Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El miércoles de la semana pasada la Alianza Informativa de Caracol y El Espectador realizó un informe detallado respecto a las denuncias que la Contraloría General de la República viene haciendo sobre un asunto de vital importancia desde tres frentes: el desarrollo sostenible, la economía y los buenos avances de lo que Santos ha denominado como su locomotora de la minería.

Parafraseando un poco el título de aquella nota, no quisiéramos que esta locomotora estuviera fuera de sus rieles, como rueda suelta, ni tampoco que tenga un impacto muy grande y negativo sobre el medio ambiente y, por ende, en el desarrollo sostenible. Por eso causan preocupación los duros datos que expone la Contraloría. A ellos, cómo no, hay que volcarse para impedir que esta locomotora arrolle todo a su paso. El desarrollo no justifica el daño al entorno.

Entre otras cosas, llama mucho la atención una auditoría realizada a siete empresas del sector minero y energético y a una de extracción de metales preciosos, una de las cuales (Anglo Gold Ashanti) “ha venido generando incertidumbre porque sus proyectos en zonas de restricción ambiental están afectando las reservas de agua”, mientras que otras presentan deficiencias en materia de fiscalización, vigilancia y control por parte de las entidades estatales. No es concebible que con un tema tan delicado, la fiscalización de la producción de hidrocarburos esté limitada a que se aprueben unos informes hechos en períodos no muy estrictos por parte de las empresas encargadas de la explotación. Esto, dice el informe, junto con la evasión de los compromisos tributarios en detrimento del Estado.

Pero la mala hora que destaca la Contraloría no sólo se debe a las empresas. El Estado tiene también una responsabilidad muy grande en este asunto. El mismo ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, afirma que en estos momentos se encuentran contratando dos firmas para realizar auditoría especializada, que apoyen la fiscalización. No es conveniente que un tema que se anunció desde el inicio de este gobierno despierte hasta ahora la preocupación en el Estado por hacerle una mayor veeduría. Es preocupante que, al mismo tiempo que avanza la actividad exploratoria, estén en supuesto peligro algunas zonas de reserva forestal y que no haya una fiscalización correcta. Un peligro ambiental y otro financiero, dos de las cosas que deberían estar sorteadas desde que se pensó en implementar esta política pública.

A los sectores que se oponen a la gran minería se los acusa muchas veces de ser una piedra en el zapato para el desarrollo. Se los acusa de no querer dejar avanzar al país. Quisiéramos, en primer lugar, que se cambiara esta visión. Si la minería representa para el país una fuente de desarrollo, bienvenida sea. No hay mejor momento para empezar que éste. Pero debe hacerse de manera responsable, sin reparos para frenar la actividad si se presenta algún riesgo ambiental en un país con tanta biodiversidad que proteger como Colombia. Si algo caracteriza al capitalismo sin límites, lo sabemos, es que no conoce otra cosa más que producir recursos económicos. Pero los otros recursos, vitales para el bienestar social (y ya no sólo el desarrollo), no pueden ser abandonados. La Constitución misma lo prevé en esa serie de artículos que los ambientalistas han dado en llamar la parte “ecológica” de la Carta Política. Un aplauso si para el 2011 Colombia alcanzó una cifra récord de producción de carbón (86 millones de toneladas), pero un grito de alerta muy grande si se logró bajo las denuncias que la Contraloría ha hecho. Y es algo tarde, lo sabemos, pero las alarmas hay que prenderlas ahora.

Por: Elespectador.com