El 5 de enero pasado, en medio de generalizada preocupaci\u00f3n por la ola de incendios que afectaban el sur de Chile, y que manten\u00edan en alerta a las regiones del Maule, Biob\u00edo y Magallanes, una tr\u00e1gica noticia lleg\u00f3 urgente desde la regi\u00f3n de La Araucan\u00eda.<\/p>\n
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El 5 de enero pasado, en medio de generalizada preocupaci\u00f3n por la ola de incendios que afectaban el sur de Chile, y que manten\u00edan en alerta a las regiones del Maule, Biob\u00edo y Magallanes, una tr\u00e1gica noticia lleg\u00f3 urgente desde la regi\u00f3n de La Araucan\u00eda. Siete brigadistas que combat\u00edan un siniestro en el fundo Casa de Piedra, perteneciente a la forestal Mininco, hab\u00edan muerto en el momento en que combat\u00edan el fuego que arrasaba miles de hect\u00e1reas de bosque. Los dram\u00e1ticos testimonios de los sobrevivientes de la tragedia, quienes relataron c\u00f3mo sus compa\u00f1eros se vieron envueltos por las llamas sin poder huir a tiempo para salvar sus d\u00edas, causaron conmoci\u00f3n nacional.<\/p>\n
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Pero la situaci\u00f3n se tornaba a\u00fan m\u00e1s compleja para el gobierno del presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, que pocos d\u00edas antes hab\u00eda estado en el ojo del hurac\u00e1n, cuestionado por la escasa rapidez para responder a la contingencia del incendio del parque nacional Torres del Paine, uno de los destinos tur\u00edsticos preferidos por los extranjeros en Chile.<\/p>\n
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Horas despu\u00e9s, el mismo Pi\u00f1era anunciaba desde el Palacio de la Moneda que el Ejecutivo invocar\u00eda la Ley Antiterrorista \u2014que permite al Estado llevar a juicio a quienes provoquen incendios\u2014, asegurando que contaban con informaci\u00f3n \u201cconfiable\u201d para presumir la existencia de \u201cuna intencionalidad criminal\u201d en el hecho.<\/p>\n
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Sus palabras fueron reforzadas por el ministro del Interior y Seguridad P\u00fablica, Rodrigo Hinzpeter, quien en representaci\u00f3n del Gobierno dijo que el siniestro de Carahue tendr\u00eda alg\u00fan v\u00ednculo con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) \u2014entidad dedicada a la reivindicaci\u00f3n de las demandas territoriales mapuche\u2014, luego de que \u00e9sta, d\u00edas antes, supuestamente se autoadjudicara un atentado incendiario contra un helic\u00f3ptero de la Corporaci\u00f3n Nacional Forestal (Conaf) en la misma regi\u00f3n.<\/p>\n
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\u201cHace pocos d\u00edas ve\u00edamos c\u00f3mo un helic\u00f3ptero era atacado y posteriormente este ataque reivindicado por la CAM. Pocos d\u00edas despu\u00e9s vemos incendios que curiosamente se encienden en un mismo instante en distintos puntos, que han afectado esta regi\u00f3n y otras regiones del pa\u00eds\u201d, arg\u00fc\u00eda el secretario de Estado.<\/p>\n
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Las alarmas se encendieron de inmediato entre en las comunidades mapuche de las zonas afectadas, as\u00ed como tambi\u00e9n en las organizaciones de derechos humanos y parlamentarios, quienes ve\u00edan con estupor c\u00f3mo el Gobierno hac\u00eda acusaciones cuando a\u00fan no se iniciaba la investigaci\u00f3n por parte del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
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Pero el da\u00f1o estaba hecho. En los d\u00edas posteriores, representantes de la etnia no s\u00f3lo acusaron que tras el anuncio del Ejecutivo se hab\u00edan producido una serie de allanamientos en las comunidades por parte de la Polic\u00eda, en busca de pruebas que los relacionaran con los incendios, sino que adem\u00e1s emplazaron al Gobierno de Pi\u00f1era por haber decidido aplicar una medida \u201cracista\u201d, basada en un \u201cmontaje\u201d, para justificar la militarizaci\u00f3n de una zona en continua pugna con las forestales, que por a\u00f1os han ocupado tierras ancestrales.<\/p>\n
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Un problema de vieja data<\/p>\n
