En el Valle del Cauca, el despojo de tierras es un crimen poco denunciado, lo han cometido las guerrillas y los paramilitares, y ahora lo siguen haciendo las bandas y los narcotraficantes. Por Yesid Toro de Reporteros de Colombia.<\/p>\n
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En una caja de cart\u00f3n desgastada, Marta* guarda lo \u00fanico que le qued\u00f3 de la herencia de su padre. Lo dem\u00e1s, diez hect\u00e1reas de tierra, una casa en ladrillo, tres caballos, dos vacas y 16 gallinas le fueron arrebatadas. Tambi\u00e9n le quitaron a su padre Antonio*, de 67 a\u00f1os.<\/p>\n
En junio de 2009, unos hombres armados llegaron a su casa, en una zona del Bajo Calima, cerca a Buenaventura, en el Valle de Cauca, se lo llevaron y lo mataron. El anciano se neg\u00f3 a entregar su finca. Qui\u00e9nes lo asesinaron la quer\u00edan para que desde all\u00ed unos hombres vigilaran un laboratorio de coca.<\/p>\n
\u201cMi pap\u00e1 les dijo que no se iba y entonces se lo llevaron. A los dos d\u00edas me dijeron que lo hab\u00edan matado, que yo ver\u00eda qu\u00e9 hac\u00eda, pero que ellos se iban a instalar\u201d, cont\u00f3 Marta, madre de tres hijos. \u201cEllos\u201d, se\u00f1ala, son ‘Los Rastrojos’, una banda criminal al servicio del narcotr\u00e1fico a la que se le atribuye el desplazamiento de campesinos en esta zona del Pac\u00edfico colombiano.<\/p>\n
El despojo de tierras en el departamento del Valle ha estado marcado no solo por la presencia de grupos armados ilegales como las Farc y las Autodefensas, sino tambi\u00e9n por carteles del\u00a0 narcotr\u00e1fico. Sin embargo, hay escasas denuncias y apenas en julio de 2011 se realiz\u00f3 una reuni\u00f3n entre varias entidades del Gobierno (Incoder y Ministerio de Agricultura), la Gobernaci\u00f3n, la extinta Comisi\u00f3n Nacional de Reparaci\u00f3n y Reconciliaci\u00f3n (CNRR) y la, Defensor\u00eda del Pueblo, entre otras que conforman la Comisi\u00f3n Regional de Restituci\u00f3n de Bienes (CRRB), para mostrar los avances en la consolidaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan Diego Arias, quien fuera coordinador regional de la CNRR, aun falta cuantificar y estudiar las denuncias y los casos de despojo.\u00a0 <\/p>\n
Por el momento, el Programa de Protecci\u00f3n de Tierras y Patrimonio de la Poblaci\u00f3n Desplazada del Ministerio de Agricultura, en coordinaci\u00f3n con algunas alcald\u00edas del Valle, adelanta un trabajo que ha descubierto que \u201cla mayor\u00eda\u201d de las personas que han denunciado situaciones de despojo y exigido restituci\u00f3n de tierras han sido v\u00edctimas de narcotraficantes. El porcentaje exacto no ha sido revelado.<\/p>\n
Entre los resultados preliminares de este estudio, presentado a la CRRB, se se\u00f1ala que Cartago, El Dovio, Roldanillo, El Cairo, Buga, Tulu\u00e1, Buenaventura y Dagua son algunos de los municipios donde presuntamente se registr\u00f3 el despojo por capos del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Otra investigaci\u00f3n titulada \u201cUn estudio preliminar sobre los hechos y circunstancias que rodearon la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca\u201d, realizado por el grupo de Memoria Hist\u00f3rica de la Universidad del Valle y presentado en Cali el pasado 28 de julio, revel\u00f3 c\u00f3mo paramilitares y capos del norte del Valle mantuvieron una estrecha relaci\u00f3n a comienzos de 2002 y causaron desplazamientos y despojos de tierras.<\/p>\n
\u201cLa participaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico como un agente de despojo de tierras o de posesi\u00f3n violenta o fraudulenta de propiedades en el departamento entr\u00f3 \u2013en tanto factor pre-existente- a sumarse a la din\u00e1mica de desplazamiento de campesinos desde las zonas en disputa por el Bloque Calima de las Auc\u201d, dice el informe.<\/p>\n
Muchas de las zonas despojadas en esa \u00e9poca, est\u00e1n hoy en manos de grupos al servicio del narcotr\u00e1fico como las llamadas bacrim.<\/p>\n
El ex gestor de Paz del Valle, Frangey Rend\u00f3n, dice que se registraron muchos casos aislados donde el despojo de fincas se dio por la disputa entre narcos.<\/p>\n
\u201cAll\u00ed ha habido un fuerte impacto, especialmente en municipios del norte del Valle, con la guerra entre las bandas \u2018Los Machos\u2019 y \u2018Los Rastrojos\u2019, y en la costa pac\u00edfica\u201d, explic\u00f3 Rend\u00f3n.<\/p>\n
Si Marta decide denunciar \u2013no lo ha hecho a\u00fan por temor a sus victimarios- lo sucedido a ella y a su familia ser\u00e1 uno de los tantos casos a investigar por parte de los jueces que a partir de enero de 2012 buscar\u00e1n restituir dos millones de hect\u00e1reas a campesinos desplazados por la violencia en toda la naci\u00f3n, dentro de la Ley de V\u00edctimas.<\/p>\n
Por ahora, Marta\u00a0 y sus hijos viven en una casa de tabla situada en uno de los barrios m\u00e1s pobres de Buenaventura.<\/p>\n
Miedo y muerte por defender la tierra<\/p>\n
El despojo de tierras en esta zona del pa\u00eds no ha cesado. <\/p>\n
En una camioneta Jorge* y cinco de sus familiares huyeron en abril del a\u00f1o pasado de la que fuera la finca de sus padres desde 1984, ubicada a pocos kil\u00f3metros del casco urbano de El Dovio, un municipio ubicado en el norte del Valle.<\/p>\n
\u201cFue muy doloroso. Nos iban a matar a todos por esa tierra. No lo pensamos dos veces y nos fuimos\u201d, recuerda Jorge. Pocas horas antes hab\u00eda sido el sepelio de su hermano, asesinado por lo que ellos llaman \u201cfuerzas oscuras\u201d.<\/p>\n
Lo peor, dice Jorge, es que por miedo Jorge y su familia no han podido denunciar ni la muerte de su hermano, ni el desplazamiento del que fueron v\u00edctimas, ni mucho menos han logrado retornar a ese predio de ocho hect\u00e1reas.<\/p>\n
\u201cNo hemos podido denunciar porque unos familiares que se quedaron en esa zona podr\u00edan pagar los platos rotos por nuestras denuncias\u201d, dijo Jorge, sentado en la banca de un parque en Tulu\u00e1.<\/p>\n
El sector donde Jorge y su familia viv\u00edan ha pasado primero de tener una presencia las Farc, despu\u00e9s las autodefensas y ahora llegaron bandas como \u2018Los Machos\u2019 y \u2018Los Rastrojos\u2019, que en los \u00faltimos ocho a\u00f1os han librado una guerra a muerte entre ellos.<\/p>\n
Aunque no hay cifras consolidadas del despojo en el Valle, comparado con otras zonas del pa\u00eds, como la Costa Caribe, los Llanos Orientales, Choc\u00f3 y el Magdalena Medio, lo que es claro es que siguen apareciendo nuevas v\u00edctimas por la restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n
En 2011 se presentaron varios casos, en mayo de ese a\u00f1o se report\u00f3 la desaparici\u00f3n de Ana Julia Renter\u00eda y de su esposo, quienes estaban reclamando por sus tierras en el sector de Cajambre, en la zona rural de Buenaventura.<\/p>\n
En ese mismo puerto, dos l\u00edderes que reclamaban sus tierras en el Naya fueron asesinados.<\/p>\n
El caso m\u00e1s sonado fue el de Hugo Ulcu\u00e9, hermano de la gobernadora del Cabildo La Playa-Alto Naya, de Buenaventura, a quien desconocidos le quitaron la vida en abril de 2011.<\/p>\n
Hasta el momento estos cr\u00edmenes no han sido resueltos por el CTI de la Fiscal\u00eda, que asumi\u00f3 la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Cabildos Ind\u00edgenas del Norte del Cauca, Acin, calific\u00f3 el crimen de Ulcu\u00e9 como un \u201cacto de advertencia\u201d.<\/p>\n
Uno de sus l\u00edderes, quien pidi\u00f3 no ser identificado, dijo que quienes se han encargado de reclamar tierras a favor de los desplazados han sido objeto de amenazas por grupos como las \u2018\u00c1guilas Negras\u2019 y \u2018Los Rastrojos\u2019.<\/p>\n
Aunque no coinciden, en Colombia han aparecido varios informes que intentan aproximarse a explicar el peligro que entra\u00f1a la restituci\u00f3n de tierras para los campesinos y l\u00edderes sociales.<\/p>\n
Por una parte, un informe de la Campa\u00f1a Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, indica que, entre agosto de 2010 y junio de 2011, 15 l\u00edderes que reclamaban la restituci\u00f3n de sus tierras fueron asesinados en poblaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nari\u00f1o, Arauca y Tolima, y el Valle. <\/p>\n
