Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo