El proyecto de ley de v\u00edctimas que se tramita en el congreso de la rep\u00fablica incluye normas sobre la restituci\u00f3n de tierras que llaman la atenci\u00f3n.<\/p>\n
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Los originales propietarios, poseedores o tenedores de inmuebles usurpados o abandonados por la presi\u00f3n de los violentos podr\u00e1n vender sus tierras pasados dos a\u00f1os de su restituci\u00f3n. Incluso la venta podr\u00e1 ser antes de ese plazo si la enajenaci\u00f3n se hace para cancelar cr\u00e9ditos pendientes con entidades bancarias. Empresarios y sector financiero han sentado sus reales en el texto de lo aprobado hasta hoy. Las curiosidades no paran all\u00ed. El proyecto reconoce un \u201cderecho de superficie\u201d a quienes ven\u00edan explotando las tierras restituidas. Las v\u00edctimas, y no el Estado, deber\u00e1n pagar a los interesados el valor de las mejoras hechas a sus predios durante el despojo. Miles de campesinos, de los cerca de cuatro millones de desplazados, tendr\u00e1n que compensar con plata de su bolsillo a poseedores de buena fe y a empresas agr\u00edcolas que han venido explotando las tierras sin la anuencia de sus originales ocupantes. Para rematar, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo permite anexar a grandes empresas agroindustriales las tierras devueltas bajo la modalidad de las unidades agr\u00edcolas familiares, haciendo que el campesino pase de ser un peque\u00f1o propietario a convertirse en un trabajador rural o \u201casociado\u201d. La reparaci\u00f3n real se subordina a los negocios.<\/p>\n
El manejo de la restituci\u00f3n de tierras proyectado augura una nueva desilusi\u00f3n para millones de despose\u00eddos. El dislate normativo no parece ser consecuencia exclusiva de una visi\u00f3n excesivamente focalizada en la generaci\u00f3n de riqueza, en desmedro del reconocimiento pleno de las v\u00edctimas. El proyecto abusa de la reglamentaci\u00f3n legal dada su falta de imaginaci\u00f3n y voluntad pol\u00edtica. La iniciativa legislativa, en lo que toca con tierras, promete ser un nuevo y monumental fiasco. Los peri\u00f3dicos y sistem\u00e1ticos asesinatos de defensores y representantes de las v\u00edctimas a manos de los poderes de facto as\u00ed lo demuestran. Enjundiosos planes de seguridad nada cambiar\u00e1n el desequilibrio de fuerzas y la intencionalidad pol\u00edtica ciega al problema cultural y social. A la mejor usanza santanderista, el proyecto pretende enfrentar el problema del despojo violento y su reparaci\u00f3n mediante la creaci\u00f3n de nuevas instituciones, funciones y procedimientos, cuando lo cierto es que la l\u00f3gica econ\u00f3mica incentiva la eliminaci\u00f3n del minifundio campesino y la expansi\u00f3n agroindustrial.<\/p>\n
La lucha por la tierra ha estado en el centro de la guerra en Colombia desde sus or\u00edgenes. El fen\u00f3meno del desarraigo violento en los \u00faltimos cincuenta a\u00f1os no es la excepci\u00f3n. La futura ley de v\u00edctimas no parece tener la capacidad ni la concepci\u00f3n adecuada para cambiar esa realidad. Menos si el prop\u00f3sito de restituir las tierras termina trocado en la finalidad de construirle carriles a las locomotoras de la prosperidad democr\u00e1tica. Una recta voluntad de paz y reconciliaci\u00f3n podr\u00eda empezar no desatendiendo dos mandatos constitucionales: el art\u00edculo 58, que permite la expropiaci\u00f3n de tierras por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social definidos por el legislador, por ejemplo para reparar efectivamente a las v\u00edctimas y para revertir la contrarreforma agraria violenta de las \u00faltimas d\u00e9cadas; y el art\u00edculo 64, que establece el deber del Estado de \u201cpromover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios\u201d, \u201ccon el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos\u201d.<\/p>\n
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