Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Racismo mediático y estatal contra los pueblos indígenas del Cauca. Antes de la llegada de Colón y de muchas expediciones que lo precedieron, desde las costas africanas, asiáticas y europeas a este continente; mucho antes de la fundación de la Gran Colombia, su disolución y mutación a menor escala y con una exclusión racialista mejorada, los indígenas eran los dueños de las tierras en la Abiayala Caucana.

 

Por aquel entonces no se llamaba América al continente nombrado como “nuevo mundo”, sino Abiayala; incluso en las cartas de navegación de los marineros mandingos del siglo XIII, que surcaron el Atlántico en varias expediciones, reseñadas por Leo Frobenius y Cheik Anta Diopp, la masa continental explorada figuraba como “Abys Ayala” (Van Sertima 1968).

 

Cuando esta tierra comenzó a ser llamada por los invasores europeos como Nueva Andalucía, Castilla la Nueva o Nueva Granada, una vez completado el genocidio y la primera expropiación a mano armada de la primera colonia, realizados por los malhechores que llegaron con la expedición de Colón, los cimarrones indígenas y africanos desde los albores del siglo XVII, le enseñaran a Bolívar, Santander y demás próceres de una historia proeuropea de emancipación, blanqueada y envuelta en la mentira de un grito de independencia espurio, basado en la fábula de un florero que ayer 20 de julio de 2012 cumplió 202 años, que España y los españoles no eran invencibles y se podían derrotar.

 

Hoy como en la colonia, el gobierno de mentalidad europea, con los dueños de los medios vendedores de noticias, promueven el desconocimiento de la legislación diferenciada en el marco constitucional, que le garantiza a los indígenas el derecho al territorio. A la brava militarizaron su territorio con el pretexto de “protegerlos” desde el gobierno de Uribe, con el cuento de las zonas de consolidación, apoyados en un fuerte despliegue mediático que le mintió al país, declarando ganada una guerra contra la insurgencia y el narcotráfico, en hechos que han involucrados políticos y miliares amigos de Uribe y del gobierno Santos, acusados de apoyar con información clave a los paramilitares, como el recientemente extraditado General Santoyo, sindicado de complicidad en varias masacres contra el pueblo Nasa, en ese territorio.

 

En estos momentos, el gobierno de turno, con la solidaridad propagandística de la radio y la televisión nacional, vienen surtiendo de racismo y odio a la opinión pública nacional – al mejor estilo Nine Colines- que generó en Ruanda un genocidio de grandes proporciones. Pero… ¿Qué tiene que ver todo este recuento con la actual crisis humanitaria del Cauca, denunciada por la resistencia civil de los pueblos indígenas, contra los ejércitos legales e ilegales que los asesinan desde las lógicas del estado occidental, apoyados en la complicidad de Caracol, RCN y no pocas emisoras de los terratenientes que han expoliado vidas y tierras a los pueblos originarios de esa región?

 

La crisis indígena en el Cauca, refleja como ninguna, las contradicciones de un estado al servicio de las minorías de empresarios y no de las mayorías de ciudadanos de todos los colores y etnias, que padecen las consecuencias de la Ley 100 de una salud privatizada que los asesina democráticamente con el paseo de la muerte; es la paradoja de un país que le exige a Nicaragua el respeto del Uti Posidetis Juris (el título de posesión más antiguo con base en el derecho colonial), pero se lo desconoce olímpicamente a los habitantes originarios de un territorio abandonado a su suerte y a la inversión pública, pese a ostentar cédulas reales de propiedad, porque la república por la que murieron sus ancestros y los nuestros hace 202 años, está dispuesta para los grandes capitales de multinacionales y transnacionales, socias de la élite que impone con su dinero y sus medios de propaganda en pose informativa, no sólo a sus presidentes, sino a sus políticas, vehículos de sus negocios particulares.

