\tEsta Misi\u00f3n Internacional de Verificaci\u00f3n consta de 40 personas de 15 pa\u00edses, entre diputados, juristas y defensores y defensoras de derechos humanos. Por invitaci\u00f3n de la Campa\u00f1a Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia.<\/p>\n
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\tMisi\u00f3n Internacional de Verificaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de la defensa de los derechos humanos en Colombia<\/strong><\/p>\n \tInforme preliminar, 2 de diciembre de 2011<\/p>\n \tEsta Misi\u00f3n Internacional de Verificaci\u00f3n consta de 40 personas de 15 pa\u00edses, entre diputados, juristas y defensores y defensoras de derechos humanos. Por invitaci\u00f3n de la Campa\u00f1a Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, y con intenci\u00f3n de hacer seguimiento al informe de la relatora especial sobre de la situaci\u00f3n de los defensores de derechos humanos de la ONU, la Misi\u00f3n ha visitado 8 regiones del pa\u00eds el 28 noviembre a 2 diciembre de 2011 para entrevistarse con varias docenas de organizaciones y centenares de defensores y defensoras, as\u00ed como con autoridades locales, regionales y nacionales.<\/p>\n \tDesarrollo del trabajo de la misi\u00f3n<\/strong><\/p>\n \tLa Misi\u00f3n ha centrado su trabajo en cinco grandes temas en relaci\u00f3n con las dificultades y riesgos que enfrentan los defensores\/as de derechos humanos en Colombia, como son la impunidad en que permanecen los ataques contras los\/as defensores\/as, la falta de protecci\u00f3n, el se\u00f1alamiento y estigmatizaci\u00f3n, el mal uso de la inteligencia estatal contra ellos\/as, y las judicializaciones sin fundamento.<\/p>\n \tLa Misi\u00f3n ha aplicado el concepto amplio de defensor\/a de derechos humanos que se\u00f1ala la ONU, en el sentido de que un\/a defensor\/a es toda persona que defiende sus derechos humanos y los de otros, como l\u00edderes campesinos, mujeres, afrodescendientes, e ind\u00edgenas, l\u00edderes desplazados, sindicalistas, y abogados.<\/p>\n \tLa raz\u00f3n principal de realizar esta Misi\u00f3n es la dif\u00edcil situaci\u00f3n que viven las y los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre julio de 2010 y mayo de 2011, ha habido en Colombia 255 agresiones contra quienes defienden los derechos humanos. De \u00e9stas, 54 fueron asesinatos, seg\u00fan el Informe del Sistema de Informaci\u00f3n sobre Agresiones a Defensoras y Defensores (SIADDHH), del Programa Somos Defensores. Sin embargo, la Misi\u00f3n ha realizado su trabajo con un esp\u00edritu de esperanza, apoyado en las palabras del Presidente Juan Manuel Santos, que se refieren a la defensa de los derechos humanos como un “compromiso indeclinable” y con “convicci\u00f3n profundamente democr\u00e1tica, \u00e9tica y humana”.<\/p>\n \tEsta Misi\u00f3n ha constatado, a partir de un alto n\u00famero de testimonios, una serie de agresiones en los \u00faltimos dos a\u00f1os contra defensores\/as, incluyendo asesinatos, atentados, desapariciones forzadas, y amenazas.<\/p>\n \tLos ataques contras los\/as defensores\/as permanecen en la impunidad<\/strong><\/p>\n \tDurante nuestra visita hemos tomado nota de que, en su gran mayor\u00eda, las agresiones a los defensores, incluyendo cr\u00edmenes graves como asesinatos y desapariciones, contin\u00faan en la impunidad. Tuvimos noticia de casos en los que los denunciantes dieron incluso nombres y apellidos de las personas que los amenazaban, y sin embargo las investigaciones no han avanzado. Hemos sabido de pocos casos en los cuales los responsables de las agresiones fueran llevados ante la justicia.<\/p>\n \tHemos observado una serie de factores que contribuyen a la impunidad. En primer lugar, hemos constatado un temor generalizado al denunciar las agresiones, por la realidad de las represalias que sufren quienes las denuncian. Algunos de los ejemplos de preocupaci\u00f3n que hemos escuchado incluyen que algunas fiscal\u00edas operan dentro de guarniciones militares; que los denunciantes son llamados a una instalaci\u00f3n militar para ratificar la queja; las denuncias se filtran y aparecen pocos d\u00edas despu&e! acute;s en manos de los agresores; en ocasiones los organismos de investigaci\u00f3n tienen una actitud amenazante frente a determinados grupos vulnerables.