Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Comunicado Internacional. Mediante este comunicado, organizaciones y redes internacionales de la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación sobre los recientes actos de represión, violencia y criminalización contra las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.

 

Hechos:

 

El día 21 de agosto, frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, la policía dispersó violentamente una manifestación pacífica de centenares de campesinas y campesinos del Bajo Aguán que exigían reunirse con el Presidente de este poder del Estado para pedirle que se juzgue con imparcialidad el caso de las tres fincas en posesión del MARCA1, y poner fin a la criminalización de la lucha campesina.

 

En vez de aceptar la solicitud de diálogo,  la policía preventiva  procedió con uso excesivo de la fuerza contra las y los manifestantes, dejando tres heridos hospitalizados, entre ellos un menor de 16 años. Asimismo, fueron detenidos 27 manifestantes, entre ellos dos mujeres, el Presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), el abogado y apoderado legal de MARCA, el Secretario General y el Secretario de Relaciones Públicas del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA)2.

 

El día 22 de agosto, centenares de campesinas y campesinos del Bajo Aguán tomaron la posta policial de Planes, municipio de Sonaguera, departamento de Colón, en protesta contra la represión y para exigir la liberación de sus  compañeros en la capital. En respuesta, un fuerte contingente policial atacó a las y los manifestantes, nuevamente con uso excesivo de la fuerza lo que resultó en varios campesinos heridos, entre ellos una persona de 77 años quien fue remitida al hospital para su atención. Además, la policía procedió a la detención de 19 personas, entre ellas tres menores de edad, y un defensor de derechos humanos quien documentaba los sucesos en representación del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán.

 

El día 23 de agosto, fueron puestos en libertad condicional los 27 detenidos de Tegucigalpa, y 25 de ellos fueron acusados de “manifestación y asociación ilícita y daños”. Las medidas sustitutivas de la detención incluyen la prohibición de salir del país, y de participar en manifestaciones públicas, así como la obligación de presentarse al juzgado una vez a la semana. Ese mismo día, los tribunales de Tocoa, Colón, decretaron medidas sustitutivas a los 19 detenidos en Planes, incluidos los tres menores de edad y dos adultos mayores.

 

El día 26 de agosto, Leonel Acosta Avilés,  uno de los 27 detenidos durante la represión del 21 de agosto, en Tegucigalpa, y posteriormente liberado bajo medidas sustitutivas, volcó con su vehículo cuando desconocidos le dispararon en la carretera que une Tocoa con Sinaloa. Afortunadamente miembros de su comunidad lo auxiliaron y trasladaron a un hospital.

 

El día 27 de agosto, José Braulio Díaz López, secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción El Tranvío,  miembro del MUCA, fue asesinado por desconocidos  con armas de fuego.

 

Los últimos actos de represión y criminalización demuestran que las autoridades de Honduras aún mantienen la misma postura parcializada contra las comunidades campesinas envueltas en un conflicto agrario para el que no se encuentra solución integral, justa, pacífica y sostenible. Persiste la violencia y violación a los derechos humanos y la impunidad por el desinterés de las autoridades correspondientes de investigar y castigar a los culpables de los atentados y asesinatos contra miembros de las agrupaciones campesinas en la zona.

 

Las organizaciones internacionales hemos realizado un monitoreo constante de la situación en el Bajo Aguán, inter alia, mediante la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, realizada en marzo de 20113, y la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo del año en curso en  Tocoa, Colón4.

 

Según nuestra documentación, 53 personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, han sido asesinados desde septiembre de 2009 hasta la fecha en el marco del conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no hay investigación seria en ninguno de estos  crímenes.

 

Entendemos que la protesta realizada por las organizaciones del Bajo Aguán el 21 de agosto frente a la Corte Suprema de Justicia, como también su solicitud de audiencia con el presidente del organismo judicial, tenía un fundamento legal y político legítimo. Es lamentable que la respuesta de este poder del Estado fuese el rechazo al diálogo, la ejecución de violencia y criminalización5. Además, sigue la amenaza de desalojos forzosos contra las comunidades campesinas favorecidas por sentencias firmes que restituyeron su derecho a la tierra.  Nuestras organizaciones y redes estamos convencidas, que el camino hacía la solución del conflicto del Bajo Aguán, es a través del irrestricto respeto y la plena protección de los derechos humanos, y no mediante la violencia, la represión y la criminalización de la lucha campesina.

