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El gobierno de Brasil presentó ante la opinión pública, el pasado 12 de enero de 2012, un conjunto de medidas legales y políticas destinadas a “ordenar” la creciente inmigración haitiana, así como  regularizar la situación migratoria de más de 4 mil haitianas y haitianos que se encuentran de manera irregular en su territorio.

Del mismo modo, las autoridades brasileñas prometieron de aquí en adelante frenar la “ola” de haitianos hacia sus fronteras a través de amenazas de deportación contra todos los haitianos que ingresen de manera irregular al país.

La nueva política de Brasil ante la migración haitiana oscila entre las promesas de regularización y las amenazas de deportación. Esta política que se define como humanitaria tiene una limitada probabilidad de éxito por adolecer de una visión regional y de un enfoque de protección de los derechos humanos de los migrantes.

La nueva normativa migratoria

El Consejo Nacional de la Inmigración (CNI), organismo dependiente del Ministerio brasileño del Trabajo y del Empleo, publicó el 13 de enero de 2012 en la página 59 del Diario Oficial de la Nación brasileña (Diário Oficial da União[1]) la Resolución normativa número 97 sobre los migrantes haitianos. Dicha Resolución, firmada por el director del CNI, el señor Paulo Sérgio de Almeida, consta de 5 artículos.

El primer artículo de la pieza legal estipula que todo nacional haitiano podrá recibir, por razones humanitarias (a raíz de la agravación de las condiciones de vida de la población haitiana luego del terremoto del 12 de enero de 2010), una visa con duración de 5 años y una cédula de extranjería.

El segundo artículo establece que esta visa “humanitaria” será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (o la Cancillería) de Brasil a través de la Embajada brasileña acreditada en Puerto Príncipe. Un total de 1.200 visas será concedido a los haitianos cada año, con un promedio de 100 visas mensuales.

El tercer artículo advierte que el ciudadano haitiano que se haya beneficiado de la visa humanitaria deberá, poco antes de la fecha de vencimiento de dicha visa, comprobar su situación laboral para poder permanecer en Brasil y renovar su cédula de extranjería.

Los dos últimos artículos definen la vigencia de la Resolución desde la fecha de su publicación (el 13 de enero de 2012) hasta un periodo de dos años, con la posibilidad de ser prorrogada eventualmente.

Las medidas políticas

En una conferencia de prensa realizada el 12 de enero de 2012, el ministro brasileño de la justicia, el señor José Eduardo Cardozo, aportó algunas precisiones sobre la Resolución normativa arriba mencionada, así como un conjunto de medidas políticas complementarias para frenar la ola migratoria haitiana.

Por ejemplo, el alto funcionario del gobierno de Dilma Rousseff explicó que esta nueva modalidad de visa humanitaria para los haitianos es diferente de los otros tipos de visa de estudio, turismo o trabajo, ya que el solicitante de esta nueva visa no está obligado a responder a todos los criterios y exigencias requeridos por Brasil.

Con esta medida migratoria “flexible” y “humanitaria”, cuyo plan de acción concreto para su operativización aún no ha sido precisado por la administración brasileña, la Resolución trata de “abrir un canal formal y legal para la inmigración haitiana”, al tiempo que se propone luchar contra las redes de trata y tráfico ilegal de migrantes.

Se trata de ordenar la migración haitiana hacia Brasil, insistió Cardozo, advirtiendo que de aquí en adelante todos los ciudadanos haitianos necesitan visa para ingresar al territorio brasileño.

Todos los haitianos que se encuentran en Brasil antes del 12 de enero de 2012 serán regularizados y recibirán la visa humanitaria, prometió. Sin embargo, los que lleguen de manera irregular después de esta fecha serán invitados a dejar el país y, en caso de su negativa a salir del territorio, serán deportados, concluyó en un tono firme.

Análisis

La nueva política migratoria de Brasil puso fin a dos años de ambigüedad del gobierno de Dilma Rousseff respecto a la situación de los migrantes haitianos que se encuentran en su territorio luego del terremoto del 12 de enero de 2012.

