{"id":161,"date":"2010-07-16T05:00:00","date_gmt":"2010-07-16T05:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.nasaacin.org\/index.php\/2010\/07\/16\/una-visita-que-ya-resulta-incomoda-para-el-gobierno-de-correa\/"},"modified":"2010-07-16T05:00:00","modified_gmt":"2010-07-16T05:00:00","slug":"una-visita-que-ya-resulta-incomoda-para-el-gobierno-de-correa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/2010\/07\/16\/una-visita-que-ya-resulta-incomoda-para-el-gobierno-de-correa\/","title":{"rendered":"Una visita que ya resulta inc\u00f3moda para el gobierno de Correa"},"content":{"rendered":"<div class=\"fuentefecha\">[ 07\/16\/2010] [ <span>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.inredh.org\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=351;informe-relator-sobre-ejecuciones-extrajudiciales&amp;catid=73;ddhh-ecuador&amp;Itemid=144\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Inredh.org<\/a><\/span> ]  [ ]<\/div>\n<p>\u00a0<\/p>\n<div>Al inicio de su mandato, el Presidente Rafael Correa hizo una invitaci\u00f3n  general a los relatores especiales de Naciones Unidas para que vengan  al pa\u00eds para evaluar la situaci\u00f3n de los derechos humanos y las  propuestas de su gobierno en miras de fortalecer una institucionalidad  que permita la protecci\u00f3n y ejercicio de estos derechos.   <!--more-->  <\/div>\n<p>El discurso gubernamental en ese entonces fue muy progresista y las  organizaciones de derechos humanos acogieron su propuesta, la que  incluso pudo cristalizarse en acciones como la amnist\u00eda a l\u00edderes  sociales perseguidos por anteriores gobiernos o sometidos a  hostigamiento judicial; o el indulto a peque\u00f1os traficantes de droga con  el consecuente cuestionamiento a una ley impuesta desde intereses de  otros pa\u00edses.<\/p>\n<p>En ese contexto, la invitaci\u00f3n general a los  relatores especiales de Naciones Unidas deb\u00eda constituirse en un  espaldarazo a la gesti\u00f3n gubernamental; sin embargo, no estaba en los  c\u00e1lculos presidenciales que en la agenda de los relatores la visita al  pa\u00eds solo pudiera darse luego de varios a\u00f1os de producida la invitaci\u00f3n y  en momentos en que su presencia ya puede resultar inc\u00f3moda, pues, en  materia de derechos humanos, la actual gesti\u00f3n gubernamental es similar,  sino peor, a la de los gobiernos neoliberales a los que el r\u00e9gimen  acusa, y con raz\u00f3n, de perpetradores de violaciones a los derechos  humanos.<\/p>\n<p>Las visitas del Relator Especial sobre Pueblos  Ind\u00edgenas, el\u00a0 Relator sobre Libertad de Expresi\u00f3n o el Relator sobre  Ejecuciones Extrajudiciales ya pueden observar no solo lo pasado con  anteriores gobiernos, sino la poca eficacia que ha tenido el gobierno  actual para evitar las violaciones a los derechos humanos y, en muchas  ocasiones, la confabulaci\u00f3n gubernamental para violentar deliberadamente  los derechos de las personas que, especialmente, se oponen al mismo  modelo de desarrollo que se han opuesto siempre y que este gobierno lo  antepone sobre todos los derechos de las personas y comunidades  ecuatorianas.\u00a0 <\/p>\n<p>El Relator Especial de la ONU para las  Ejecuciones Extrajudiciales despu\u00e9s de su visita a Ecuador, emiti\u00f3 un  informe preliminar, en el que se da cuenta del hostigamiento  gubernamental hacia l\u00edderes sociales usando, al igual que sus  predecesores, el sistema judicial;\u00a0 de la confusi\u00f3n premeditada de  varias autoridades y medios de comunicaci\u00f3n que buscan desprestigiar la  justicia ind\u00edgena endos\u00e1ndole procedimientos que son ajenos a ella, como  los ajusticiamientos, y present\u00e1ndola como un sistema salvaje y  b\u00e1rbaro; la creciente presi\u00f3n que los militares y la polic\u00eda ecuatoriana  ejerce sobre las comunidades de frontera, desconociendo totalmente su  realidad, y que conlleva una serie de abusos de poder e, incluso, el  asesinato.<\/p>\n<p>Antes que el Presidente, en sus ataques semanales a  las organizaciones de base, especialmente ind\u00edgenas o ecologistas, y a  las ONGs que trabajan con ellas, las culpe de confabularse con la CIA  para desprestigiar, o desestabilizar, a su gobierno, debemos decir que  el profesor Philip Alston, Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales,  tuvo la prolijidad de reunirse con representantes gubernamentales y de  la sociedad civil, visit\u00f3 los lugares de mayor conflicto y tuvo  entrevistas personales con las v\u00edctimas de violaciones a los derechos  humanos, y no solo se remiti\u00f3 a informes presentados por los organismos  de derechos humanos, lo que hace de este informe preliminar, un informe  muy cercado a la realidad, aunque esta realidad incomode al gobierno.<\/p>\n<p>&#8212;-<\/p>\n<p>INFORME RELATOR Profesor Philip Alston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales<br \/>Misi\u00f3n a Ecuador: 5-15 de julio de 2010<\/p>\n<p>Quito, 15 de julio de 2010<\/p>\n<p>Por  invitaci\u00f3n del Gobierno de Ecuador, visit\u00e9 este pa\u00eds del 5 al 15 de  julio de 2010 con el fin de investigar asuntos relacionados con  ejecuciones extrajudiciales.\u00a0 Estuve en Quito (Pichincha), Lago Agrio  (Sucumb\u00edos) y Guayaquil (Guayas). Con el prop\u00f3sito de obtener un  panorama completo y equilibrado de la situaci\u00f3n, me reun\u00ed con  funcionarios de todo nivel, incluyendo el Ministro y Viceministro de  Relaciones Exteriores; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el  Ministro de Coordinaci\u00f3n de Seguridad; el Ministro de Gobierno, Polic\u00eda y  Cultos; la Viceministra de Defensa; varios miembros de la Oficina de la  Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; el Procurador General del Estado; el  Presidente y miembros de la Asamblea Nacional; el Comandante General de  Polic\u00eda y varias autoridades policiales a lo largo del pa\u00eds; el  Inspector General de Polic\u00eda; el Jefe del Comando Conjunto de las  Fuerzas Armadas y comandantes en Sucumb\u00edos; el Defensor del Pueblo;  miembros de la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y  jueces penales provinciales; los Alcaldes de Guayaquil y Lago Agrio; el  Gobernador del Guayas; y miembros de la Comisi\u00f3n de la Verdad.  