<\/p>\n \tEn segundo lugar, observamos que muchas autoridades (a nivel regional) niegan la existencia de grupos armados ilegales, particularmente de los paramilitares o nuevos grupos ilegales. Dicha negaci\u00f3n no conduce a investigaciones serias en casos de agresiones ni a medidas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n \tEn tercer lugar encontramos que en muchas ocasiones las agresiones a los\/as defensores\/as son considerados como casos aislados y tipificados como un delito com\u00fan, sin relaci\u00f3n con su labor de defensa de derechos humanos o con su pertenencia a una comunidad o grupo amenazado.<\/p>\n \tFinalmente, hemos conocido algunos casos en los cuales la Fiscal\u00eda se muestra remisa a recibir denuncias, aduciendo que est\u00e1 saturada de casos.<\/p>\n \tLastimosamente, tenemos que decir que esta situaci\u00f3n contrasta con la aparente diligencia con la que avanzan las investigaciones cuando un\/a defensor\/a es judicializado.<\/p>\n \tLa protecci\u00f3n que reciben los\/as defensores\/as no es adecuada<\/strong><\/p>\n \tEl programa de protecci\u00f3n del gobierno de Colombia ha sido y es muy necesario, ha contribuido claramente a la protecci\u00f3n de defensores\/as, y sin duda ha salvado vidas.<\/p>\n \tSin embargo, de acuerdo a los testimonios recabados, observamos que los esquemas de protecci\u00f3n no tienen una perspectiva integral. No contemplan muchas veces, en especial en las regiones que el defensor\/a pueda seguir ejerciendo su labor. Falta hasta el momento el desarrollo en las medidas de enfoques diferenciados para tener en cuenta las necesidades espec\u00edficas de mujeres, ind\u00edgenas, Afrocolombianos, LGTBI. Hasta ahora, no se han implementado medidas de protecci\u00f3n colectivas que sobre todo afectan a procesos de restitucion de tierras.<\/p>\n \tCon frecuencia, hemos constatado, que las evaluciones de riesgo se realizan de manera lenta, burocr\u00e1tica, y han generado fuertes discrepancias entre las percepciones de riesgo de defensores y organizaciones y los bajos niveles de calificaci\u00f3n de riesgo otorgados por el Programa. Hemos recibido testimonios incluso de que las medidas concedidas han llegado despu\u00e9s de que el\/la defensor\/a haya sufrido la agresi\u00f3n.<\/p>\n \tCon gran preocupaci\u00f3n hemos observado tambi\u00e9n que practicamente no hay avances en las investigaciones que se realizan para el sometimiento ante la justicia de quienes agreden a los\/as defensores\/as, a pesar de que en ocasiones se identifica en las denuncias a los agresores. De poco sirven las medidas de protecci\u00f3n si las agresiones quedan en la impunidad. En este sentido, consideramos que no hay mejor manera de proteger la labor de defensa de derechos humanos que luchando contra la impunidad.<\/p>\n \tLos se\u00f1alamientos y estigmatizaciones siguen contra quienes defienden los derechos humanos <\/strong><\/p>\n \tLa Misi\u00f3n encontr\u00f3 que las pr\u00e1cticas de se\u00f1alamientos y estigmatizaciones son todav\u00eda demasiado frecuentes. En las 8 regiones visitadas fueron reportados panfletos an\u00f3nimos y otros elaborados por nuevos grupos armados al margen de la ley, con amenazas a los defensores. La misi\u00f3n tambi\u00e9n tuvo noticia de casos, en \u00e1reas rurales con fuerte presencia de la insurgencia, en las cuales el ej\u00e9rcito distribuye panfletos con nombres y fotos de l\u00edderes, o hace anuncios en la radio pidiendo que “se desmovilicen”, en tal manera se\u00f1al\u00e1ndolos como guerrilleros. Esta estigmatizaci\u00f3n afecta a comunidades enteras.<\/p>\n \tEsta misma misi\u00f3n ha escuchado, en reuniones con autoridades regionales y locales, expresiones que hacen de menos y descalifican a los\/as defensores\/as como el caso de El Tamarindo, en las afueras de Barranquilla.<\/p>\n \tEsta misma mision ha escuchado, en reuniones con autoridades. Hemos tenido noticia de casos en que las autoridades civiles y militares, a nivel regional, se\u00f1alan y estigmatizan a las\/os defensores\/as que participan en actividades de protesta social. Por ejemplo, hemos tenido noticia de se\u00f1alamiento de la polic\u00eda antimotines (ESMAD) contra estudiantes que participan en protestas, acus\u00e1ndolos de “guerrilleros”.