\tFrente a las falsas acusaciones contra el CAJAR, de apropiaci\u00f3n de indemnizaciones y tierras, en el transcurso del a\u00f1o se han efectuado reuniones p\u00fablicas en el departamento del Cauca (Popay\u00e1n y Caloto) en las que han participado las comunidades, autoridades ind\u00edgenas y representantes de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa as\u00ed como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. En ellas, el Colectivo de Abogados \u201cJos\u00e9 Alvear Restrepo\u201d, ha expuesto con amplio detalle el tr\u00e1mite procesal ante las diferentes instancias y jurisdicciones, los pagos realizados a cada una de las v\u00edctimas indemnizadas acompa\u00f1ando dicha informaci\u00f3n con los respectivos poderes, recibos, consignaciones e informes contables.<\/p>\n
<\/p>\n
\tAnte las recientes acusaciones presentadas en el Ministerio de Defensa1 por parte de algunos familiares de la masacre de Caloto, relacionados con supuestas apropiaciones de indemnizaciones y tierras por parte del CAJAR, nos permitimos comunicar lo siguiente:<\/p>\n
\t1. Con ocasi\u00f3n de los hechos ocurridos en el a\u00f1o de 1991 en el municipio de Caloto, Cauca, conocidos como \u201cMasacre de El Nilo\u201d o \u201cMasacre de Caloto\u201d, el Colectivo de Abogados \u201cJos\u00e9 Alvear Restrepo\u201d realiz\u00f3 acompa\u00f1amiento a las v\u00edctimas en el marco de los procesos judiciales.<\/p>\n
\t2. El acompa\u00f1amiento se realiz\u00f3 como representantes en los procesos ante la Justicia Penal Militar, la Justicia Penal Ordinaria y la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n
\t3. Adem\u00e1s del litigio nacional e internacional, el CAJAR desarroll\u00f3 una labor integral que comprendi\u00f3 el fortalecimiento organizativo y la visibilizaci\u00f3n del caso. Estas actividades fueron llevadas a cabo con el CRIC y la ACIN, quienes a su vez desarrollaban una labor fundamental en el seguimiento de la situaci\u00f3n posterior a la Masacre de El Nilo, logrando realizar la documentaci\u00f3n juiciosa del caso.<\/p>\n
\t4. Como resultado de este trabajo, se logr\u00f3 demostrar la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en los procesos de la jurisdicci\u00f3n interna como en la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ante este organismo se acord\u00f3 una soluci\u00f3n amistosa en la que el Estado se comprometi\u00f3 a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas de la masacre.<\/p>\n
\tLa incidencia del CAJAR, el CRIC y la ACIN, contribuy\u00f3 a la entrega de tierras al pueblo Nasa por concepto de reparaci\u00f3n integral, y tambi\u00e9n a la promulgaci\u00f3n de la Ley 288 de 1996, que obliga al Estado a acatar las decisiones de instancias de justicia internacional.<\/p>\n
\t5. Los jueces ordenaron indemnizaciones conforme a los criterios jurisprudenciales de la \u00e9poca, las cuales ya fueron canceladas a los demandantes. El pasado 26 de junio del 2014, el Consejo de Estado profiri\u00f3 fallo de segunda instancia frente a 19 victimas demandantes que se encontraban a la espera de sentencia definitiva. Conforme al arreglo amistoso ante la CIDH, el Estado se oblig\u00f3 a entregar a t\u00edtulo colectivo a las comunidades del pueblo NASA del Cauca 15 mil hect\u00e1reas de tierra, de las cuales a\u00fan faltan por entregar alrededor de 5 mil.<\/p>\n
\t6. Despu\u00e9s de 23 a\u00f1os el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia reafirmaron la responsabilidad del Estado y en el proceso penal se orden\u00f3 adelantar juicio contra el hoy General retirado Fabio Casta\u00f1eda Mateus y el entonces teniente Jorge Dur\u00e1n Arg\u00fcelles, ambos miembros de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n
