Por OPSur.-  uso“Es necesario que el movimiento sindical del mundo, alrededor del tema del petróleo, asuma una postura crítica frente al modelo –afirma Edgar Mojica Vanegas. El modelo extractivista está afectando a la humanidad y está en manos del capital mundial, representado en corporaciones trasnacionales. Hay toda una lucha que dar contra ese modelo. Hay todo un trabajo de solidaridad que hacer con pueblos donde el modelo extractivista está siendo nefasto”, enfatiza.

La afirmación, el imperativo, cobra mayor dimensión en contexto: quien hace estas aseveraciones forma parte de la conducción nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), organización mayoritaria de los trabajadores de la industria petrolera en Colombia. Nos estamos refiriendo a un país que lleva cincuenta años de conflicto armado, donde la propiedad de la tierra y de los recursos naturales son centrales en la disputa, y donde el presidente Juan Manuel Santos presentó la llamada Locomotora Minero Energética, que plantea la profundización del modelo extractivista, como pilar de su gestión.

Edgar Mojica Vanegas integra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO, justamente, representado al sindicato, en octubre participó del taller seminario Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias, que organizó el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), en la ciudad de Cochabamba. Allí lo conocimos y en ese marco conversamos sobre la relación de la USO con las comunidades afectadas por el modelo, la política hidrocarbuífera del país, el vínculo de las corporaciones con la violencia estatal y paraestatal, la necesidad de que los diálogos de paz prosperen y la propuesta de Ley Orgánica de Hidrocarburos que busca darle otra sentido a la energía del país.

-En principio decirte que no deja de sorprendernos que haya un sindicato petrolero que acompañe las demandas de las poblaciones afectadas por la industria, por lo menos en Argentina no es así.

Yo creo que hace parte de nuestra historia. La USO tiene 90 años y en sus 90 años siempre ha estado ligada a las luchas del pueblo, pero también siempre ha hecho propuestas que superan lo reivindicativo. Nuestra propuesta hacia el país es una propuesta netamente política alrededor del tema de los hidrocarburos en Colombia, y está basada en una perspectiva de clase que nos identifica como un sujeto político activo, con una visión del país, con una visión del mundo, y que luchamos para transformar una realidad que creemos que no es la más adecuada. Entonces, de ahí nace esa acción de acompañamiento de comunidades en zonas petroleras, de estar pendientes de sus demandas, acompañarlas en las mesas de negociaciones.

Las empresas siempre dicen: “La USO no tiene nada que hablar de medioambiente, no tiene nada que hablar de desarrollo, no tiene nada que hablar de derechos humanos”. Y nosotros hemos dicho: “Sí, si tenemos que hablar. Sabemos del tema y vamos a acompañar a las comunidades”. Es decir, nosotros superamos ese tema de lo reivindicativo-laboral únicamente.

-Y cómo fue esa transición de incorporar lo ambiental. Porque tener una perspectiva de izquierdas, no siempre implica discutir el concepto de desarrollo.

Al interior del sindicato hay toda una discusión, es decir, la postura no es unánime. Hay un sector del sindicato que efectivamente prefiere ser, yo diría, un poco más conservador, trabajar más esa línea de construcción de lo reivindicativo y los derechos laborales, hacerle exigencias a las empresas. Pero desde las organizaciones de izquierda hemos podido entender que es necesario dar una discusión sobre algo que nosotros hemos resumido en una frase: Petróleo sí pero no así. Es decir, el modelo está siendo completamente irracional, hay una lógica irracional basada en la acumulación de capital. Sólo le interesa extraer el petróleo a unos muy buenos precios, ponerlo en el mercado internacional, pero en términos de impactos, no mira el tema ambiental, no mira el tema de derechos humanos, no mira el tema del territorio. Eso ha hecho que el sindicato reflexione y diga: “No soy el único actor en esto, aquí hay otros que piensan, hay otros que se benefician, hay otros que se afectan fuertemente por la explotación petrolera, y mal haríamos en nosotros tratar de vivir bien –pudiera decir uno, con un salario, unas condiciones de vida un poco diferentes a la sociedad del común– y olvidarnos que la sociedad del común se afecta. Ahí hay ese punto de sensibilidad.