<\/p>\n \tTambi\u00e9n hemos notado un incremento en se\u00f1alamientos provenientes de actores no estatales, como las empresas mineras, cuando las comunidades expresan preocupaciones por los posibles impactos de las actividades de dichas empresas.<\/p>\n \tFinalmente, notamos con mucha preocupaci\u00f3n una creciente tendencia por la cual se desprestigia a las v\u00edctimas que est\u00e1n buscando justicia, con descalificaciones tild\u00e1ndolas de “oportunistas”.<\/p>\n \tEl mal uso de inteligencia estatal contra defensores\/as<\/strong><\/p>\n \tLa Misi\u00f3n reconoce y saluda las medidas que el Gobierno ha tomado para reformar los sistemas de inteligencia estatal. Esperamos que este proceso tenga su efecto en prevenir el mal uso de la inteligencia contra defensores\/as.<\/p>\n \tSin embargo, en nuestra Misi\u00f3n hemos recibido numerosas informaciones en el sentido de que los defensores\/as siguen muy preocupados por hechos como robos de informaci\u00f3n en sus sedes, por fuerza p\u00fablica filmando o tomando fotograf\u00edas en eventos p\u00fablicos, y realizando preguntas inadecuadas a defensores y poblaci\u00f3n, y por la posibilidad que sus tel\u00e9fonos est\u00e9n interceptados.<\/p>\n \tNos preocupa particularmente los reportes que hemos tenido, de modo consistente, recientemente y en todas las regiones visitadas, sobre m\u00faltiples casos de robos de computadoras y otros sistemas de informaci\u00f3n sobre casos y trabajo de los\/as defensores\/as. Hemos sabido tambi\u00e9n en nuestras visitas a regiones que estos casos sistem\u00e1ticamente se califican como “hurto” por las autoridades, y que no se ha avanzado en la tarea de encontrar y enjuiciar a los responsables.<\/p>\n \tFinalmente, se nos ha reportado el uso de informaci\u00f3n proveniente de inteligencia militar en la judicializaci\u00f3n de defensores, pese a que existe jurisprudencia clara y memorandos de la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas que establecen que la inteligencia militar nunca puede ser considerada como prueba en una causa penal.<\/p>\n \tJudicializaciones en contra de defensores\/as<\/strong><\/p>\n \tLa Misi\u00f3n ha conocido repetidos casos de defensores que han sido judicializados en procesos con m\u00faltiples irregularidades, denunciadas dentro y fuera de dichos procesos, tales como el mencionado uso de informaci\u00f3n de inteligencia militar en su contra, o de testimonios personales de desmovilizados, que a menudo han recibido pagos por sus testimonios.<\/p>\n \tLa Misi\u00f3n ha recibido testimonio que en caso de un solo sindicato se manifiesta de 6.000 procesos abiertos contra los miembros de su junta directiva.<\/p>\n \tLa Misi\u00f3n ha sabido que la Fiscal\u00eda ha iniciado un proceso para mejorar la investigaci\u00f3n de los casos contra defensores\/as para evitar judicializaciones infundadas, y esperamos que este proceso arroje frutos lo antes posible.<\/p>\n \tHemos tenido noticias de numerosos casos de detenciones individuales y masivas y judicializaciones de defensores\/as que realizan actividades de protesta social, como la oposici\u00f3n a proyectos mineros, de infraestructura, problem\u00e1tica de tierras, y j\u00f3venes que participaron en las recientes protestas estudiantiles, entre otros. Asimismo, hemos recogido numerosas preocupaciones en el sentido de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana haga posible estas actuaciones contra defensores\/as y comunidades.