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Teniendo en consideración varias resoluciones y decisiones del organismo multinacional y reconociendo que 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen saneamiento básico y que cada año fallecen un millón y medio de niños menores de cinco años, por las enfermedades derivadas de consumir aguas contaminadas, la ONU resuelve “declarar el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida” y exhortar a los estados para que “proporcionen recursos financieros”, “a fin de intensificar los esfuerzos por suministrar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.

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El pasado 26 de julio, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas -ONU- aprobó la resolución, presentada por Bolivia y otras 33 naciones, referente al derecho humano al agua y al saneamiento.

Teniendo en consideración varias resoluciones y decisiones del organismo multinacional y reconociendo que 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen saneamiento básico y que cada año fallecen un millón y medio de niños menores de cinco años, por las enfermedades derivadas de consumir aguas contaminadas, la ONU resuelve “declarar el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida” y exhortar a los estados para que “proporcionen recursos financieros”, “a fin de intensificar los esfuerzos por suministrar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.

Sin lugar a dudas, estas son buenas noticias para quienes respaldan la lucha, aún en curso, para lograr que: El agua se incluya en la Constitución de Colombia como un derecho humano fundamental, al que tengan acceso todos los ciudadanos, independientemente de que posean con qué pagarlo y sobre la base de establecer un mínimo vital gratuito; se contemple el cuidado especial de las fuentes y del agua en todos sus estados, como bien común y público, y por lo tanto inajenable, y para que la prestación del servicio no se privatice y sea realizada por empresas públicas o comunidades organizadas sin ánimo de lucro.

Durante el gobierno anterior, el referendo del agua, que respaldaron más de dos millones de ciudadanos, fue saboteado en la Cámara de Representantes por las mayorías uribistas. Aun así, sin vergüenza alguna, la delegación colombiana en la ONU votó favorablemente la resolución. Y quienes estamos atentos de los asuntos, nos preguntamos por qué. ¿Cambio acaso el uribismo-santista? o ¿se actúa con demagogia y se respalda, dado que la resolución no es vinculante y, por lo tanto, no obliga a los estados? Creemos es lo segundo.

Para los más de trece millones de colombianos que no disponen de agua potable y los casi veinte millones que no tienen saneamiento básico, la resolución de la ONU, aparte de razones y argumentos, no significa un cambio en las políticas oficiales. Algunos afirman que la resolución de la ONU convierte el agua en derecho fundamental de los colombianos, tutelable y exigible pero ocultan -porque es sabido- que las resoluciones de la ONU no obligan a los Estados.

Permitir que el gobierno haga demagogia con el voto que dio, a favor de la resolución de la ONU, sin aclarar que ésta no es vinculante para el Estado colombiano, es propiciar el engaño de millones de ciudadanos. También lo es cifrar esperanzas entre los colombianos haciéndoles creer que los que aprobaron las políticas de apertura y privatización trabajarán para hacer realidad el derecho al agua potable. Y más grave es hacerse ilusiones, o sembrarlas, de que dialogando con el presidente, jefe de quienes sabotearon la aprobación del referendo del agua, se alcanzará este derecho. Los neoliberales, como Santos, acogen el mandato de las multinacionales y defienden sus jugosas ganancias. Jamás aprobarán el contenido del referendo del agua y nunca actuarán a favor de la preservación del medio ambiente y menos ahora que se le impone al país la gran minería de las transnacionales. La experiencia acumulada durante el trámite del referendo, con un parlamento de mayorías uribistas -apiñadas hoy alrededor de la “unidad nacional”- y con un gobierno que sirve de soporte a las empresas y a sus intereses y, sobre todo, con las realidades derivadas del artículo 365 de la Constitución Nacional y de las políticas de “libre mercado” -expresadas como mandato en la Ley 142 de 1994- nos permiten asegurar que, ni en los temas del Referendo ni en los relacionados con el ambientalismo podrá, el nuevo presidente, acoger nuestra propuesta.

Quienes, desde el Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida, reafirmamos en la IX Asamblea Nacional nuestra disposición a “levantar una plataforma de lucha que enfrente integralmente las diferentes formas de privatización, expresadas en políticas nacionales de gran impacto como los planes departamentales del agua y en el impulso de un modelo de desarrollo extractivista, agenciado fundamentalmente por las transnacionales, que amenaza la permanencia de las fuentes y el acceso de la población al patrimonio hídrico” no nos podemos hacer ilusiones en el “nuevo gobierno”. Es claro que, con el gobierno de Santos, continua el mandato de las multinacionales que, con tanto ahínco, intrigaron y se opusieron al Referendo del Agua.

[ Fuente: Polo Democrático ] [ Autor: Jorge Enrique Robledo]