La Corte Constitucional les exigi\u00f3 un informe a los funcionarios del Gobierno que deben atender a la poblaci\u00f3n desplazada. Hubo diferencias entre la Fiscal\u00eda y Acnur. La impunidad es un tema debatible para el Gobierno y los organismos internacionales. Mientras el primero asegur\u00f3 que el t\u00e9rmino no aplica para el drama del desplazamiento;<\/p>\n
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para los segundos este crimen contin\u00faa mientras el Estado no emita sentencias que condenen a los victimarios e investigue este delito en conjunto y no como un c\u00famulo de casos aislados.<\/p>\n
Esa fue la principal diferencia entre la exposici\u00f3n Vivianne Morales, fiscal general, y Terry Morel, representante de la agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, durante su intervenci\u00f3n este jueves 26 de enero de 2012 ante la Corte Constitucional. El organismo de justicia hab\u00eda solicitado a la Fiscal un informe despu\u00e9s de advertir en 2011 que no se estaba cumpliendo con la T-025, una sentencia que hace ocho a\u00f1os orden\u00f3 medidas para prevenir el desplazamiento y garantizarles a las v\u00edctimas sus derechos.<\/p>\n
En su presentaci\u00f3n, Morales dijo que \u201cel t\u00e9rmino impunidad ya pod\u00eda desaparecer en relaci\u00f3n con el desplazamiento\u201d refiri\u00e9ndose al trabajo que realiza la Fiscal\u00eda. Explic\u00f3 que la Unidad de Justicia y Paz tiene registradas 85.135 v\u00edctimas de este delito, y que los ex paramilitares han confesado 7.799 casos en que fueron responsables del despojo de igual n\u00famero de personas. \u201cDel total, 7.340 ya fueron llevados a audiencia de imputaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 la Fiscal.<\/p>\n
La funcionaria dijo que esta misma unidad ha documentado y llevado a juicio ocho masacres emblem\u00e1ticas, que desplazaron a cientos de personas en el pa\u00eds. Se refiri\u00f3 a las masacres del Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997 en Ituango, Antioquia, que dej\u00f3 1.246 personas desplazadas; la de Mampuj\u00e1n, en Bol\u00edvar, que el 10 y 11 de marzo de 2000 dej\u00f3 1.200 desplazados; la de Macayepo, en Carmen de Bol\u00edvar, Bol\u00edvar, que el 14 de octubre\u00a0 de 2000 desplaz\u00f3 a 230 personas; la del Salado, en el mismo corregimiento de Bol\u00edvar, donde el 16 de febrero los paramilitares desplazaron a 3.164 personas; la masacre de Chengue, Sucre, que el 17 de enero de 2001 dej\u00f3 805 desplazados; la de Mapirip\u00e1n, Meta, que en entre el 12 y el 21 de julio de 1997 dej\u00f3 217 personas desplazadas, y la de Ca\u00f1o Jab\u00f3n, ocurrida en mayo de 1998, en Meta, con 204 desplazamientos.<\/p>\n
La Fiscal se refiri\u00f3 a otras unidades de la instituci\u00f3n que, a su juicio, permiten combatir\u00a0 la impunidad en los casos de desplazamiento. Seg\u00fan el informe, la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ya emiti\u00f3 53 sentencias y en la actualidad investiga 163 casos; la Unidad de Lucha contra las Bandas Emergencias ha proferido por lo menos mil \u00f3rdenes de captura, y la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas contra el Desplazamiento Forzado \u201cse est\u00e1 fortaleciendo en equipo humano\u201d para investigar los casos de 16 mil desapariciones y 18 mil desplazamientos.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con despojos de tierras, donde hubo transacciones fraudulentas y omisiones de funcionares, la Fiscal asegur\u00f3 que ocho casos est\u00e1n etapa de indagaci\u00f3n contra alcaldes o empleados del antiguo Acci\u00f3n Social. \u201cEn el caso de Montes de Mar\u00eda, hemos hecho 23 interrogatorios donde estuvieron implicados seis notarios y un ex registrador\u201d, dijo Morales.<\/p>\n
