¿Fue Víctor Carranza el que organizó la masacre de Miraflores en 1997 apoyado por el ejército? Documentos estadounidenses desclasificados arrojan una nueva luz sobre posibles vínculos paramilitares del “Zar de las esmeraldas” en Colombia.

  
En documentos reservados del gobierno de los Estados Unidos, Carranza es señalado de tener vínculos con paramilitares
 
A medida que la vida de Víctor Carranza Niño, conocido como el “Zar de las Esmeraldas”, se acerca a su último capítulo, lo vemos nuevamente objeto de una investigación sobre sus vínculos, hace tiempo sospechados, con escuadrones paramilitares responsables de numerosos asesinatos y de horribles masacres a lo largo de varias décadas. El magnate de la minería, que hoy tiene 77 años, ya salió ileso en una ocasión de acusaciones similares hace diez años. Desde entonces, sin embargo, el panorama de sus posibles actividades ilegales se ha hecho más claro, tanto gracias a las confesiones de antiguos jefes paramilitares como a la colección de documentos estadounidenses desclasificados y publicados hoy mismo por el National Security Archive. 
 
Uno de estos documentos contiene nuevos e intrigantes detalles sobre el posible involucramiento de Carranza en la masacre de Miraflores en octubre de 1997. Doce campesinos fueron asesinados y cientos más fueron desplazados durante el operativo, parte de una ofensiva coordinada por las entonces recientes Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el fin de disputarles a las FARC y a otros grupos el control del lucrativo negocio de la coca. De probarse el vínculo entre Carranza y el operativo en Miraflores respaldaría la acusación de que él formó y comandó al conocido grupo paramilitar de los “Carranceros”, después conocido como las Autodefensas de Meta y Vichada. 
 
Los anteriores intentos de investigar al hombre que controla cerca de un tercio del mercado mundial de esmeraldas han terminado por fracasar sea por falta de evidencia, falta de voluntad política, o de corrupción en el sistema judicial. En 1996, cuando a una fuente de la Embajada le preguntaron cómo es que Carranza había podido eludir la justicia hasta entonces, éste respondió que en el primer caso “ninguno de los testigos se atrevía a hablar” y que en el segundo “todos los testigos habían muerto”.
 
Sin embargo, la Unidad Antiterrorista del Fiscal General ha abierto ahora una nueva investigación basada en los testimonios de más de media docena de ex miembros de las AUC. En los últimos años varios líderes y subordinados han acusado a Carranza de patrocinar y organizar escuadrones paramilitares responsables por innumerables masacres y asesinatos. 
 
El consenso entre ellos sobre el hecho de que Carranza fuera un líder importante de las AUC corrobora las observaciones de diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses, que lo han llamado tanto un “capo del narcotráfico” como uno de los “más conocidos” líderes paramilitares en Colombia. Y ahora el testimonio de un ex jefe de las AUC bien puede ser la llave para develar los secretos de un cable diplomático estadounidense recientemente desclasificado de la masacre de Miraflores. 
 
Hace unos meses el jefe paramilitar encarcelado Freddy Rendón Herrera “El Alemán” le dijo a los fiscales que el reservado Carranza había usado el llamativo alias de “Clodomiro Agámez” en sus asuntos con las AUC. Este singular nombre de guerra es asombrosamente parecido al que usó un líder paramilitar que “admitió libremente” que “él y algunos hombres bajo su mando” organizaron la masacre de Miraflores, según un cable diplomático estadounidense desclasificado. El reporte, de diciembre de 1997 y titulado “Mapiripán y Miraflores: Indicios crecientes de la facilitación del Ejército a los Paramilitares” le atribuye la confesión a “Clodomiro Agami”, identificado como “el líder de los paramilitares de los Llanos Orientales”. Según lo reportado, “Clodomiro” dijo que el Ejército colombiano “conocía con anterioridad sus planes y actividades en Miraflores y había facilitado el operativo desde el comienzo hasta el fin”. El Ejército, dijo, “estaba tan infiltrado por paramilitares y por sus secuaces que ni él ni sus colegas tenían temor alguno de que los arrestaran”, y “siempre se les avisaba con antelación de cualquier posibilidad de captura”. 
 
