{"id":3815,"date":"2012-05-09T20:38:53","date_gmt":"2012-05-09T20:38:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.nasaacin.org\/index.php\/2012\/05\/09\/la-ruta-del-despojo\/"},"modified":"2012-05-09T20:38:53","modified_gmt":"2012-05-09T20:38:53","slug":"la-ruta-del-despojo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/2012\/05\/09\/la-ruta-del-despojo\/","title":{"rendered":"La ruta del despojo"},"content":{"rendered":"<p> \tEl miedo a&uacute;n ronda en C&oacute;rdoba y el Urab&aacute; antioque&ntilde;o, las zonas m&aacute;s afectadas. N&eacute;stor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Monter&iacute;a por los a&ntilde;os que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. &ldquo;Por qu&eacute; no se la cobran a los que est&aacute;n en la c&aacute;rcel&rdquo;, dice.<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p> \tLeoncio Mendoza C&aacute;rdenas y sus 25 hermanos tienen los t&iacute;tulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. &ldquo;En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado&rdquo;. La frase le sale nerviosa.<\/p>\n<p> \tSu padre, Leoncio Manuel Mendoza Mej&iacute;a, de 76 a&ntilde;os, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de V&iacute;ctimas y Restituci&oacute;n de Tierras en ser asesinado en Monter&iacute;a, el 26 de noviembre de 2011.<\/p>\n<p> \tEl d&iacute;a que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclam&oacute; la Ley de V&iacute;ctimas y Restituci&oacute;n de Tierras, que pretende devolverles 2&rsquo;481.000 hect&aacute;reas a las v&iacute;ctimas de la violencia, despert&oacute; en C&oacute;rdoba y en el Urab&aacute; una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier pol&iacute;tica de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales l&iacute;os jur&iacute;dicos, pero la del actual Gobierno sit&uacute;a a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los cr&iacute;ticos de utop&iacute;a.<\/p>\n<p> \tCon tierra y con deudas<\/p>\n<p> \tLa historia de N&eacute;stor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dej&oacute; a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque s&oacute;lo 14 a&ntilde;os despu&eacute;s del desplazamiento entr&oacute; a resarcir los derechos de la poblaci&oacute;n, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se cre&iacute;a todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e ins&oacute;lito, porque ahora el Estado les cobra a N&eacute;stor Ospino y a todos los dem&aacute;s el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.<\/p>\n<p> \tLa historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del r&iacute;o Sin&uacute;, a hora y media de Monter&iacute;a (C&oacute;rdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsi&oacute;n de la guerrilla del Epl en los 80. Esto oblig&oacute; a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parcel&oacute; a campesinos de la regi&oacute;n. Luego llegaron los ej&eacute;rcitos de la muerte de los hermanos Casta&ntilde;o, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cr&iacute;a de ganado.<\/p>\n<p> \tLa sumisi&oacute;n y el miedo llevaron a los lugare&ntilde;os a agachar la cabeza. &ldquo;Hasta que en 1994 se nos sali&oacute; la vocaci&oacute;n campesina. Sembramos ma&iacute;z y otros productos&rdquo;, relata el parcelero.<\/p>\n<p> \tLas autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al r&iacute;o a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bola&ntilde;os y mataron a bala a Eduardo G&oacute;mez.<\/p>\n<p> \tTodos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Monter&iacute;a y a orillas de la Ci&eacute;naga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.<\/p>\n<p> \tEn 2005, cuando entr&oacute; en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparaci&oacute;n, r&iacute;os de despojados desembocaron en la Fiscal&iacute;a. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro a&ntilde;os despu&eacute;s, abogados de Monter&iacute;a intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declar&oacute; tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llev&oacute; el proceso, se vali&oacute; de todos los argumentos para recuperar el territorio.<\/p>\n<p> \tEl 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscal&iacute;a, de la Misi&oacute;n de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisi&oacute;n de Reparaci&oacute;n, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante &ldquo;acta de entrega de un bien con fines de restituci&oacute;n&rdquo;, pero no han podido vivir tranquilos.<\/p>\n<p> \tLos recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los a&ntilde;os que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Monter&iacute;a.<\/p>\n<p> \t&ldquo;Hemos hablado en la Alcald&iacute;a, pero all&aacute; nadie escucha. C&oacute;mo vamos a pagar por lo que no ten&iacute;amos. Por qu&eacute; no les cobran ese impuesto a los &lsquo;paras&rsquo;&rdquo;, dice N&eacute;stor.