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La Contraloría General advierte que de 14.357 explotaciones mineras activas, sólo 5.316 cuentan con un título minero y de éstas apenas 2.809 reportan autorización ambiental.

Justo cuando en el país se debate la legalidad de la licencia ambiental de Cerro Matoso, el más reciente informe de la Contraloría General de la República, del “Estado de los recursos naturales y del ambiente”, pone sobre la mesa una discusión de mayor envergadura: la desequilibrada relación entre la actividad minera en el país y sus autorizaciones ambientales .

Una prueba contundente de la situación es que, según cifras del Censo Minero Departamental 2010-2011 analizadas por la Contraloría, de 14.357 explotaciones mineras activas, sólo 5.316 tienen título minero. Las demás son ilegales, confirmando la dimensión de la actividad informal en el sector. Sumado a esto, de las formales, apenas 2.809 reportan algún tipo de autorización ambiental (ver gráfico).

Pocos controles

La legislación minera dice que para poder explotar minerales en Colombia se requiere licencia ambiental vigente y, si el título fue otorgado antes de la Ley 99 de 1993, es obligatorio tener un plan de manejo ambiental. Pero según el informe, de las 5.316 explotaciones en las que reportaron título mineros vigentes, 2.503 reconocieron no tener una autorización ambiental.

¿Por qué sucede esto? La ausencia de control y seguimiento a los títulos, como señala el abogado experto en derecho ambiental, Rodrigo Negrete, sería una de las explicaciones. Como los mineros pueden acceder al título desde la etapa de exploración, es posible que muchos empiecen a explotar sin tramitar la licencia ambiental, ni informar a las autoridades. En ese sentido, para Negrete es claro que no está fluyendo la información entre las autoridades mineras y ambientales.

La diferencias entre títulos y autorizaciones probaría que se está haciendo explotación disfrazada de exploración en muchas labores mineras en el país, particularmente para materiales de arrastre y carbón subterráneo, como lo han denunciado los ambientalistas en distintas ocasiones.

El gobierno por su parte, reconoce la limitación en el control, tanto así que hace dos semanas la Agencia Nacional Minera (ANM) anunció un plan de fiscalización en el que planea invertir $337 mil millones para hacerle seguimiento a los títulos existentes en el país.

¿Normatividad vs. medio ambiente?

A los líos que puede generar la minería informal se suma que las actividades de las empresas mineras legales también están pasando cuenta de cobro al ambiente durante la etapa de exploración, con el agravante de que el control en esta etapa es bastante débil, como lo advierte la Contraloría en el estudio.

Las empresas mineras empezaron a desligarse del control ambiental en 1995. Ese año se eliminó la exigencia de una licencia ambiental durante la exploración y las mineras quedaron sujetas a la presentación de un plan de manejo ambiental, pero en 2002, a través del Código de Minas se eliminó también el plan de manejo ambiental y el único requisito fue seguir una guía minero ambiental.

Hoy los resultados de los cambios en la norma no parecen muy favorables. De acuerdo con el estudio de la Contraloría, desde la etapa de exploración se pueden generar efectos negativos sobre los ecosistemas. Ejemplos de esta situación se han reportado en proyectos como Angosturas en el páramo de Santurbán (Greystar, hoy EcoOro) y La Colosa (AngloGold Ashanti), donde se encuentran indicios de contaminación de aguas, ocupación de causes con maquinaria e inestabilidad de taludes, además de un creciente conflicto social.

Según un estudio de impacto ambiental que presentó la empresa Greystar en 2009 sobre sus labores en Santurban, durante la exploración se construyeron túneles o galerías exploratorias”. Según el análisis de la Contraloría, ya se ha demostrado que este tipo de intervenciones generan impactos irreversibles sobre la dirección de los flujos de aguas subterráneas, que contaminan otras fuentes hídricas además de permitir “una eventual invasión de mineros ilegales en caso de que no se otorgue la licencia ambiental para la fase de explotación”.

En el documento, que ya está en manos de los congresistas para su análisis, la Contraloría recomienda analizar la posibilidad de que la licencia ambiental sea obligatoria durante la etapa de exploración, como se había decidido en 1994.

Su propuesta la comparten expertos en medio ambiente como Manuel Rodríguez, Rodrigo Negrete y Julio Carrizosa, quien señala que “el concepto de exploración lo han entendido las compañías en una forma muy amplia y han introducido en ese proceso actividades que pueden tener consecuencias graves. Esa norma tendría que ser revisada para que tengan licencia desde el primer momento”.

Precisamente, especialistas en derecho ambiental como Marcela Jiménez, creen que la reforma al Código de Minas es una oportunidad para introducir este cambio. Pero otra cosa opina Eduardo Junguito, director de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía: “Por técnica legal no debería ser parte de la reforma al Código Minero, porque es un tema regulado por otros cuerpos normativos. El que se debería entrar a bordar es el Decreto 2820 y cuando se haga daremos nuestros comentarios”.

Basado en lo que han manifestado varios mineros, Junguito agrega que les puede resultar incluso conveniente que la licencia ambiental se exija desde el comienzo. Si se le negara este permiso a la empresa luego de la exploración, podría perder toda la inversión. Según Junguito, “la minería responsable busca el mayor desempeño ambiental, los mineros lo harían con toda disposición desde que arranca la etapa exploración”.

La pregunta es entonces ¿por qué las empresas mineras no le cumplen al medio ambiente desde el principio? Hoy parte de esa respuesta, así como el informe de 512 páginas de la Contraloría, están en manos del Congreso.

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