<\/p>\n \tRecomendaciones<\/strong><\/p>\n \tLos y las integrantes de la Misi\u00f3n Internacional, manifestando nuestra solidaridad y apoyo incondicional a las acciones y propuestas de los y las defensoras de derechos humanos de Colombia y a las v\u00edctimas que defienden, y mostrando para ellos y ellas nuestro profundo agradecimiento por su hospitalidad y esfuerzo en la organizaci\u00f3n de las Misiones, en especial en cada una de las regiones invitadas, de acuerdo a lo observado y a los testimonios recogidos RECOMENDAMOS ante las autoridades del Estado colombiano:<\/p>\n \tPONER FIN A LA IMPUNIDAD frente a la violaciones que sufren tanto las v\u00edctimas como quienes defienden sus derechos. Esta solicitud se traduce en las siguientes recomendaciones:<\/p>\n \tQue la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, y la reci\u00e9n creada Agencia de Protecci\u00f3n del Ministerio del Interior, en coordinaci\u00f3n con una unidad especial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, investiguen y centralicen con celeridad todas las violaciones cometidas contra defensores\/as de derechos humanos; identificando la cadena de responsabilidad de mando en los cr\u00edmenes, haciendo seguimiento a todos los casos hasta que se haga justicia y haciendo p\u00fablicos los resultados de sus investigaciones.<\/p>\n \tQue todas las investigaciones y procesos por violaciones de derechos humanos en las que est\u00e9n involucrados miembros de la Fuerza P\u00fablica se adelanten ante la justicia penal ordinaria. Vemos en este sentido con gran preocupaci\u00f3n la posibilidad de que se apruebe en el \u00e1mbito de la reforma de la justicia el Fuero militar, que es contrario a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas<\/p>\n \tQue terminen de retirarse de las guarniciones militares las Fiscal\u00edas, asegurando su independencia e imparcialidad y ofreciendo garant\u00edas y recursos para que tanto los y las defensoras de derechos humanos como las v\u00edctimas que defienden puedan acceder a la justicia<\/p>\n \tMEJORAR DE MANERA ESTRUCTURAL LOS PROGRAMAS DE PROTECCION DE PERSONAS EN RIESGO, que se ha de traducir en:<\/strong><\/p>\n \tQue los cambios anunciados y puestos en marcha en los programas de protecci\u00f3n del Ministerio del Interior, tendentes a mejorar los estudios de riesgo, las medidas de protecci\u00f3n y su eficacia y rapidez, puedan evaluarse en los pr\u00f3ximos meses en conjunto con las organizaciones para verificar su eficacia y resultados. En particular, consideramos esencial que los cambios respondan siempre a las necesidades de los y las defensoras en cada una de las regiones del pa\u00eds, cuenten con la participaci\u00f3n de las organizaciones y se apliquen con enfoques diferenciados, que atiendan las necesidades y apuestas espec\u00edficas de mujeres, poblaci\u00f3n LGBT, pueblos ind\u00edgenas y afrodescendientes.<\/p>\n \tQue el sistema de protecci\u00f3n tenga car\u00e1cter integral, permitiendo que el defensor\/a pueda continuar su labor de defensa y que incluya medidas pol\u00edticas, sociales y de prevenci\u00f3n para el reconocimiento y legitmaci\u00f3n de la labor de los y las defensoras<\/p>\n \tQue se garantice que los escoltas y conductores no tengan o hayan tenido v\u00ednculos con grupos armados ilegales y se garantice que no realicen acciones de inteligencia<\/p>\n \tQue todos estos programas y medidas cuenten con recursos financieros y humanos suficientes para garantizar la efectiva protecci\u00f3n de los y las defensoras<\/p>\n \tQue se dise\u00f1e e implemente una pol\u00edtica de protecci\u00f3n efectiva para los procesos de reclamaci\u00f3n y restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n \tPONER FIN A LA ESTIGMATIZACION Y LOS SE\u00d1ALAMIENTOS SISTEMATICOS, que se ha de traducir en:<\/strong><\/p>\n \tQue el Presidente de la Rep\u00fablica y otros altos funcionarios del gobierno reconozcan con amplia repercusi\u00f3n p\u00fablica la legitimidad e importancia del trabajo de los y las defensoras de derechos humanos, absteni\u00e9ndose de hacer declaraciones que desprestigien su trabajo, condenando los ataques en su contra y emitiendo un marco normativo que ordene a todas las autoridades a respetar y proteger su labor<\/p>\n \tQue el Presidente de la Rep\u00fablica, en su papel de jefe supremo de las fuerzas armadas, asegure que los mandos militares se abstengan de hecer se\u00f1alamientos a los defensores.<\/p>\n \tQue la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inicie procesos disciplinarios contra todo funcionario\/a p\u00fablico\/a que con su acci\u00f3n u omisi\u00f3n promueva o permita violaciones a los derechos de los defensores\/as y de las v\u00edctimas que defienden, y aplique en su integridad la Directiva 012 de 2010.