\tEl 10 de junio de 2011 con la presencia del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, el presidente de la Rep\u00fablica Juan Manuel Santos Calder\u00f3n, sancion\u00f3 la ley 1448 de dicho a\u00f1o m\u00e1s popularmente conocida como la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras. La misma ley estableci\u00f3 que el Gobierno Nacional ten\u00eda un plazo de seis meses para su reglamentaci\u00f3n.<\/p>\n
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\tPor tal raz\u00f3n una verdadera evaluaci\u00f3n de la ley deber\u00e1 hacerse en diciembre pr\u00f3ximo. Sin embargo, si es \u00fatil reflexionar sobre las principales dificultades y tambi\u00e9n aciertos que muestra la implementaci\u00f3n de la ley despu\u00e9s de seis meses de expedidos la mayor parte de los decretos reglamentarios para ponerla en marcha. Varios art\u00edculos de este n\u00famero de Caja de Herramientas se ocupan de un balance preliminar de la ley. Aqu\u00ed reflexionaremos sobre algunos temas, pero principalmente sobre la participaci\u00f3n de las v\u00edctimas en el desarrollo de la ley.<\/p>\n
\tEl principal obst\u00e1culo que la ley ha presentado para su implementaci\u00f3n est\u00e1 en dos de sus componentes centrales a saber: el de la reparaci\u00f3n por v\u00eda administrativa y el de la restituci\u00f3n de tierras. Sobre la reparaci\u00f3n por v\u00eda administrativa el principal obst\u00e1culo a\u00fan no superado tiene que ver con la puesta en marcha bajo la direcci\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, URIAV, que en la ley\u00a0 fue la entidad encargada de poner en marcha el Registro \u00fanico de V\u00edctimas. A estas alturas no se ha puesto en marcha el sistema \u00fanico para el registro y seg\u00fan informaciones recientemente publicadas habr\u00eda m\u00e1s de 175.000 solicitudes sin respuesta. Esta es una tarea urgente que no da espera.\u00a0 Las v\u00edctimas tienen el derecho a saber si se les reconoce su calidad de v\u00edctimas y para ello debe ponerse en funcionamiento el registro \u00fanico. La URIAV ten\u00eda un a\u00f1o para poner en marcha el registro \u00fanico de v\u00edctimas plazo que se cumpli\u00f3 el pasado 10 de junio. Esta tarea es urgente.<\/p>\n
\tPero, as\u00ed como es urgente la puesta en marcha del sistema de informaci\u00f3n y registro hay un faltante en toda la reglamentaci\u00f3n que a nuestro juicio es una falencia muy grave para garantizar la debida transparencia en el pago de las indemnizaciones a las v\u00edctimas por v\u00eda administrativa. Nos referimos a que no se han adoptado criterios objetivos que permitan ordenar las solicitudes para establecer el orden en que se har\u00e1n los pagos. Estos criterios objetivos son los que permitir\u00edan ordenar la fila de los solicitantes. Como se sabe el Estado tiene 10 a\u00f1os para hacer los pagos y dem\u00e1s reconocimientos que la ley les otorga como derechos a las v\u00edctimas. Los criterios que permitan establecer un orden se refieren a que deber\u00eda establecerse que las indemnizaciones por v\u00eda administrativa, primero deber\u00edan pagarse a las mujeres cabeza de familia con mayor n\u00famero de hijos menores, luego deber\u00eda pagarse a los hombres solos cabeza de familia con el mayor n\u00famero de hijos menores, luego a los discapacitados, etc. etc. esto por v\u00eda de ejemplo. Esto permitir\u00eda establecer el orden en que el Estado va reconociendo y pagando los montos de las reparaciones por la v\u00eda administrativa. No hacerlo es permitir que el clientelismo siga operando como lo ha hecho en el programa Familias en Acci\u00f3n, en que se encuentran m\u00e1s de 300 mil familias v\u00edctimas del desplazamiento forzado. Una reciente investigaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Foro Nacional por Colombia cuyos resultados fueron entregados \u00e9sta semana,\u00a0 muestra como en este programa gubernamental ha campeado el clientelismo y se ha acentuado una l\u00ednea asistencialista en la pol\u00edtica p\u00fablica social del todo inconveniente para sacar de la pobreza al 36% de la poblaci\u00f3n colombiana que vive por debajo de la l\u00ednea de pobreza seg\u00fan cifras del propio gobierno.<\/p>\n
\tTambi\u00e9n hemos criticado que los montos definidos para los distintos hechos victimizantes est\u00e1n muy por debajo de los est\u00e1ndares definidos en el pa\u00eds por el Consejo de Estado y por debajo de los est\u00e1ndares y montos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno pretextando problemas fiscales, desaprovecho la propuesta de la Comisi\u00f3n de Seguimiento a la Pol\u00edtica P\u00fablica sobre Desplazamiento forzado que propon\u00eda una reparaci\u00f3n con principios de equidad con montos que sin ser los topes m\u00e1ximos estaban m\u00e1s pr\u00f3ximos a los definidos por el Consejo de Estado y por la Corte Interamericana. Esta propuesta hab\u00eda sido entregada tanto a la Corte Constitucional como al Gobierno Nacional y hubiese sido una oportunidad para avanzar en la desconcentraci\u00f3n del ingreso y de la renta a favor de las v\u00edctimas que se encuentran en m\u00e1s el 90% por debajo de la l\u00ednea de pobreza.<\/p>\n
