{"id":4680,"date":"2012-10-16T22:25:21","date_gmt":"2012-10-16T22:25:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.nasaacin.org\/index.php\/2012\/10\/16\/anti-cultura-de-muerte-y-mentira-invade-las-instituciones\/"},"modified":"2012-10-16T22:25:21","modified_gmt":"2012-10-16T22:25:21","slug":"anti-cultura-de-muerte-y-mentira-invade-las-instituciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tejidohistorico.afrodescendientes.com\/index.php\/2012\/10\/16\/anti-cultura-de-muerte-y-mentira-invade-las-instituciones\/","title":{"rendered":"Anti-cultura de Muerte y Mentira invade las Instituciones"},"content":{"rendered":"
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\tLa población civil campesina que rodea nuestra Comunidad de Paz en San José de Apartadó, cada vez está más escandalizada de lo que significa la presencia de un Estado corrupto, empecinado en matar, destruir, difamar, mentir, manipular y extorsionar. <\/div>\n

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\tEn los últimos meses y semanas la misma población del caserío de San José, con una fuerte presencia de fuerza pública desde abril de 2005, cuando nuestra Comunidad se desplazó de allí para no quebrantar su primer principio estructurante de no convivir con actores armados, y menos con victimarios que habían asesinado ya a centenares de nuestros compañeros, no sale de su asombro al experimentar que la han convertido en un escudo de la fuerza pública para proteger la vida de los armados, mientras las vidas suyas, como pobladores desarmados, es pagada como moneda despreciable para mantener la guerra. El gobierno se ha empecinado en no acatar las prescripciones de la Corte Constitucional, que prohibe colocar estaciones de policía o bases militares en medio de la población civil, pues no le importan las vidas de los civiles. Entre tanto, miembros de muchas instituciones del Estado continúan calumniando y difamando a nuestra Comunidad de Paz con cínica perversidad, amparados por una impunidad oficial que cubre y aplaude todas las podredumbres morales con tal de que le sirvan a los mezquinos intereses del poder.<\/div>\n
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\tNuevamente nos vemos en obligación moral de dejar constancias ante el país y el mundo de los últimos hechos que nos afligen:<\/strong><\/div>\n
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\t·         El viernes 5 de octubre de 2012<\/strong>, a las 8:30 horas, un testigo que se encontraba en la Embajada de Chile, en Bogotá, escuchó a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo cuando le respondía a un conocido suyo allí presente, quien le había preguntado sobre la situación de nuestra Comunidad de Paz luego de algunas condenas a militares por la masacre de febrero de 2005. La funcionaria afirmó que nuestra Comunidad sólo se interesa por el dinero y que por ello había llevado el caso a la Corte Penal Internacional para buscar indemnizaciones grandes, pues las reparaciones que da Acción Social le parecen demasiado exiguas. Ya hace un tiempo que nuestra Comunidad rompió relaciones con la Defensoría porque comprobó que la corrupción la había invadido y que ya no defendía a nadie sino su propia burocracia. Llegar a niveles tan bajos y sucios de mentira, cuando precisamente nuestra Comunidad ha rechazado las reparaciones administrativas porque convierten a nuestras víctimas en mercancías sin importar su dignidad y su memoria, es propio sólo de funcionarios sin ética alguna.<\/div>\n
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\t·         Por los mismos días se nos ha informado que el “Defensor Comunitario” de San José de Apartadó, quien nunca ha defendido a miembros de nuestra Comunidad de Paz cuando son víctimas de graves violaciones de sus derechos, ahora está empeñado en una campaña de sabotaje a nuestra Comunidad, con el propósito de impedir que se cumplan estrictamente los reglamentos y principios definidos en nuestro Reglamento. Está tratando de convencer a algunas personas que se han retirado voluntariamente de nuestra Comunidad de Paz porque les resultaban onerosas algunas normas y trabajos comunitarios, de que permanezcan en los espacios de la Comunidad y no se retiren de allí para él poder penetrar con programas del Estado que subviertan la economía y organización comunitaria. Sobra todo comentario ante estrategias tan sucias.<\/div>\n
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\t·         El martes 9 de octubre de 2012<\/strong>, a las 23:00 horas, miembros de la fuerza pública fuertemente armados ingresaron sin orden judicial alguna a la vivienda del Señor JORGE BEDOYA, habitante del casco urbano de San José de Apartadó, sometiendo la vivienda a un allanamiento ilegal. Luego procedieron a amenazarlo, acusándolo de sapo y de hacer comentarios contra la fuerza pública luego de la balacera del 4 de octubre en la cual su vecino, Alberto Ariza, fue gravemente herido por un proyectil proveniente de la base militar. Debido a esta amenaza, Jorge Bedoya, le toco huir desplazado de la zona, por temor a hacer asesinado.<\/div>\n
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\t·         El lunes 15 de octubre de 2012<\/strong>, en horas de la madrugada, falleció en el hospital de Apartadó el Señor ALBERTO ARIZA HUACA, de 32 años, quien había sido herido el pasado 4 de octubre cuando, estando en su casa y al disponerse a abrir la puerta luego de sentir el llanto de unos niños durante el tiroteo, una bala penetró en su cuerpo y le destrozó órganos vitales. Llevado al hospital por miembros de la Comunidad de Paz, quienes lo recogieron herido y lo acogieron primero en San Josesito, su salud se fue deteriorando hasta fallecer quince días después. Entre tanto había sido acusado por los militares y policías acantonados en el caserío, incluso por las emisoras radiales, de ser “guerrillero”, acusación que indignó a toda la población que lo conocía como padre de familia, integrante de una congregación cristiana y trabajador en la obra que se adelanta actualmente en la carretera. Su muerte constituye a todas luces un crimen de guerra e infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, pues el ejército disparó esa noche contra las viviendas civiles, pudiendo ser apreciadas por muchos pobladores las balas que provenían, luminosas e incandescentes, desde la base militar, penetrando en varias viviendas y en la escuela. Esta es una consecuencia más de la intransigencia del Gobierno, el cual se ha negado a acatar las prescripciones de la Corte Constitucional, la cual prohíbe ubicar puestos de policía y bases militares, en zonas de conflicto, en medio de la población civil. No hay duda alguna de que al mismo Presidente Santos, a quien tantas veces se le ha suplicado que acate las Sentencias de la Corte, le cabe responsabilidad de primer orden por esta muerte. La Comunidad de Paz, enterada de la muerte de Alberto, organizó una marcha hasta Apartadó, desde donde acompañaron a pie el cadáver de Alberto hasta San José.<\/div>\n
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\tAunque busquen destruirnos progresivamente, con la muerte, la difamación, la calumnia, el sabotaje, el chantaje, la mentira, seguimos manteniendo nuestros principios, en comunión con numerosas personas de muchos rincones de Colombia y de otros países del mundo que comparten nuestros caminar en dignidad y a quienes siempre les reiteramos nuestra unidad y gratitud.<\/div>\n
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\tComunidad de Paz de San José de Apartadó<\/strong><\/div>\n
\tOctubre 16 de 2012<\/div>\n
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\tComunidad de Paz de San José de Apartadó<\/div>\n
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\tcdpsanjose@gmail.com<\/div>\n
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