Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El pasado 18 de noviembre la ministra de vivienda Beatriz Uribe anunció el fin de los controvertidos Planes Departamentales del Agua -PDAg-, señalando que los mismos habían caído en la burocracia y que en consecuencia se buscaría un mecanismo más efectivo para la mejora de la prestación del servicio del agua en Colombia, soportado en la ley de vigencias futuras, y advirtiendo la masiva entrada de operadores privados al país bajo la falsa premisa de que son ellos quienes saben operar un sistema de agua de manera sostenible.

Genera gran asombro que solamente después de casi cinco años de despilfarro de recursos económicos, y de perpetuar la precariedad en el acceso al agua por parte de las y los colombianos, se ponga fin a la implementación de los a todas luces fallidos e inadecuados instrumentos de política de agua definidos en el Plan Nacional de Desarrollo del segundo mandato del gobierno Uribe. Pero, resulta aún más sorprendente el anuncio del reemplazo de esta monumental política de burocracia y corrupción, con la entrada directa de operadores privados a las empresas prestadoras del servicio. Si se tiene en cuenta que el modelo de prestación de agua y saneamiento básico impuesto desde el año 1994 por el Banco Mundial, y en el que se prioriza la participación del sector privado, no ha tenido mejoras sustanciales para el país, ni para las poblaciones más necesitadas del acceso al líquido vital, como puede comprobarse en ciudades principales de la costa caribe colombiana, no es perceptible para ninguna forma de la racionalidad humana el anuncio de la ministra como alternativa para desenredar el oscuro panorama heredado por los PDAg al país. No parece que el endurecimiento de la privatización sea el mejor camino, cuando después de 16 años de entrada de los operadores privados en Colombia, únicamente el 31% de los colombianos recibe agua potable de calidad, según lo señala la Defensoría del Pueblo en su estudio anual de calidad del agua.

Desde la aparición de los PDAg, importantes iniciativas sociales y procesos como el Referendo por el Agua y el Movimiento por el Agua en Colombia denunciaron la inviabilidad de una política construida sin perspectiva territorial, con un modelo financiero insostenible basado en el endeudamiento con la Banca Multilateral (curiosamente los mismos promotores de la política), con desbalances en las relaciones campo – ciudad, sin perspectiva de solución a los problemas de agua de la ruralidad y con contradicciones de fondo con el modelo de desarrollo territorial. Sin embargo, estas voces no fueron escuchadas y se insistió en la implementación de los PDAg a los que hoy se pone fin, pero en los que se realizó una inversión cercana a los 800.000 millones de pesos, según las cifras del gobierno, aun cuando sus posibilidades de éxito eran nulas, como lo demuestra el atraso en las dos etapas finales de estructuración e implementación.

En contraste a la multimillonaria inversión realizada en el fracaso de los PDAg, las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua continúan sin el apoyo del gobierno colombiano para el ejercicio democrático que por décadas y generaciones han realizado desde la solidaridad y reciprocidad para con sus hermanas y hermanos, llevando el agua hasta sus hogares y entendiéndola como un bien común y derecho fundamental. Acueductos comunitarios que también desde la aparición de los PDAg señalaron sus voces de rechazo al no ser consultados de ninguna manera ni tenidos en cuenta para la definición de la política en la que se juega incluso la posibilidad de supervivencia de la población, debido al carácter estratégico y vital de las aguas.

Ahora, nos asalta una serie de dudas respecto al anuncio de la ministra de vivienda Beatriz Uribe el pasado 18 de noviembre: ¿Cuál es el nuevo “plan” del gobierno colombiano para cumplir con el mejoramiento del acceso al agua por parte de las y los colombianos? ¿Si es que ese plan existe, ha sido construido teniendo en cuenta los aspectos advertidos desde la sociedad colombiana y que al no ser valorados llevaron al fracaso rotundo de los PDAg? ¿Cuál es la relación o continuidad entre las estructuras creadas por los PDAg y la llegada de los operadores privados a empresas en las que aún no tienen el control? ¿En qué se basa la afirmación según la cual los operadores privados tienen la capacidad para desarrollar modelos empresariales sostenibles? ¿No son acaso argumentos similares a los que se recurrió para la adopción de los PDAg, y que hoy se caen por su propio peso? ¿Cuáles son los planes de manejo de las vigencias futuras y la protección de las mismas para no caer en el mismo proceso de burocratización en el que desembocaron los PDAg?

Es necesario advertir que el fin de los PDAg no puede considerarse como un avance en la búsqueda de la mejora en los servicios de agua potable y saneamiento básico, ni como la búsqueda del reconocimiento en Colombia del agua como un bien común y derecho fundamental, pues el correlato del fin de este instrumento es la continuidad en la entrada directa de operadores privados al sector. Sin embargo, se corrobora que el Movimiento por el Agua colombiano ha tenido la claridad suficiente para descifrar la inoperatividad de los instrumentos de política pública creados por el gobierno colombiano y para sentar su voz de advertencia y rechazo a tiempo, mostrando a su vez que la política de agua se construye sin participación social y por tanto no responde ni a las necesidades de la población, ni a tendencias internacionales de fortalecimiento del sector público y comunitario para saciar la sed de los pueblos (como la remunicipalización de empresas en Francia, o la declaratoria del agua como bien común y derecho fundamental en países como Bolivia, Uruguay, Ecuador, etcétera).

Finalmente, el interrogante principal tiene que ver con hasta cuándo el gobierno colombiano continuará construyendo “iniciativas” ajenas a las necesidades reales de la población y a mecanismos de participación popular que aseguren la construcción de una política pública de cara a la realidad del sector de agua potable y saneamiento básico en el que lo público y comunitario jueguen el papel principal en la gestión del agua y en la toma de decisiones de acuerdo a principios democráticos, recíprocos y solidarios. ¿Cuántos fracasos más debemos esperar para que el gobierno colombiano entienda que la política pública la construyen los pueblos y no las oficinas ministeriales que les llevan a su fracaso, al tiempo que se despilfarran los recursos económicos y las comunidades continúan en la paradoja de morir de sed en medio de inundaciones, burocracia y corrupción?

http://censat.org/articulos/10024-analisis/10359-fin-de-los-planes-departamentales-del-agua-continuidad-de-la-privatizacion-directa