\t7. En el acompa\u00f1amiento integral que el CAJAR ha llevado a cabo durante cerca de 25 a\u00f1os, ha intervenido un n\u00famero considerable de profesionales que hoy contin\u00faan esta labor ante las instancias nacionales e internacionales. Los aportes que el CAJAR recibe en virtud de las demandas de reparaci\u00f3n son destinados a un fondo social que apoya el cumplimiento de la misi\u00f3n institucional, la defensa de los Derechos Humanos y el acceso de v\u00edctimas a la Justicia nacional e Internacional. Los abogados y abogadas del CAJAR no reciben porcentajes producto de las sentencias, sino que devengan un salario fijo mensual.<\/p>\n
\t8. Frente a las falsas acusaciones contra el CAJAR, de apropiaci\u00f3n de indemnizaciones y tierras, en el transcurso del a\u00f1o se han efectuado reuniones p\u00fablicas en el departamento del Cauca (Popay\u00e1n y Caloto) en las que han participado las comunidades, autoridades ind\u00edgenas y representantes de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa as\u00ed como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. En ellas, el Colectivo de Abogados \u201cJos\u00e9 Alvear Restrepo\u201d, ha expuesto con amplio detalle el tr\u00e1mite procesal ante las diferentes instancias y jurisdicciones, los pagos realizados a cada una de las v\u00edctimas indemnizadas acompa\u00f1ando dicha informaci\u00f3n con los respectivos poderes, recibos, consignaciones e informes contables.<\/p>\n
\t9. Ante la solicitud del CAJAR de una nueva reuni\u00f3n aclaratoria, la direcci\u00f3n de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Canciller\u00eda respondi\u00f3 que: \u201clo manifestado y debidamente soportado por el Colectivo de Abogados Jos\u00e9 Alvear Restrepo, as\u00ed como lo expresado por las autoridades ind\u00edgenas y los beneficiaros, estos \u00faltimos al manifestar expresamente haber entendido la situaci\u00f3n y haber aceptado que conforme lo explicado en la reuni\u00f3n s\u00ed hab\u00edan recibido lo que les correspond\u00eda, se concluy\u00f3 que la situaci\u00f3n presentada se debe a una desinformaci\u00f3n de lo que en materia de pago de indemnizaciones se ha hecho hasta el momento y, se evidenci\u00f3 un actuar sin pleno conocimiento de la situaci\u00f3n ni fundamento alguno por parte de la se\u00f1ora Diana Peraf\u00e1n\u201d2.<\/p>\n
\t10. El Colectivo de Abogados \u201cJos\u00e9 Alvear Restrepo\u201d rechaza la confusi\u00f3n a la que est\u00e1n siendo inducidos algunos integrantes de esta comunidad, evidentemente manipulados por sectores que hist\u00f3ricamente han perseguido la labor del CAJAR.<\/p>\n
\t11. Durante el pasado gobierno, organismos de inteligencia tuvieron como uno de sus objetivos principales la persecuci\u00f3n y propaganda difamatoria contra el CAJAR. Por tanto, no son coincidencia estos ataques y los lanzados recientemente por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinz\u00f3n, durante el debate sobre ejecuciones extrajudiciales3, convocado por el Representante Alirio Uribe Mu\u00f1oz en el congreso de la Rep\u00fablica. En dicho debate participaron activamente promotores de esta campa\u00f1a difamatoria con el prop\u00f3sito de atacar y deslegitimar al CAJAR y al convocante al debate, para desviar la atenci\u00f3n sobre la responsabilidad de los militares en tales cr\u00edmenes.<\/p>\n
\t12. El CAJAR reitera su disposici\u00f3n de acatar requerimientos que eventualmente hagan las autoridades competentes, tal y como se ha hecho en el pasado y como queda de manifiesto en este comunicado.<\/p>\n
\t <\/p>\n
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