\tEn marzo de 2012, el Ministro de Defensa present\u00f3 al Congreso de Colombia una iniciativa de reforma a la Constituci\u00f3n Nacional, para modificar o adicionar los art\u00edculos 116, 152 y 221 que cambian los criterios constitucionales que han permitido diferenciar cu\u00e1ndo un crimen cometido por un agente de la fuerza p\u00fablica puede ser juzgado por los Jueces Penales Militares o por la Justicia Ordinaria (Fiscal\u00eda y\/o Jueces). Esto es, cuando se comete como un acto de servicio y en caso de no ser un acto del servicio, se investigue por la Justicia Ordinaria.<\/p>\n
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\tLa reforma a la Constituci\u00f3n, busca reforzar el Fuero Penal Militar que no es otra cosa que la existencia de una diversidad de privilegios y prebendas para la investigaci\u00f3n y el juzgamiento de las conductas delictivas o cr\u00edmenes cometidos por los militares o polic\u00edas, facultando a los comandantes de los batallones o brigadas de polic\u00eda para juzgar a los subalternos comprometidos en los delitos.<\/p>\n
\tDistintos organismos internacionales han considerado en todo momento, que el juzgamiento por parte de jueces o tribunales militares es excepcional y se debe restringir a delitos estrictamente militares y no pueden extenderse a graves violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n
\tLa Corte Constitucional en Colombia en muchas sentencias ha mantenido los mismos criterios de los \u00f3rganos internacionales para restringir o limitar el Fuero Penal Militar y ha dicho que \u00e9ste no puede ser asociado a alg\u00fan “privilegio, prerrogativa, prebenda o gracia especial para el juzgamiento de miembros de la fuerza p\u00fablica por los delitos que cometan con ocasi\u00f3n del servicio” y que afectan a la poblaci\u00f3n civil<\/p>\n
\tLas decisiones de la Corte Constitucional han permitido a partir de 1995, que sea la Fiscal\u00eda la entidad del Estado que investigue a los militares que han violado los derechos humanos.<\/p>\n
\tEllo ha permitido que graves delitos como la masacre de Mapirip\u00e1n, las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, la masacre de ni\u00f1os de Santo Domingo, la masacre de la Rochela, en la que murieron varios jueces e investigadores judiciales, las desapariciones de la vereda La Esperanza en Antioquia, entre otras, hayan podido esclarecerse, y en algunos casos condenar a los militares que las perpetraron, varios de ellos altos mandos militares.<\/p>\n
\tEn la actualidad la Fiscal\u00eda investiga cerca de 2.700 casos por falsos positivos o Ejecuciones Extrajudiciales que involucran a una cantidad similar de militares. Aunque a\u00fan no se ha investigado la responsabilidad penal de altos mandos militares por estos cr\u00edmenes, es un reto impostergable del nuevo Fiscal General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
\tLa OCNUDH ha expresado su preocupaci\u00f3n porque los defensores de los militares comprometidos en falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales est\u00e1n m\u00e1s interesados en la salvaguarda de la instituci\u00f3n militar, y de los altos mandos militares, que d elos propios ejecutores materiales de los delitos que representa.<\/p>\n
\tEn este contexto nace la reforma a la Constituci\u00f3n Nacional presentada por el Ministro de Defensa que propugna por devolverle a los jueces y tribunales militares la investigaci\u00f3n y juzgamiento de los militares, a trav\u00e9s de las siguientes maniobras:<\/p>\n
\t1. Se crea la jurisdicci\u00f3n Penal Policial que otorgar\u00e1 privilegios judiciales a los polic\u00edas.<\/p>\n
\t2. Se investigar\u00e1n las infracciones al derecho internacional humanitario que son cr\u00edmenes de guerra consagrados en el c\u00f3digo penal colombiano como atentados contra la poblaci\u00f3n y bienes civiles y culturales.<\/p>\n
\t3. El legislador colombiano fijar\u00e1 para fiscales y jueces los criterios de aplicaci\u00f3n y interpretaci\u00f3n del derecho internacional humanitario, permitiendo que el Congreso se entrometa o interfiera en asuntos de competencia de otra rama del poder p\u00fablico<\/p>\n
\t4. Se militariza la funci\u00f3n judicial al crearse dos instituciones: Una integrada por militares y fiscales que determinar\u00e1n sin un caso se lleva a la justicia ordinaria o militar y otra exclusiva para los militares y polic\u00edas que tendr\u00e1 como funci\u00f3n, controlar la acusaci\u00f3n penal. Estas prerrogativas no las tienen los ciudadanos del com\u00fan<\/p>\n
\t5. Se crea un fondo con presupuesto de los colombianos destinado a financiar la defensa p\u00fablica t\u00e9cnica y especializada de los miembros de la fuerza p\u00fablica. Fondo que para el ciudadano com\u00fan y m\u00e1s a\u00fan para las v\u00edctimas, no existe en igual proporci\u00f3n.<\/p>\n
\tA diferencia de los ciudadanos del com\u00fan los militares y polic\u00edas rara vez son privados de la libertad o cumplen las sentencias condenatorias en establecimientos carcelarios. Con las guarniciones polic\u00edas o militares las que le s sirven para cumplir sus penas con todos los privilegios que el pa\u00eds conoci\u00f3 en Tolemaida Resort.<\/p>\n
\tPor lo anterior, preocupa que el gobierno nacional, promueva iniciativas que vayan en contra de los convenios internacionales, la Constituci\u00f3n Nacional y las decisiones d elas autoridades judiciales para favorecer la impunidad de los cr\u00edmenes cometidos por los militares y polic\u00edas.<\/p>\n
\tEn Colombia no todos somos iguales como reza la Constituci\u00f3n Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y m\u00e1s grave a\u00fan los militares y polic\u00edas que violen el derecho internacional humanitario van a contar con garant\u00edas y prebendas que vulneran los principios de igualdad, independencia e imparcialidad de la justicia.<\/p>\n