Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

1.    Por el carácter político y el contenido de las preguntas, la convocatoria a Consulta Popular no hace más que ratificar que el gobierno cada vez más estrecha su alianza con los sectores de nueva derecha y responde a los intereses más reaccionarios de los viejos sectores dominantes; por lo que hoy es públicamente notorio que su poder no viene de la sociedad movilizada y organizada, sino de fortalecer sus alianzas con los distintos sectores de la derecha ecuatoriana y, después del 30 de septiembre,  un cogobierno con el ejército.

2.    Defendemos el instrumento de la Consulta Popular como un derecho y expresión de la soberanía popular y de la democracia, con la misma energía defendemos y reclamamos la aplicación de la “Consulta Previa” porque es la forma de la democracia directa.

3.    Rechazamos el contenido y el carácter general de las preguntas de la Consulta Popular planteada por el gobierno nacional, por ser insustanciales y no resolver los problemas reales que sufre la ciudadanía, como la violencia, y lo que es más grave es inconstitucional por restringir garantías constitucionales, cambia la estructura del Estado, cosa que solo lo puede hacer otra Asamblea Constituyente.  Las preguntas relacionadas con seguridad social y reformas de la administración de justicia no son más que recoger viejas propuestas de la derecha tradicional.  El gobierno busca legitimarse, concentrando poder, no para ampliar la democracia, sino para prepararse y enfrentar los posibles conflictos políticos y criminalización de la protesta social.

4.    Expresamos nuestra oposición a las preguntas de la Consulta Popular por ser un atentado al carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano en abierta violación a la Constitución y porque dejar de lado temas vitales que contribuyan para la construcción del Sumak Kawsay, como la revolución agraria, la desprivatización del agua, los daños de la minería a cielo abierto, la protección del ITT y la descriminalización de la protesta.

5.    Condenamos los intentos ilegales de injerencia sobre la Corte Constitucional y sus jueces y juezas; de la misma manera rechazamos las expresiones racistas contra la dignidad personal y la magistratura de la jueza Dra. Nina Pacari.

6.    Denunciamos la política de “criminalizar la protesta social” que arroja más de 189 procesos judiciales  contra dirigentes y organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, y que ha emitido, de manera ilegal e injustificada, condenas a ocho años de reclusión mayor a siete compañeros defensores de los Derechos de la Naturaleza y las comunidades afectadas por la minería en la provincia del Azuay, por lo que respaldamos la petición de amnistía que reclaman estos compañeros y compañeras en defensa de su libertad y de la democracia.

7.    Convocamos a todas las organizaciones de base del movimiento indígena y de otros sectores sociales, a participar masivamente en la audiencia convocada por la Corte Constitucional el día jueves 27 de enero, para expresar nuestra oposición a las intenciones políticas del gobierno nacional con la consulta popular.

8.    Estamos en momentos trascendentales para el futuro del país, por lo que es urgente formar una alianza amplia entre las organizaciones de izquierda y progresistas para defender la Constitución, los derechos históricos de los pueblos y avanzar hacia una revolución social radical.