No es la primera vez que en Chile se intenta establecer un nexo entre incendios que han afectado a las forestales y las comunidades mapuche. El conflicto en estas tierras de la regi\u00f3n de La Araucan\u00eda \u2014hist\u00f3ricamente habitadas por la etnia\u2014 se arrastra desde la d\u00e9cada de los setenta, per\u00edodo en el cual, bajo el alero de la dictadura de Augusto Pinochet, las madereras, que pertenecen a los principales conglomerados econ\u00f3micos chilenos, como el grupo Angelini, Endesa Chile (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) y la familia Matte \u2014due\u00f1a de forestal Mininco S.A.\u2014, lograron establecer una verdadera hegemon\u00eda en la zona.<\/p>\n
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Tras el arribo de la democracia en los a\u00f1os noventa, y durante el gobierno del concertacionista Patricio Aylwin, dichas empresas se vieron beneficiadas por la modificaci\u00f3n de la Ley 18.314, denominada tambi\u00e9n Ley Antiterrorista, que incorpor\u00f3 la figura de los atentados incendiarios dentro del estatuto.<\/p>\n
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De dicho modo, en 1999, en medio de la agudizaci\u00f3n de las demandas de la etnia por la recuperaci\u00f3n de territorio, Mininco responsabiliz\u00f3 a las comunidades mapuche de provocar un incendio que afect\u00f3 una de sus haciendas, fustigando al gobierno de turno, encabezado por el dem\u00f3crata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para que invocara la mencionada ley.<\/p>\n
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Sin embargo, en paralelo surgi\u00f3 una serie de denuncias por parte de brigadistas que trabajaban en una empresa de seguridad que prestaba servicios a la maderera, quienes hicieron la acusaci\u00f3n de que el incendio hab\u00eda sido un autoatentado. Dichos antecedentes llegaron a las manos de algunos de los parlamentarios, como fue el caso del senador del Partido Por la Democracia (PPD) y actual presidente de la comisi\u00f3n de Relaciones Exteriores del Senado, Eugenio Tuma. \u201cRecib\u00ed denuncias an\u00f3nimas que me se\u00f1alaban que las empresas de seguridad, con el objeto de obtener los contratos respectivos para proteger los bienes de las forestales, habr\u00edan hecho un montaje de amenazas de incendio para acrecentar el inter\u00e9s de las compa\u00f1\u00edas. Sin embargo, quienes hicieron las denuncias despu\u00e9s se retractaron, porque ten\u00edan temor por su fuente laboral\u201d, explica.<\/p>\n
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En 2003 se suscit\u00f3 un hecho similar, cuando los lonkos (m\u00e1ximas autoridades mapuches) Pascual Pich\u00fan y Aniceto Ner\u00edn fueron acusados de provocar un incendio que afect\u00f3 un fundo perteneciente al exministro de Agricultura del gobierno de Aylwin, Juan Agust\u00edn Figueroa. En medio de un pol\u00e9mico juicio, tanto Pich\u00fan como Ner\u00edn fueron condenados a cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel, a pesar de que no exist\u00edan pruebas que determinaran fehacientemente su participaci\u00f3n en el hecho. Dicho caso fue denunciado ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el abogado Jaime Madariaga.<\/p>\n
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\u201cEl ministro de Agricultura de Aylwin presion\u00f3 al Gobierno para que se aplicara la Ley Antiterrorista porque \u00e9l hab\u00eda sido v\u00edctima de un delito, y culp\u00f3 a los lonkos Pich\u00fan y Ner\u00edn, por ser lonkos, insistiendo que ellos deb\u00edan responder por lo que ocurri\u00f3 en su propiedad, siendo condenados injustamente. Por ello llevamos el caso en la Corte Interamericana y el Estado chileno deber\u00e1 ir juicio prontamente por la vulneraci\u00f3n del debido proceso de estas personas\u201d, sostiene el abogado.<\/p>\n
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Con el paso de los a\u00f1os se constataron otros casos que vinculaban a comunidades mapuches con incendios forestales. Por ello, y ante las alusiones que hizo el gobierno de Pi\u00f1era, la exrepresentante de los presos de la CAM, Natividad Llanquilleo, no descarta que se est\u00e9 repitiendo la historia. \u201cNo se puede desechar esa teor\u00eda. Hay muchos intereses de por medio, particularmente por las forestales, y especialmente de forestal Mininco. Es por eso que el Gobierno no ha querido solucionar este problema\u201d, enfatiza.<\/p>\n
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La ley y la controversia<\/p>\n
Uno de los grandes cuestionamientos que han surgido a partir de los conflictos con las forestales tiene estrecha relaci\u00f3n con el contenido de la Ley Antiterrorista y el modo que \u00e9sta aplica. Hasta 2010, varios presos mapuche que fueron condenados bajo este c\u00f3digo, tuvieron que enfrentar dobles procesos, por la justicia ordinaria y la militar. Sin embargo, la normativa sufri\u00f3 algunos cambios tras la huelga de hambre que sostuvieron mapuches confinados en las c\u00e1rceles chilenas ese mismo a\u00f1o, quienes exig\u00edan modificar algunos de sus art\u00edculos, particularmente los que ten\u00edan relaci\u00f3n con los dobles enjuiciamientos y el uso de testigos sin rostro.<\/p>\n
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Finalmente se logr\u00f3 hacer algunos avances, como lo que respecta a que la justicia militar ya no podr\u00eda juzgar a civiles. Sin embargo, la ley cuenta con otra serie de problemas, como se\u00f1ala el abogado Jaime Madariaga, que tendr\u00edan que ver con \u201cimprecisiones\u201d en temas tan b\u00e1sicos como la conceptualizaci\u00f3n de \u201cterrorismo\u201d, lo que, seg\u00fan entidades internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede facilitar a las autoridades aplicaciones arbitrarias.<\/p>\n
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\u201cNo hay un concepto claro de lo que es un delito terrorista en la ley chilena. Esa falta de exactitud es una vulneraci\u00f3n al debido proceso. Cualquier hecho, dependiendo de la voluntad pol\u00edtica del momento, lo cuadran como conducta terrorista y es lo que ocurre en el caso de los incendios forestales, a partir de los cuales el Ejecutivo est\u00e1 en una pol\u00edtica de inventar un enemigo com\u00fan que son los mapuches\u201d, puntualiza Madariaga.<\/p>\n
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Su opini\u00f3n, es compartida por Natividad Llanquilleo que al respecto se\u00f1ala que \u201clas modificaciones no nos sirvieron de nada, porque m\u00e1s que mejorarla la empeoraron. Es una medida discriminatoria y racista, particularmente con el pueblo mapuche, aunque no me extra\u00f1ar\u00eda que con lo que est\u00e1 sucediendo ahora se aplique a otros sectores sociales, como es el caso de los estudiantes\u201d, subraya.<\/p>\n
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En esta l\u00ednea, el senador por La Araucan\u00eda, Eugenio Tuma, reconoce que en la mayor\u00eda de los casos el Estado ha recurrido al estatuto para no asumir su responsabilidad con la deuda hist\u00f3rica que se tiene con la etnia. \u201cEl Estado los ha maltratado (a los mapuches). Hay una deuda pendiente que no ha querido reconocer el gobierno de Chile con los pueblos originarios, pero eso no significa, que por el hecho de que ellos hagan sus demandas se criminalicen\u201d.<\/p>\n
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A ra\u00edz de la creciente tensi\u00f3n que se gener\u00f3 entre las comunidades ind\u00edgenas y la polic\u00eda chilena en La Araucan\u00eda, tras los dichos del ministro Hinzpeter, algunos representantes de la etnia decidieron presentar un recurso de amparo a favor de los mapuches, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando al secretario de Estado de \u201cpersecuci\u00f3n y discriminaci\u00f3n\u201d. El tribunal de alzada capitalino acogi\u00f3 la solicitud y dio un plazo de 48 horas al jefe de gabinete para que entregara las \u201csupuestas\u201d pruebas que manejaba respecto al v\u00ednculo que existir\u00eda entre los incendios de Carahue y la CAM.<\/p>\n
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En un oficio de seis p\u00e1ginas, el titular del Interior se defendi\u00f3 se\u00f1alando que \u201cnunca esta secretar\u00eda de Estado determin\u00f3 responsabilidades penales\u201d y que sus palabras fueron sacadas de contexto por los medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
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Finalmente, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones desestim\u00f3 la solicitud de los demandantes por considerar que \u201csean o no efectivas las declaraciones atribuidas al se\u00f1or ministro del Interior, lo cierto es que carecen de relevancia y seriedad para comportar alg\u00fan tipo de amenaza a las garant\u00edas de libertad personal y seguridad individual\u201d, reza el documento.<\/p>\n
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Frente a la resoluci\u00f3n, el abogado Jaime Madariaga insiste en que las palabras del ministro \u201crealmente son una amenaza a la libertad de las personas mapuche que interpusieron el recurso. Bastar\u00eda preguntarse qu\u00e9 ocurrir\u00eda si un ministro de Estado se refiriera en los mismos t\u00e9rminos a personas de origen jud\u00edo para darse cuenta de que ello s\u00ed es un acto discriminatorio y una amenaza a los derechos fundamentales\u201d.<\/p>\n
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