Igualmente importantes fueron mis reuniones con los representantes de  varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos, el equipo de  Naciones Unidas del Ecuador y miembros de la comunidad diplom\u00e1tica,  l\u00edderes religiosos, representantes de asociaciones policiales, testigos,  v\u00edctimas, acad\u00e9micos\/as y otros\/as expertos\/as independientes. Estoy  profundamente agradecido con todas estas personas, as\u00ed como con el  Asesor en Derechos Humanos para el sistema ONU en Ecuador, y su  excelente personal.<\/p>\n<p>Los representantes del gobierno fueron de  excepcional ayuda y cooperaron de manera integral para la organizaci\u00f3n y  conducci\u00f3n de mi misi\u00f3n.\u00a0 En este sentido, Ecuador se mostr\u00f3 como un  miembro ejemplar del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.<\/p>\n<p>El  panorama general que emergi\u00f3 de mi misi\u00f3n es mixto.\u00a0 El Gobierno del  Presidente Rafael Correa ha emprendido reformas de largo alcance en  t\u00e9rminos de renovaci\u00f3n constitucional, protecci\u00f3n de derechos humanos,  reforma de instituciones claves, expansi\u00f3n del gasto en el sector  judicial, reforma a prisiones y una variedad de iniciativas sociales y  econ\u00f3micas enfocadas a mejorar la situaci\u00f3n de los m\u00e1s desventajados.\u00a0  El compromiso del gobierno por un sistema de justicia ampliamente  mejorado parece claro.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, sin embargo, la  inseguridad ciudadana va en incremento, la tasa de homicidios crece y la  impunidad ha alcanzado niveles impresionantes. Problemas tales como el  aumento del sicariato, el linchamiento por parte de turbas al margen de  la ley, el incremento de la actividad criminal relacionada con las  drogas y otras formas de crimen organizado, la inseguridad y los  asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, y la intimidaci\u00f3n y  asesinato de defensores de derechos humanos est\u00e1n todos agravados por  un sistema de justicia penal ampliamente disfuncional.\u00a0 Este sistema  consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una  investigaci\u00f3n seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de  investigaci\u00f3n fiscal que parece m\u00e1s preocupado por las relaciones  p\u00fablicas que por la\u00a0 condena de los autores de graves cr\u00edmenes y un  sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por  su ineficiencia y mala gesti\u00f3n.\u00a0 Estos problemas se ven agravados por  alegaciones de corrupci\u00f3n en la mayor\u00eda de niveles.<\/p>\n<p>El problema de la impunidad y el papel de la Comisi\u00f3n de la Verdad<\/p>\n<p>La  tasa de homicidios en Ecuador se ha duplicado en los \u00faltimos 20 a\u00f1os.\u00a0  En 1990 era de 10.3 homicidios por cada 100,000 habitantes; en 2009  alcanz\u00f3 18.7 y los estimados a la fecha para 2010 sugieren un incremento  a 20. No obstante, las estimaciones proporcionadas por las autoridades  gubernamentales indican que s\u00f3lo el 1.3% de las muertes denunciadas a la  polic\u00eda terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria. Y es  casi seguro que esta tasa est\u00e1 sobreestimada. Seg\u00fan algunos estimados de  inteligencia, la polic\u00eda en Sucumb\u00edos recibe denuncias de s\u00f3lo uno de  cada tres o cuatro homicidios en la provincia. Esto podr\u00eda llevar la  tasa general a un nivel menor al 1% y dar\u00eda a Ecuador una de las tasas  m\u00e1s bajas de condena por muertes\u00a0 que he encontrado en pa\u00eds alguno.\u00a0 El  tema de fondo es que hoy en Ecuador la posibilidad de ser condenado\/a  por dar muerte a una persona es extraordinariamente baja. M\u00e1s adelante  retomo este tema para considerar las razones de esta impunidad y que  deber\u00eda hacerse al respecto.<\/p>\n<p>La iniciativa m\u00e1s importante del  Gobierno para combatir la impunidad del pasado es la Comisi\u00f3n de la  Verdad.\u00a0 El 7 de junio de 2010 se hizo p\u00fablico su informe de casi 3.000  p\u00e1ginas sobre abusos de derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008,  basado en declaraciones de testigos y en sus propias investigaciones. La  comisi\u00f3n tuvo acceso a muchos documentos desclasificados de gran  importancia de la polic\u00eda, el ej\u00e9rcito, inteligencia y de gobiernos  extranjeros.\u00a0 El informe presenta evidencia de 116 incidentes ilegales,  incluyendo 68 ejecuciones extrajudiciales y nombres de 458 supuestos  perpetradores.<\/p>\n<p>Si bien el trabajo de la Comisi\u00f3n ha recibido  grandes elogios por parte de muchos comentaristas, algunos oficiales  retirados y en actividad me informaron que su composici\u00f3n y estructura  han minado su independencia e imparcialidad, que no escuch\u00f3 de forma  adecuada a los supuestos perpetradores y que los hallazgos del informe  son parcializados pues no se tom\u00f3 debida cuenta de las amenazas a la  seguridad que Ecuador enfrentaba en tal momento.\u00a0 Otros interlocutores  dijeron que el informe se enfoc\u00f3 demasiado en abusos cometidos entre  1984 y 1988 a costa de casos m\u00e1s recientes, incluyendo un gran n\u00famero de  presuntos asesinatos cometidos en Sucumb\u00edos.<\/p>\n<p>A\u00fan cuando puede  haber m\u00e9rito en algunas de estas preocupaciones, el informe brinda un  punto de partida de cr\u00edtica importancia para abordar la impunidad por  abusos pasados.