y pluricultural ya que el proyecto ha omitido la consulta previa consagrada en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) que se\u00f1ala la obligaci\u00f3n de los Estados de \u00abconsultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a trav\u00e9s de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente\u00bb.<\/p>\n
El tercer punto en discordia con el proyecto de Ley es que, para el MOVICE, desconoce el principio de universalidad ya que la definici\u00f3n temporal para el reconocimiento de la condici\u00f3n de v\u00edctimas y despojados \u2014establecida a partir del 1 de enero de 1986 y 1991, respectivamente\u2014 deja de lado una gran cantidad de v\u00edctimas de la violencia sociopol\u00edtica del pa\u00eds de la d\u00e9cada de los 80 y anteriores. El Movimiento de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado afirma que la iniciativa de ley \u00abdesconoce la imprescriptibilidad de cr\u00edmenes de lesa humanidad como el genocidio y la desaparici\u00f3n forzada\u00bb, s\u00f3lo reconoce como v\u00edctimas a un tipo de familiares \u2014los de primer grado de consanguinidad y afinidad\u2014y \u00abse mantienen discriminaciones injustificadas a la definici\u00f3n de v\u00edctima que contravienen las normas del Derecho Internacional Humanitario\u00bb. Otro argumento respecto al principio de universalidad es que el proyecto establece la prohibici\u00f3n de reparar a las v\u00edctimas de actos cometidos por la llamada \u00abdelincuencia com\u00fan\u00bb desconociendo la relaci\u00f3n denunciada por diferentes organizaciones como la Corporaci\u00f3n Nuevo Arco Iris o Human Rights Watch de las hoy llamadas Bandas Criminales (BACRIM) con grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).<\/p>\n
La cuarta objeci\u00f3n presentada por el MOVICE es que una ley de restituci\u00f3n no puede estar ligada a la sostenibilidad fiscal ya que \u00abeste derecho no puede ser una expectativa incierta ni una contingencia sujeta a la disponibilidad eventual de recursos del Estado\u00bb. La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n insiste en que el Estado debe aceptar su responsabilidad en el incumplimiento por acci\u00f3n y\/u omisi\u00f3n de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al respecto, el MOVICE afirma que \u00abla iniciativa se preocupa por evitar a toda costa que el reconocimiento de las reparaciones pueda involucrar la responsabilidad estatal y el da\u00f1o antijur\u00eddico individual producido por agentes del Estado\u00bb.<\/p>\n
La siguiente objeci\u00f3n se\u00f1ala que \u00abel proyecto retrocede en el reconocimiento de los derechos de la poblaci\u00f3n desplazada con respecto a la legislaci\u00f3n y jurisprudencia vigentes\u00bb y que \u00abse crean sistemas de atenci\u00f3n paralelos que confunden la ruta de acceso para la poblaci\u00f3n desplazada\u00bb. Respecto a la formalizaci\u00f3n y la restituci\u00f3n de t\u00edtulos jur\u00eddicos, el MOVICE lo considera una medida insuficiente ya que \u00abgarantizar la restituci\u00f3n material de las tierras, implica generar condiciones de permanencia, protecci\u00f3n para las v\u00edctimas de despojo y revisar el modelo de desarrollo rural\u00bb. En ese sentido, el MOVICE expresa una gran preocupaci\u00f3n por elementos introducidos en el proyecto que \u00abestar\u00edan dirigidos a proteger intereses de quienes se han beneficiado del despojo, legalizando as\u00ed esta pr\u00e1ctica\u00bb. Para argumentar eso, especifica que el proyecto introduce la figura del derecho de superficie que permite posponer el uso y goce efectivo de las tierras restituidas en los casos en que se \u00abencuentren establecidos sistemas de producci\u00f3n agr\u00edcola, pecuaria, forestal o agroforestal y\/o plantas de procesamiento y transformaci\u00f3n de materias primas\u00bb. El MOVICE concluye que esta figura \u00abbeneficiar\u00eda a grandes empresarios del campo que se han beneficiado hist\u00f3ricamente de la pr\u00e1ctica del despojo\u00bb y que \u00abel modelo propuesto privilegia la compensaci\u00f3n a la restituci\u00f3n y el retorno\u00bb. Esta \u00faltima afirmaci\u00f3n tiene relaci\u00f3n con el art\u00edculo 98 que declara imposible la restituci\u00f3n cuando se trate de \u00abun bien afectado por proyectos considerados como de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social\u00bb. Por otro lado, el MOVICE cree que la cl\u00e1usula que indica que \u00abquienes confiesen la ilegalidad de los t\u00edtulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el proceso se har\u00e1n beneficiarios del principio de oportunidad previsto en el c\u00f3digo de procedimiento penal\u00bb podr\u00eda beneficiar a miembros de grupos paramilitares y testaferros que \u00abparticiparon activamente en la pr\u00e1ctica del despojo, evitando posibles investigaciones por su participaci\u00f3n en este delito\u00bb.<\/p>\n
Otra de los puntos cuestionados por el MOVICE tiene relaci\u00f3n con una cr\u00edtica que el mismo Partido de la U ha hecho constar a trav\u00e9s del senador Roy Barreras. El Partido de la U no ve con buenos ojos que el proyecto contemple la creaci\u00f3n de una agencia especial que atienda el pago a las v\u00edctimas ya que considera que esa funci\u00f3n la puede hacer la actual Acci\u00f3n Social. Al respecto, el MOVICE cree que la cantidad y diversidad de entidades \u2014el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas est\u00e1 conformado por 33 instituciones estatales distintas\u2014 y \u00abla falta de armonizaci\u00f3n hacen prever todo tipo de obst\u00e1culos y barreras de acceso\u00bb.<\/p>\n
El Movimiento de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado defiende una reparaci\u00f3n integral que incluya \u00abmedidas efectivas de respeto y garant\u00edas a los derechos a la verdad y la justicia\u00bb e insta a la Fiscal General de la Naci\u00f3n, Viviane Morales, para que adopte un modelo jur\u00eddico \u00abcomprometido con la investigaci\u00f3n y adecuada sanci\u00f3n de los Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad y una metodolog\u00eda de investigaci\u00f3n que permita establecer los contextos de los cr\u00edmenes, patrones de victimizaci\u00f3n, sectores afectados, m\u00f3viles, m\u00e1ximos responsables y otros aspectos que permitir\u00e1n avanzar en el esclarecimiento de los hechos\u00bb. Tambi\u00e9n remarca que se debe superar el concepto de concierto para delinquir agravado y que se maneje la categor\u00eda de Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad que implica investigar y juzgar a los responsables bajo esos par\u00e1metros conceptuales.<\/p>\n