<\/p>\n \tQue dejen de sembrarse dudas por autoridades y medios de comunicaci\u00f3n sin una investigaci\u00f3n completa y finalizada sobre casos de violaciones graves de derechos humanos, como si fueran casos emblem\u00e1ticos de “fraude” y evitando las generalizaciones que colocan a las v\u00edctimas y defensores\/as ante un mayor riesgo<\/p>\n \tPONER FIN AL MAL USO DE LA INTELIGENCIA ESTATAL, que se ha de traducir en:<\/strong><\/p>\n \tGarantizar que los y las defensoras puedan tener acceso a la informaci\u00f3n contenida en los archivos de inteligencia, que no se recoja informaci\u00f3n a trav\u00e9s de la Inteligencia relativa a su labor y que no se utilice como evidencia en procesos penales en su contra. En este sentido, solicitamos la desclasificaci\u00f3n y apertura al p\u00fablico de los archivos del DAS siguiendo el ejemplo de otros pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n \tQue las autoridades estatales revisen y excluyan de estas informaciones datos sin fundamento que incriminen o prejuzguen a cualquier persona, en especial si es defensor\/a de los derechos humanos, investigando y avanzando en los procesos que se siguen contra funcionarios implicados en interceptaciones ilegales, ya sean autores materiales o intelectuales.<\/p>\n \tQue se establezcan controles efectivos y permanentes para que ni la nueva Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia, ni ninguna otra instituci\u00f3n en Colombia cometa abusos en las actividades de inteligencia. As\u00ed mismo es fundamental que se adopten medidas para garantizar que la informaci\u00f3n que se obtenga de estas actividades no sea filtrada a los actores armados, ni sea utilizada con fines diferentes a los establecidos en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n \tPONER FIN A LAS JUDICIALIZACIONES SIN FUNDAMENTO:<\/strong><\/p>\n \tGarantizar que la protesta social pueda ejercerse como un derecho ciudadano y no sea criminalizada o vinculada con los actores armados del conflicto.<\/p>\n \tQue se abran procesos penales y disciplinarios en contra de todo funcionario\/a p\u00fablico\/a que viole la ley investigando sin fundamento a defensores\/as de derechos humanos, ordenando las sanciones correspondientes y sin que queden en la impunidad ante organismos de control interno.<\/p>\n \tQue se rechace por las autoridades cualquier testimonio manifiestamente inveros\u00edmil o que provenga de testigos o informantes de dudosa credibilidad.<\/p>\n \tConclusiones<\/strong><\/p>\n \tLa Misi\u00f3n quiere extender su agradecimiento a las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales por su disposici\u00f3n para recibirnos, por su colaboraci\u00f3n para la elaboraci\u00f3n de este informe y por la informaci\u00f3n que nos han proporcionado.<\/p>\n \tDestacamos as\u00ed mismo el compromiso que hemos visto en varios funcionarios, quienes de manera valiente y decidida vienen cumpliendo sus responsabilidades para garantizar el respeto a los derechos humanos y el trabajo de quienes los defienden en las diferentes regiones del territorio.<\/p>\n \tPor otra parte, y de manera particular, queremos agradecer a los centenares de defensoras y defensores de derechos humanos que han compartido con la Misi\u00f3n su situaci\u00f3n, sus preocupaciones, las dificultades para el ejercicio de su labor y sus sue\u00f1os para un lograr un mejor pa\u00eds.<\/p>\n \tFinalmente, para nosotros es muy esperanzador ver la riqueza de actividades que se realizan para buscar la mejor\u00eda de la situaci\u00f3n de derechos humanos en el pa\u00eds, as\u00ed como la pluralidad de defensoras y defensores que trabajan para construir una Colombia mejor. Solamente si ellas y ellos cuentan con plena libertad y respeto para ejercer su importante y leg\u00edtima labor, se podr\u00e1 lograr una Colombia en la que imperen el Estado social de derecho y la justicia.<\/p>\n \tFIN DEL INFORME<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Esta Misi\u00f3n Internacional de Verificaci\u00f3n consta de 40 personas de 15 pa\u00edses, entre diputados, juristas y defensores y defensoras de derechos humanos. 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