\u00a0 El informe no pretende ser un documento judicial y no  est\u00e1 dise\u00f1ado para ofrecer una historia definitiva de los eventos que  trata, sin embargo, registra muchas alegaciones serias en considerable  detalle y ayuda a sentar las bases para los pasos que se deber\u00e1n seguir  en el futuro.\u00a0 Por tanto, es imperativo que el trabajo de la comisi\u00f3n  sea juzgado no por sus fallas que podr\u00edan estar identificadas en su  composici\u00f3n o metodolog\u00eda, sino en la sustancia del registro factual que  ha generado.\u00a0 Me reun\u00ed con muchos testigos y familiares de las v\u00edctimas  que testificaron ante la Comisi\u00f3n de la Verdad, incluyendo aquellos  relacionados con el caso Fybeca y los casos de Luis Fernando Garc\u00eda  Garc\u00eda, El\u00edas L\u00f3pez Pita, Carlos Aristide Lara Silva, y David Delgado  Galarza. Est\u00e1 claro que muchos de los asesinatos todav\u00eda deben ser  debidamente investigados y que se deber\u00e1 adoptar un programa de  compensaci\u00f3n o reparaciones lo antes posible.<\/p>\n<p>Muertes en la frontera Ecuador-Colombia<\/p>\n<p>Es  claro que el conflicto colombiano se ha desbordado hacia Ecuador, seg\u00fan  lo mostr\u00f3 mi visita a Sucumb\u00edos. En Esmeraldas y Sucumb\u00edos los  ciudadanos est\u00e1n sujetos a presiones y abusos de todos lados \u2013 desde  grupos armados ilegales (GAI), incluyendo las FARC, ex paramilitares  colombianos y narcotraficantes; y tambi\u00e9n desde las fuerzas de seguridad  ecuatorianas y colombianas.<\/p>\n<p>Aunque la frontera de Sucumb\u00edos  anteriormente se encontraba altamente infiltrada por\u00a0\u00a0\u00a0 las FARC, ahora  tambi\u00e9n los ex paramilitares han ingresado al Ecuador en n\u00fameros  crecientes durante los \u00faltimos seis a ocho meses.\u00a0 Las fuerzas armadas  ecuatorianas han incrementado ampliamente su presencia en la frontera  desde el ataque a\u00e9reo de Colombia a una base de las FARC en Sucumb\u00edos en  marzo de 2008.\u00a0 Las personas que viven en las riveras del los r\u00edos San  Miguel y Putumayo en Sucumb\u00edos est\u00e1n atrapadas entre las demandas de  grupos armados en competencia. En la medida en que las fuerzas armadas  colombianas han empujado a los GAI hacia \u00e1reas remotas, los flujos de  refugiados hacia Ecuador tambi\u00e9n se han incrementado.<\/p>\n<p>Los grupos  armados ilegales ingresan a Ecuador para obtener comida, bienes y  servicios de salud; para traficar drogas y armas; para realizar  entrenamientos de combate; y para escapar del conflicto en Colombia.  Ellos acosan e intimidan a la poblaci\u00f3n civil y les fuerzan a \u201ccooperar\u201d  con la provisi\u00f3n de alimentos, albergue o informaci\u00f3n. En algunas  \u00e1reas, ellos imponen impuestos a los art\u00edculos vendidos, mantienen la  \u201cley y el orden\u201d (mediante intimidaci\u00f3n y violencia) y realizan  reclutamiento forzado, incluyendo a menores de edad, as\u00ed como asesinatos  de civiles.<\/p>\n<p>Estos grupos (especialmente los ex paramilitares)  tambi\u00e9n han emprendido una \u201climpieza social\u201d, que en ocasiones ha estado  ligada a sus esfuerzos por controlar rutas claves de transporte. Se me  entregaron copias de avisos de limpieza social en los cuales los grupos  promet\u00edan \u201cmatar a las\/los trabajadoras\/es sexuales y narcotraficantes,  ladrones, secuestradores y j\u00f3venes adictos a las drogas\u201d, y ped\u00edan al  p\u00fablico en general el perd\u00f3n por cualquier asesinato de \u201cinocentes\u201d.\u00a0 En  las \u00faltimas cuatro a seis semanas, un estimado de 30 cuerpos (cada uno  con signos claros de haber sido torturado) fueron encontrados a lo largo  de una carretera principal en Putumayo, Sucumb\u00edos, conocida por los  frecuentes robos a buses. La carretera tambi\u00e9n es una v\u00eda importante  para tr\u00e1fico de drogas y armas, y las FARC y los paramilitares han  peleado continuamente por su control.<\/p>\n<p>Funcionarios  gubernamentales me informaron de tasas impresionantemente altas de  asesinatos en algunos pueblos de frontera en Esmeraldas y Sucumb\u00edos, que  a veces exceden los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las  estad\u00edsticas policiales indican que estas dos provincias tienen las m\u00e1s  altas tasas de homicidios en el pa\u00eds.\u00a0 Muchos interlocutores tambi\u00e9n  mencionaron al peque\u00f1o pueblo de Puerto el Carmen a orillas del r\u00edo  Putumayo como especialmente peligroso. Durante los \u00faltimos a\u00f1os, el  pueblo de solo 4.000 habitantes ha sufrido de uno a tres asesinatos por  semana. Los interlocutores no se explican por qu\u00e9 no se puede lograr una  seguridad b\u00e1sica a pesar de la presencia de la polic\u00eda, de un gran  batall\u00f3n militar en las cercan\u00edas y de la fuerza naval. Aun cuando el  n\u00famero de \u201cinstalaciones clandestinas\u201d de GAI descubiertas por las  fuerzas armadas ha incrementado dram\u00e1ticamente (18 en 2005, 53 en 2007, y  183 en 2009), el hecho que solo un peque\u00f1o n\u00famero de miembros de GAI  hayan muerto\u00a0 o hayan sido detenidos parece dif\u00edcil de reconciliar con  la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para proteger a los  ciudadanos de la violencia de los GAI.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se me inform\u00f3  acerca de abusos cometidos por el ej\u00e9rcito ecuatoriano, incluyendo  frecuentes intimidaciones y acosos a civiles, junto con casos de  allanamientos forzados a domicilios y robo de comida y otros bienes.  Tambi\u00e9n han ocurrido casos de violencia sexual, humillaci\u00f3n p\u00fablica,  tortura y asesinatos. Estos problemas se han incrementado desde mediados  de 2009. Se dieron varias razones.\u00a0 El n\u00famero de tropas en Sucumb\u00edos se  incremento m\u00e1s de cuatro veces de 2007 a 2009, y el n\u00famero de  operaciones militares se increment\u00f3 de 22 en 2007 a 234 en 2008 y a 250  en 2009. Se considera que las tropas no est\u00e1n suficientemente  capacitadas para brindar seguridad a una poblaci\u00f3n civil vulnerable en  circunstancias que involucran violencia por parte de bandas criminales  sofisticadas y actividades de insurgencia.