Los presidentes Santos y Obama han llegado a un acuerdo para presentar el TLC con Colombia para su aprobaci\u00f3n por parte del congreso de Estados Unidos, acuerdo que en contra de todas las evidencias, plantea la posibilidad de que en el corto lapso de tres meses, el gobierno de Santos y el congreso de Colombia tomar\u00e1n medidas concretas y dr\u00e1sticas para resolver los problemas de derechos laborales y violencia contra los sindicalistas, que se han mantenido durante muchos a\u00f1os con complicidad y apoyo de las pol\u00edticas de las \u00faltimas c\u00fapulas gubernamentales, de las cuales ha formado parte protagonista el actual presidente Santos.<\/p>\n
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Este acuerdo muestra que ambos gobiernos ven\u00edan trabajando en forma secreta para presentar un cronograma en el cual Colombia se pliega nuevamente a los intereses de las corporaciones estadounidenses y acepta d\u00f3cil y demag\u00f3gicamente las exigencias de esa potencia<\/p>\n
En realidad tras casi un a\u00f1o del nuevo gobierno en Colombia, la impunidad se mantiene, e incluso se agravan modalidades de violencia como los asesinatos de dirigentes sociales involucrados en los procesos de restituci\u00f3n de tierras y la profundizaci\u00f3n de una legislaci\u00f3n contraria a la organizaci\u00f3n y reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores.<\/p>\n
Metas acordadas, como lograr antes de 30 d\u00edas medidas efectivas en contra de la impunidad contrastan con hechos como que los militares juzgados y sentenciados por falsos positivos, asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos se encuentran en instalaciones militares protegidos y alojados como en hoteles de cinco estrellas y no sido sometidos a las mismas condiciones que los presos comunes, al tiempo que desde el gobierno se buscan estrategias jur\u00eddicas para anular los procesos en su contra.<\/p>\n
Lo que el acuerdo hace es intentar desatascar el tr\u00e1mite del TLC en el congreso de Estados Unidos y postergar los condicionamientos en materia de derechos humanos a las fases de entrada en vigencia e implementaci\u00f3n del mismo.<\/p>\n
Pretender que antes del 15 de junio se reforme el c\u00f3digo penal y otras leyes como las referentes a las cooperativas de trabajo asociado o las agencias de empleo, en una situaci\u00f3n en la cual ni aun iniciativas completamente apoyadas por el gobierno como las leyes de v\u00edctimas y tierras han podido ser consensuadas dentro de la coalici\u00f3n gubernamental, parecen una simple proclamaci\u00f3n formal hecha por los dos gobiernos para silenciar la oposici\u00f3n de los movimientos sindicales y de paso compromete la agenda legislativa a un cronograma dictado desde Washington, violando nuevamente la autonom\u00eda del poder legislativo.<\/p>\n
Que la Fiscal\u00eda General y el gobierno de Colombia, asuman compromisos con fechas, cifras y metas en materia de aplicaci\u00f3n de la justicia revelan nuevamente la deplorable p\u00e9rdida de soberan\u00eda del pa\u00eds y la manera como el gobierno no se preocupa realmente de los temas de evitar la impunidad, exigencia reiterada desde hace a\u00f1os por los movimientos sociales, y que el gobierno s\u00f3lo atiende en relaci\u00f3n a la suscripci\u00f3n de tratados de libre comercio.<\/p>\n
Los acuerdos entre Santos y Obama validan la pol\u00edtica de Santos y Uribe en materia de derechos humanos dentro del enfoque de que en la \u00faltima d\u00e9cada Colombia tuvo grandes progresos, que ahora se busca consolidar. Para todos los colombianos est\u00e1 claro que los \u00faltimos 9 a\u00f1os fueron los de las chuzadas, los falsos positivos, los desplazamientos masivos, de incremento de la informalidad y el desempleo, aumento de la dependencia alimentaria y entrega de garant\u00edas absolutas a la inversi\u00f3n extranjera. Bajo ninguna circunstancia fue una d\u00e9cada de grandes avances que hay que consolidar, sino de profundos retrocesos que hay que revertir.<\/p>\n
La prohibici\u00f3n de las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado que permiten esconder la relaci\u00f3n laboral y desconocer los derechos de los trabajadores, ser\u00eda contrarrestada por la implementaci\u00f3n de otras formas para disfrazar y negar la relaci\u00f3n laboral, tales como los mal llamados \u00a8contratos sindicales\u00a8 de obras o de servicios.<\/p>\n
El acuerdo se hizo dentro del criterio del gobierno de Santos de beneficiar los intereses de Estados Unidos, el cual reconoce por en\u00e9sima vez que este tratado se hace con la finalidad de la creaci\u00f3n de trabajos en EE.UU. y el fortalecimiento de los privilegios de los inversionistas y el aumento de las exportaciones norteamericanas y para estimular la competitividad de Estados Unidos y facilitarle el acceso al mercado colombiano y fortalecer el apoyo del gobierno colombiano a los intereses de EEUU, no solamente en el plano nacional sino internacional, como su agenda militar y de lucha contra el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Los dos gobiernos al suscribir ese acuerdo se ponen en contra no solamente de las voces que recientemente y desde hace a\u00f1os exigen garant\u00edas reales y duraderas a los derechos humanos y que incluyen la opini\u00f3n reciente de congresistas dem\u00f3cratas, de la AFL y la USW y hacer creer que Colombia, calificada por la Confederaci\u00f3n Sindical Internacional, nuevamente hace pocos d\u00edas, como el pa\u00eds m\u00e1s peligroso del mundo para los sindicalistas, en tres meses va a superar esta situaci\u00f3n. Tambi\u00e9n los gobiernos ignoran los argumentos y las demandas de quienes han denunciado el car\u00e1cter lesivo del TLC para los derechos de los trabajadores, la soberan\u00eda alimentaria, el desarrollo social y econ\u00f3mico, la integraci\u00f3n regional.<\/p>\n
Santos contin\u00faa la obsesiva preocupaci\u00f3n de Uribe por la ratificaci\u00f3n del TLC y est\u00e1 a punto de someter a Colombia a nuevos sacrificios de su soberan\u00eda y estos hechos ameritan una inmediata y contundente reacci\u00f3n del movimiento popular.<\/p>\n
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