Prometiendo que “permitirá formalizar un millón de empleos” y resolver la “falta de progresividad” del Estatuto Tributario, el gobierno de Santos presentó al Congreso una reforma tributaria. No obstante, en tanto se conocen los detalles del texto, se puede decir que el efecto será precisamente el contrario.
El Observatorio Laboral del Externado dijo sobre la propuesta de eliminar el pago de parafiscales para ICBF y SENA y del cargo patronal a la salud para trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, que “la experiencia colombiana ha mostrado que las empresas usualmente aprovechan los incentivos tributarios que se les ofrecen, sin que esto… se vea reflejado en una significativa contratación de nuevos empleos formales”. Si se añade que actualmente el empleo crece en los ocupados sin remuneración, en labores domésticas y en el “rebusque”, no se ve cuáles serán los sectores que formalizarían el ofrecido millón de puestos.
Igual se cuestiona el gravamen a los salarios mensuales de más de $2,3 millones y más aún cuando se compara con la rebaja del 33% al 25% en la tasa del impuesto de renta a las empresas. Hay que notar que el 82% de las utilidades corporativas se van para las cien firmas más grandes -financieras como AVAL, mineras como BHP Billiton y de comunicaciones como la de Slim- y que, luego de sumar y restar, para 2013 se rebajarán sus tributos en $5,83 billones mientras los de las personas subirán en $4,69 billones.
La “hoja de parra” para encubrir el disparate es la contribución – CREE- del 8% sobre las ganancias de las compañías, con lo cual eventualmente se repararía lo sustraído a la salud, al ICBF y al Sena. Las cuentas no cuadran: mientras lo dejado de pagar llega a $ 6,7 billones, el CREE recaudará en 2013 solo $4,47, o sea, un faltante de más $2 billones que el gobierno cubriría “excepcionalmente”. Además de la insuficiencia, a las instituciones amenazadas (ICBF y SENA) también las afectaría la incertidumbre, ya que los resultados económicos empresariales tienen ciclos, son variables.
Kalmanovitz y Acosta develan otras iniquidades, como “aliviar a los especuladores financieros”; o “las deducciones que son generosas para las personas naturales más ricas”; o exonerar los dividendos recibidos por los dueños de las empresas; o “reducir el impuesto a las herencias, desde el 33% al 10%, que le ahorraría al hijo del principal banquero del país más de US$1.000 millones de su actual riqueza”.
Si además en la Reforma se impone IVA a algunos artículos de la canasta familiar y se afecta hasta el “corrientazo”, se aumentaría el recaudo de impuestos indirectos en un billón, golpeando a los más pobres. Ante tanta evidencia, no queda más por decir, ¡Archívese!
Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 22 de octubre de 2012
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