\u00a0 Tambi\u00e9n se cit\u00f3 un extenso  cambio del liderazgo militar en Sucumb\u00edos a mediados de 2009, como una  raz\u00f3n para el deterioro de las relaciones militares-civiles. La  cooperaci\u00f3n con la sociedad civil y las organizaciones humanitarias se  redujo, el alto en puntos de control se increment\u00f3, los activistas  individuales han sido acosados y se han realizado redadas en propiedades  usadas por las ONG. Las relaciones de los militares con las comunidades  tambi\u00e9n se han afectado, inhibiendo la capacidad de la inteligencia  militar e incrementando su dependencia de t\u00e1cticas abusivas para obtener  informaci\u00f3n sobre las actividades de GAI.<\/p>\n<p>Aunque recib\u00ed informes  de varios casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, es  emblem\u00e1tica la muerte por parte del ej\u00e9rcito ecuatoriano de tres  personas que viajaban en una piragua, el 18 de enero de 2010.\u00a0  Originalmente, los militares dijeron que las tres personas eran  guerrilleros vestidos de uniforme de camuflaje y que hab\u00edan abierto  fuego contra una patrulla militar. Los militares se defendieron y  dispararon en respuesta, pero la piragua aceler\u00f3 y se fue.\u00a0  Posteriormente, los militares descubrieron que todos los supuestos  guerrilleros hab\u00edan resultado muertos en la \u201cconfrontaci\u00f3n\u201d. Sin  embargo, de acuerdo a otros testimonios, los tres no estaban  uniformados, no realizaban actividad sospechosa alguna y no hab\u00edan  disparado contra los militares. Los militares no intentaron perseguir a  la piragua o recuperar los cuerpos.\u00a0 Personas del lugar ayudaron al  piloto de la piragua, pero \u00e9l muri\u00f3 en camino al centro de salud.\u00a0 La  falla de los militares en realizar una investigaci\u00f3n objetiva, recuperar  el bote o encontrar las supuestas armas arroj\u00f3 dudas sobre la validez  de su explicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, muchos miembros de la comunidad han recibido  amenazas desde entonces para que se queden callados.<\/p>\n<p>Sicarios<\/p>\n<p>Los  ecuatorianos est\u00e1n muy al tanto del fen\u00f3meno del sicariato.\u00a0 Se puede  contratar a un sicario por un monto tan peque\u00f1o como $20 \u2013 los asesinos a  sueldo son f\u00e1ciles de encontrar; algunos publicitan sus \u201cservicios\u201d de  manera abierta o se conoce que est\u00e1n disponibles para contratos en  lugares de encuentro, y muchos parecen operar con impunidad. Aunque  algunos medios pueden haber exagerado el problema, ha habido incrementos  significativos en el n\u00famero de asesinatos contratados durante los  \u00faltimos tres a\u00f1os.\u00a0 Actualmente se estima que el 11-14 por ciento de  homicidios (cerca de 450 muertes) en el Ecuador es cometido por  sicarios, con la m\u00e1s alta incidencia en Guayas y Esmeraldas.<\/p>\n<p>Se  puede hacer una distinci\u00f3n entre asesinatos por motivos personales o  profesionales.\u00a0 Los motivos personales incluyen conflictos  intrafamiliares o conflictos por tierras u otros problemas.\u00a0 Se pueden  contratar asesinos relativamente baratos e inexpertos para \u201cresolver\u201d  dichos asuntos.\u00a0 En otros casos, sicarios altamente profesionales pueden  ser usados\u2013 por ejemplo, por sofisticados grupos de crimen organizado.\u00a0  Se considera en gran medida que son los usureros o \u201cchulqueros\u201d los  principales empleadores de sicarios. Los individuos que no pueden  obtener pr\u00e9stamos de bancos y otras instituciones recurren a pr\u00e9stamos  de individuos que bien podr\u00edan estar lavando dinero procedente del  narcotr\u00e1fico y quienes cargan hasta un 10% de inter\u00e9s por d\u00eda.\u00a0 Cuando  el pago se torna dif\u00edcil, los chulqueros se encargan de dar un  escarmiento violento o muerte a los deudores, algunas veces usando a  menores de edad en calidad de \u201ccobradores\u201d.\u00a0 Otros asesinatos  profesionales parecen tener motivaciones pol\u00edticas, tales como el  asesinato del Alcalde de Palestina (Guayas), Carlos Alberto Olvera  Olvera, durante mi misi\u00f3n, el 11 de julio de 2010.<\/p>\n<p>Este a\u00f1o el  Gobierno ha dado pasos importantes para reducir el sicariato.\u00a0 De manera  sistem\u00e1tica se est\u00e1 recogiendo informaci\u00f3n sobre la distribuci\u00f3n  geogr\u00e1fica de dichos asesinatos en Guayaquil y otras ciudades, y las  patrullas de polic\u00eda se han incrementado en \u00e1reas vulnerables. Se ha  buscado el asesoramiento de expertos franceses y colombianos, y se ha  establecido un grupo especial de inteligencia de polic\u00eda. En Guayaquil  se han hecho esfuerzos para registrar a todas las motos, restringir la  disponibilidad de alcohol, y la oficina del fiscal y la polic\u00eda han  conformado una unidad especial para abordar estos casos.<\/p>\n<p>No  obstante, son pocos los casos de sicariato resueltos. Debido a los  m\u00e9todos clandestinos y a veces sofisticados usados por los asesinos  contratados, estos cr\u00edmenes son claramente dif\u00edciles de investigar. Sin  embargo, la impunidad por dichos asesinatos tambi\u00e9n se debe a fallas en  el sistema de justicia penal que describo m\u00e1s adelante. Una causa  principal de impunidad es la falta de voluntad por parte de muchos  dentro del sistema de justicia penal, para investigar y enjuiciar estos  asesinatos. Pero el no hacerlo niega la justicia a la familia de la  v\u00edctima, deja al perpetrador libre para matar otra vez y evita que la  polic\u00eda obtenga informaci\u00f3n sobre las redes criminales que facilitar\u00eda  un enjuiciamiento m\u00e1s efectivo del crimen organizado. Es m\u00e1s, la  impunidad de la que gozan los perpetradores difunde el mensaje a otros  en el sentido de que se puede f\u00e1cilmente quedar libre en caso de  asesinato. Por ende, el hacerse sicario se torna en una opci\u00f3n atractiva  de carrera, especialmente para aquellos con pocas opciones.