Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Como un hecho histórico calificaron los mayores de los pueblos indígenas Guambiano Paez que conviven en el Resguardo ‘La Reforma’ en la inspección de Belén del municipio de la Plata -Huila, la entrega de unos predios de su territorio que desde hace 11 años estaban siendo ocupados por una base militar de la Novena Brigada, pese a ir en contra de las normas nacionales e internacionales de protección de las comunidades indígenas.

El 27 de enero no fue como otros viernes para los habitantes de la inspección de Belén y mucho menos para los indígenas del Resguardo La Reforma, ese día desde la distancia, observaban con incertidumbre y expectativa el retiro de la Base Militar del Batallón de Infantería 26 Cacique Pigoanza, que desde el 2001 ocupaba parte de su territorio. El mismo que habían dejado de cultivar, de cuidar, bailar, cantar, nutrir y acompañar como les enseñaron sus ancestros.

El Resguardo La Reforma fue constituido legalmente según la Resolución 032 del 24 de septiembre de 2001. Cuenta con 154 Hectáreas, de la cuales 17 Has son reserva. En el habitan cerca de 34 familias que constituyen un total aproximado de 237 personas. Estas familias fueron desplazadas luego de la avalancha del Río Páez y llegaron a la zona en el año 1995. Seis años después el Estado Colombiano reconociéndoles como pueblo originario les otorga el territorio que hoy habitan.

Los Guambiano Páez aún mantienen su lengua natal Guambiana y Nasa yuwe, que hablan con cierta fluidez tanto jóvenes como mayores. De tradición agrícola, el trabajo de la tierra constituye su principal fuente de sustento, la “madre tierra” representa para ellos una realidad amistosa y benévola.  Comunidad y tierra constituyen una unidad en la cual ninguna de sus partes puede sobrevivir independientemente.[1] Como pueblos originarios buscan desde la relación con la tierra y la autonomía de su territorio, como parte fundamental de su cosmovisión, la recuperación total de su identidad étnica y sus costumbres culturales.

Es por ello que la ocupación de su territorio por los militares representó serias consecuencias para su sustento y procesos socio-culturales. Ocupación que inició en el año 2001 cuando el batallón se instala en los predios de la estación de policía, y empiezan a tomar predios del resguardo sin hacer las consultas previas, ni contar con su consentimiento como lo establece el Convenio 169 de la OIT y el Decreto 1397 de 1996.

11 Años de resistencia

La comunidad indígena en representación de su gobernador, hizo los reclamos en mayo 29 de 2003 ante el capitán de la base militar y el ministro de Defensa de entonces, sin obtener respuesta alguna. El 25 de agosto de 2010, se realiza una audiencia pública en el marco de la II Caravana Internacional de Juristas organizada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Abogados sin Fronteras del Canadá y la Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos (CAPS). En esta audiencia, las autoridades del resguardo, un delegado del Consejo Regional Indígena del Huila -CRIHU- y el Teniente Coronel Luís Erazo Arteaga firman un acta en la que se acuerda la reubicación de la base militar Belén y se establece un plazo de un año contado a partir de la fecha para ello.

No obstante, el 27 de julio de 2011 a pocos días de cumplirse la fecha acordada, la comunidad indígena otorga ampliar el plazo a seis meses en un gesto de buena voluntad, siendo el  27 de enero de 2012 la fecha en que retornarían sus territorios.

El día llegó, y en un hecho sin precedentes el Ejercito Nacional hizo entrega oficial del territorio que los militares del Batallón de Infantería 26 Cacique Pigoanza ocupaban. “Este es un hecho histórico, de gran importancia para la unidad de nuestros pueblos y la defensa de nuestros territorios” señaló Leonardo Homen Quinaya, presidente del CRIHU, al igual que los mayores del Resguardo la Reforma y gobernadores de otros pueblos indígenas del Huila y del Cauca que acompañaron la jornada.

De esta manera se da cumplimiento a la Constitución Política Colombiana de 1991 que declara en el artículo 63 las tierras comunales de grupos étnicos como inalienables, imprescriptibles e inembargables; y en los  artículos 286  y  329 se determina que los territorios indígenas son entidades territoriales y se les brinda protección.

El acta de entrega fue firmada por el Sargento Arley Sierra Pérez, en representación del Teniente Coronel Fernando López Colmenares, comandante Batallón No. 26 Cacique Pigoanza quien entregó el predio de 200 metros cuadrados perteneciente al cabildo indígena la Reforma, al gobernador Floriberto Andela Cuene, siendo observadores la Defensora del Pueblo del Huila, la doctora Constanza Arias y el Responsable Territorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, Huila –PNUD- Alfonso de Colsa.

En el acta, se garantiza que “el terreno se encuentra limpio de material explosivo que atente contra la integridad del personal o habitantes de la población. También se llega a un acuerdo por el cual se permite al Ejercito Nacional que en un plazo de 8 días a partir de la firma del documento, den por terminadas todas las obras correspondientes al desalojo de la base militar incluyendo la destrucción de las trincheras y el retiro de todo el material que se necesite para la instalación de la nueva base, por lo cual se dará por terminado el proceso de entrega del predio al Resguardo indígena”.

Por su parte, las autoridades indígenas solicitaron que se entregara cercado el predio y que la población civil no participara en las obras de levantamiento de la base militar, ni hiciera presencia en los terrenos del cabildo sin su autorización.

El camino

En Colombia las comunidades indígenas son unas de las más afectadas por el conflicto armado del país y durante los últimos años en sus informes de Derechos Humanos, han denunciado la ocupación de sus territorios por los distintos grupos armados legales e ilegales, que ponen en peligro sus derechos fundamentales y culturales. Lo ocurrido en Belén en el suroccidente del Huila sin duda se convierte en un precedente para otras luchas de los pueblos indígenas del país que reclaman su derecho al territorio, a su autonomía y su protección conforme a la ley y a los tratados internacionales que les cobija.

La organización indígena encabezada por el CRIHU, el acompañamiento efectivo de colectivos de abogados como CAPS, así como del Ministerio Público, las organizaciones Internacionales y las organizaciones sociales fue clave en este proceso de defensa del territorio.
Representantes Consejo Regional Indígena del Huila -CRIHU-
El reto para los Guambiano Paez, es liberar las tensiones generadas por la reubicación de la base militar con algunos de los representantes de la población campesina, que ven con incertidumbre no contar con la presencia de los militares en la zona, así como hacer uso de los recursos que les otorgue la ley para la reparación por los daños causados durante la toma de sus terrenos.

Con un sentido ritual de purificación de la tierra, los cabildantes de La Reforma, en compañía de los gobernadores de los Resguardos Juan Tama, La Estación Talaca, Potrerito, San Miguel, La Gaitana, Los Ángeles, Nuevo Amanecer, Misak, entre otros del Huila y el Cauca, seguidos de las organizaciones acompañantes y la guardia indígena, retornaron por primera vez luego de 11 años de espera a su territorio sagrado, el mismo en el que cultivarán y construirán casas las nuevas familias del Resguardo.

MARÍA ILSE ANDRADE SORIANO

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