Lo que faltaba. El expresidente Uribe en el papel de víctima, de perseguido político. Que el gobierno Santos, para lucirse y adelantar su política contra la corrupción, lo quiere graduar de corrupto, que él siempre ha puesto la cara, que ha servido con transparencia al país… Esta vez echó el mismo monocorde discurso de siempre en el periódico La Tarde de Pereira.
El capítulo tres de una campaña de autodefensa y de defensa de los exfuncionarios de su gobierno comprometidos en toda suerte de escándalos, que empezó en diciembre del año pasado. El 2 de diciembre para mayor exactitud.
Ese día, en una extensa entrevista con su exvicepresidente Francisco Santos —recién estrenado como director de La radio de la mañana de RCN—, Uribe dijo que existía un ánimo de maltratar a su gobierno al que le hacían el juego la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía. El segundo capítulo fue hace pocos días en la W, donde defendió a los exministros Palacio y Gallego, cuestionados por los recobros del Fosyga y los contratos del Grupo Nule.
Para Uribe, su gobierno fue todo buena fe, todo transparencia, pero que yo recuerde no hay uno que haya estado implicado en tantos escándalos como el suyo. Un breve recuento para refrescar la memoria: el DAS del “buen muchacho” Jorge Noguera, al servicio de Jorge 40; la parapolítica, que comprometió a cerca de 60 aliados del Gobierno y agudizó el enfrentamiento con la Corte Suprema; la yidispolítica o el intercambio de votos por notarías para cambiar la Constitución y hacer posible la reelección; las ‘chuzadas’ y los seguimientos del DAS a magistrados, periodistas y opositores; las misteriosas reuniones de Job, hombre de Don Berna, y el abogado de éste en la Casa de Nariño con el secretario jurídico Edmundo del Castillo, también vinculado con el clan Nule; la reacción tardía frente a DMG, la pirámide de David Murcia, quien contribuyó con el referendo reeleccionista, plagado de irregularidades; las ejecuciones extrajudiciales, macabra estrategia para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla; el colapso de la salud y los recobros del Fosyga; irregularidades en la adjudicación de subsidios de Agro Ingreso Seguro y en la entrega de tierras por parte del Incoder; irregularidades en la DIAN, Findeter, Inco, Invías y Fondelibertad; las piñatas en la Dirección de Estupefacientes y en Ingeominas. En fin… Pero ni el expresidente reconoce responsabilidad por los altos funcionarios que nombró y que están comprometidos en los escándalos, ni éstos por lo que ocurrió en sus narices. Un gobierno de Pilatos.
El gobierno Santos no está graduando de corrupto al gobierno Uribe, lo están haciendo sus propios altos exfuncionarios, y con “honores”. No es persecución política, como pretende mostrarlo Uribe, que sí sabe de eso y fue el principal beneficiario del espionaje del DAS. Es corrupción, conductas ilegales de funcionarios de su administración que los órganos judiciales y de control han investigado y están sancionando. Tratar de convertir asuntos de índole penal en un debate político no le está funcionando. ¿Qué pretendía? ¿El silencio de un gobierno que cada día se distancia más del suyo? ¿Qué los ministros Vargas, Restrepo, Rodado, Cardona y Santamaría dejaran fermentando las ollas podridas que han descubierto?
El círculo se cierra y el expresidente se nota acorralado. Está perdiendo capital político —ni siquiera pudo imponer candidatos en su propia plaza— y aunque aún tiene fácil acceso a los medios y sabe desviar la atención cuando le tocan un tema que le incomoda o le molesta, su capacidad de manipulación ya no es la misma. Ya no es el presidente. Lo que está haciendo el gobierno Santos es dejar que la justicia actúe. Es la forma institucional de soltar amarras con su antecesor.
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