Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La historia de los paraísos fiscales y el lavado de dinero en Latinoamérica, parece una historia romántica donde la conspiración, las alianzas entre élites de poder económico trasnacional parece no hallar racionalidad.

En un contexto pletórico de burbujas financieras, donde el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, consolidan las alianzas entre el empresariado y sectores de la “alta” política, para el blanqueo de las ganancias y la evasión de altos impuestos.

Parece ser que el mundo incivilizado suele imponerse para los países de nuestra América. El tráfico de drogas ilícitas (TDI) si bien en materia jurídica es seriamente penado por las autoridades norteamericanas,  desde el orden económico, financiero y comercial, son muy bien aprovechados los dividendos provenientes de ese flagelo. Digamos que cuando se sigue la ruta del dinero, puede percibirse el punto de encuentro entre los intereses de los narcotraficantes, el empresariado transnacional y los altos funcionarios políticos latinoamericanos y estadounidenses, en el lavado de dinero y la evasión de impuestos; para lo cual utilizan hábilmente los paraísos fiscales de la región y, también, del territorio de los EE.UU.

Los paraísos fiscales no son necesariamente ilegales, a pesar de que en muchos casos se les relacione con el blanqueo de dinero,  la fuga de capitales o la evasión de impuestos; ciertamente se pueden obtener ventajas sin cometer ningún delito, aunque moralmente dejen mucho que desear. Existe también un problema ético aunque no deja de ser legal cuando los ciudadanos o empresas trasladan sus capitales hacia otros países en aras de evitar los altos impuestos en su país de origen.

El dinero negro puede derivarse tanto de actividades económicas ilícitas como de aquel que no se declara en hacienda, tanto para la evasión de la Justicia en términos criminales como la evasión de los altos impuestos. En este trabajo interesa destacar aquel dinero blanqueado por tráfico de drogas y otros delitos conexos. La problemática parte en este caso, cuando el individuo acumula una suma de dinero la cual no puede justificar y, por tanto, utilizar libremente para el comercio.

Desde la época de Al Capone,  el crimen organizado utilizada esta terminología, cuyo término de blanqueado de dinero o lavado, se  originó cuando dicho gángster adquirió una cadena de lavanderías para legitimar la procedencia de sus dinero con un negocio de segunda, el cual, evidentemente no era el fruto de sus grandes riquezas pero sí un cauce por donde legitimar algunos de sus fondos.

Actualmente es muy común la inversión el sector turístico, sobre todo en la construcción. Por ello los países o regiones con economías de servicios suelen ser muy atractivos para el lavado de dinero del crimen organizado. Sin embargo, en las listas de la OCDE nunca se reconoce este tipo de actividades en los países de primer mundo. Tal es el caso de los Estados Unidos donde existen varios Estados donde es clásico el lavado de dinero. En esta actividad, es muy llamativo el caso del Estado de la Florida, donde Miami ha cumplido un rol crucial en esta actividad por décadas.

Es muy común ver como grandes capos de la droga en Colombia y México lavan sus dineros en Miami, invirtiendo en casas, hoteles y otras construcciones; contando con la complicidad de empresarios y bancos que se  encargan de lavar el dinero.

Los paraísos fiscales suelen tipificarse por su baja tributación y el requerido secreto bancario. Debido a estas circunstancias la OCDE suele elaborar listas de paraísos fiscales, listas offshore, listas grises, o las llamadas listas españolas, que se utilizan para “desacreditar” a algunas jurisdicciones. Curiosamente en estas listas no aparecen bancos radicados en algunos Estados de la Unión que realizan similares prácticas.
Sin embargo, el sistema de listas de la OCDE, a mi consideración, crea más confusiones que soluciones ya que su sistema de confiabilidad se basa en la firma de acuerdo para intercambio de información y llegado determinado estándar internacional, es eliminado de la lista de paraísos fiscales, cuando en la práctica puede seguirlo siendo.

El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, afecta las políticas sociales, producto de la evasión de impuestos de la cual, se supone, salen parte de los fondos para ese tipo de medidas. Desde este punto, se puede comprender cómo la evasión de impuestos que alientan el lavado de dinero y los paraísos fiscales, afecta directamente a un sector tan sensible e importante de la sociedad como la clase media, tanto por su influencia política como por su estatus de paradigma de vida político-cultural y económico al interior de las sociedades, aunque esta situación no es del todo homogénea.