En sus intervenciones, V\u00f3lmar P\u00e9rez, defensor del Pueblo; Paula Gaviria, directora de la Unidad de V\u00edctimas; Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, y Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social, le aseguraron a los magistrados de la Corte Constitucional que concentrar\u00e1n sus esfuerzos en el cumplimiento de la Ley 1448, o Ley de V\u00edctimas que entr\u00f3 en vigencia en 2012, y\u00a0 que estas acciones garantizar\u00e1n los derechos a las v\u00edctimas del desplazamiento en el pa\u00eds.<\/p>\n
El \u2018jal\u00f3n\u2019 de orejas
Aunque con esperanza y reconociendo las acciones que han realizado las diferentes instituciones del Gobierno, la Comisi\u00f3n Nacional de Seguimiento a la Pol\u00edtica P\u00fablica sobre Desplazamiento Forzado, Acnur y la Controlar\u00eda General hicieron varias recomendaciones a la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Despu\u00e9s de realizar un estudio a 26 sentencias, Camilo S\u00e1nchez, de la Comisi\u00f3n de Seguimiento, se\u00f1al\u00f3 que las condenas siguen siendo pocas y que a la Fiscal\u00eda le falta ser consistente en su esfuerzo por investigar este delito. \u201cSe podr\u00eda decir que la impunidad es de 100%. De cada 200 casos que llegan por desplazamiento, menos de uno llega a acusaci\u00f3n. Las judicializaciones se est\u00e1n basando en confesiones, pero faltan esfuerzos para buscar m\u00e1s pruebas\u201d, dijo S\u00e1nchez.<\/p>\n
Terry Morel, de Acnur, coincidi\u00f3 en que las sentencias no son todav\u00eda significativas cuando a 2010 han sido asesinadas 1.499 v\u00edctimas del desplazamiento. Morel dijo que hace casi diez a\u00f1os el Gobierno se preguntaba si en realidad hab\u00eda v\u00edctimas, cuando justo al tiempo ocurr\u00edan las masacres y los desplazamientos de Mapirip\u00e1n y Ca\u00f1o Jab\u00f3n, en el Meta.<\/p>\n
\u201cEs importante que el desplazamiento no se trate como un hecho aislado. Su investigaci\u00f3n debe ser sistem\u00e1tica\u201d, dijo la representante del organismo internacional, quien en su discurso dej\u00f3 entrever adem\u00e1s un cuestionamiento sobre c\u00f3mo la Fiscal\u00eda actu\u00f3 de forma reciente en el caso de Las Pavas. \u201cNo hay que revictimizar a las v\u00edctimas investig\u00e1ndolas\u201d, dijo. Cabe recordar que en diciembre de 2011, en un pronunciamiento medi\u00e1tico y replicando la decisi\u00f3n de una fiscal de Cartagena, la Fiscal General dijo que en Las Pavas, Bol\u00edvar, no hab\u00eda v\u00edctimas. Luego se retract\u00f3 y visit\u00f3 a la comunidad para confirmar su situaci\u00f3n de lucha por la tierra.<\/p>\n
Antes de finalizar la audiencia, Sandra Morelli, contralora general, hizo otros llamados relacionados con la asignaci\u00f3n de rubros para reparar a las v\u00edctimas. La Contralora dijo que la indemnizaci\u00f3n a las v\u00edctimas debe salir de los bolsillos y los bienes de los victimarios. \u201cCon la Ley V\u00edctimas, los detractores dijeron que no iba a alcanzar la plata para la reparaci\u00f3n. \u00bfPero c\u00f3mo no va a alcanzar si los victimarios no entregaron los bienes?\u201d, dijo Morelli.<\/p>\n
La Contralora advirti\u00f3 adem\u00e1s que en pesos, el Estado est\u00e1 invirtiendo lo mismo en un soldado y en un desmovilizado. \u201cResulta parad\u00f3jico que un desmovilizado reciba los mismos recursos sin ejercer ninguna funci\u00f3n en el sector p\u00fablico\u201d, dijo.<\/p>\n
El magistrado Nilson Pinilla coincidi\u00f3 en que los recursos para reparar a las v\u00edctimas deben provenir \u201cde quienes se apropiaron de esas tierras\u201d y de la extinci\u00f3n de dominio, e hizo un llamado sobre el concepto de la buena fe que contempla la Ley de V\u00edctimas. \u201cLos terceros de buena fe es un concepto dif\u00edcil sobre todo cuando compraron la tierra a un precio inferior. La impunidad es la utilidad que le queda al delincuente. Hay que atacar esas utilidades\u201d, dijo.<\/p>\n
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