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Gobierno de Santos origina conflicto social al privilegiar a transnacionales exterminando a pequeños y medianos mineros. El gobierno del presidente Santos está incubando un enorme problema social que puede terminar en ola de violencia, al empeñarse en acabar con la actividad de los pequeños y medianos mineros del país, para favorecer única y exclusivamente a las transnacionales, entregándoles alrededor del 40% del territorio colombiano

para la explotación minero-energética a gran escala.La grave afirmación la hicieron directivos de la agremiación Conalminercol que realizó una asamblea extraordinaria en Bogotá el pasado sábado 4 de febrero con el propósito de determinar acciones de resistencia civil y protesta pacífica contra la política entreguista de los recursos naturales al capital transnacional en concordancia con la denominada “confianza inversionista”, heredada de la funesta administración (2002-2010) del cuestionado Álvaro Uribe Vélez.

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) agrupa a medianos y pequeños empresarios del sector de 18 departamentos del país, organizados, a su vez, en cuatro federaciones, tres cooperativas y 45 asociaciones. Esta importante confederación reúne a alrededor de 300 mil afiliados que se ven notablemente perjudicados con la llamada “locomotora minera” de Santos.

“Nosotros, los medianos y pequeños mineros de Colombia somos los rieles de esa locomotora porque nos va a pasar por encima”, afirman gráficamente los líderes de este gremio de empresarios.

Para la directora ejecutiva de Conalminercol, Luz Stella Ramírez Guevara, está claro que el gobierno de Santos viene a poner en marcha la maquinaria que dejó instalada Uribe Vélez para el aprovechamiento del recurso minero por parte de las transnacionales.

A ello obedece, explica, el desprecio del gobierno por el pequeño y mediano empresario de la minería y la negativa de Santos a darle interlocución.

Estigmatización del gobierno Pero algo más grave, agregan Vicente Jiménez y Nicolás Herrera, mineros de Córdoba y del oriente antioqueño respectivamente, es que “el gobierno de Santos nos trata como ilegales y hasta de terroristas pero nosotros pagamos impuestos y somos responsables del 85% de las exportaciones por concepto de explotación de metales preciosos en Colombia”.

No obstante el hecho de que los medianos y pequeños mineros cumplen con sus obligaciones tributarias y están formalizados como empresarios, la administración santista busca estigmatizarlos, hasta el punto que el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, conocido de autos (por el caso Dragacol en el que siendo ministro de Transporte durante el gobierno de Andrés Pastrana favoreció mediante conciliación a esta empresa que defraudó a la Nación), se atrevió a señalar que iban a ser bombardeados y perseguidos militarmente porque son cómplices de las bandas de grupos paramilitares y de la guerrilla, y además, los calificó como “la coca del momento”.

Por eso, afirman los directivos de Conalminercol, “somos víctimas del terrorismo de Estado” propiciado por el propio titular de la cartera de Minas y Energía.
Informales pero no ilegales

Los voceros de este gremio minero señalan que dentro de la actual legislación del ramo que fue elaborada expresamente para favorecer a las empresas transnacionales, son considerados informales, pero ello no quiere decir de ninguna manera, subrayan, “que seamos ilegales”.

Al preguntarles el por qué de su informalidad, explican que de acuerdo con el Código de Minas expedido en 2001 durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana, se considera informal a todo minero que no cuente con el respectivo título para realizar la actividad de explotación en determinada zona.
Si bien no cuentan con los títulos, estos empresarios afirman que ejercen una actividad ancestral y que no puede venir el Estado de la noche a la mañana a decirles que son un estorbo para la inversión extranjera y deben abandonar su trabajo del cual dependen en Colombia en forma directa más de dos millones de personas, sin plantear ninguna alternativa de reconversión laboral.

“Todo el tiempo, desde la época de la colonia se ha hecho minería sin títulos, nuestra actividad es tradicional”, afirman.
Saqueo a las comunidades por parte de las transnacionales mineras La legislación minera en Colombia que se adecuó en el gobierno de Pastrana con la reforma al código del ramo a los intereses transnacionales y que se profundizó aún más en la administración Uribe con la Ley 1382 de 2010 para garantizar la expoliación y el saqueo, constituye una política apátrida que ahora pone a funcionar la “locomotora” santista.

En efecto, el código fue elaborado por los abogados de las mismas multinacionales, quienes lo redactaron y concibieron de acuerdo a sus intereses. En forma solapada intervinieron los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos para imponer las condiciones que se adapten a las tendencias de la globalización neoliberal y que fundamentalmente buscan sacar al Estado de la explotación directa de los recursos naturales y entregárselos al capital transnacional a precios irrisorios.
Para sacar a los medianos mineros de su actividad los igualaron con las transnacionales en cuanto a los estándares de exigencias. Así por ejemplo, se eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería y fueron absorbidas en las llamadas “Unidades Productivas Mineras” en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista.

Fijó un nuevo esquema contractual a través de la figura de la concesión, que se convirtió en la única forma de contratar con el Estado, incluso en áreas de reserva minera especial.

Además, la legislación colombiana definió nuevas reglas para la expedición del título minero; eliminó el requisito de contar con licencia ambiental en la fase de exploración; y consideró a la minería como una industria de interés público al capital privado, independiente de su escala de explotación.
Pero ahí no paran las gabelas, se introdujo la figura denominada de “necesidad de bienes” que tiene como propósito la facultad de expropiar y/o de comprar por parte de las transnacionales aquellas áreas consideradas de interés público. De esa manera obligan a comunidades y a medianos empresarios mineros a salir de sus tierras y zonas de explotación, desplazándolos y abandonándolos a su suerte.

