\tLa reforma a la jurisdicción penal militar que impulsa el gobierno es una afrenta a los familiares de los falsos positivos cuyo único objetivo es blindar a la Fuerza Pública contra futuras<\/p>\n
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\tSegún el infor me del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, presentado el 31 de marzo de 2011 con respecto a su misión en Colombia entre el 8 y el 18 de junio de 2009, el mayor incentivo para los falsos positivos es la impunidad: “La falta de atribución de la responsabilidad penal ha sido un factor clave para que sigan produciéndose casos de falsos positivos. La tasa de impunidad <\/a>de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%. Simplemente, los soldados sabían que podían cometer tales actos y salir impunes”.<\/p>\n \tPor esta razón, dentro de sus recomendaciones al gobierno colombiano el relator incluyó la de “fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado para exigir que todos los culpables de violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario —tanto las fuerzas estatales como las guerrillas y los grupos armados ilegales— asuman su responsabilidad y dedicar más recursos a esta labor. En algunos casos, ello supondrá eliminar los obstáculos institucionales que entraban la cooperación entre las entidades encargadas de la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones y la aplicación de las sanciones correspondientes. En otros, requerirá una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado, como, por ejemplo, los tribunales militares que no han remitido al sistema de justicia civil los casos de ejecuciones ilegales, como lo exige la Corte Suprema”.<\/p>\n \tEn mis dos columnas anteriores (ver los enlaces relacionados a la derecha) me ocupé primero <\/a>de develar las falacias con que se ha querido justificar la existencia de una jurisdicción especial para juzgar a militares y policías, y luego<\/a> de exponer los argumentos por los cuales constituye una burla a los principios constitucionales de independencia e imparcialidad del juez, dado que la jurisdicción penal militar es un órgano del ejecutivo dependiente del Ministerio de Defensa y está conformada por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. En esta oportunidad me ocuparé del argumento humanitario más poderoso para acabar con semejante adefesio jurídico: el hecho de que es un incentivo nefasto para los excesos de la función policiva y militar porque se traduce en impunidad.<\/p>\n \tSegún informó <\/a>la Fiscalía, en octubre de 2010 ya investigaba 1.451 casos de falsos positivos referidos a 2.445 víctimas que involucraban a 3822 uniformados sindicados. Desde entonces, la tasa de impunidad sigue disparada pues aunque se han producido unas pocas condenas en procesos adelantados por la justicia ordinaria, menos del 5%<\/a> de los casos investigados han llegado a la etapa de juicio en buena medida debido a las actuaciones dilatorias<\/a> de los abogados defensores. Salta a la vista que como los jueces militares son proclives a absolver a sus colegas criminales, máxime cuando sus ascensos en la carrera dependen de superiores jerárquicos también militares, solo cuando los casos van al conocimiento de la justicia ordinaria como hoy ocurre por mandato legal tratándose de delitos de lesa humanidad o cualquier otra conducta que no esté en relación con el servicio, existe alguna posibilidad de que se haga justicia.<\/p>\n