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El 5 de enero pasado, en medio de generalizada preocupación por la ola de incendios que afectaban el sur de Chile, y que mantenían en alerta a las regiones del Maule, Biobío y Magallanes, una trágica noticia llegó urgente desde la región de La Araucanía.

Chile, entre el fuego y el terrorismo

El 5 de enero pasado, en medio de generalizada preocupación por la ola de incendios que afectaban el sur de Chile, y que mantenían en alerta a las regiones del Maule, Biobío y Magallanes, una trágica noticia llegó urgente desde la región de La Araucanía. Siete brigadistas que combatían un siniestro en el fundo Casa de Piedra, perteneciente a la forestal Mininco, habían muerto en el momento en que combatían el fuego que arrasaba miles de hectáreas de bosque. Los dramáticos testimonios de los sobrevivientes de la tragedia, quienes relataron cómo sus compañeros se vieron envueltos por las llamas sin poder huir a tiempo para salvar sus días, causaron conmoción nacional.

Pero la situación se tornaba aún más compleja para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que pocos días antes había estado en el ojo del huracán, cuestionado por la escasa rapidez para responder a la contingencia del incendio del parque nacional Torres del Paine, uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros en Chile.

Horas después, el mismo Piñera anunciaba desde el Palacio de la Moneda que el Ejecutivo invocaría la Ley Antiterrorista —que permite al Estado llevar a juicio a quienes provoquen incendios—, asegurando que contaban con información “confiable” para presumir la existencia de “una intencionalidad criminal” en el hecho.

Sus palabras fueron reforzadas por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, quien en representación del Gobierno dijo que el siniestro de Carahue tendría algún vínculo con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) —entidad dedicada a la reivindicación de las demandas territoriales mapuche—, luego de que ésta, días antes, supuestamente se autoadjudicara un atentado incendiario contra un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la misma región.

“Hace pocos días veíamos cómo un helicóptero era atacado y posteriormente este ataque reivindicado por la CAM. Pocos días después vemos incendios que curiosamente se encienden en un mismo instante en distintos puntos, que han afectado esta región y otras regiones del país”, argüía el secretario de Estado.

Las alarmas se encendieron de inmediato entre en las comunidades mapuche de las zonas afectadas, así como también en las organizaciones de derechos humanos y parlamentarios, quienes veían con estupor cómo el Gobierno hacía acusaciones cuando aún no se iniciaba la investigación por parte del Ministerio Público.

Pero el daño estaba hecho. En los días posteriores, representantes de la etnia no sólo acusaron que tras el anuncio del Ejecutivo se habían producido una serie de allanamientos en las comunidades por parte de la Policía, en busca de pruebas que los relacionaran con los incendios, sino que además emplazaron al Gobierno de Piñera por haber decidido aplicar una medida “racista”, basada en un “montaje”, para justificar la militarización de una zona en continua pugna con las forestales, que por años han ocupado tierras ancestrales.

Un problema de vieja data

No es la primera vez que en Chile se intenta establecer un nexo entre incendios que han afectado a las forestales y las comunidades mapuche. El conflicto en estas tierras de la región de La Araucanía —históricamente habitadas por la etnia— se arrastra desde la década de los setenta, período en el cual, bajo el alero de la dictadura de Augusto Pinochet, las madereras, que pertenecen a los principales conglomerados económicos chilenos, como el grupo Angelini, Endesa Chile (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) y la familia Matte —dueña de forestal Mininco S.A.—, lograron establecer una verdadera hegemonía en la zona.

Tras el arribo de la democracia en los años noventa, y durante el gobierno del concertacionista Patricio Aylwin, dichas empresas se vieron beneficiadas por la modificación de la Ley 18.314, denominada también Ley Antiterrorista, que incorporó la figura de los atentados incendiarios dentro del estatuto.

De dicho modo, en 1999, en medio de la agudización de las demandas de la etnia por la recuperación de territorio, Mininco responsabilizó a las comunidades mapuche de provocar un incendio que afectó una de sus haciendas, fustigando al gobierno de turno, encabezado por el demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para que invocara la mencionada ley.

Sin embargo, en paralelo surgió una serie de denuncias por parte de brigadistas que trabajaban en una empresa de seguridad que prestaba servicios a la maderera, quienes hicieron la acusación de que el incendio había sido un autoatentado. Dichos antecedentes llegaron a las manos de algunos de los parlamentarios, como fue el caso del senador del Partido Por la Democracia (PPD) y actual presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Eugenio Tuma. “Recibí denuncias anónimas que me señalaban que las empresas de seguridad, con el objeto de obtener los contratos respectivos para proteger los bienes de las forestales, habrían hecho un montaje de amenazas de incendio para acrecentar el interés de las compañías. Sin embargo, quienes hicieron las denuncias después se retractaron, porque tenían temor por su fuente laboral”, explica.

