Tras el fallido golpe del 30 de septiembre de 2010, aumentaron el prestigio y la credibilidad del presidente Rafael Correa. En mayo de 2011 (con motivo del referendo planteado para restructurar el sistema de justicia y los medios de comunicación) obtuvo 60 por ciento de aprobación, y se convirtió en la sexta victoria electoral desde noviembre 2006, cuando ganó la presidencia.
Cambiando el sujeto (y parafraseando unos versos del escritor quiteño Iván Egüez), la sociedad ecuatoriana ya no es lo-que-era. Y si durante muchos años fue loquera, la revolución ciudadana que encabeza el líder de Alianza País consiguió, por primera vez en su historia republicana, el respeto y la admiración de los pueblos y gobiernos soberanos del mundo.
Pocos meses después del referendo, la reconocida encuestadora Perfiles de Opinión observó que 75 por ciento de los ecuatorianos (tres de cada cuatro) aprobaban la gestión del gobierno andino. En Guayaquil (bastión del separatismo y de la oligarquía más agresiva del país) la credibilidad de Correa subió de 52 (2009) a 74 por ciento, y en Quito trepó a 76 puntos.
Los datos revelan las modificaciones estructurales sufridas por Ecuador, después de los tres grandes movimientos sociales que acabaron con los gobiernos neoliberales del Consenso de Washington: Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000), y Lucio Gutiérrez (2005): 72 por ciento de la población (14 millones) ya es blanca-mestiza, 7.4 montubia (campesinos de la costa), 7.2 negra y 7 por ciento indígena.
En el cuadro, los años políticamente heroicos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie, 18 pueblos, 14 nacionalidades) sufrieron cambios profundos. Mientras el grueso de las bases respaldan la revolución ciudadana, algunos de sus dirigentes alternan con los grupos oligárquicos de Guayaquil (Junta Cívica), en tanto otros se dejan manipular por la CNN y los medios que responden a la golpista Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
¿Quién es quién entre los grupos minoritarios que, con iguales objetivos políticos y distintos enfoques ideológicos, se hallan interesados en derrocar al gobierno de Correa (magnicidio incluido)? Grosso modo, el variopinto arco opositor se desdobla en siete variables:
1. Washington y el Departamento de Estado. La embajadora, Heather Hodges (con un largo historial injerencista), fue expulsada en octubre de 2011, siguiendo el camino del agente de la CIA Mark Sullivan, expulsado en mayo de 2009.
2. Los viejos y nuevos grupos oligárquicos, acaudillados en sierra y costa por la extrema derecha socialcristiana (Jaime Nebot).
3. El grupo Cauce Democrático, engendro de la CIA, creado en enero de 2011 en respuesta a la consulta popular, y liderado por el ex presidente democristiano Osvaldo Hurtado (a quien el pueblo llama ofidio con sotana).
4. Las huestes fascistoides del ex presidente Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica, sic), integradas por oficiales y policías en servicio pasivo que participaron en el golpe fallido de 2010. Por ejemplo, el ex jefe de inteligencia militar y de la llamada Legión Blanca, Mario Pazmiño (despedido por Correa), se presenta ahora como líder de masas de los pequeños comerciantes.
5. El Movimiento Popular Democrático (MPD), tradicional partido golpista de los chinos albaneses, que durante muchos años lideró la Unión Nacional de Educadores. En julio de 2010 el MPD organizó en Quito un seminario internacional en el que se concluyó que la única alternativa al imperialismo y el reformismo sería la revolución y el socialismo. Pero en el fallido golpe de 2010, sus activistas llamaron a la defensa del pueblo armado y se treparon a las camionetas de Sociedad Patriótica.
6. Los programas y proyectos del turbio ramillete de organismos no gubernamentales (ONG, más de 100 con registro público), que financian la USAID y varias fundaciones de la derecha europea.
7. Líderes indígenas de la Conaie, políticos caídos en desgracia y el puñado de intelectuales trasnochados que aún no se percatan del profundo corte transversal que la revolución ciudadana operó en la sociedad ecuatoriana.
Así puede entenderse la objetividad y generosidad informativa que los medios de comunicación prodigaron a la marcha En defensa del agua, la vida y la dignidad de los pueblos, organizada por la Conaie.
Un análisis del periódico golpista Hoy se titula No toda marcha es golpista (16/3/12) y, en consonancia, el editorial del golpista El Comercio se tituló El derecho a marchar (18/3). En el último, leemos: Vivir en democracia supone tolerar a quienes piensan y tienen posturas distintas. Éstas deben dirimirse sin violencia ni confrontación.
O sea, de lo que justamente los golpistas andan buscando, junto con la deliberada complicidad de ciertos indigenistas y ambientalistas, cuya especialidad consiste, sin mayor información y reflexión, en suscribir manifiestos todoterreno.
José Steinsleger
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