<\/p>\n<p>Muertes causadas por la polic\u00eda<\/p>\n<p>No  recib\u00ed nada que indicara que las muertes causadas por la polic\u00eda fueran  algo generalizado o sistem\u00e1tico; sin embargo, s\u00ed se da, y han muerto  personas por tortura o a balazos durante operativos de las fuerzas del  orden p\u00fablico, y algunos sospechosos y otros tipos de personas han sido  asesinados por la polic\u00eda &#8211; cuando simplemente ten\u00edan que haberlos  capturado; asimismo, ha habido polic\u00edas involucrados en casos de  sicariato. El Ministerio de Gobierno suministr\u00f3 informaci\u00f3n sobre 27  individuos cuya muerte hab\u00eda sido causada por la polic\u00eda entre 2000 y  2009. El Inspector General de la Polic\u00eda suministr\u00f3 informaci\u00f3n sobre  104 personas cuyas muertes hab\u00edan sido causadas por la polic\u00eda desde  2005 hasta la fecha, aunque no se especific\u00f3 qu\u00e9 proporci\u00f3n de esta  cifra corresponder\u00eda a muertes il\u00edcitas. Una ONG dio un c\u00e1lculo  aproximado de 164 muertes extrajudiciales entre 2000 y 2006.<\/p>\n<p>Las  autoridades de la Polic\u00eda Nacional me aseguraron que jam\u00e1s se encubre  una muerte causada por la polic\u00eda, y que todo oficial de polic\u00eda  responsable de abusos se somete a los procedimientos disciplinarios y  penales correspondientes. No obstante, hay pocos indicios de que la  dependencia de Asuntos Internos de la Polic\u00eda puede operar de manera  independiente o eficaz a la hora de investigar graves alegaciones de  mala conducta por parte de oficiales de alto rango. Si bien es cierto  que el Inspector General introdujo recientemente una serie de reformas  para desarrollar por primera vez un sistema profesional en el Ecuador,  a\u00fan es necesario contar con la capacidad de investigar de manera  verdaderamente independiente cualquier alegaci\u00f3n grave contra la  polic\u00eda.<\/p>\n<p>La confusi\u00f3n entre casos de linchamiento y la justicia ind\u00edgena<\/p>\n<p>La  cobertura por parte de los medios y las declaraciones de algunos  funcionarios presentan una confusi\u00f3n entre el problema de los  linchamientos y el tema de la justicia ind\u00edgena, que es un asunto  totalmente aparte. Es esencial que se aclare dicha confusi\u00f3n. <\/p>\n<p>Los  linchamientos son ataques o muertes causadas por actores privados, y  con frecuencia se trata de un grupo de ciudadanos contra un presunto  malhechor. Generalmente, en el Ecuador se somete a la v\u00edctima a golpes y  a pu\u00f1aladas, o la queman viva, y a menudo en p\u00fablico. Este tipo de  actos se realizan sin proceso legal o judicial, se trata simplemente de  castigos violentos o de venganzas. Una ONG document\u00f3 33 casos de  linchamientos en 2009, especialmente en las provincias de Pichincha, Los  R\u00edos, Guayas, Azuay, Cotopaxi, y Chimborazo. Las autoridades calculan  que hubo unos 153 linchamientos entre 1994 y 2008. Generalmente los  linchamientos son consecuencia de la falta de una justicia efectiva, lo  cual lleva o incluso faculta a los ciudadanos a hacer justicia por mano  propia.<\/p>\n<p>Se debe hacer la distinci\u00f3n entre este tipo de casos y el  tema totalmente aparte de la justicia ind\u00edgena. Cuando se da un  linchamiento en el seno de una comunidad rural o de una comunidad  ind\u00edgena, a menudo las autoridades o los medios de comunicaci\u00f3n lo  presentan como un ejemplo de \u201cjusticia ind\u00edgena\u201d. La justicia ind\u00edgena  en el Ecuador var\u00eda de una comunidad a otra, pero se hace conforme a un  proceso, y no se trata de una aplicaci\u00f3n arbitraria de la violencia. No  recib\u00ed ninguna prueba fidedigna de casos en los que los verdaderos  procesos de justicia ind\u00edgena causaran la muerte. Hay cuestiones muy  importantes y muy complejas que deben atender el gobierno y las  comunidades ind\u00edgenas respecto del funcionamiento, la jurisdicci\u00f3n y el  alcance de la aplicaci\u00f3n l\u00edcita de la justicia ind\u00edgena en el Ecuador.  Las declaraciones de algunas autoridades en cuanto a que la justicia  ind\u00edgena es \u201csalvaje\u201d, y el hecho de que la confundan con los  linchamientos, no contribuyen en absoluto al di\u00e1logo que se debe  entablar para continuar con el desarrollo de las normas que rigen la  relaci\u00f3n entre la justicia ind\u00edgena y la justicia ordinaria.<\/p>\n<p>Las Juntas de Defensa del Campesinado<\/p>\n<p>Las  Juntas de Defensa del Campesinado son grupos rurales creados por los  residentes de una localidad, con miras a, de manera ostensible, promover  el desarrollo rural y prevenir el robo de ganado en zonas que cuentan  con una presencia m\u00ednima de la seguridad del estado. Sin embargo, recib\u00ed  informaci\u00f3n de peso sobre abusos que han cometido las juntas contra las  comunidades que en principio tendr\u00edan que haber representado y  protegido.