Aunque la pequeña variación entre los nombres pueda crear dudas sobre la identificación de uno y otro, la caracterización como “Clodomiro” en los cables de la Embajada como un jefe paramilitar en esa región vinculado con miembros de las fuerzas armadas es consistente con todos los records desclasificados diplomáticos o de inteligencia que se conocen, en cuanto a los supuestos vínculos de Carranza con grupos paramilitares.
 
Uno de los documentos caracteriza a Carranza justamente como el tipo de paramilitar que se escondería tras un nombre falso. Un reporte de inteligencia preparado en 1998 por el General Charles Wilhelm, el militar estadounidense de más alto rango en América Latina, dijo que el sigiloso Carranza estaba “a gusto operando tras bambalinas” mientras que otros jefes de las AUC como Carlos Castaño jugaban “un papel de mayor visibilidad”. Carranza de hecho era “más poderoso” que Castaño, según el oficial que le dio el reporte a Wilhelm, “porque es multimillonario; le lleva el doble de años a Castaño; tiene más gente armada bajo su mando; y ganó una sangrienta guerra en 1980 contra el capo de la droga [del Cartel de Medellín] Gonzalo Rodríguez Gacha”. 
 
Otro record señala como evidencia que en una ocasión Carranza buscó el apoyo del Ejército para sus actividades, cuando necesitó tapar una masacre ocurrida sólo meses antes de la de Miraflores, y no lejos de allí. El agregado militar de Estados Unidos reportó que un oficial del Ejército colombiano había sido contactado por un “agente paramilitar” del “grupo de Víctor Carranza” pidiendo ayuda militar para “legalizar” los asesinatos resultantes de una operación paramilitar de “limpieza” en Tomachipan, probablemente clasificándolos como guerrilleros caídos en combate. 
 
“Capo del narcotráfico”
 
Lo que primero llamó la atención de los oficiales estadounidenses en los años 80 fueron las relaciones de Carranza con narcotraficantes como el Rodríguez Gacha “El Mexicano”, capo del Cartel de Medellín. Los dos habían “corrompido a los militares locales”, según una fuente confidencial de la Embajada estadounidense y estaban comprando tierras en los remotos Llanos Orientales como parte de una estrategia que incluía “ejercer el control sobre la política de la región y subyugar las organizaciones campesinas a las necesidades de seguridad del narcotráfico”. En equipo con ganaderos y miembros de las fuerzas de seguridad locales, Carranza y Rodríguez Gacha armaron grupos de “autodefensa” para borrar la oposición política, proteger sus negocios de las amenazas de la guerrilla y destruir cualquier obstáculo eventual. 
 
Muchos de los asesinatos reportados tuvieron causas políticas. Algunos reportes de la Embajada de finales de los 80 conectan a Carranza y sus secuaces con una serie de grotescos asesinatos masivos. En uno de ellos, la Embajada presenta información que indica que el “Zar de las esmeraldas” ha apoyado a “un grupo de asesinos” responsables de los asesinatos de 38 hombres sospechados de ser guerrilleros en la masacre de Mejor Esquina de abril de 1988. Carranza era también “el principal sospechoso de haber organizado y financiado el desmadre que le quitó la vida a 41 habitantes de Segovia, Antioquia, un bastión de la izquierda, el 11 de noviembre de 1988”. Poco después, las autoridades colombianas descubrieron un capo de entrenamiento militar junto con los cuerpos de 40 supuestos miembros de la Unión Patriótica (UP), partido político izquierdista, en una finca que había pertenecido a Carranza. Un reporte de la Embajada identificó al respecto a Carranza como un “asociado de Rodríguez Gacha” de quien “se sospechaba haber organizado y financiado varias masacres importantes”. Semanas después, la revista Semana publicó el llamado “Dossier paramilitar”, basado en fuentes confidenciales del gobierno colombiano, que ofrecía amplios detalles sobre los vínculos de Carranza con escuadrones y con narcotraficantes. 
 
