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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) inicia el jueves 10 de marzo su V Encuentro Nacional con la presencia de 250 organizaciones que tendrán como tema central el análisis de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que actualmente se tramita en el Senado.

Además, el MOVICE anuncia que radicará una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Transicional —Ley 1424 de 29 de diciembre de 2010— en la Corte Constitucional porque según la organización «desconocen los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos que son vinculantes para el Estado y forman parte del Bloque de Constitucionalidad». Esta presentación de la demanda de inconstitucionalidad tendrá lugar en el marco de la movilización prevista en la ciudad de Bogotá de este viernes 11 de marzo a partir de las 2 pm desde la plaza Eduardo Umaña (carrera 7 con calle 20).

Por otro lado, el trámite del proyecto de la Ley de Víctimas se encuentra en su tercer debate en la Comisión I del Senado y el tema de la financiación fue uno de sus primeros puntos de discusión el pasado martes 8 de marzo. Está previsto que los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, expliquen la próxima semana cuáles son las fuentes de financiación de la ley. El MOVICE requiere al Gobierno y a los congresistas ponentes que ajusten el proyecto a los estándares internacionales, principios y derechos constitucionales porque de lo contrario se verá en la obligación de demandar la futura ley. Según el MOVICE, el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras «trae consigo una contradicción insalvable que pone en riesgo la legitimidad de la futura ley». La organización defensora de derechos humanos señala que —tal y como recoge el mismo proyecto de ley— organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia (OACNUDH) han reconocido que aún existe un conflicto armado en el país y por ello se hace la siguiente pregunta: «¿Cómo podemos diseñar instrumentos transicionales para la reparación de las víctimas sin garantizar que otras generaciones de colombianos y colombianas no serán nuevamente victimizadas en el futuro?».

Según el Informe final del relator especial sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las victimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el año 2000, los «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas intencionales de derechos humanos» se basan en la medida de lo posible en: «devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, comprende el restablecimiento de la libertad, los derechos, la situación social, la vida familiar y la ciudadanía de la víctima; el retorno a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus propiedades». El MOVICE afirma que este principio general es desconocido en el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras porque únicamente contempla medidas de restitución frente a la pérdida de propiedades e incluso «en esta materia es limitado, pues niega las pérdidas patrimoniales que se han causado y en el caso de la restitución de tierra se restringe a inmuebles rurales, situación que desconoce la problemática del desplazamiento intraurbano».

La primera de las objeciones más relevantes al proyecto de Ley por parte del MOVICE tiene que ver con la ausencia de participación de las víctimas lo cual contraviene criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a políticas de restitución. El MOVICE también denuncia la ausencia de un enfoque diferencial multiétnico y pluricultural ya que el proyecto ha omitido la consulta previa consagrada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala la obligación de los Estados de «consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».

El tercer punto en discordia con el proyecto de Ley es que, para el MOVICE, desconoce el principio de universalidad ya que la definición temporal para el reconocimiento de la condición de víctimas y despojados —establecida a partir del 1 de enero de 1986 y 1991, respectivamente— deja de lado una gran cantidad de víctimas de la violencia sociopolítica del país de la década de los 80 y anteriores. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado afirma que la iniciativa de ley «desconoce la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad como el genocidio y la desaparición forzada», sólo reconoce como víctimas a un tipo de familiares —los de primer grado de consanguinidad y afinidad—y «se mantienen discriminaciones injustificadas a la definición de víctima que contravienen las normas del Derecho Internacional Humanitario». Otro argumento respecto al principio de universalidad es que el proyecto establece la prohibición de reparar a las víctimas de actos cometidos por la llamada «delincuencia común» desconociendo la relación denunciada por diferentes organizaciones como la Corporación Nuevo Arco Iris o Human Rights Watch de las hoy llamadas Bandas Criminales (BACRIM) con grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La cuarta objeción presentada por el MOVICE es que una ley de restitución no puede estar ligada a la sostenibilidad fiscal ya que «este derecho no puede ser una expectativa incierta ni una contingencia sujeta a la disponibilidad eventual de recursos del Estado». La organización también insiste en que el Estado debe aceptar su responsabilidad en el incumplimiento por acción y/u omisión de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al respecto, el MOVICE afirma que «la iniciativa se preocupa por evitar a toda costa que el reconocimiento de las reparaciones pueda involucrar la responsabilidad estatal y el daño antijurídico individual producido por agentes del Estado».

La siguiente objeción señala que «el proyecto retrocede en el reconocimiento de los derechos de la población desplazada con respecto a la legislación y jurisprudencia vigentes» y que «se crean sistemas de atención paralelos que confunden la ruta de acceso para la población desplazada». Respecto a la formalización y la restitución de títulos jurídicos, el MOVICE lo considera una medida insuficiente ya que «garantizar la restitución material de las tierras, implica generar condiciones de permanencia, protección para las víctimas de despojo y revisar el modelo de desarrollo rural». En ese sentido, el MOVICE expresa una gran preocupación por elementos introducidos en el proyecto que «estarían dirigidos a proteger intereses de quienes se han beneficiado del despojo, legalizando así esta práctica». Para argumentar eso, especifica que el proyecto introduce la figura del derecho de superficie que permite posponer el uso y goce efectivo de las tierras restituidas en los casos en que se «encuentren establecidos sistemas de producción agrícola, pecuaria, forestal o agroforestal y/o plantas de procesamiento y transformación de materias primas». El MOVICE concluye que esta figura «beneficiaría a grandes empresarios del campo que se han beneficiado históricamente de la práctica del despojo» y que «el modelo propuesto privilegia la compensación a la restitución y el retorno». Esta última afirmación tiene relación con el artículo 98 que declara imposible la restitución cuando se trate de «un bien afectado por proyectos considerados como de utilidad pública e interés social». Por otro lado, el MOVICE cree que la cláusula que indica que «quienes confiesen la ilegalidad de los títulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el proceso se harán beneficiarios del principio de oportunidad previsto en el código de procedimiento penal» podría beneficiar a miembros de grupos paramilitares y testaferros que «participaron activamente en la práctica del despojo, evitando posibles investigaciones por su participación en este delito».

Otra de los puntos cuestionados por el MOVICE tiene relación con una crítica que el mismo Partido de la U ha hecho constar a través del senador Roy Barreras. El Partido de la U no ve con buenos ojos que el proyecto contemple la creación de una agencia especial que atienda el pago a las víctimas ya que considera que esa función la puede hacer la actual Acción Social. Al respecto, el MOVICE cree que la cantidad y diversidad de entidades —el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas está conformado por 33 instituciones estatales distintas— y «la falta de armonización hacen prever todo tipo de obstáculos y barreras de acceso».

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado defiende una reparación integral que incluya «medidas efectivas de respeto y garantías a los derechos a la verdad y la justicia» e insta a la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, para que adopte un modelo jurídico «comprometido con la investigación y adecuada sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad y una metodología de investigación que permita establecer los contextos de los crímenes, patrones de victimización, sectores afectados, móviles, máximos responsables y otros aspectos que permitirán avanzar en el esclarecimiento de los hechos». También remarca que se debe superar el concepto de concierto para delinquir agravado y que se maneje la categoría de Crímenes de Lesa Humanidad que implica investigar y juzgar a los responsables bajo esos parámetros conceptuales.

http://notiagen.wordpress.com/2011/03/09/el-movice-propone-modificar-el-proyecto-de-ley-de-victimas/