Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Hay una corrupción reglamentada, legal: lo comprueban la destrucción del Seguro Social y el riesgo moral creado por la Ley 100. No se están atacando las formas legales de defraudar el patrimonio público. ¿No merece un debate a fondo que los funcionarios que hicieron la negociación de medicamentos en el TLC hayan terminado todos trabajando con las trasnacionales?

Hace poco Daniel Samper Pizano, con ocasión de uno de estos debates en el Congreso, decía: “Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios”. Formatos reglamentarios son legalidades, normas, decretos, etc. Entonces ahí aparece como una especie de contradicción. ¿Corrupción legal? La que logra convertirse en norma probablemente sea la peor de las corrupciones. Hay una película circulando por ahí que valdría la pena que la vieran, se llama Trabajo confidencial, en inglés Inside Job, un documental bellamente realizado que muestra cómo el hundimiento del sector financiero norteamericano en 2007 y 2008 fue organizado reglamentariamente por las oligarquías financieras de Estados Unidos y los gobiernos de Bush y de Clinton para que sucediera como sucedió. Tenía que ocurrir, era imposible que no. Y todo fue legal. Hace unos años leí en un artículo cómo la oligarquía salvadoreña se robó la banca del país en medio de un proceso de privatización. Y decía el analista, un norteamericano: “Si usted revisa, todo se hizo con las normas en la mano”. Entonces ya aquí estamos llegando, se lo decía ahorita a un periodista, a la corrupción legal e ilegal. Somos unos genios para inventar cosas los seres humanos. Desde luego que nos empezamos a meter en un tema de altísima complejidad y de justas proporciones.

Está el caso de la contratación pública, en el que hay toda una normativa para que todo suceda reglamentariamente. Incluso ha aparecido una especie de profesión, la de los llamados sleeping partners extranjeros (socios durmientes) que aportan unos papeles para que la corrupción se pueda hacer de una manera determinada. Tienen calculadas hasta las comisiones. El caso de la salud puede ser el más clásico en lo que llama Daniel Samper formatos reglamentarios.

Aparece entonces la discusión: cuánto de lo que pasa se decide de manera técnica, supuestamente neutral, y cuánto es corrupción disfrazada de técnica. Por ejemplo, la Ley 100 es la que privatiza el sistema de salud colombiano. Había que arruinar al Seguro Social, porque no podía haber fuertes sistemas privados de pensiones y salud si no se arruinaba el Seguro Social. Y entonces se aprobaron leyes y se dictaron decretos para dejarle al Seguro Social los pensionados y quitarle los cotizantes; dejarle los afiliados más costosos en tratamientos de salud y sacarle los afiliados jóvenes. Había que arruinar la red pública hospitalaria, pues cómo más se monta un sistema privado de IPS sin antes arruinar la red pública hospitalaria. Así ocurrió, en efecto. La están arruinando y la están acabando y ya casi la van a liquidar por completo. Y claro, en el avance del negocio había que crear la integración vertical en salud, clave para tomarse el conjunto del sistema. El Congreso aprobó entonces nuevas leyes y el Ejecutivo dictó nuevos decretos.

Hay hechos todavía más monstruosos. Los gobiernos han roto en todas las formas el principio, que se supone sacrosanto, de no crear riesgo moral. Qué es el riesgo moral. Cuando me van a prestar plata, los banqueros me exigen darles todas las garantías del mundo, porque si no, corren el riesgo de perder el dinero. Eso, aun cuando sea molesto, tiene su lógica. Porque si a mí me prestan una plata y no doy garantías reales, quedo con las manos libres para no pagarles si no quiero. Miren ustedes cómo montó la Ley 100 el sistema de salud en el asunto del riesgo moral. Preguntémonos primero de dónde sale la ganancia de las EPS: el gobierno nacional le da 500 mil pesos en promedio a una EPS del contributivo y le dice que con esa suma tiene que cumplir con el plan de salud por afiliado. Y además le dice que de ahí saque su ganancia. ¿Puede haber un mayor riesgo moral? Cuanto menos gaste la EPS en salud, en medicamentos, en médicos, más gana. Les doy un dato adicional: no hay ni una sola norma que indique cuál debe ser la tasa de ganancia adecuada. En distintas palabras, si usted es capaz de embolsillarse los 500 mil pesos, lo puede hacer. No existe ningún tipo de control legal.

¿Quién da la información para definir el precio de la UPC o unidad por capitación, en este caso, los 500 mil pesos? ¿De dónde sale la información para calcular que sea esta cifra y no otra? Toda la dan las EPS, que además van a ser las beneficiadas si la suma es 500 ó 600 mil. Pero además está el caso de la integración vertical, que agrava el fenómeno en proporciones descomunales, porque puede suceder que una EPS contrate con una clínica suya a precios escandalosos. Pierde la EPS pero está ganando la clínica o IPS. Y cuando hay sistemas cooperativos de por medio, la cosa es muy cómoda. Los gerentes pueden montar un sistema para defraudar a la EPS, porque su negocio consiste en convertirse en socio de la IPS, a las escondidas, claro está, porque son sociedades anónimas. Todo está perfectamente calculado.

Es el problema del sistema: todo es legal. Una EPS puede alegar que un Acetaminofen le costó cien mil pesos o que el lavado de una sábana le costó 600 mil, y nadie puede discutirle. ¿Eso es legal? Lo que dice otra norma, también fundamental, es que es la libre competencia la que fija todos los precios. Y entonces ya es la burla absoluta. En un sistema con estos niveles de riesgo moral y al que nadie vigila, porque no hay auditoría en serio ni fiscalía de ningún tipo, porque la teoría neoliberal es que unas EPS cuidan a las otras y es la libre competencia la que vigila, ¿cómo puede no haber corrupción? Si a usted le clavan un Acetaminofen de cien mil pesos, la culpa es suya porque usted no miró bien en el mercado y no compró donde era más barato. Todo esto es legal, pero ¿no es corrupción? Por eso sostengo que nadamos en un mar de pus en el sistema colombiano de salud.

