La elecci\u00f3n original de ese grupo fue realizada de manera poco clara: cualquier organizaci\u00f3n afrodescendiente \u2014de acuerdo con un complejo sistema familiar y clientelar\u2014 eleg\u00eda un miembro como representante de lo que llamaron \u201ccomunidades de base\u201d. Es de suponer la multitud de arreglos entre dirigentes locales, regionales, gobernadores de turno, agentes electorales y voceros necesarios para ponerse de acuerdo en determinados nombres. Sobrar\u00eda decir que la representaci\u00f3n tiene desde entonces un n\u00edtido car\u00e1cter patrimonial y antidemocr\u00e1tico. El poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico de cada representante es enorme y se puede negociar en beneficio personal o grupal.<\/p>\n
La corrupci\u00f3n ha sido de tal naturaleza que el Consejo de Estado, por sentencia 530 de 2010, declar\u00f3 nula la representaci\u00f3n de las comunidades negras ante la Consultiva de alto nivel y determin\u00f3 que desde entonces los verdaderos representantes deb\u00edan ser elegidos por los Consejos Territoriales Comunitarios y no por esas espurias \u201corganizaciones de base\u201d. M\u00e1s a\u00fan, defini\u00f3 que la elecci\u00f3n tendr\u00eda un per\u00edodo de tres a\u00f1os, con lo que cort\u00f3 de tajo la inmovilidad en los cargos de elecci\u00f3n. El Gobierno, o m\u00e1s exactamente el Ministerio del Interior, ha pasado de agache ante esa trascendental definici\u00f3n jur\u00eddica. El viceministro, doctor Iragorri, ha preferido negociar con la Consultiva en forma pragm\u00e1tica que hacer cumplir la determinaci\u00f3n del Consejo de Estado.<\/p>\n
Yo, con franqueza, no s\u00e9 si el inter\u00e9s del funcionario sea electoral. Puede ser. Hay fundamento para pensarlo as\u00ed. Pero puede ser peor: una bomba quiebrapatas puesta en el camino del tr\u00e1mite de la Ley de Desarrollo Rural, puesto que el viceministro no puede desconocer que si la consulta previa no se tramita de manera rigurosa, la Corte Constitucional puede declararla inexequible, como sucedi\u00f3 afortunadamente con el nefasto estatuto de desarrollo rural de Uribe.<\/p>\n
El poder del organismo consultivo es enorme, al punto de que ha estimado que el tr\u00e1mite de la citada ley costar\u00eda unos 1.500 millones de pesos, representados en viajes, vi\u00e1ticos, honorarios y pago de consultores externos nombrados por sus miembros. Se dice que por la Ley de Minas se habr\u00eda tenido que pagar unos 4.000 millones para cubrir los mismos gastos. En realidad, se trata de una especie de remuneraci\u00f3n velada por el tr\u00e1mite de las consultas previas. Es absolutamente urgente que las consultas sean llevadas a cabo con quienes son las aut\u00e9nticas fuentes de la tradici\u00f3n de las comunidades negras, los Consejos Territoriales. Toda otra soluci\u00f3n es una maniobra politiquera que desconoce de hecho la sentencia del Consejo de Estado 530 de 2010, el convenio 169 de Colombia con la OIT aprobado por la ley 21 de 1991.<\/p>\n