Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Resulta curioso y hasta jocoso que el trámite en el Congreso de la República, del proyecto de ley denominado como Ley de Víctimas, se discuta si existe o no un conflicto armado en Colombia.

El gobierno de Santos, de esta manera, hará público su reconocimiento de que efectivamente sufrimos una guerra interna en Colombia. Postura ésta claramente contraria a la que asumió Uribe en sus dos periodos de gobierno.

Por ello no se hizo esperar la reacción del ex presidente Uribe, quien de manera abyecta negó y niega con vehemencia la existencia de una guerra interna de baja de intensidad. Uribe se articuló de tal manera al discurso antiterrorista que surgió posterior a los ataques del 11/S, que en su perversa  política de seguridad democrática (PPDSD) no hay alusión alguna al conflicto armado interno, y por el contrario, en dicha política pública se habla explícitamente de la presencia de organizaciones terroristas y de una amenaza terrorista en Colombia.

Pero más allá de las diferencias conceptuales, propongo cuatro razones que bien podrían validar y explicar la existencia efectiva de un conflicto armado  interno y por ese camino, insistir en cuán equivocados están quienes persisten en negar su existencia:

1. El Estado colombiano no tiene el monopolio legítimo de la fuerza. La fuerza coercitiva y la capacidad de generar violencia, simbólica y física, la  comparte el Estado colombiano con grupos al margen de ley, como las guerrillas, que desconocen su autoridad y buscan su desmonte como orden social y político. Y peor aún resulta dicha falencia, cuando ha sido evidente que el Estado colombiano apeló en el pasado y aún lo hace, a fuerzas paraestatales para enfrentar a los grupos subversivos y para perseguir a ciudadanos y a partidos políticos que resultaren incómodos al Establecimiento en general o a un régimen en particular.

2. La presencia histórica de las guerrillas, desde los años 60, en vastos territorios, debería ser suficiente razón para reconocer la existencia de grupos al margen de la ley que no sólo combaten al Estado y a sus fuerzas armadas, sino que compiten con éste en lo que tiene que ver con actividades de  control social, generación de empleo, ejercicio del poder y procesos de afirmación identitaria, entre otras.

3. El interés de varios gobiernos de adelantar procesos de paz con los grupos armados ilegales (guerrillas) reconoce no sólo su presencia física, sino su capacidad de desestabilización y de hacer daño, por ejemplo, a la infraestructura económica del país. Los procesos de paz adelantados han otorgado la
legitimidad necesaria a las guerrillas para sentarse con gobiernos, que en nombre del Estado, han buscado negociar con enemigos claramente visibles que no se pueden invisibilizar con señalamientos políticos y posturas ideológicas que, asociadas a los intereses de los Estados Unidos, pretenden deslegitimar a unas fuerzas ilegales que han demostrado que pueden actuar militar y políticamente, con reducido apoyo popular.

4. Jurídicamente hay evidencias en fallos de las altas Cortes, en los que la existencia del conflicto y sus efectos han servido para que dichas corporaciones demanden del Estado, por ejemplo, actividades concernientes a paliar los efectos que deja el desplazamiento forzoso, uno de los  terribles efectos que deja la guerra interna colombiana. Hay, entonces, suficiente jurisprudencia que sirve para “probar” que efectivamente existe un conflicto armado interno.

Ahora bien, la discusión no es sólo conceptual, sino que es ideológica, política, social y económica, y resulta determinante para señalar responsabilidades del Estado, por acción u omisión, de crímenes y de actos violentos contra la población civil perpetrados por actores armados ilegales y los cometidos por las propias fuerzas armadas estatales.

Por ello, el reconocimiento que se haga en el texto del proyecto de ley de víctimas tiene un especial significado porque la administración Santos hace explícito que el Estado es y ha sido incapaz de salvaguardar la vida y la honra de centenares de colombianos víctimas directos e indirectos de un conflicto armado y de unos actores armados que se disputan, de tiempo atrás, específicos territorios y recursos.

Mientras Uribe insiste en que no hay conflicto armado, sino una amenaza terrorista, y mientras Santos se convence de que efectivamente hay una guerra interna en Colombia, actores de la sociedad civil colombiana, como la Iglesia, la Academia, los golpeados sindicatos y los gremios, así como los partidos políticos, deberían de hacer más para cambiar las circunstancias históricas que legitimaron el levantamiento armado de agrupaciones como las Farc y el ELN.

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo