\tEl derrame de carb\u00f3n en la bah\u00eda de Santa Marta que la Drummond nunca report\u00f3 y s\u00f3lo admiti\u00f3 frente a evidencias inocultables, ha debido rebosar la copa del estado colombiano.<\/p>\n
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\tPero no: tras una breve suspensi\u00f3n de su uso del puerto, la empresa pudo continuar sus exportaciones polucionando abusivamente las aguas y la ruta del ferrocarril que trae el carb\u00f3n desde sus minas. Los pulmones de los habitantes de Ci\u00e9naga, de La Jagua y de otros municipios, donde cuenta con concesiones sobre cinco dep\u00f3sitos, muestran elevados \u00edndices de s\u00edlice y carbonilla que producen asma por igual entre trabajadores y habitantes.<\/p>\n
\tEn 2001 fueron asesinados el presidente y el vicepresidente del sindicato de la Drummond por protestar contra alimentos en descomposici\u00f3n. A los pocos meses fue tambi\u00e9n asesinado el nuevo presidente del sindicato, imposibilitando la defensa de los intereses de los trabajadores al d\u00eda de hoy. Recientemente, un juez penal dio 38 a\u00f1os de prisi\u00f3n a un contratista de la Drummond, Jaime Blanco Maya, por el asesinato de los primeros dos. El juez pidi\u00f3 a la fiscal\u00eda que investigue a la c\u00fapula de la Drummond por concierto para delinquir. El Espectador report\u00f3 recientemente amenazas de muerte contra An\u00edbal P\u00e9rez, de la Asociaci\u00f3n de Trabajadores Enfermos de Drummond Puerto, para que callara sus denuncias de enfermedades pulmonares causadas por el descuido en el transporte y embarque de carb\u00f3n por Ci\u00e9naga.<\/p>\n
\tEl contrato de la Drummond con el gobierno colombiano es leonino y ha debido ser denunciado hace muchos a\u00f1os, porque est\u00e1 sembrado de ilegalidades e inequidades. Es la empresa la que lleva la contabilidad de ingresos y gastos, fija los precios del carb\u00f3n a su favor, sobre los que se (auto)liquidan las regal\u00edas, que frecuentemente resultan negativas, o sea que el Estado les sale a deber. La certificaci\u00f3n de sus embarques la financia la misma Drummond. Seg\u00fan \u00c1lvaro Pardo, de Colombia Punto Medio, “todas las cifras del contrato son presuntivas… sobre estas cifras se calcularon las regal\u00edas y se pagaron los impuestos”.<\/p>\n
\tRecientemente se hicieron pagar $60.000 millones por un incumplimiento del Gobierno en Ferrov\u00edas, pero cuando el incumplimiento es por parte de la trasnacional, el estado colombiano no tiene derecho a demandar ante tribunales internacionales. La Contralor\u00eda estableci\u00f3 que los costos de transporte por ferrocarril estaban inflados, por lo cual el pa\u00eds hab\u00eda dejado de percibir otros $60.000 millones.<\/p>\n
\tEn el a\u00f1o 2011 la Drummond vendi\u00f3 un 20% de su operaci\u00f3n colombiana a Itochu, una empresa japonesa que comercializa carb\u00f3n en Asia, por US$1.500 millones. De lo anterior se deduce que los activos en el pa\u00eds valen US$7.600 millones, seg\u00fan el New York Times. Vaya a ver sus declaraciones ante la DIAN para deducir la diferencia entre lo que declaran con lo que en verdad se han valorizado sus inversiones en el pa\u00eds. Los impuestos que ha dejado de pagar al fisco nacional ser\u00edan del orden de billones de pesos.<\/p>\n
\tLa concesi\u00f3n vence en 2019, pero ya la empresa hizo la solicitud para prorrogar ante la autoridad minera otros 30 a\u00f1os de sobreexplotaci\u00f3n y desertificaci\u00f3n de un departamento que fuera despensa alimentaria del pa\u00eds.<\/p>\n
\tLa pregunta que surge es si el Estado colombiano representa a sus ciudadanos y los defiende del mal uso que se les da a las concesiones sobre sus recursos mineros no renovables o, m\u00e1s bien, representa a empresas abusivas que siguen nocivos comportamientos contra la poblaci\u00f3n y el medio ambiente.<\/p>\n