\tUn segundo gran problema tiene que ver con la puesta en marcha de la pol\u00edtica de restituci\u00f3n de los m\u00e1s de 6.5 millones de hect\u00e1reas despojadas a los 5.2 millones de personas desplazadas desde el a\u00f1o de 1985. El c\u00e1lculo sobre tierras despojadas abarca desde el primero de enero de 1980 y hasta el 30 de junio del a\u00f1o 2010. La puesta en marcha de la institucionalidad responsable de la restituci\u00f3n de tierras ha sido lenta, pero hay que tener en cuenta la complejidad de la tarea, por lo cual, por lo menos de nuestra parte, estimamos que se debe dar todav\u00eda un comp\u00e1s de espera. Estas dificultades tienen que ver con la puesta en marcha de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas adscrita al Ministerio de Agricultura, los tribunales regionales de restituci\u00f3n de tierras y los jueces de restituci\u00f3n de tierras. As\u00ed mismo la atenci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n de las v\u00edctimas y la clarificaci\u00f3n de los criterios judiciales para dicha restituci\u00f3n. \u00c9ste proceso como hemos dicho es complejo y apenas se ha puesto en marcha.<\/p>\n
\tPero, como lo hemos se\u00f1alado en otras oportunidades uno de los principales obst\u00e1culos tiene que ver con la intimidaci\u00f3n y el asesinato de los l\u00edderes de la reclamaci\u00f3n de las tierras en distintas regiones del pa\u00eds. Desde el a\u00f1o 2005 han sido asesinados 56 l\u00edderes de reclamaci\u00f3n de tierras, cr\u00edmenes que siguen en la m\u00e1s completa impunidad. Por ello si el Estado no define una pol\u00edtica de persecuci\u00f3n y desmantelamiento de las bandas criminales y de sus c\u00f3mplices; aliados en las propias Fuerzas Armadas y de Polic\u00eda as\u00ed como en las redes pol\u00edticas y sociales que apoyan a los sectores opuestos a la restituci\u00f3n, el programa tendr\u00e1 serias dificultades para su \u00e9xito y muchos factores favorables a su fracaso. No se ven resultados contundentes en esta materia. \u00c9ste es el principal reto del Gobierno y de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que tendr\u00eda claro el problema seg\u00fan lo ha expresado el Fiscal General de la Naci\u00f3n Eduardo Montealegre, pero lo que no se ven son acciones y resultados contundentes para poner tras las rejas a los actores armados que se oponen a la restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n
\tFinalmente un problema apenas en v\u00edas de resoluci\u00f3n ha sido el de la participaci\u00f3n de las v\u00edctimas que fue ampliamente discutido en el Congreso y aceptado como uno de los pilares de la pol\u00edtica de reparaci\u00f3n y restituci\u00f3n de tierras contenido en la ley 1448 de 2011. En efecto, la ley estableci\u00f3 un sistema de organizaci\u00f3n de las v\u00edctimas alrededor de una Mesa Nacional, Mesas Departamentales y Mesas Municipales adem\u00e1s de Comisiones Tem\u00e1ticas y leyes espec\u00edficas para las comunidades y pueblos ind\u00edgenas, afrodescendientes y comunidades Rom. Sin embargo, no fue afortunada la reglamentaci\u00f3n de la participaci\u00f3n en el decreto 4800 de diciembre de 2011. Tanto la Comisi\u00f3n de Seguimiento como la Mesa Nacional de V\u00edctimas pertenecientes a organizaciones sociales hemos insistido en la necesidad de poner en marcha un mecanismo transitorio que permita la participaci\u00f3n organizada de las v\u00edctimas en la aplicaci\u00f3n de la ley, en la discusi\u00f3n y adopci\u00f3n del Protocolo de la participaci\u00f3n de las v\u00edctimas en la puesta en marcha de la ley, en la elecci\u00f3n de los delegados de las v\u00edctimas tanto el Comit\u00e9 Ejecutivo, los representantes a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, en los Consejos Territoriales de Justicia Transicional, en el Centro de Memoria Hist\u00f3rica entre otros. El asunto es que sin una creciente participaci\u00f3n de las v\u00edctimas en estos espacios, el Gobierno ha avanzado sin tener en cuenta a las v\u00edctimas. Reglament\u00f3 la ley sin una consulta y adopt\u00f3 recientemente el documento Conpes, tambi\u00e9n sin consulta y lo que es m\u00e1s grave estableci\u00f3 un plan de acci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n de la ley sin contar con las propuestas y observaciones de las v\u00edctimas. Finalmente la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n atendi\u00f3 la propuesta de la Comisi\u00f3n de Seguimiento y de la Mesa Nacional y quiz\u00e1s cuando sea publicado este art\u00edculo se haya publicado ya la resoluci\u00f3n de la URIAV que pone en marcha un mecanismo transitorio amplio y democr\u00e1tico para que por fin las v\u00edctimas puedan tomar parte del proceso. Esta es una buena noticia.<\/p>\n