 

Confabulación para desinformar

 

Los grandes canales privados y los grandes consorcios de prensa y radio de impacto local y nacional, engarzados con innumerables espacios en Internet, han recurrido a todas las formas de manipulación y opiniones académicas a conveniencia, como la del ex- presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, respaldando la ocupación militar arbitraria de los territorios indígenas con base en la soberanía del estado, pero ignorando por ejemplo, que la constitución política de Colombia, “reconoce y protege” por mandato legal, la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y la salvaguarda del patrimonio en sus artículos 7 y 8 respectivamente, lo cual incluye a los sitios de importancia religiosa para los pueblos indígenas: ¿Le gustaría a evangélicos y católicos por ejemplo, que les militarizaran sus templos o que les montaran hombres armados sobre sus altares?

 

Como ese detalle e implicaciones legales y culturales, los medios noticiosos con RCN y Caracol a la cabeza, han venido ocultando una catarata de razones legales más poderosas, como por ejemplo, que el artículo 30 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, suscrito por el estado colombiano lo compromete a: “No desarrollar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.

 

Sí en Colombia se reconoce la propiedad colectiva y la igualdad reparativa de todas las etnias y poblaciones nacionales; no se entiende como el estado colombiano prefiera la propiedad individual de los potentados sobre la propiedad colectiva de los indígenas y afrocolombianos, violando el artículo 13 de la constitución política de Colombia, que garantiza la igualdad ante la ley.

 

Llama la atención que a los opinadores de oficio y corifeos del racismo santista y uribista, se las tiren de ignorantes y no sepan que, existe una sentencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-303/97), la cual dice entre otras cosas que, “el Gobierno Nacional no puede ni debe incurrir en el establecimiento de bases militares permanentes o transitorias en territorios indígenas sin el consentimiento previo y expreso de las comunidades indígenas e indemnizando plenamente los daños y perjuicios que se causan”.

 

Violando el compromiso de responsabilidad social, los medios informativos tampoco le han dicho al pueblo colombiano que, “Los resguardos y demás tierras comunales de los pueblos indígenas no son bienes públicos ni bienes fiscales. No puede el Estado ocuparlos o utilizarlos como si no tuvieran las restricciones de la propiedad. El gobierno solo puede intervenir, ingresar o permanecer en los resguardos y tierras comunales indígenas si tiene expresa autorización de sus dueños, o si hay una orden judicial que lo ordene, la cual en primerísimo lugar corresponde darla al juez indígena”.

 

En otras palabras, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha pasado por alto que todos esos preceptos hacen parte de los pactos internacionales, tanto los relacionados con el DIH como los de los pueblos indígenas, que le obligan a no involucrar población civil en el conflicto, cavando trincheras en los cascos urbanos o en los territorios de los resguardos; han callado los voceros del gobierno y su ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, el guerrerista que no prestó el servicio militar, al igual que Uribe y sus hijos y todos los guerreristas, que existe una Auto de la Corte Constitucional, el 004 de 2009, que en forma cónsona con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, le exige adoptar un plan de salvaguarda de las comunidades indígenas frente al conflicto, que hasta ahora se ha interpretado como plan para atropellar a las autoridades indígenas: dos comuneros indígenas han sido asesinados con armas de fuego por las fuerzas del estado, hasta el día de hoy.

 

Para inducir el odio y dividir al pueblo

 

En este propósito goebbelsiano de RCN y Caracol, como líderes de toda una prensa santista o uribista, con sus equivalencias de opinión en radio e impresos, los corresponsales, le han hecho creer al pueblo colombiano que los indígenas son agentes de la guerrilla. Los militares haciendo alarde de deshonor, no han dudado en recurrir a la mentira.

 

Con el micrófono abierto de los grandes medios locales y nacionales, han hecho circular la idea, que los indígenas protegen cultivos ilícitos y una supuesta bonanza de coca, cuando los hechos meditados y contrastados, los desmienten de rabo a cabo, pues los capos del narcotráfico son precisamente los mismos amigos del gobierno, congresistas presos o sus funcionarios de seguridad como el general Santoyo, acusado por los paramilitares, grandes asesinos de indígenas, según la más reciente declaración del paramilitar conocido como “Gordo Lindo”.

