Ex gerente y funcionarios deber\u00e1n explicar maniobras extra\u00f1as. EL TIEMPO revela lista de implicados. “Aqu\u00ed todo tiene precio. \u00bfQuiere que le agilicen un registro minero, que se lo demoren, que le den derechos de explotaci\u00f3n en una zona prohibida…? Pague. Esto es a la carta: todo se puede”.<\/p>\n
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Ese fue el diagn\u00f3stico que recibi\u00f3 el Gobierno tras una investigaci\u00f3n de seis meses en el Instituto Colombiano de Geolog\u00eda y Miner\u00eda<\/strong> (Ingeominas<\/a>), donde se descubri\u00f3 que hay tarifas para todo tipo de tr\u00e1mites y hasta una cuenta bancaria en Valledupar para que particulares consignen <\/strong>sobornos<\/strong><\/a> (Lea la historia de una pareja que negocia con licencias de explotaci\u00f3n minera<\/a>).<\/span><\/p>\n Aunque en la rueda de prensa de esta semana el ministro de Minas<\/a> y Energ\u00eda, Carlos Rodado, no dio nombres ni detalles de lo que calific\u00f3 de una “pi\u00f1ata con los t\u00edtulos mineros del pa\u00eds”, EL TIEMPO obtuvo el listado de funcionarios y ex funcionarios implicados en la indagaci\u00f3n, que incluye al ex director de la entidad Mario Ballesteros, a quien el gobierno Santos<\/a> le pidi\u00f3 la renuncia en octubre pasado.<\/span><\/p>\n Es m\u00e1s, se estableci\u00f3 que hay hasta c\u00e1maras esp\u00eda en los computadores claves de la instituci\u00f3n, que dan acceso a informaci\u00f3n privilegiada sobre las decisiones que se toman en un sector considerado como una de las grandes locomotoras de la econom\u00eda<\/strong>. Solo entre enero y marzo, el sector minero export\u00f3 2.019 millones de d\u00f3lares, el 16 por ciento de todas las ventas al exterior.<\/span><\/p>\n Este diario tambi\u00e9n identific\u00f3 a los llamados ‘zares’ de los t\u00edtulos mineros<\/a>: los esposos H\u00e9ctor Alfonso Acevedo Gordillo y Yolanda Castro Jim\u00e9nez, quienes tienen 12 registros aprobados y tramitan 500 m\u00e1s.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n ‘Se les advirti\u00f3’<\/span><\/p>\n Pero el gran boquete est\u00e1 en el otorgamiento de registros o permisos de explotaci\u00f3n minera<\/a> -a personas naturales, empresas locales y multinacionales- que violan la ley o son fruto de tr\u00e1mites sospechosos.<\/span><\/p>\n Por ejemplo, el ex director Ballesteros deber\u00e1 explicar por qu\u00e9 durante su administraci\u00f3n se le entregaron a Andr\u00e9s Rendle, en octubre del 2009, los derechos sobre 2.010 hect\u00e1reas en Yaigoje-Apaporis (Vaup\u00e9s)<\/strong>, dos d\u00edas despu\u00e9s de que el lugar fue declarado oficialmente Parque Nacional. <\/span><\/p>\n “El otorgamiento de ese t\u00edtulo viola la Constituci\u00f3n y los c\u00f3digos de Minas y de Recursos Naturales (…) El t\u00edtulo es nulo y no genera derechos o efectos jur\u00eddicos”, le advirti\u00f3 el Ministerio de Ambiente a Ballesteros hace un a\u00f1o. Pero el t\u00edtulo minero sigue vigente.<\/span><\/p>\n Andr\u00e9s Rendle, el beneficiario de esta pol\u00e9mica decisi\u00f3n, es vicepresidente de operaci\u00f3n para Colombia de la multinacional Cosigo. <\/span><\/p>\n Se trata de la misma compa\u00f1\u00eda que, en asocio con Frontier, logr\u00f3 en el 2007 que Ingeominas les entregara 9.937 hect\u00e1reas en esa misma zona, considerada sagrada para siete tribus ind\u00edgenas<\/a><\/strong>.<\/span><\/p>\n A nombre de Rendle, EL TIEMPO tambi\u00e9n encontr\u00f3 derechos sobre m\u00e1s de 12.000 hect\u00e1reas en sectores aur\u00edferos de Puerto Boyac\u00e1 (Boyac\u00e1), Cerrito, Palmira, Ginebra y Buga (Valle)<\/strong>.<\/span><\/p>\n Por este caso, adem\u00e1s de Ballesteros, tendr\u00e1n que explicar sus actuaciones Antonio Cabrales, quien firm\u00f3 el contrato de concesi\u00f3n en Vaup\u00e9s, y C\u00e9sar Tulio Franco<\/strong>, entonces jefe del Grupo de Catastro y Registro Minero. Franco, hoy funcionario de la oficina de control interno del Ingeominas, le dijo a este diario que todo se trat\u00f3 de un error de uno de sus subalternos<\/strong>.<\/span><\/p>\n Y mientras este se subsana, Cosigo advierte que, aunque ser\u00e1 respetuosa de la ley, tramit\u00f3 el t\u00edtulo antes de la declaratoria de parque nacional. <\/span><\/p>\n Ahora, intenta convencer a los ind\u00edgenas de la conveniencia de la explotaci\u00f3n de oro. Incluso, ya hay una tutela para que esa regi\u00f3n deje de tener restricciones ambientales.