Una vez mas los pueblos indígenas de Centroamérica y nuestros territorios pasamos a ser objetivos militares.
Según el periódico Lawrence Journal en su edición del pasado 13 de junio, el Departamento de Estado aprobó fondos para laIniciativa de investigación Minerva, destinadas a efectuar una serie de investigaciones relacionadas con las denominadas Expediciones Bowman. En esta ocasión las Expediciones Bowman se encargarán de mapear los 59 pueblos indígenas de Centroamérica.
El proyecto se denomina Centroamérica Indígena y es una réplica del controvertido México Indígena (2005-2008), el cual fue denunciado por la Union de Organizaciones de la Sierra de Oaxaca (UNOSOJ), señalando los afectados no haber sido advertidos por los geógrafos de la Universidad de Kansas, encargados de la ejecución del proyecto, de sus conexiones con la Oficina de Estudios Militares Extranjeros (FMSO, por sus siglas en inglés).
Las expediciones Bowman recopilan información destinada a la base de datos del Sistema de Terreno Humano, utilizado como parte de la estrategia militar en las guerras de Irak y Afganistan. En el caso de Mexico Indígena, los estudios fueron realizados en la Huasteca y la sierra de Oaxaca, lugares donde existe mayor resistencia al proyecto de titulación de tierras PROCEDE, financiado por el Banco Mundial (B.M.), destinado a la liquidación del sistema de tenencia ejidal de tierra y promotor de la titulación individual
El Factor Demarest: la propiedad comunitaria y la supuesta inducción a la violencia”
El teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, asignado al Proyecto Mexico Indígena, y participante de la Expedición Bowman, denominada Comuna 13, en Medellin Colombia, ha manifestado en diversas ocasiones su repudio a la propiedad comunitaria. En uno de sus escritos intitulado “Geopropiedad: Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad”, recalca que “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y sugiere como única solución para estos “campos de cultivo de crimen e insurgencia” la privatización en titulación de la tierra.
En Honduras, la OFRANEH ha venido denunciando de forma contundente como el B.M, a través del Proyecto de Administración de Tierras de Honduras, (PATH); promotor de la vigente Ley de Propiedad, en su Capitulo III, específicamente el artículo 100, está diseñado para la disolución de los títulos comunitarios emitidos por el Estado durante las últimas décadas.
Nuestra organización recurrió al Panel de Inspección del B.M, señalando la violación a las directivas operacionales en relación a pueblos indígenas. El Panel en su informe indicó como el Estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT al desconocer el derecho a la consulta en relación a la elaboración de la cuestionada Ley, además de indicar una serie de incongruencias por parte de la gerencia del Banco en el manejo el proyecto PATH.
El actual gobierno post golpe de estado en Honduras, ha pretendido, a traves de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) conocida también como ciudad modelo, pretendió rematar a inversionistas extranjeros una área que abarca 24 comunidades Garífunas. La Ley RED fue sustituida por la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), ademas de la nueva Ley para la Promoción del Desarrollo y Conversión de la Deuda Pública (Ley Hipoteca), la cual no ha sido puesta en vigor.
La disolución de la propiedad comunitaria que ya existe en las comunidades Garífunas, es una muestra del doble lenguaje de los funcionarios estatales y de los organismos financieros, los que conocen el efecto dominó de las ventas de tierras que se dará a través de la individualización de la propiedad.
Ofensiva Estatal contra los pueblos indígenas de Centroamérica
En los últimos años, la implementación del Proyecto Mesoamérica, previamente conocido como Plan Puebla Panama, ha generado intervenciones represivas contra los pueblos indígenas que se han pronunciado en contra de la construcción de centenares de represas en sus territorios y la explotación de la minería. Desde San Cristobal Barrillas (Guatemala) a Tabasara (Panamá), se escucha el clamor de las comunidades indígenas que nunca fueron consultadas y ven como sus hábitats son anegados por las represas.
El derecho a la Consulta y Consentimiento, Previa, Libre e informada (CPLI) consignado en el Convenio 169 de la OIT, el que ha sido firmado y ratificado por casi todos los países de Centroamérica, es violado de forma sistemática. Todo indica que las inversiones tanto nacional como extranjeras son mas importantes que salvaguardar a los pueblos indígenas y sus culturas, las cuales se encuentran íntimamente ligadas con la madre tierra.
La reacción de los pueblos a los despojos territoriales y consecuentes desplazamientos poblaciones, han suscitado un enorme interés por parte de ejércitos y fuerzas represivas, que buscan neutralizar los reclamos pacíficos efectuados por los pueblos en resistencia y algunas de sus organizaciones.
En el caso del FMSO de los Estados Unidos, estos denominan a Centroamérica como su frontera (borderlands) y en nombre de la supuesta guerra contra el narcotráfico vienen interviniendo directamente con la creación de bases militares y ahora con el proyecto Centroamérica Indígena, pretenden generar una base de datos mas allá de la geografía terrestre de los 59 pueblos que habitamos en el istmo.
Sistema de Terreno Humano en la Moskitia e inclusión inconsulta de las comunidades Garìfunas
Entre mayo a septiembre del 2011, los geófragos de la Universidad de Kansas asociados al ejercito de los Estados Unidos, efectuaron un riguroso mapeo del territorio que abarca desde cabo Camarón hasta el río Coco, incluyendo a las comunidades Garifunas sin haber efectuado ninguna consulta con nuestro pueblo.
Da la casualidad que para mayo del 2012, la costa norte de Honduras fue sujeta a un operativo militar que incluyó una operación psicológica. Helicópteros del departamento de Estado llevaron a cabo sobrevuelos nocturnos a ras de ciudades y comunidades, misiones aéreas que culminaron con la masacre de Miskitos inocentes en el río Patuca.
La evidente militarización que enfrenta Centroamérica, tras el imparable incremento de la violencia, siendo esta casualmente casi inexistente en las comunidades indígenas, forma parte de una estrategia de sometimiento y saqueo de nuestros territorios, donde se encuentran buena parte del remanente de los denominados “recursos naturales”.
Sambo Creek, La Ceiba Atlantida,
1 de Octubre del 2013, de ofraneh
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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