<\/p>\n<p>Las juntas rurales prevalecen en las provincias de la  sierra (especialmente en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bol\u00edvar),  pero tambi\u00e9n se encuentran en Los R\u00edos. Est\u00e1n organizadas por  parroquias, y cuentan con un presidente para cada localidad. Las juntas  pertenecen a una federaci\u00f3n de juntas nacional que cuenta con al menos  20,000\u00a0 miembros. Las autoridades dieron respuestas diversas respecto  del papel que desempe\u00f1an\u00a0 las juntas. Algunas dijeron que se trataba  simplemente de organizaciones de desarrollo rural o socioecon\u00f3mico, o  peque\u00f1os grupos comunitarios. Otras dijeron que cumpl\u00edan con una funci\u00f3n  de \u201cvigilancia de vecinos\u201d, seg\u00fan la cual se da informaci\u00f3n sobre  delincuencia a la polic\u00eda. Algunos oficiales de la polic\u00eda indicaron que  en algunas ocasiones se hab\u00eda proporcionado uniformes a los miembros de  las juntas, que \u00e9stas estaban involucradas en la \u201cseguridad rural\u201d, y  que a veces trabajaban con la polic\u00eda. Otros polic\u00edas negaron  rotundamente que pudieran tener cualquier tipo de conexi\u00f3n\u00a0 con las  juntas. Un funcionario de alto rango dijo que las juntas hab\u00edan hecho un  uso sistem\u00e1tico de la fuerza hasta el a\u00f1o 2006, pero que desde ese  entonces se hab\u00eda llevado a cabo una transformaci\u00f3n y que los abusos  eran casos aislados. Seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por las fuentes  de inteligencia, las juntas est\u00e1n bien organizadas y aplican su propia  \u201cjusticia\u201d paralela e imparten sus propios castigos. <\/p>\n<p>Conforme a  la informaci\u00f3n suministrada por la sociedad civil y algunos testigos y  v\u00edctimas, las juntas rurales desempe\u00f1an un papel clave en la ley y el  orden rurales, y en la pr\u00e1ctica cumplen con las funciones de la polic\u00eda y  del sistema de justicia (pero para ello se valen de la intimidaci\u00f3n y  de la violencia). Cuando a un individuo se le acusa de un delito las  juntas pueden llegar a golpearlo, secuestrarlo, quitarle sus propiedades  o sus tierras, o en algunos casos, a matarlo. En general las v\u00edctimas  son pobres o son personas cuyos intereses entran en conflicto con los de  los miembros de las juntas locales, por ejemplo, en materia de tierras.  Yo habl\u00e9 con v\u00edctimas de la violencia de las juntas, personas que  hab\u00edan sido secuestradas, golpeadas y forzadas a dejar sus pueblos o  ciudades con amenaza de muerte, o cuyos familiares han sido asesinados.  En algunos casos la polic\u00eda ha trabajado con las juntas. Asimismo ha  habido amenazas contra quienes est\u00e1n documentando los abusos por parte  de las juntas. En este momento hay un gran n\u00famero de casos contra  miembros y l\u00edderes de las juntas en el sistema judicial, pero parece que  no avanzan.<\/p>\n<p>Defensores de derechos humanos<\/p>\n<p>Me llegaron  muchos informes de intimidaci\u00f3n y de amenazas contra defensores de  derechos humanos, actores humanitarios, activistas sindicales,  movimientos sociales y l\u00edderes ind\u00edgenas. Esto va desde intentos por  sobornar a los activistas para que cesen su trabajo en determinados  casos concretos, a advertencias de que si siguen trabajando pueden  llegar a tener\u00a0 \u201cproblemas\u201d, a intentos por obstruir su trabajo, hasta  ataques f\u00edsicos. Por ejemplo, hay individuos de grupos que trabajan en  derechos de las mujeres en la frontera norte que han recibido amenazas  de que los van a quemar vivos, y activistas de grupos de Gays,  Lesbianas, Bixexuales y Transexuales que han recibido avisos de limpieza  social. Algunos individuos que se oponen a las acciones de las empresas  extractoras tambi\u00e9n han sido objeto de amenazas, como Polivio P\u00e9rez,  Esther Landetta Chica, Etelvina de Jes\u00fas Misacango, Joel Vicente Zhunio  Samanieg, miembros de la comunidad Sarayaku, y Santiago Escobar. La  forma tan dura y tan \u00e1spera en que las autoridades se refieren a los  activistas cuyas posturas no ven con buenos ojos, no hace m\u00e1s que  exacerbar la posici\u00f3n tan precaria en la que ya se encuentran muchos de  los defensores de de los derechos humanos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n ha habido  asesinatos de activistas. En un caso de particular gravedad, un conocido  abogado de derechos laborales y sindicalistas, el Sr. Iv\u00e1n Muela, fue  asesinado en la calle el 21 de enero de 2010 por dos hombres que iban en  una motocicleta. Otro caso muy alarmante es el del Dr. Germ\u00e1n Antonio  Ram\u00edrez Herrera, a quien mataron durante mi misi\u00f3n y cuyo caso relato en  detalle en p\u00e1rrafos ulteriores. <\/p>\n<p>El c\u00edrculo vicioso de la impunidad<\/p>\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 est\u00e1 tan generalizada la impunidad en el Ecuador?<\/p>\n<p>El temor de los testigos y la protecci\u00f3n<\/p>\n<p>En  parte, la impunidad se debe a que los testigos tienen temor a poner  denuncias y a rendir testimonios. Casi todos los testigos y las v\u00edctimas  con los que habl\u00e9 personalmente temen por su propia vida. En particular  en Sucumb\u00edos, las v\u00edctimas estaban seguras de que los actores armados  los castigar\u00edan o los matar\u00edan si llegaran a enterarse de que ellos  hab\u00edan denunciado sus casos. De hecho, en algunas \u00e1reas tuve que  restringir mis investigaciones porque, de lo contrario, habr\u00eda puesto a  los testigos en un riesgo demasiado grande. Y esos miedos tienen  fundamento. Muchos de los que hicieron denuncias a la polic\u00eda o al  fiscal sobre abusos han recibido amenazas de muerte y han sido  intimidados para que guarden silencio. Como ya se dijo, muchos de los  que han trabajado para sacar a la luz esos abusos han sido amenazados, y  a algunos los han matado. Los perpetradores tambi\u00e9n presionan a la  polic\u00eda, a la fiscal\u00eda y las autoridades judiciales, e incluso los  amenazan de muerte.<\/p>\n<p>El programa de protecci\u00f3n de v\u00edctimas y  testigos del Ecuador fue ampliado recientemente de un modo  significativo, pues su presupuesto aument\u00f3 este a\u00f1o a cerca de un mill\u00f3n  de d\u00f3lares, en comparaci\u00f3n con noventa mil del a\u00f1o anterior. Si bien  este programa brinda distintos grados de protecci\u00f3n a unos 3,625  individuos, el 20% de los cuales tienen que ver con casos de muertes, se  encuentra lejos de estar\u00a0 en condiciones de brindar una verdadera  seguridad a muchas personas que la necesitan. Muchas de las v\u00edctimas con  las que habl\u00e9 personalmente ni siquiera saben que esto existe, y otras,  incluso quienes se encuentran en grave peligro, me dijeron lo ven como  algo muy cercano a la polic\u00eda y a la fiscal\u00eda y que no se conf\u00edan.