Minería en el marco del medio ambiente

Aunque reconocen que la actividad minera genera un impacto medioambiental, los agremiados a Conalminercol afirman que siempre han estado dispuestos a acogerse a las normas ecológicas.

“Podemos hacer minería en el marco del medio ambiente”, afirman pero acusan al Estado colombiano de ser permisivo y de no hacer cumplir las normas para reducir las consecuencias funestas que esta actividad genera en los ecosistemas.

“El problema –agregan- es que el gobierno no ha hecho nada en auditoría minera” y ahora que quiere entregarle el monopolio de la explotación de esta actividad a las transnacionales, sindica de grandes contaminadores del medio ambiente a los pequeños y medianos empresarios.

En contraste, está más que comprobado que la minería a gran escala y a cielo abierto que desarrollan las transnacionales no solo atenta de manera irreversible la naturaleza, sino que, además, afecta la salud de los seres vivos, acaba con recursos indispensables como el agua y contamina el aire.
En todas las actividades de Colombia se “vacuna”

En su afán de criminalizar la actividad minera de los pequeños y medianos empresarios, el gobierno de Santos los ha señalado con el dedo acusador de ser cómplices de las bandas criminales y de la guerrilla en su financiación. Es decir, que esta es una fuente de recursos económicos para los grupos al margen de la ley.
Los directivos de Conalminercol aceptan que son objeto de “vacuna” no solamente de las bandas paramilitares y la guerrilla sino también de lo que ellos denominan “las águilas verdes” (miembros de Policía y Ejército).
“En todas las actividades que son rentables en Colombia se ‘vacuna’ y las águilas verdes son las que más cobran, bajo la mirada permisiva y cómplice del mismo Estado”, señalan.

Integración de área y gobernabilidad

Utilizando el argot neoliberal impuesto por el Banco Mundial las transnacionales en complicidad con el gobierno colombiano disfrazan sus acciones de imposición y de compra de apoyos en las comunidades con términos eufemísticos como “integración de área” o “gobernabilidad”. Se trata de imponer “el gobierno de las palabras” con el propósito de “disciplinar y ocultar los conflictos sociales”, como bien señala el politólogo español Juan Carlos Monedero.

“Integración de área” para las transnacionales mineras y el código minero colombiano hecho a su medida, es la posibilidad de acceder a áreas de exploración y explotación a como dé lugar forzando a los propietarios a vender. En otras palabras, el propietario no tiene otra alternativa: “negocia o negocia”.

Y por “gobernabilidad” se entiende la capacidad que tienen las transnacionales de cooptar, comprar apoyos, financiar actividades políticas y sociales en las comunidades para acallar su protesta o inconformidad ante el impacto negativo que genera la actividad minera a gran escala.

No ha sido fácil obtención de “licencia social” en Colombia

Pese a la obsecuencia del gobierno colombiano a los requerimientos del capital financiero transnacional y a todas las gabelas que le ha concedido, no ha sido fácil para las gigantes empresas foráneas que explotan la minería a gran escala obtener lo que ellas denominan en su lenguaje eufemístico “licencia social”, que no es otra cosa que el ablandamiento y aquiescencia de las comunidades.

Casos como la resistencia social contra las minas de la Colosa en Cajamarca, Tolima; Santurbán en Santander; y Marmato en Caldas; para no citar más de tres ejemplos, han dificultado la viabilidad de los proyectos mineros de las transnacionales que hacen presencia en Colombia. Por ello es que sus directivos no solo están preocupados, sino molestos con el gobierno debido a que no han podido avanzar.

Adicionalmente, pese a los millonarios presupuestos que las transnacionales se gastan anualmente en “gobernabilidad”, amplias zonas del país ven en la minería a gran escala una verdadera amenaza, por lo que es previsible que sigan aumentando las protestas y la resistencia sociales contra esta actividad. Al fin y al cabo, el gobierno colombiano ha concesionado a estas empresas en su mayoría canadienses y norteamericanas, más de 38 millones de hectáreas, cuya explotación minero-energética amenaza en convertir el país en un territorio devastado y sin vida en el mediano y largo plazo.

Resistencia civil y protesta pacífica

A lo anterior se suma el descontento de los pequeños y medianos empresarios mineros que van a verse desplazados tanto por el gobierno de Santos como por las transnacionales que tienen como único objetivo sacarlos del negocio.

Obviamente que, como advierten los directivos de Conalminercol, no van a dejar que los desplacen y van a luchar cueste lo que cueste, por continuar en su actividad.
Por eso se preparan para enfrentar su lucha de reivindicación y conservación de su trabajo. En Bogotá, en su última asamblea extraordinaria, acordaron adoptar una serie de acciones para hacerse escuchar ante el gobierno de Santos.

En medio de los múltiples conflictos que vive Colombia, este es otro más que se abre debido a las criminales medidas neoliberales y a las actitudes obsecuentes de gobiernos cipayos como los que han regido Colombia durante buenas parte de su desventurada historia.

http://www.argenpress.info/2012/02/gobierno-de-santos-origina-conflicto.html