Las EPS se tomaron el Estado. ¿Será que quienes legislan y decretan no lo saben? ¿No lo saben sino el senador Robledo y Sergio Isaza, de la Federación Médica Colombiana, y tanta gente que ha venido haciendo denuncias? Son las puertas giratorias propias del Estado colombiano. Entonces, les parece una genialidad que el superintendente de Salud sea hermano del presidente de Afidro, y resulta que esta es la agremiación de las trasnacionales de los medicamentos, donde hay una de las peores situaciones en cuanto a corrupción en el sistema de salud colombiano. Y ahí lo tiene el doctor Santos, quien ahora resultó dizque de abanderado de la lucha contra la corrupción en el sector salud. La crisis de la salud debe convertirse en un debate de fondo, y yo pregunto: ¿Aquí no hay problema de normativa? ¿Es solo un problema penal? ¿Ese es todo el problema? El problema de la contratación en este escándalo de las vías, ¿es solo un problema penal? No. Así robar es una ganga.

Aquí hay formas complejas de defraudar el patrimonio público, formas legales, que son las más complicadas de todas. Y son precisamente las que no se están atacando. La puerta giratoria aquí se presenta como una genialidad. En estos días en que estamos discutiendo la terna del Polo, nos dicen desde afuera que los candidatos no sirven porque carecen de experiencia. Ya casi que habrá que decir que mejor que no la tengan, para lo que uno ve. Y esto tampoco es tema de debate. Por ejemplo, ahora se está tramitando un estatuto anticorrupción. Y recuerdo que yo un día presenté un proyecto de ley que prohibía que los funcionarios colombianos fueran y vinieran de los organismos internacionales de crédito y, claro, duró un minuto en hundirse. ¿No es también una forma de corrupción que alguien pueda negociar el TLC con Estados Unidos y a los quince días irse a trabajar al Banco Mundial? ¿Y no merece un debate a fondo que los funcionarios que hicieron la negociación de medicamentos en el TLC hayan terminado todos trabajando con las trasnacionales? Todo legal, por supuesto. Pero ¿no amerita un debate?

La corrupción reglamentada es a mi juicio el problema más grave de todos. Porque coger un cascarero que se roba por ahí cien pesos o cobra una comisión no tiene misterio. Y en eso parece que fuera a terminar el escándalo de la salud. Las cuentas del propio gobierno revelan que en los solos recobros al Fosyga puede haber una defraudación de hasta 1,25 billones de pesos en 2010. Lo tendrán que establecer los jueces. Lo explico. Se trata de cobrar como No POS rubros que en el 50% son del POS. ¿Y eso fue que una funcionaria se enloqueció? No. La Federación Médica ha venido denunciando que en los precios de los medicamentos hay recobros con unas cifras difíciles de creer si no estuvieran en los documentos. Que yo sepa, no existen medicamentos de más de cien millones de pesos y aquí uno se encuentra, en solo dos años, con 96 mil millones de pesos en recobros de medicamentos de más de 100 millones de pesos, absolutamente documentados. Todo legal, por supuesto. El laboratorio vendió a ese precio y el que compró, compró, y qué le vamos a hacer, es que no es buen gerente. Y sobre esas cifras querían montar la UPC del año que seguía. Lo pone al descubierto el estudio de la Universidad Nacional de Colombia con el que yo empecé esta discusión. Inflaron las cifras de los gastos en medicamentos en un billón de pesos y no es ilegal lo que hicieron, porque las cifras son las que ellos dan y las dan como les da la gana. Entonces, como el escándalo estalló a partir del estudio de la Universidad Nacional de Colombia –y aclaro, a mí no me lo entregó la Universidad–, entonces el Ministerio no le quiere permitir a la Universidad salir a divulgarlo ni le quita tampoco la confidencialidad para que la Universidad no pueda defenderlo, mientras que los cancerberos de las EPS sí andan atacando en público a la Universidad Nacional de Colombia. Realmente, todo lo que está pasando es muy grave.

Segunda intervención:

Dos cosas más, para terminar. Lo primero, señalar que todo el mundo es consciente del nivel de corrupción del sector público, pero hay algo sobre lo que no hay claridad. Por norma, salvo el funcionario que se roba un cenicero o cosas menores, no hay corrupción en el sector público que no cuente por lo menos con un socio en la empresa privada. El hecho ha sido cuidadosamente velado, pero es real. La corrupción fundamental en el sector público no es una corrupción de yo con yo. Es la manguala con el laboratorio, con el contratista. Tantas cosas que se pueden hacer con la empresa privada. Es importante señalarlo.

Lo segundo. He enfatizado en la idea de que hay una corrupción que puede incluso terminar siendo legal en la medida en que el Estado acaba siendo tomado por los corruptos. Y expresé que había un problema de ley. En el caso de la salud, estoy seguro de que lo hay. La Ley 100 induce a la corrupción, que además se expresa en decretos, resoluciones y otras mil formas. En la contratación pública, cuando me refiero a la ley, no hago alusión a una específica, sino a la normativa, a la legalidad, que puedo resumir en una frase: el problema es el modelo de contratación. Sería muy raro que hubiera un modelo de contratación al que la ley no le abriera el camino, pero en lo que nos podemos poner de acuerdo es que si los corruptos se siguen tomando la posibilidad de crear la normativa, podría llegar a suceder que el día de mañana se lo roben todo y que todo fuera legal, lo que sería de una gravedad inaudita.

http://www.moir.org.co/-Jorge-Enrique-Robledo-.html