 

Recordamos que la República de Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que está obligada ante la comunidad internacional a respetar, proteger y garantizar estos derechos cuyos titulares también son las y los campesinos hondureños, compromiso garantizado en el Capítulo III del Título I de la Constitución de la República.

 

Peticiones:

 

Reiteramos las recomendaciones incluidas en la Declaración de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012 en Tocoa, Honduras:

 

Al Estado hondureño:

 

a. Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.

 

b. Cesar de inmediato la represión, hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.

 

c. Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.

 

d. No emprender más desalojos forzosos.

 

e. Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.

 

f. Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

 

h. Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita in loco.

 

A la Comunidad Internacional:

 

• Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas, no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos.

 

• Revisar por parte de la cooperación internacional y bancos multilaterales, todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.

 

• Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justica y del pleno respeto de los derechos humanos.

 

• Suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.

 

Hacemos un llamado urgente a todos los actores involucrados, en particular las instituciones del Estado, para prevenir cualquier acto de violencia y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

 

Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años.

 

APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Consejo Mundial de Iglesias)

CIDSE (Alianza Internacional de Organizaciones Católicas para el Desarrollo)

CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)

FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho)

FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)

HIC (Habitat International Coalition)

LAWG (Latin America Working Group)

La Vía Campesina

MISEREOR

OXFAM

PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo)

Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)

 

TROCAIRE

 

1  Ver Comunicado Internacional anterior del 17 de julio de 2012: El pasado 29 de junio, fuerzas de seguridad pública de Honduras entregaron las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar a los campesinos del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), en ejecución de las sentencias firmes dictadas a su favor por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán y del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo. Tras 18 años de litigo, dichas sentencias, que son definitivas en la medida en que el empresario involucrado no interpuso recurso alguno contra ellas en el plazo establecido por la legislación hondureña restituyeron, finalmente, el derecho a la tierra de las campesinas y campesinos del MARCA. Mediante esta decisión, el poder judicial confirmó que la adquisición de estas tres fincas, con una extensión total de 1.776 hectáreas, por parte de los empresarios Miguel Facussé y René Morales era ilegal. No obstante, haciendo uso de los recursos legales que el sistema hondureño ofrece para tornar ineficaz la protección judicial de los campesinos y campesinas, los empresarios interpusieron demandas de amparo para revertir la restitución de tierras. Más grave aún, dichos amparos fueron arbitrariamente concedidos en clara contravención de las disposiciones legales vigentes que indican que no se puede interponer acción de amparo contra una sentencia que no fue apelada, como es el caso de las sentencias indicadas. Los amparos concedidos revierten la restitución de las tierras ordenando el desalojo contra los campesinos en estas tres fincas. Ver comunicado: “Organizaciones internacionales advierten: El Estado de Honduras debe garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia”, http://www.fian.org/noticias/noticias/organizaciones-internacionales-advierten-el-estado-de-honduras-debe-garantizar-la-independencia-e-imparcialidad-de-la-justicia

 

2  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficas o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/77-10sp.htm

 

3  Ver Informe de la Misión: “Honduras: violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán”, julio de 2011, disponible en: http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/honduras-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-bajo-aguan-1?set_language=es.

 

4  Ver Declaración de la Audiencia Pública Internacional en http://www.cifca.org/spip.php?article161

 

5  El Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, declaró el 15 de agosto pasado, al finalizar su visita oficial a Honduras: “La libertad de expresión se puede dar a través de cualquier medio y esto incluye el derecho a movilización y manifestación pacífica por medio de cual organizaciones o sectores sociales pueden hacer ver su descontento con políticas públicas, concesiones de explotación de recursos naturales, o actitudes de funcionarios”, http://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12434&LangID=S