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En diciembre del año pasado a raíz de la aprobación de la Ley C-45 que modifica normas sobre pueblos originarios y protección medioambiental de tierras y aguas, indígenas y activistas de todo el país resolvieron darle fuerza al movimiento “Idle no more” (No más pasividad) ocupando avenidas principales, puentes y vías férreas.

 

De este modo llamaron la atención de todo un país sobre la situación que atraviesan los indígenas de las reservas. La reacción no era para menos, la nueva norma establece mecanismos que permiten que estas áreas sean aprovechadas por empresas, por ejemplo, de petróleo, perjudicando así la extensión de las reservas.

 

La nueva norma viola tratados indígenas y derechos, además que, como señalan los activistas, destruye treinta años de progreso en la legislación que protege el medioambiente. Los diputados canadienses regresan el lunes a la Cámara de los Comunes, y para esta fecha se espera el reinicio de las protestas.

 

La lucha de Theresa Spence

 

“Idle no more” captó más atención y apoyo cuando Theresa Spence, jefa de la Primera Nación de Attawapiskat, anunció el inicio de una huelga de hambre el pasado 11 de diciembre, la misma que culminó el 24 de enero con el compromiso de dos de los principales partidos de la oposición a la causa indígena.

Pese a que del acuerdo también formaron parte grupos como la Asamblea de las Primeras Naciones (AFN), el panorama aún no es nada alentador, explican algunos medios, y se preguntan si “Idle no more” podrá llegar lejos cuando se observa que el gobierno hace de cuenta que no existen.

 

Entre las demandas de Spence se contaba la concreción de un encuentro con el primer ministro Stephen Harper, algo que no sé dio, aunque sí se llegó a concretar, o quizás forzar, una reunión con otros líderes indígenas el pasado 11 de enero para discutir las preocupaciones de las Primeras Naciones.

Oposición suscribe acuerdo con indígenas

 

La declaración suscrita con los partidos de oposición, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) y el Partido Liberal (PL), abre un nuevo camino para los indígenas de Canadá en lo referente al desarrollo económico y social, así como el reconocimiento de sus derechos sobre territorios tradicionales.

 

La declaración consta de trece puntos, uno de ellos se refiere a la necesidad de responder a la grave crisis de vivienda que existe en las reservas indígenas, la demanda de compartir los ingresos de la explotación de recursos naturales y que los indígenas sean consultados en aquellos proyectos de ley que afectan sus derechos.

 

Uno de los puntos más importantes a destacar de la declaración es la “completa implementación” de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, un texto que el Gobierno canadiense ha señalado que es “incompatible” con la constitución del país.

 

Para algunos medios los cambios recientes en la legislación canadiense, introducidas por el gobierno conservador, en relación a los derechos indígenas, están directamente vinculadas con la creciente dependencia económica de Canadá son sus recursos naturales.

 

Es así que por muchos años se ha considerado que actividades como la minería, la extracción de petróleo y gas siempre han pasado por alto las obligaciones jurídicas que tiene el Estado con los indígenas producto de la firma de acuerdos y tratados internacionales.

 

En un discurso en 2011, Theresa Spence, ya había dado alerta sobre la situación de desigualdad, al señalar en un discurso que solo unos pocos se están haciendo ricos, incluyendo el gobierno de Canadá y Ontario, a raíz de los pagos por regalías, mientras que otros reciben tan poco.

 

A esto se suma la marginación política de la mayoría de los pueblos indígenas.

 

México se solidariza con indígenas de Canadá

 

Desde sus orígenes “Idle no more” contó con el apoyo y la solidaridad de países como Nueva Zelanda. Esta semana fue el turno de México. Organizaciones y comunidades acordaron luego de un encuentro, del que formaron parte representantes de trece estados, exigir la cancelación de importantes proyectos mineros.

Exigen así la cancelación inmediata de los 33 proyectos mineros que se piensan desarrollar en Oaxaca, en especial la cancelación de proyectos como “San José”, en la región del mismo nombre, y “Natividad” en Capulálpam de Méndez, ambos operados por empresas canadienses.

 

“El tiempo en que el gobierno representaba el poder absoluto es un asunto del pasado, es necesaria una nueva relación con el gobierno, en donde los pueblos indígenas decidan el destino de sus territorios”, reza un la declaración suscrita por las organizaciones con fecha del 28 de enero de 2013.

 

Servindi, 1 de febrero, 2012.-

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