Seg\u00fan el ente acusador, hay pruebas de que el teniente (r) Jos\u00e9 Fernando Berr\u00edo s\u00ed estuvo implicado en los asesinatos que se perpetraron entre agosto de 1989 y mayo de 1990.<\/p>\n
<\/p>\nDos d\u00e9cadas despu\u00e9s de una de las peores masacres continuadas, los pasos de la justicia empiezan a aclarar hist\u00f3ricas deudas con las v\u00edctimas del municipio de Trujillo, Valle. El turno le toc\u00f3 al teniente (r) Jos\u00e9 Fernando Berr\u00edo, comandante de la Polic\u00eda en Trujillo entre el 29 de agosto de 1989 y el 24 de mayo de 1990, a quien la Fiscal\u00eda le acaba de dictar medida de aseguramiento por considerar que estuvo implicado en las matanzas que acaecieron en el municipio y que ya est\u00e1 probado fueron producto de la uni\u00f3n de narcotraficantes, paramilitares y fuerzas del Estado, para asesinar a centenares de personas.<\/p>\n
Para la Fiscal\u00eda existen evidencias de que la Polic\u00eda facilit\u00f3 \u201ccon su conducta permisiva el desencadenamiento de tales hechos tr\u00e1gicos\u201d y advierte que el entonces comandante de Trujillo no salvaguard\u00f3 la vida y las libertades personales de los que all\u00ed habitaban: \u201cEl procesado Berr\u00edo se sustrajo de sus obligaciones y permiti\u00f3 con su actitud omisiva que actores armados campearan sin Dios ni ley en la localidad, permiti\u00f3 incluso \u2014como lo rese\u00f1an las diligencias\u2014 que hombres a su mando actuaran en connivencia con la horda criminal que manten\u00eda atemorizada a la poblaci\u00f3n bajo la mirada c\u00f3mplice de quien ten\u00eda el deber constitucional de evitarlo\u201d.<\/p>\n
La masacre de Trujillo, que abarca 352 asesinatos a campesinos que eran tildados de ayudar a grupos guerrilleros, aconteci\u00f3 desde 1986 hasta 1994, comprendiendo su a\u00f1o m\u00e1s violento en 1990, cuando fue emboscada una patrulla del Ej\u00e9rcito en la Vereda Playa Alta, dejando un saldo de siete militares muertos. Aparentemente, despu\u00e9s de este episodio, capos de la droga como Diego Montoya, alias Don Diego; Iv\u00e1n Urdinola Grajales y Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacr\u00e1n, se apoderaron del municipio, financiando el paramilitarismo y perpetrando \u201cactos violentos, hechos de sangre, torturas, desaparecimientos sistem\u00e1ticos y selectivos\u201d, que no fueron rastreados o combatidos por la polic\u00eda al mando de Jos\u00e9 Fernando Berr\u00edo.<\/p>\n
Seg\u00fan el expediente, durante su paso como comandante en Trujillo, siete campesinos fueron vistos por \u00faltima vez acompa\u00f1ados de personas vestidas con uniforme de la Polic\u00eda. Todos desaparecieron. En unos casos se dio aviso al teniente Berr\u00edo de m\u00faltiples amenazas de muerte, pero no hizo nada. Por ejemplo, se rese\u00f1\u00f3 la muerte de Fabio de Jes\u00fas Berr\u00edo Marroqu\u00edn, habitante de la zona, quien fue \u201csacado y asesinado por hombres fuertemente armados vestidos con prendas de la Polic\u00eda\u201d el 28 de octubre de 1989. Asimismo, sobre la muerte de Juan de Jes\u00fas Restrepo, el 17 de diciembre de 1989, se estableci\u00f3 que aunque \u201cla Polic\u00eda fue avisada a tiempo del homicidio, no realiz\u00f3 ninguna gesti\u00f3n para capturar a los responsables\u201d.<\/p>\n
Esos diez meses en que Berr\u00edo ocup\u00f3 el cargo de comandante de la Polic\u00eda de Trujillo, tambi\u00e9n comprenden la desaparici\u00f3n, el 2 de abril de 1990, de los ebanistas Hervey Londo\u00f1o, Jos\u00e9 Erley Vargas y Jos\u00e9 Alirio Granada, quienes fueron obligados a salir de su taller en la plaza principal, siendo retenidos en una finca ubicada entre Sal\u00f3nica y Andin\u00e1polis y posteriormente torturados. Seg\u00fan el testigo Daniel Arcila, as\u00ed operaban las alianzas entre agentes del Estado y sicarios del narcotr\u00e1fico para asesinar a diestra y siniestra. Al poder mafioso de Don Diego o El Alacr\u00e1n se sum\u00f3 el mayor Alirio Urue\u00f1a, el \u00fanico oficial condenado a 44 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la masacre de Trujillo. La decisi\u00f3n fue proferida la semana pasada por un juzgado especializado de Bogot\u00e1, pero las contradicciones contin\u00faan.<\/p>\n
Mientras que un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos dict\u00f3 hace pocos d\u00edas medida de aseguramiento en contra del entonces comandante de la Polic\u00eda, Jos\u00e9 Fernando Berr\u00edo, el mismo juez que conden\u00f3 al mayor Urue\u00f1a lo absolvi\u00f3 al aducir que no hab\u00eda pruebas suficientes que demostraran su implicaci\u00f3n en los cr\u00edmenes de Ricardo Burbano Delgado y de los hermanos Cano Valencia, ocurridos el 23 de marzo de 1990 en la finca Argelia, vereda La Sonadora. No obstante, esta vez la Fiscal\u00eda tiene testimonios, documentos y otras pruebas que apuntan a que Berr\u00edo, como comandante de la Polic\u00eda en Trujillo, permiti\u00f3 toda suerte de barbaries.<\/p>\n
El teniente (r), hoy pr\u00f3fugo de la justicia, en criterio de un fiscal especializado, s\u00ed incumpli\u00f3 sus labores, fue omisivo en relaci\u00f3n con decenas de denuncias y nada hizo para detener el ba\u00f1o de sangre que, en muchos casos, termin\u00f3 en el r\u00edo Cauca. Por eso, impuso medida de aseguramiento como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado y desaparici\u00f3n forzada. \u201cLa temporalidad de estos hechos, sumada a las funciones del procesado y el territorio donde las desarrollaba, permiten concluir que Berr\u00edo Vel\u00e1squez (\u2026) no hizo nada para evitar que la ciudadan\u00eda fuese v\u00edctima de delitos atroces como el homicidio y la desaparici\u00f3n de civiles\u201d, sostuvo el ente acusador en una providencia conocida por El Espectador.<\/p>\n