Otros reportes de la Embajada posteriores registraron el baño de sangre que ocurrió después que “El Mexicano” tratara de “tomarse el negocio del tráfico de esmeraldas”, arrebatándoselo a su antiguo socio. Las “guerras de las esmeraldas” habían “incubado grupos armados tan despiadados y sofisticados como los que habían fundado los narcotraficantes”, según un cable de la Embajada, e involucrando “en gran medida a la misma gente”. Otros  cablesdescriben la “sangrienta contienda” entre los grupos de Carranza y de Rodríguez Gacha tanto por el control de las esmeraldas como de las drogas, que terminó cuando el infame jefe del Cartel de Medellín murió a manos de la policía en diciembre de 1989.
 
El asesinato desató rumores de que Carranza había colaborado con la búsqueda de la policía y que básicamente se había cambiado de bando en el submundo de los narcóticos, uniéndose al rival Cartel de Cali y al gobierno colombiano en su guerra abierta contra sus antiguos asociados en Medellín. Un documento de la DEA de Estados Unidos respalda esta teoría, pues indica que la policía colombiana quería que el “Zar de las esmeraldas” colaborara con la caza a Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín que había escapado de la cárcel en 1992 y andaba fugitivo. El cable, descubierto por el periodista Mark Bowden en su libro Killing Pablo, decía que la Policía Nacional de Colombia estaba “intentando contactar al traficante de esmeraldas Víctor Carranza con la esperanza de recolectar información sobre la ubicación de Escobar”.
 
Hacia 1990, Carranza se había posicionado como “el miembro más prominente de la extremadamente violenta mafia narco-esmeraldera en Colombia”, según un documento de la Embajada. Al año siguiente, la Embajada dio indicaciones de que Carranza, el “capo del narcotráfico”, podía “aprovechar el vacío” dejado tras la rendición del grupo paramilitar de Ariel Otero en el Magdalena Medio. El embajador estadounidense Morris Burby dijo que había “razones para creer” que Carranza se había aliado con Iván Roberto Duque, antiguo jefe del grupo paramilitar ACDEGAM. 
 
Los intentos de culpar a Carranza por los asesinatos cometidos por su grupo fracasaron, y él aparece destacadamente en un cable de 1990 lamentándose de la cantidad de “obstáculos” que el sistema judicial colombiano enfrentó ese año. El “notorio” Carranza, del que la Embajada había dicho ser “el miembro más prominente de la extremadamente violenta mafia narco-esmeraldera en Colombia” fue arrestado y liberado seis horas más tarde, “después de que una corte verificara que no existían acusaciones criminales pendientes en su contra”. Carranza había sido “exculpado formalmente” de las acusaciones de asesinato a pesar de que las víctimas “habían sido encontradas en una fosa común en una propiedad que había pertenecido al traficante de esmeraldas”. 
 
Uno de los paras “más conocidos” en Colombia
 
Para cuando los dispares grupos paramilitares del país se habían unido para formar las AUC en 1997, Carranza ya era uno de los “más conocidos” paramilitares en Colombia, junto con Carlos Castaño. En una detallada respuesta a las preguntas del Departamento de Estado sobre actividad paramilitar en Colombia, la Embajada nombró a Carranza, a “‘Guillermo Torres’ alias ‘Sestan’ o ‘don Guillermo’ y a ‘Carlos Castillo’” como miembros de “la organización de Víctor Carranza”. Las “áreas de operación” del grupo incluían “Puerto López, Puerto Gaitán, El Porvenir, Río Tillava, El Dorado, Cumaral (Ariari), Villavicencio, Acacias y Guamal (Meta), así como Medina y Paratebueno en Cundinamarca”. La organización de Carranza también estaba cooperando con lo que había quedado de la organización de Rodríguez Gacha, según el cable. 
 