En 2003 se suscitó un hecho similar, cuando los lonkos (máximas autoridades mapuches) Pascual Pichún y Aniceto Nerín fueron acusados de provocar un incendio que afectó un fundo perteneciente al exministro de Agricultura del gobierno de Aylwin, Juan Agustín Figueroa. En medio de un polémico juicio, tanto Pichún como Nerín fueron condenados a cinco años de cárcel, a pesar de que no existían pruebas que determinaran fehacientemente su participación en el hecho. Dicho caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el abogado Jaime Madariaga.

“El ministro de Agricultura de Aylwin presionó al Gobierno para que se aplicara la Ley Antiterrorista porque él había sido víctima de un delito, y culpó a los lonkos Pichún y Nerín, por ser lonkos, insistiendo que ellos debían responder por lo que ocurrió en su propiedad, siendo condenados injustamente. Por ello llevamos el caso en la Corte Interamericana y el Estado chileno deberá ir juicio prontamente por la vulneración del debido proceso de estas personas”, sostiene el abogado.

Con el paso de los años se constataron otros casos que vinculaban a comunidades mapuches con incendios forestales. Por ello, y ante las alusiones que hizo el gobierno de Piñera, la exrepresentante de los presos de la CAM, Natividad Llanquilleo, no descarta que se esté repitiendo la historia. “No se puede desechar esa teoría. Hay muchos intereses de por medio, particularmente por las forestales, y especialmente de forestal Mininco. Es por eso que el Gobierno no ha querido solucionar este problema”, enfatiza.

La ley y la controversia

Uno de los grandes cuestionamientos que han surgido a partir de los conflictos con las forestales tiene estrecha relación con el contenido de la Ley Antiterrorista y el modo que ésta aplica. Hasta 2010, varios presos mapuche que fueron condenados bajo este código, tuvieron que enfrentar dobles procesos, por la justicia ordinaria y la militar. Sin embargo, la normativa sufrió algunos cambios tras la huelga de hambre que sostuvieron mapuches confinados en las cárceles chilenas ese mismo año, quienes exigían modificar algunos de sus artículos, particularmente los que tenían relación con los dobles enjuiciamientos y el uso de testigos sin rostro.

Finalmente se logró hacer algunos avances, como lo que respecta a que la justicia militar ya no podría juzgar a civiles. Sin embargo, la ley cuenta con otra serie de problemas, como señala el abogado Jaime Madariaga, que tendrían que ver con “imprecisiones” en temas tan básicos como la conceptualización de “terrorismo”, lo que, según entidades internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede facilitar a las autoridades aplicaciones arbitrarias.

“No hay un concepto claro de lo que es un delito terrorista en la ley chilena. Esa falta de exactitud es una vulneración al debido proceso. Cualquier hecho, dependiendo de la voluntad política del momento, lo cuadran como conducta terrorista y es lo que ocurre en el caso de los incendios forestales, a partir de los cuales el Ejecutivo está en una política de inventar un enemigo común que son los mapuches”, puntualiza Madariaga.

Su opinión, es compartida por Natividad Llanquilleo que al respecto señala que “las modificaciones no nos sirvieron de nada, porque más que mejorarla la empeoraron. Es una medida discriminatoria y racista, particularmente con el pueblo mapuche, aunque no me extrañaría que con lo que está sucediendo ahora se aplique a otros sectores sociales, como es el caso de los estudiantes”, subraya.

En esta línea, el senador por La Araucanía, Eugenio Tuma, reconoce que en la mayoría de los casos el Estado ha recurrido al estatuto para no asumir su responsabilidad con la deuda histórica que se tiene con la etnia. “El Estado los ha maltratado (a los mapuches). Hay una deuda pendiente que no ha querido reconocer el gobierno de Chile con los pueblos originarios, pero eso no significa, que por el hecho de que ellos hagan sus demandas se criminalicen”.

A raíz de la creciente tensión que se generó entre las comunidades indígenas y la policía chilena en La Araucanía, tras los dichos del ministro Hinzpeter, algunos representantes de la etnia decidieron presentar un recurso de amparo a favor de los mapuches, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando al secretario de Estado de “persecución y discriminación”. El tribunal de alzada capitalino acogió la solicitud y dio un plazo de 48 horas al jefe de gabinete para que entregara las “supuestas” pruebas que manejaba respecto al vínculo que existiría entre los incendios de Carahue y la CAM.

En un oficio de seis páginas, el titular del Interior se defendió señalando que “nunca esta secretaría de Estado determinó responsabilidades penales” y que sus palabras fueron sacadas de contexto por los medios de comunicación.

Finalmente, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones desestimó la solicitud de los demandantes por considerar que “sean o no efectivas las declaraciones atribuidas al señor ministro del Interior, lo cierto es que carecen de relevancia y seriedad para comportar algún tipo de amenaza a las garantías de libertad personal y seguridad individual”, reza el documento.

Frente a la resolución, el abogado Jaime Madariaga insiste en que las palabras del ministro “realmente son una amenaza a la libertad de las personas mapuche que interpusieron el recurso. Bastaría preguntarse qué ocurriría si un ministro de Estado se refiriera en los mismos términos a personas de origen judío para darse cuenta de que ello sí es un acto discriminatorio y una amenaza a los derechos fundamentales”.

Por: María José Jarpa, especial para El Espectador / Santiago de Chile

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