<\/p>\n<p> \tMuchos casos ejemplifican los escollos de la restituci&oacute;n de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telara&ntilde;a de intereses non santos del narcotr&aacute;fico y sus ej&eacute;rcitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jur&iacute;dicas, de los &lsquo;negociantes de la tierra&rsquo; y su dolo al aprovecharse del despose&iacute;do y de la v&iacute;ctima que se victimiz&oacute; con el pasar de las d&eacute;cadas.<\/p>\n<p> \t<strong>Estado y parceleros, v&iacute;ctimas<\/strong><\/p>\n<p> \tSi tuvi&eacute;semos que se&ntilde;alar una g&eacute;nesis contempor&aacute;nea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundaci&oacute;n para la Paz de C&oacute;rdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro incre&iacute;ble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Casta&ntilde;o les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Monter&iacute;a es v&iacute;ctima, pues recibi&oacute; como donaci&oacute;n un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.<\/p>\n<p> \t<strong>Se abre el tel&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p> \tDoce d&iacute;as despu&eacute;s de que entrara en vigencia la Ley de V&iacute;ctimas (1&ordm; de enero de 2012), el presidente Santos entreg&oacute; un predio que hace seis a&ntilde;os el gobierno de &Aacute;lvaro Uribe ya hab&iacute;a otorgado. En un sentido discurso anunci&oacute; que la revoluci&oacute;n agraria comenzaba en Ayapel, C&oacute;rdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hect&aacute;reas, confiscado a narcotraficantes.<\/p>\n<p> \tLos beneficiarios s&oacute;lo tienen en su poder la Resoluci&oacute;n 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.<\/p>\n<p> \tCuatro meses despu&eacute;s del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin t&iacute;tulos porque no se ha clarificado la situaci&oacute;n jur&iacute;dica del predio: una porci&oacute;n est&aacute; inundada por el r&iacute;o San Jorge y los ca&ntilde;os de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.<\/p>\n<p> \tV&iacute;ctor Negrete, el investigador social que m&aacute;s ha estudiado estos temas en C&oacute;rdoba, concept&uacute;a que es compleja la restituci&oacute;n en medio de la violencia. &ldquo;Es muy dif&iacute;cil mientras no se castigue a los despojadores, que no son s&oacute;lo los que est&aacute;n en las c&aacute;rceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la poblaci&oacute;n cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no est&aacute; acudiendo en masa a reclamar sus derechos&rdquo;, dice.<\/p>\n<p> \tEl Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero est&aacute; empe&ntilde;ado en que clarificando el estado de la propiedad se llega m&aacute;s r&aacute;pido al posconflicto. Asegura que &ldquo;la pol&iacute;tica de tierras se requiere en un pa&iacute;s que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas pol&iacute;ticas&rdquo;.<\/p>\n<p> \tDevolver la tierra despojada en el Urab&aacute; y en C&oacute;rdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo gener&oacute; la m&aacute;s alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas s&oacute;lo en el departamento de C&oacute;rdoba entre los a&ntilde;os 1989 y 2011, seg&uacute;n cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea tit&aacute;nica.<\/p>\n<p> \tSi se cumpliera la meta no s&oacute;lo de clarificar la situaci&oacute;n jur&iacute;dica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Monter&iacute;a tendr&iacute;a 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornar&iacute;an a la ruralidad, lo que significar&iacute;a que por lo menos 15 barrios de invasi&oacute;n con precarias condiciones de vida dejar&iacute;an de existir. De esta forma se disminuye el cord&oacute;n de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.<\/p>\n<p> \tTodas las v&iacute;ctimas que figuran en este relato han pasado por Monter&iacute;a, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.<\/p>\n<p> \tEn cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios p&uacute;blicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.<\/p>\n<p> \tEn los pasillos de la Fiscal&iacute;a de Justicia y Paz o en la Defensor&iacute;a del Pueblo el r&iacute;o humano de despose&iacute;dos divaga con los documentos que certifican que son due&ntilde;os de algo en alg&uacute;n lugar del Urab&aacute; y de C&oacute;rdoba. De d&iacute;a buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de V&iacute;ctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasi&oacute;n, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la &uacute;nica tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo est&aacute;n las hect&aacute;reas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.<\/p>\n<p> \tFuente<\/p>\n<p> \thttp:\/\/www.elespectador.com\/impreso\/temadeldia\/articulo-344795-ruta-del-despojo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El miedo a&uacute;n ronda en C&oacute;rdoba y el Urab&aacute; antioque&ntilde;o, las zonas m&aacute;s afectadas. N&eacute;stor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. 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