\u00a0 El  programa\u00a0 cuenta con su propia polic\u00eda especializada en protecci\u00f3n, pero  su director reconoci\u00f3 que los propios testigos perciben dicha polic\u00eda  como un \u00f3rgano sin la suficiente autonom\u00eda. Hasta el momento el programa  ha hecho esfuerzos por llegar a las v\u00edctimas y por asegurar una clara  independencia respecto de otras instituciones, pero no ha tenido mucho  \u00e9xito. <\/p>\n<p>Ombudsman (Defensor del Pueblo)<\/p>\n<p>La Oficina del  Defensor del Pueblo goza de confianza y en general se considera que est\u00e1  desempe\u00f1ando su funci\u00f3n, es decir, recibir denuncias, actuar en nombre  de las v\u00edctimas, hacer llegar las denuncias a las autoridades, y hacer  un muy buen seguimiento de los casos. La oficina cumple con una funci\u00f3n  muy importante en materia de derechos humanos; sin embargo, tiene muy  pocas facultades para forzar\u00a0\u00a0 las autoridades a que lleven a cabo  investigaciones o respondan a las solicitudes del Defensor.<\/p>\n<p>Las precarias investigaciones de la polic\u00eda y la fiscal\u00eda<br \/>Si  bien hay muchos polic\u00edas y fiscales honestos y dedicados, los servicios  de sus respectivas instituciones fueron objeto de cr\u00edticas por parte de  muchos de mis interlocutores por su corrupci\u00f3n, por v\u00ednculos con el  narcotr\u00e1fico y con los GIA en las regiones del norte, por su  ineficiencia, por su falta de capacidad t\u00e9cnica y de capacitaci\u00f3n, y por  contratar al personal m\u00e1s sobre la base de contactos que por m\u00e9rito  propio. En Sucumb\u00edos, todos los interlocutores se refirieron a una falta  generalizada de voluntad por parte de las autoridades provinciales a la  hora de cumplir incluso con las funciones m\u00e1s b\u00e1sicas, como el recibo  de denuncias o la investigaci\u00f3n de alegaciones.<\/p>\n<p>En todo el pa\u00eds  hubo cr\u00edticas generalizadas acerca de la capacidad t\u00e9cnica para  investigar eficazmente las muertes. La capacidad bal\u00edstica, por ejemplo,  se introdujo apenas muy recientemente. La polic\u00eda en algunas zonas  regionales indic\u00f3 que las autopsias se realizan de manera muy precaria, y  que solo ahora se est\u00e1 introduciendo la capacidad para realizar  an\u00e1lisis de ADN en Quito. La falta de laboratorios legistas  independientes tambi\u00e9n es problem\u00e1tica, sobre todo cuando pueden estar  involucrados en los abusos alg\u00fan oficial o funcionario de alto rango. En  Sucumb\u00edos, la fiscal\u00eda cuenta solamente con un m\u00e9dico legista que  trabaja media jornada en Lago Agrio, de manera que a menudo las v\u00edctimas  se ven obligadas a sufragar los gastos de los servicios legistas  (aunque esto \u00faltimo fuera negado por las autoridades). El costo puede  estar entre $40-$180, una suma exorbitante para la mayor\u00eda de las  v\u00edctimas. Adem\u00e1s de todo lo anterior, recib\u00ed pruebas bastante  contundentes de informes m\u00e9dicos falsificados en casos muy delicados que  involucran a las autoridades.<\/p>\n<p>Tribunales<\/p>\n<p>Se critica a  los tribunales por su lentitud a la hora de conocer casos y de  pronunciar sentencias. Se me habl\u00f3 incluso de retrasos de varios a\u00f1os.  Algunos interlocutores, incluidos funcionarios del gobierno, se\u00f1alaron  asimismo cuan expuestos est\u00e1n a sobornos y a presiones, particularmente  en conexi\u00f3n con casos que involucren a funcionarios, al crimen  organizado, a sicarios o a narcotraficantes.\u00a0 <\/p>\n<p>Ajustes de cuentas<\/p>\n<p>Una  de las graves falencias del sistema de justicia penal es el uso  generalizado de la categor\u00eda \u201cajuste de cuentas\u201d para clasificar un  n\u00famero excesivo de muertes. Seg\u00fan funcionarios de alto nivel, el t\u00e9rmino  se utiliza generalmente para describir homicidios entre personas con  antecedentes penales, que se cometen por motivos como venganza, \u201cmalos  repartos\u201d de un bot\u00edn, disputas de territorio entre pandillas, o  disputas relacionadas con negocios de drogas. La utilizaci\u00f3n de esta  categor\u00eda plantea una serie de problemas graves. En primer lugar, es  demasiado general y est\u00e1 mal definida, con lo cual se presta para todo  tipo de abusos. En segundo lugar, concede una importancia  desproporcionada no solo a los antecedentes penales (sentencias  condenatorias), sino tambi\u00e9n\u00a0 a los antecedentes policiales (que pueden  estar presentes por muchas razones, no solo por haber estado involucrado  en alg\u00fan delito). Tercero, aunque ser\u00eda imposible afirmar con toda  seguridad que un presunto asesino tiene antecedentes policiales sin  antes realizar una investigaci\u00f3n adecuada, la falta de pruebas en este  sentido no impide que aqu\u00ed se haga tal aseveraci\u00f3n. Cuarto, se parte del  supuesto de que un caso de ajuste de cuentas es menos merecedor de una  investigaci\u00f3n a fondo. Aunque algunos funcionarios gubernamentales lo  negaran rotundamente, yo recib\u00ed confirmaciones muy en\u00e9rgicas de esta  realidad de toda una gama de fuentes. En Guayaquil, por ejemplo, donde  el problema de los sicarios reviste una particular gravedad, los  funcionarios del gobierno hicieron \u00e9nfasis en que la mayor\u00eda de las  v\u00edctimas contaban con antecedentes penales, y que en consecuencia se  daba por supuesta la muerte por ajuste de cuentas. Lo que qued\u00f3 claro es  que una vez determinada la situaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, muy rara vez la  polic\u00eda y los fiscales llevan a cabo una investigaci\u00f3n seria y a fondo. <\/p>\n<p>La  quinta falencia radica en que esta categor\u00eda funciona perfectamente  como encubrimiento para que la polic\u00eda se abstenga de entablar procesos  contra los responsables de las muertes, bien sea que se trate de ellos  mismos o de otros oficiales. Un ejemplo es el de las alegaciones que  recib\u00ed sobre v\u00ednculos entre la polic\u00eda y unas muertes a manos de  sicarios en Los R\u00edos, y otro el de un joven de 23 a\u00f1os que mataron en  Lago Agrio el 8 de marzo de 2010. Un caso que ilustra todo lo anterior  de forma aun m\u00e1s dram\u00e1tica es el del asesinato de Germ\u00e1n Antonio Ram\u00edrez  Herrera, un m\u00e9dico legista especializado en casos de tortura y  ejecuciones extrajudiciales. El 6 de julio de\u00a0 2010 lo secuestraron, le  dispararon, y lo mataron.