Si nos dejamos guiar por las artimañas burocráticas en torno a los parámetros de control pudiera pensarse que las recientes reducciones de las listas de paraísos fiscales que realiza la OCDE y otras Instituciones es un tema en el que se ha obtenido éxito, pero lamentablemente los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y el lavado de dinero son problemas que continúa vigentes.

En realidad el sistema de listas de la OCDE funge más como pantalla pública que como barrera contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero; ensombreciendo la realidad a través de una condena pública a un hecho que evidentemente, no se resuelve aún a nivel global y mucho menos en el continente americano; sumergido en guerras fratricidas entre narcotraficantes y el gobierno norteamericano, que vienen a constituir otra prueba de la pervivencia de los fenómenos del lavado de dinero y los paraísos fiscales en una región estremecida por la oleada de violencia, con que operan los carteles de la droga.

Pero al problema no se le proyectan soluciones definitivas, ya que más allá de las noticias de crónica roja y las políticas antidrogas del imperio, existe un interés económico, financiero y comercial sobre el frondoso monto de capitales que genera dicho negocio.

Ahora bien, este ejercicio no sólo limpia el dinero del crimen organizado sino que se inserta también en el sistema monetario internacional, atrayendo a las élites de poder concentradas en los EE.UU., que buscan con estas prácticas la evasión de sus impuestos. Con esa evasión, se perjudican los programas de asistencia sociales ya que ni pagan impuestos ni cotizan a la Seguridad Social. Obviamente, evadir estas responsabilidades se transfiere en miles de millones de dólares que se mueven en el sistema económico comercial mundial, gracias al lavado de dinero y a la discrecionalidad condicionada de los paraísos fiscales o centros offshore.

La OCDE pidió la firma de doce acuerdos de intercambio de información fiscal con otros tantos países. Pero, como denuncia Juan Hernández Vigueras, el truco consiste en que los paraísos fiscales han firmado doce acuerdos con territorios sin gran relevancia o entre sí, es decir comprometiéndose cada cual en su complicidad sobre la existencia o no de evasión fiscal. De esta forma, se consolida la idea de que los paraísos fiscales constituyen el instrumento ideal de la delincuencia transnacional, necesitada de lavar sus capitales y evadir impuestos.

El dilema de las listas de la OCDE se resuelve con un ejercicio de comparación entre algunas listas. Por ejemplo si revisamos el listado de paraísos fiscales de América según la OCDE en el año 2000 figuraban: Antillas Neerlandesas, Aruba, Anguilla, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimanes, República de Dominica, Granada, Jamaica, Islas Malvinas, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Islas Turks y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE. UU., República de Panamá.

La versión del 15 de Diciembre de 2011, ha ocurrido una gran simplificación, comenzando por el caso uruguayo. Finalmente para la OCDE Uruguay ha dejado de ser un paraíso fiscal cumpliendo con una serie de acuerdos que le posibilitan, al menos en lo formal, salir de la angustiosa lista de paraísos fiscales elaborada por esa organización. La firma de 7 nuevos acuerdos de intercambio de información, eleva el número de convenios del país sudamericano a 18, cuando los requeridos son sólo 12. Esto son seis acuerdos más de los requeridos fueron suficiente para considerar transparente sus transacciones y, por tanto, eliminarlo de la “lista gris” de la OCDE, donde Uruguay estaba en la categoría de “otros centros financieros”.

Gracias a estos requisitos burocráticos algunas de las jurisdicciones más clásicas como las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Antigua y Barbuda, Belize, Bahamas, entre otras, fueron sacadas de la "lista gris". De este modo, para los primeros días de 2012 sólo constituían las lista Niué y Naurú. La OCDE además también creó el llamado grupo de "otros centros financieros" el 15 de Diciembre de 2011.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los países que abandonaron la lista posiblemente sigan manteniendo las preferencias para no residentes  y la necesaria confiabilidad que le asegura las comisiones, en otras palabras, continúa la pervivencia de paraísos fiscales con las condiciones propicias para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Vea artículo completo en: http://alainet.org/active/54168&lang=es