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Otros 46 casos en la mira<\/span><\/p>\n Pero hay m\u00e1s de 20 funcionarios del Ingeominas indagados<\/strong> por conductas que van desde la entrega de 36 t\u00edtulos mineros en parques naturales hasta la adjudicaci\u00f3n de una decena de derechos de explotaci\u00f3n minera en p\u00e1ramos, como el de Santurb\u00e1n, Pisba, Tota y Chili. <\/span><\/p>\n Lo que llama la atenci\u00f3n en el caso de los p\u00e1ramos es que todos los permisos fueron concedidos -durante la administraci\u00f3n Ballesteros- d\u00edas despu\u00e9s de entrar en vigencia la Ley 1382 del 2010<\/strong>, que protege a estas zonas de la actividad minera. Algunos de los beneficiarios de estos permisos son Anglogold Ashanti, Oro Barracuda, Negocios Mineros y siete personas naturales.<\/span><\/p>\n En este expediente de irregularidades, EL TIEMPO encontr\u00f3 un nombre recurrente en varios esc\u00e1ndalos: Alma M\u00e1ter, fundaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro que ha contratado con el Inv\u00edas, el ICBF, alcald\u00edas y hasta con el Ministerio de Minas<\/strong>, y que estaba a cargo del ca\u00f3tico catastro minero.<\/span><\/p>\n Al respecto, voceros de Alma M\u00e1ter manifestaron que tienen el “recibido a satisfacci\u00f3n” del ex director Ballesteros sobre los dos convenios que firmaron durante su administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n No obstante, Mario Ballesteros no pudo ser ubicado para que explicara qu\u00e9 fue lo que pas\u00f3 durante su administraci\u00f3n. <\/span><\/p>\n Lo concreto es que la Fiscal\u00eda<\/a> ya tiene en sus manos todo el expediente con la evidencia de las irregularidades, y en los pr\u00f3ximos d\u00edas empezar\u00e1 a citar a los implicados. <\/span><\/p>\n El objetivo es establecer qui\u00e9nes son los responsables de esta “pi\u00f1ata”, que incluye hasta casos ins\u00f3litos, como la asignaci\u00f3n de 23 derechos mineros en territorio venezolano, entregados por un funcionario de la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander, que hace parte de las seis delegadas del Ingeominas que tambi\u00e9n otorgan registros mineros.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Otra vez aparece Red Alma M\u00e1ter<\/span><\/p>\n El nombre de Red Alma M\u00e1ter, vinculada a varias universidades el Eje Cafetero, se est\u00e1 volviendo familiar para investigadores de la Fiscal\u00eda<\/a>, Procuradur\u00eda<\/a> y Contralor\u00eda<\/a>. Hace dos meses, EL TIEMPO revel\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico revisa convenios millonarios firmados por esta entidad con el Inv\u00edas, el ICBF, institutos bajo la lupa de las autoridades. Ahora se sabe que fue contratada para reparar las inconsistencias del Catastro Minero del Ingeominas, al que se le han invertido m\u00e1s de 6.000 millones de pesos en los \u00faltimos a\u00f1os. Para ello, Alma M\u00e1ter obtuvo dos contratos, tasados en 700 millones de pesos<\/strong>. La gran sorpresa es que \u00e9ste sigue en etapa de prueba y que muchos registros a\u00fan se llevan en tablas de Excel. Alma M\u00e1ter dice que los contratos fueron recibidos a satisfacci\u00f3n por el ex gerente del Ingeominas.<\/p>\n Denuncia Las reservas especiales -constituidas para comunidades con tradici\u00f3n minera- tambi\u00e9n han sido amenazadas debido a t\u00edtulos entregados por el Ingeominas de manera sospechosa. Es el caso de La Uvita (Boyac\u00e1), donde el Gobierno declar\u00f3, en septiembre del 2007, una reserva para 22 mineros<\/strong>. Sin embargo, dos meses despu\u00e9s se le entreg\u00f3 a un particular el derecho a explotar sobre ese mismo terreno porque, supuestamente, la informaci\u00f3n de la reserva no se ‘subi\u00f3’ oportunamente al sistema de la entidad. Otro de los casos afecta a medio centenar de familias en Jeric\u00f3, tambi\u00e9n en Boyac\u00e1. Los mineros hab\u00edan radicado una solicitud de reserva desde el 2004. Para ellos, el proceso dur\u00f3 5 a\u00f1os de estudio. Sin embargo, cuando el Gobierno accedi\u00f3 a considerar ese territorio como reserva y se expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n, la sorpresa fue que, un mes antes, el Ingeominas hab\u00eda entregado dicho terreno a un particular, en un proceso que solo dur\u00f3 un mes.<\/p>\n
<\/strong>Comunidades mineras, bajo amenaza<\/span><\/p>\n