De manera oficial, el gobierno brasileño decide otorgar visas humanitarias con una duración de 5 años a los haitianos que llegaron al país suramericano hasta el 12 de enero de 2012. Sin embargo, ni la Resolución normativa ni las medidas políticas anunciadas se pronuncian formalmente sobre el tema de la reunificación familiar de los migrantes haitianos que beneficiarán de la visa humanitaria.

La migración haitiana funciona a través de amplias redes sociales y migratorias tejidas desde su país de origen y en múltiples países de tránsito. Cada vez más los migrantes haitianos optan por viajar junto con sus familiares principalmente nucleares o, en la mayoría de los casos, deciden traerlos a su país de llegada con la “ayuda” de traficantes. De ahí la importancia de crear también un canal legal bien definido para los procesos de reunificación familiar.

Otro gran ausente de la nueva política migratoria de Brasil es el tema de la protección de los migrantes haitianos durante su periplo hacia el territorio brasileño y en la frontera común con Perú y Bolivia.

Al cerrar su frontera con Perú a nivel del río Acre y al militarizarla, el gobierno brasileño espera frenar la migración haitiana hacia la ciudad de Brasiléia ubicada en el Departamento del Acre; lo que parece más bien una ilusión. Lo único que se logra con este endurecimiento es provocar una dramática situación humanitaria contra los migrantes haitianos que se quedan varados en el lado peruano de la frontera.

Del mismo modo, ocasiona la perpetración de abusos y violaciones contra los derechos humanos de los haitianos que intentan buscar nuevas rutas por el lado boliviano de la misma triple frontera Brasil-Bolivia-Perú para poder llegar a Brasiléia.

Por ejemplo, más de 250 haitianos se encuentran actualmente varados en la pequeña localidad peruana  de Iñapari en la región fronteriza de Madre de Dios. Los policías federales brasileños les han impedido cruzar hacia Brasil, mientras que, según Celso Curi, el alcalde de la localidad peruana habitada por 2.500 personas, los servicios han comenzado a colapsar[2].

De la misma manera, los haitianos que pasaron por la frontera de Bolivia, al sur de la ciudad de Brasiléia, para poder ingresar al territorio brasileño, señalaron haber sido víctimas de robo de su dinero y otras pertenencias suyas; en especial, las mujeres haitianas declararon haber sido tocadas y manoseadas por agentes policiales bolivianos, según los testimonios recogidos el 19 de diciembre del año pasado en Iñapari por organizaciones de derechos humanos de Brasil, Bolivia y Perú[3].

Lo humanitario no sustituye la protección de los derechos humanos

Para poder gestionar de manera eficaz la migración haitiana, el gobierno de Brasil debe llegar a un acuerdo multilateral con sus homólogos de los vecinos países, Perú y Bolivia, e incluso con otros países suramericanos implicados en el flujo haitiano tales como Ecuador, Chile y Argentina. Se debe de adoptar una visión regional para ordenar la migración haitiana hacia Sur América.

Además, sería contraproducente que la nueva política migratoria de Brasil, por más humanitaria que fuera, siguiera contribuyendo a generar más violaciones y abusos contra los derechos humanos y la dignidad de los migrantes haitianos. Brasil, así como los demás países de la región, firmaron y suscribieron una serie de instrumentos de derechos humanos a nivel internacional y regional que les obligan a proteger los derechos de la persona humana, más allá de la nacionalidad y el estatus migratorio que tenga.

Es lamentable que los principales organismos regionales encargados de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos en la región, tales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA), aún no se hayan pronunciado públicamente sobre la necesidad de defender los derechos de los migrantes haitianos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y con necesidad de protección internacional.

Finalmente, la nueva política migratoria no menciona las medidas y las estrategias que el gobierno brasileño planea adoptar para integrar a la población haitiana en la sociedad nacional. Esperamos que las autoridades brasileñas contemplen un plan de integración digna y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes haitianos en Brasil.

Lo humanitario no puede sustituir, en ningún caso, la protección de los derechos humanos.

ALAI