Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Después de un lustro de sufrimiento, se cumplió el máximo sueño de nuestra historia republicana: ¡El Congreso de Estados Unidos aprobó el TLC con Colombia! ¡Ya podemos reiniciar los trámites para que nuestro poderoso aparato productivo, respaldado por nuestro eficiente y transparente sector público, y apoyado en nuestra sólida infraestructura, invada triunfalmente ese gran mercado de 300 millones de ricos, desplazando a sombrerazos a los productores más eficientes y/o más subsidiados del planeta que hoy, porque no tenemos TLC, lo atienden!

Ahora se inicia el trámite ‘de la implementación’, en el que Colombia debe modificar toda su legislación para cumplir las obligaciones que el TLC le impone. Que EE.UU. no deba cambiar una coma en sus normas es lógico, pues el texto de ese ‘tratado’ fue escrito e impuesto en su totalidad por ellos. Se estima, en cambio, que aquí será necesario modificar o emitir más de 20 leyes, así como decenas, quizás centenares, de decretos y resoluciones, para que el Representante Comercial de EE.UU. (USTR) certifique que se puede ejecutar el Tratado (con especial énfasis en el verbo ejecutar).

El objeto de este trámite es garantizar los privilegios de los empresarios estadounidenses y eliminar cualquier vestigio de ventaja competitiva que los nuestros puedan tener, y tomará por lo menos un par de años, hasta que no haya palabra alguna en nuestras normas que pueda incomodar al USTR. Con él se garantizará, por ejemplo, el cumplimiento de las cláusulas de ‘anulación y menoscabo’ y ‘expropiación indirecta’ del TLC, las cuales establecen, en esencia, que el Gobierno deberá resarcir cualquier desmedro que, por acción del Estado colombiano, sufran sus inversionistas en las utilidades que esperan realizar en Colombia. O que Colombia no tenga ventaja alguna en el área laboral, pues lo clave es generar empleos allá, no acá.

El TLC incluía cláusulas de propiedad intelectual que le iban a ocasionar a Colombia sobrecostos en medicamentos del orden de US$1.500 millones anuales. La Iglesia Católica, Misión Salud y Oxfam América lograron que la dirigencia demócrata del Congreso de los EE.UU., reversara este daño con el Protocolo Modificatorio que hizo firmar a las partes. Existe el riesgo muy claro de que, por presión de sus multinacionales farmacéuticas, el USTR busque en esta etapa restablecer los privilegios que su propio Congreso rechazó. En cambio, aunque pudiera asustarles nuestro gran progreso educativo, pues ya contamos con dos universidades entre las primeras 500 del mundo, ahí probablemente su pretensión será simplemente dejar claro que, para ellos, la educación universitaria es sólo un servicio más y que, como tal, podrán prestarlo entidades con ánimo de lucro.

En algunos otros temas los místeres no necesitarán la ayuda del USTR. El Banco de la República, por ejemplo, les garantizará que aquí siempre paguemos intereses ruinosamente más altos que los que ellos pagan y, si puede, que la tasa de cambio les favorezca. O nuestros tecnoburócratas, que aquí la energía sea más cara y que los precios de nuestros combustibles superen ampliamente los que cobran allá. Y además, mientras cuenten en nuestro Gobierno con tan preclaros representantes de la línea Maturana como el ministro que considera innecesario prepararse para el TLC porque “la mejor forma de aprender a nadar es tirándose al agua”, ¿de qué se preocupan?

Por Emilio Sardi