Para escapar de la guerrilla en la vereda El Carmen de Piendamó, los paramilitares obligaron a la población que les sirviera de escudo hasta el corregimiento de La Pedregosa. Antes de Justicia y Paz, este hecho era desconocido.
A mediados de marzo de 2001 el Frente Farallones del Bloque Calima incursionó por segunda vez en la zona rural de Cajibío. Según contó la Fiscalía 40 de Justicia y Paz durante la imputación de cargos a 89 postulados del Bloque Calima, por orden de Elkin Casarrubia Posada, alias 'El Cura', en marzo de 2001 un grupo de alrededor de 100 paramilitares salió de la zona rural del municipio de Buenos Aires para combatir a la guerrilla en La Pedregosa.
El grupo se dividió en cuatro bajo el mando de alias 'Nechí', alias 'Chilapo', alias 'Gonzalo', alias 'Pelao Pelao' y alias 'Éver'. El guía de los paramilitares en la región fue alias 'Albeiro', quien se encargó de señalar a los supuestos milicianos, colaboradores o simpatizantes de la subversión.
En la tarde del 16 de marzo los paramilitares llegaron a la vereda El Carmen, del municipio de Piendamó, tras haber cruzado por los municipios de Buenos Aires y Morales. Como fue su costumbre, con fusil en mano, sacaron de las viviendas a los habitantes y los reunieron a todos para escoger a las personas que iban a interrogar.
En total separaron a nueve hombres, a quienes amarraron de las manos con los cordones de sus propios zapatos y fueron objeto de constantes amenazas de muerte y torturas. De manera vehemente los hombres les preguntaron sobre milicianos, sus colaboradores y el armamento que supuestamente le guardaban a la guerrilla.
Para obtener información, los paramilitares les pusieron una y otra vez los fusiles en la cabeza, trataron de ahorcarlos, les pisaron las manos y les lastimaron el estómago. A una de las víctimas le cortaron el cabello con un machete.
Simultáneamente, otros miembros del Bloque Calima entraron a las viviendas y negocios con el pretexto de buscar armamento, pero resultaron robando objetos personales, dinero en efectivo y alimentos.
Al caer la noche, los nueve retenidos fueron encerrados en una pieza. Los paramilitares ocuparon varias viviendas y obligaron a algunas mujeres que les cocinaran. A la mañana siguiente los hombres que estaban amarrados fueron llevados a la escuela de la vereda para continuar el interrogatorio.
Alrededor del mediodía los hombres del Bloque Calima se percataron de que estaban siendo rodeados por la guerrilla, y fue allí cuando tuvieron la macabra idea de hacer marchar a los civiles y mezclarse con ellos para que los subversivos no los atacaran en su retirada.
El objetivo de los paramilitares fue cruzar el cañón del río Piendamó, pasar por la vereda Santa Catalina y llegar al corregimiento de La Pedregosa. Para ello, reunieron a casi una centena de pobladores y enviaron a algunos adelante, el resto se intercalaron con ellos y fueron obligados a cargar los equipos de campaña. En este recorrido ninguno de los civiles resultó herido porque la guerrilla se abstuvo de abrir fuego.
Una de las víctimas le dijo a la Fiscalía que el recorrido duró alrededor de tres horas y que “los paramilitares los llevaron como escudo para que la guerrilla no los fuera a atacar”.
Los hombres del Bloque Calima le permitieron volver a la vereda a la mayoría de los campesinos cuando sintieron que estaban a salvo y mantuvieron bajo su poder a los nueve hombres que amarraron inicialmente. Éstos fueron liberados en La Pedregosa por orden de uno de los jefes a cargo de la incursión.
Los paramilitares también retuvieron a dos hermanas en la vereda Santa Catalina porque una de ellas era pareja del enfermero del puesto de salud de La Pedregosa, a quien señalaban de colaborador de la guerrilla, y por ende, ellas también resultaron arbitrariamente sindicadas de lo mismo.
Cuando llegaron al corregimiento, los habitantes se desplazaron por temor a raíz de los crímenes que habían cometido meses atrás en la zona rural de Cajibío. En este sitio los paramilitares destruyeron el puesto de salud, pintaron grafitis alusivos a las Auc y saquearon viviendas.
Desde ese día, el 17 de marzo, hasta el siguiente, los paramilitares se enfrentaron con la guerrilla. Según contaron varios postulados en versión libre, el Ejército llegó a la zona de los combates y los apoyó en su lucha contra los guerrilleros.
Sobre la presunta ayuda que miembros del Ejército le dieron al Bloque Calima en estos combates, uno de los postulados dijo que “luchamos juntos con el Ejército”. Además, otro indicó que un teniente se reunió con alias 'Nechí' y cambió una pava con este jefe paramilitar.
En la audiencia pública ante el magistrado de control de garantías, la Fiscalía explicó que ninguna autoridad conoció estos hechos en los que alrededor de cien civiles fueron usados como escudo humano o carne de cañón por parte de los ex paramilitares. Estos casos fueron conocidos y judicializados recientemente porque de manera voluntaria los postulados al proceso de justicia transicional los confesaron en versión libre.
Los crímenes previos a la toma y el secuestro en El Carmen
El 14 de marzo los miembros del Frente Farallones instalaron un retén en el crucero entre las veredas Santa Elena y San Miguel del municipio de Piendamó, en donde retuvieron a varias personas. De ese sitio salieron las primeras víctimas de esa incursión.
Los paramilitares retuvieron a tres hombres que se movilizaban en un Turbo de color blanco y se los llevaron hasta la vereda Loma Corta del municipio de Morales. Al día siguiente José Nair López y Carlos Alberto Medina fueron asesinados con armas blancas, y la otra persona fue dejada en libertad.
Los miembros del Bloque Calima desparecieron los cuerpos de sus víctimas en una fosa común y les rajaron el estómago para que no se salieran de ella. La víctima sobreviviente de estos hechos se desplazó de la región con su familia y los paramilitares se apoderaron del camión.
Una de las víctimas había pertenecido al M-19 y tras su desmovilización se dedicó a vivir de la agricultura.
Por todos estos hechos que se conocen como el caso de 'La Pedregosa 2', la Fiscalía 40 de Justicia y Paz les imputó a 33 postulados del Bloque Calima los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura, hurto agravado y calificado, desplazamiento forzado, terrorismo y secuestro.
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