\u00a0 \u00c9l hab\u00eda recibido varias amenazas por  trabajar en la documentaci\u00f3n de lesiones a reclusos y por haber rendido  testimonio\u00a0 en ese sentido tras una redada de la polic\u00eda en el Centro de  Rehabilitaci\u00f3n Social de Quevedo. Un art\u00edculo de prensa sobre el  incidente simplemente se\u00f1ala, sin comentario alguno, que la polic\u00eda  sospecha que podr\u00eda tratarse de un caso de ajuste de cuentas.<\/p>\n<p>Recomendaciones<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0  El gobierno debe crear una comisi\u00f3n de expertos de alto nivel para que  \u00e9sta eval\u00fae el desempe\u00f1o de los servicios de polic\u00eda, y para que  proponga reformas de \u00edndole estructural y operacional, en aras de  mejorar la capacidad para responder eficazmente al desaf\u00edo de las tasas  crecientes de delitos graves, incluidas las ejecuciones extrajudiciales.  Esta comisi\u00f3n tambi\u00e9n deber\u00e1 considerar si se necesita o no una unidad  legista independiente y un Ministerio de Polic\u00eda aparte para garantizar  que un ente de car\u00e1cter civil haga una veedur\u00eda m\u00e1s estricta de la  Polic\u00eda.\u00a0 <\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0 Se debe formular una estrategia nacional para la  lucha contra las muertes por sicario. El gobierno debe aprovechar  iniciativas recientes en este sentido con miras a alcanzar una verdadera  concertaci\u00f3n de esfuerzos entre la Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda. No se deber\u00e1  volver a utilizar la categor\u00eda de \u201cajuste de cuentas\u201d para clasificar  ning\u00fan caso, y la Polic\u00eda deber\u00e1 tener la obligaci\u00f3n de investigar a  fondo todo caso de muerte a manos de sicarios.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 Hay que  felicitar al Gobierno por sus esfuerzos encaminados a conseguir una  reforma del sistema de justicia a trav\u00e9s de una mayor eficiencia. Por  otro lado, se necesita incrementar el n\u00famero de jueces y realizar  mayores esfuerzos para protegerlos contra amenazas e intimidaciones,  especialmente en \u00e1reas remotas.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0 El Gobierno y la  Asamblea Nacional deber\u00e1n dar seguimiento a la labor de La Comisi\u00f3n de  la Verdad, y esto incluye: (a) garantizar que todo caso que as\u00ed lo  amerite se reabra y que se inicien investigaciones penales efectivas por  parte de peritos totalmente independientes de las partes involucradas,  (b) otorgar formas de compensaci\u00f3n adecuadas a los miembros de las  familias de las v\u00edctimas, y (c) crear un archivo con la documentaci\u00f3n de  la Comisi\u00f3n de la Verdad. Adem\u00e1s, La Comisi\u00f3n de la Verdad deber\u00e1  asegurarse de dar una amplia difusi\u00f3n a un breve resumen de su informe  que sea de f\u00e1cil comprensi\u00f3n para el p\u00fablico en general y que haya sido  traducido a los idiomas pertinentes.<\/p>\n<p>5.\u00a0\u00a0 La era de una Polic\u00eda  que se investiga a s\u00ed misma debe llegar a su fin. El Gobierno deber\u00e1  crear nuevo ente que est\u00e9 en condiciones de investigar la presunta  participaci\u00f3n de la polic\u00eda en una muerte, de manera cre\u00edble,  independiente, eficaz y \u00e1gil.\u00a0 <\/p>\n<p>6.\u00a0\u00a0 Deber\u00e1 ampliarse el  programa de de protecci\u00f3n a v\u00edctimas y testigos para ampliar su  capacidad, mejorar su credibilidad, y para garantizar su independencia  de otros actores. Deber\u00e1 considerarse la posibilidad de crear un  programa administrado de forma totalmente independiente de la polic\u00eda y  los servicios de fiscal\u00eda.<\/p>\n<p>7.\u00a0\u00a0 Los miembros de las Fuerzas  Armadas que operan en la frontera deber\u00e1n recibir una capacitaci\u00f3n m\u00e1s  amplia y m\u00e1s completa que les permita atender las complejas funciones  policiales y militares que se ven abocados a desempe\u00f1ar. Esto incluir\u00eda  formaci\u00f3n acerca de c\u00f3mo trabajar estrechamente y de forma constructiva  con la poblaci\u00f3n civil, c\u00f3mo aplicar y c\u00f3mo distinguir entre las normas  de derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y  c\u00f3mo tratar humanamente a las personas desplazadas y a aquellos que han  tenido que huir de sus propios pa\u00edses.<\/p>\n<p>8. El Ecuador no se  encuentra en la mira de muchas organizaciones humanitarias o de derechos  humanos de alcance regional o internacional. Los problemas que he  descrito en el presente documento indican claramente que se necesita una  mayor atenci\u00f3n internacional hacia los derechos humanos en Ecuador, lo  cual incluye, entre otras cosas, vigilancia, asistencia humanitaria, y  colaboraci\u00f3n con las ONG nacionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[ 07\/16\/2010] [ Fuente: Inredh.org ] [ ] \u00a0 Al inicio de su mandato, el Presidente Rafael Correa hizo una invitaci\u00f3n general a los relatores especiales de Naciones Unidas para que vengan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/161"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/161\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}