Las agencias de inteligencia estadounidenses también ponían a don Víctor en la cima de la jerarquía paramilitar. En uno de sus primeros reportes completos sobre las recientes AUC, la CIA dijo que Carranza y Castaño habían encontrado la manera de trabajar en equipo:
Las rivalidades personales entre Castaño y Carranza frustraron los intentos de unidad anteriores, pero los dos han dejado de lado sus diferencias con el fin de unir sus recursos y formar fuerzas más competentes para hacer frente a las guerrillas…
 
La gráfica en la página 17 del reporte de la CIA identifica las “Áreas de acción de los mayores grupos paramilitares en Colombia” desde mayo de 1997, incluyendo lo que los analistas llamaron “la organización de Víctor Carranza”, que operaba en el sur de Boyacá y en el centro-norte del Meta. 
 
Observados con atención desde Washington
 
La Embajada miró con aprobación el arresto de Carranza durante el Primer Congreso y Expo Mundial de la Esmeralda en Bogotá, tildándolo como evidencia de que Colombia “podía estar pasando un punto de inflexión en la espinoso asunto de los nexos entre militares y paramilitares”. Un reporte militar estadounidense decía que el arresto era “ulterior evidencia de la aparente determinación [de Colombia] de combatir a los paramilitares”. Era de esperarse que el “veterano jefe paramilitar” “usara su poder considerable y su influencia para intentar evitar el encarcelamiento”, según el Comando Sur de los Estados Unidos. “Ejecutivos de multinacionales petroleras también manifestaron su preocupación acerca de la expansión de las fuerzas paramilitares de Carranza”, según un reporte de la oficina de inteligencia del Departamento de Estado, y “los intereses de los negocios internacionales” estaban “crecientemente preocupados por el efecto de congelamiento que las actividades de los paramilitares tienen sobre las inversiones”. 
 
Tales miedos dieron lugar a una reunión de alto nivel con fiscales colombianos específicamente sobre el asunto de Carranza, en la que el jefe de misión de la Embajada, Oliver P. Garza, manifestó “preocupación” por el caso en contra del “jefe paramilitar acusado”. Garza dijo que el caso estaba siendo “observado con atención desde Washington” y se mostró preocupado por los reportes que decían que Carranza se estaba “ufanando” de lo pronto de que saldría de prisión. El oficial le dijo a Garza que la Fiscalía estaba “confiada en la solidez del caso”, pero “no mencionó los pormenores”. Un oficial de la oficina que estaba juzgando a Carranza después le aseguró al personal de la Embajada que “el caso era consistente y no había ‘manera’ de que Carranza fuera puesto en libertad”. Cuatro años después, el “Zar de las esmeraldas” salió en libertad de la cárcel, absuelto por un tecnicismo cuando la juez no logró cumplir con uno de los plazos. Poco después la juez misma fue acusada de “practicar la corrupción” y sentenciada a 46 meses de cárcel. 
 
Aunque pasó varios años detenido, Carranza nunca ha sido condenado por sus nexos con el paramilitarismo. ¿Será una nueva investigación sobre los supuestos vínculos con el paramilitarismo capaz de triunfar donde las anteriores han fallado? Con tanta evidencia a la mano, la respuesta a esta pregunta parece depender sólo de si el gobierno colombiano y el sistema judicial tendrán el coraje y los recursos de llevar a cabo el caso, de proteger a los testigos, jueces y ficales de intimidación, y competir con los “recursos considerables” que Carranza puede destinar a su defensa. 
 
Michael Evans es el director del Proyecto de Documentación sobre Colombia del National Security Archive, organización basada en la Universidad de George Washington en Washington D.C.