Otro estudio, de la Consultor\u00eda para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, muestra que entre marzo del 2002 e inicios de este a\u00f1o 44 desplazados, en su mayor\u00eda l\u00edderes y miembros de grupos que reclaman sus tierras despojadas, fueron asesinados en el pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cEl modelo criminal heredado de los paramilitares ha hecho que las bandas emergentes quieran ejercer el mismo control pol\u00edtico y social de algunas zonas; no s\u00f3lo pretenden quedarse con el manejo de corredores de droga, est\u00e1n all\u00ed para ejercer poder y para intimidar a la poblaci\u00f3n”. explica Elmer Monta\u00f1a, ex coordinador de CNRR en el Valle, hoy amenazado por grupos armados ilegales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, a lo que agrega que “una de las consecuencias de \u00e9sto es el desplazamiento y el despojo de las tierras de los campesinos y afrodescencientes, en el caso del Valle del Cauca y de su zona norte y pac\u00edfica\u201d.<\/p>\n
De hecho, en algunas zonas rurales de Buenaventura, se habla de dominio de grupos \u201cparamilitares\u201d, como siguen llamando los pobladores a\u00a0 los grupos ahora generalmente denominados \u201cbandas criminales\u201d o \u201cbacrim\u201d.<\/p>\n
Por ejemplo, en un informe presentado en agosto de 2011 por la Di\u00f3cesis de Buenaventura se denuncia que: \u201cHay veredas que tienen entrada de control y salida de personas, restricci\u00f3n de transporte colectivo terrestre y mar\u00edtimo; los grupos paramilitares y de guerrilla imponen horarios de llegada, los miembros de los grupos andan pase\u00e1ndose por las veredas armados y haciendo retenes a veh\u00edculos y a personas\u201d.<\/p>\n
En este contexto, la presencia de grupos armados ilegales, la falta de informaci\u00f3n precisa sobre la magnitud del despojo y de denuncias, ser\u00e1n unos de los mayores retos del Gobierno para restituir tierras despojadas a campesinos, ind\u00edgenas y afrodescendientes en el Valle.<\/p>\n
Seg\u00fan Frangey Rend\u00f3n: \u201cEl otro problema\u00a0 es que la Ley de V\u00edctimas no reconoce a los narcotraficantes ni a las bandas criminales a su servicio, llamadas por el Gobierno \u2018bacrim\u2019,\u00a0 como actores generadores de despojo\u201d.<\/p>\n
Despu\u00e9s de la firma de la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras fue habilitada\u00a0 en Cali una oficina del Proyecto Protecci\u00f3n de Tierras y Patrimonio de la Poblaci\u00f3n Desplazada, entre otras 21 oficinas regionales. <\/p>\n
La idea, seg\u00fan el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, es que los despojados reciban acompa\u00f1amiento en la protecci\u00f3n y restituci\u00f3n de sus tierras y, adem\u00e1s, denuncien. “Las v\u00edctimas ya no est\u00e1n solas, cuentan con el Gobierno como aliado”, agreg\u00f3 el Ministro en di\u00e1logo con El Tiempo en octubre. El Ministro, adem\u00e1s de hablar de los grupos armados ilegales, se refiere a una ofensiva judicial que \u00e9l lidera contra intermediarios, funcionarios y terratenientes implicados en estos casos de despojo.<\/p>\n
A pesar de esto, el funcionario no menciona al Valle en esta cruzada. Y en Cali y en el resto del Valle, estos mecanismos son a\u00fan desconocidos por falta de difusi\u00f3n y por el miedo de las v\u00edctimas a denunciar, como el caso de Jorge y de Marta.<\/p>\n
As\u00ed las cosas, son muchos los retos que tiene el Gobierno en el Valle para garantizar el regreso a sus tierras de personas como Marta y como Jorge, v\u00edctimas de un despojo que a\u00fan sigue latente.<\/p>\n
* Reporteros de Colombia es una iniciativa de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el CINEP\/Programa por la Paz. Agrupa periodistas de varias regiones del pa\u00eds comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcci\u00f3n de paz en Colombia. www.reporterosdecolombia.net<\/p>\n
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