 

¿Podrían los corresponsales de RCN y Caracol destacados en el Cauca, mostrar el primer capo del narcotráfico ligado al movimiento indígena, vencido en un juicio justo? ¿Sí se trata de cosechas de alcaloides, por qué no se recurrió a las fumigaciones aéreas como siempre? Han sido diligentes los directivos de los informativos privados, en darle micrófono privilegiado y extenso a declarantes a sueldo, como los miembros de la OPIC, una organización de indígenas renegados y “evangelizados” a la norteamericana, creada durante el gobierno Uribe con el visto bueno de su ministro de justicia, Fabio Valencia Cossio y el concejero presidencial José Obdulio Gaviria.

 

Estos renegados también señalan a los comuneros como auxiliares de la guerrilla y de no representar al movimiento indígena, del cual sin embargo la OPIC apenas representa el 10% de esta población con un agravante: antropológicamente no llenan los requisitos para ser reconocidos como etnia, por su condición de renegados de unas características culturales que les son propias a los indígenas del Cauca.

 

Como resultado de toda esta campaña de odio, los foros de los grandes medios privados impresos y los foros virtuales de los grandes portales, que destacaron el espectáculo circense de un cabo revolcándose y un ejército expulsado que disparaba al aíre, las opiniones son un antro nauseabundo de insultos racistas y ya se registró el primer hostigamiento de los multimillonarios uribista a la sede del Concejo Regional Indígena del Cauca, a donde llegaron sonando las bocinas de sus lujosos autos y sus consignas racistas, pero fueron repelidos por la reacción de los movimientos sociales, que les gritaban “no más racismo”, “viva la paz”.

 

Extraña que estos dos grandes canales y otros medios informativos de capital privado, se hayan dedicado a señalar persecución del CRIC contra sus contradictores, señalando falacias impresentables como que la discriminación se ejerce con los programas sociales, que están en manos precisamente de Acción Social de la presidencia de la república.

 

La curiosa “mala memoria” de RCN y Caracol, devenidos en portavoces del Ministerio de Defensa, señalando a los indígenas de colaborar con la guerrilla, ha olvidado que la expulsión es contra todos los actores armados; que en el pasado, la guerrilla ha secuestrado y asesinado dirigencia indígena acusada de colaborar con el ejército. No se recuerda la vez que los indígenas en resistencia rescataron a un misionero sueco del secuestro guerrillero, así como a unos de sus gobernadores en poder de la insurgencia armada.

 

Pero los indígenas, señalados por los medios masivos de propaganda privada a favor del estado, como ejemplos de atraso y barbarie contemporánea, le dan una lección al mundo globalizado que en Europa y USA, con unos tímidos indignados no se han atrevido a desalojar a sus gobiernos que los condenan al hambre y a la miseria.

 

Apenas y muy tímidamente los indignados españoles han empezado a pedir la renuncia de Rajoy, mientras que en Grecia, la izquierda fracasó a pesar del desastre financiero porque la civilización helena contemporánea, no fue capaz de superar la educación del terror y el supuesto “beneficio de pertenecer a la zona euro”, con sus falsos “rescates”…De banqueros por supuesto, pero con dineros públicos.

 

No se ha tratado de una revolución de colores prefabricada por la NED o la USAID, tampoco es una resistencia civil común y corriente, es una resistencia civil contra un régimen que viola en forma contumaz la constitución política de Colombia. Un pueblo indígena que le dice a sus verdugos a izquierda y derecha del pensamiento legado por los hijos de los colonizadores, que no los reconoce ni los necesita como salvadores, para construir una paz, cuyas llaves no puede estar en manos de un gobierno mentiroso, ni de unas fuerzas militares que han sido cómplices en el pasado de maltratos y asesinatos, cuando les tocó armar sus grupos de milicia en memoria de su gran líder histórico del siglo XX, Quintín Lame. Esas son las poderosas razones que le dan legitimidad y moral, al justo reclamo indígena en el Cauca.

 

Nicolás Contreras Hernández, makromokamboniko@hotmail.com

http://www.vamosaandar.com/2012/07/22/racismo-3/