-Este perfil clasista de la USO lo han pagado con un alto costo de vidas, de persecuciones. ¿Cómo es llevar adelante estas luchas en el contexto de Colombia?

Sí, el tema de violaciones de derechos humanos fue frecuente en nuestro país y está ligado a la implementación del modelo de desarrollo. En nuestro sindicato en particular las cifras son preocupantes, hay más de cien dirigentes sindicales asesinados, cinco desaparecidos, un buen número de desplazados, exiliados, trabajadores que hemos tenido que reubicar por permanentes amenazas, esto en el marco del conflicto. Hay víctimas de la guerrilla, pero la gran mayoría de las víctimas son víctimas de los paramilitares, y, en el último tiempo, hemos encontrado una relación directa entre esos asesinatos, el modelo paramilitar y los beneficios de las empresas. Es decir, sí, hay una interrelación, y por eso estamos diciendo que hay un capítulo en la historia de nuestro país que no se ha investigado, que se llama ‘para-economía’. Así como se investigó cuáles políticos y gobernantes estaban relacionados con el modelo paramilitar, es importante investigar cuáles empresarios se beneficiaron con el despojo de tierras, con el asesinato de dirigentes sindicales, de campesinos, etc.; y a qué ascendieron sus ganancias, en términos del capital.

Venimos haciendo un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica, básicamente dentro de la integralidad de los derechos de las víctimas, pero hemos dicho: “A nosotros no nos interesa tanto hacer el ejercicio en términos de buscar una reparación, inclusive tenemos discusiones frente al tema de reparaciones colectivas. Reparación implicaría volver al estado natural de las cosas. Si asesinaron a Aury Sará [presidente de USO Cartagena, el 5 de diciembre de 2001] por evitar la privatización de la refinería [de Ecopetrol] en Cartagena, la reparación implicaría que la refinería volviera a ser 100% estatal, por ejemplo. Porque la causa del asesinato del dirigente sindical fue defender la refinería, no fue otra.

-Una compañera del Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, que visitó hace poco Argentina, nos decía que no sólo se oponen a la llegada de petroleras y mineras al departamento Boyacá, en Colombia, por los impactos socio-ambientales propios de la explotación sino también porque detrás de las corporaciones llega la violencia, llega la muerte.

Sí, la llegada del modelo ha generado un cambio sociocultural impresionante en las regiones, creo que es el impacto más grande y que poco se evalúa. Hay cosas como el cambio de la vocación de las regiones, son regiones muy agrarias, muy ligadas al sembrar, a cuidar los animales, a cultivar pequeñas fracciones de tierra, pero una vez que llega la empresa y esa vocación cambia, el campesino empieza a vincularse con la empresa, hay pequeñas enfermedades holandesas (1). Porque en esas regiones la economía ya no gira alrededor del tema del agro sino del salario de la empresa, entonces el cambio económico en esa pequeña geografía es muy grande, todo sube de precio, todo cambia: hay prostitución, hay incremento en el consumo de alcohol, de drogadicción, etc., y, al lado de eso, aparece el fenómeno de violencia.

Aparece el fenómeno de violencia en dos vías: en el tema de la presencia paramilitar, un poco ligada a la ‘protección’ de ese capital; presencia, en muchos territorios, de la insurgencia, que dentro de sus plataformas político ideológicas tiene la lucha contra ese capital extranjero y la defensa de los recursos naturales. Y, otro fenómeno que aparece, es que ante este elemento violador de derechos humanos por parte del capital, las comunidades deciden organizarse y movilizarse, entonces ahí aparece la presencia de la violencia del Estado. ¿Por qué? Porque las movilizaciones sociales no encuentran una respuesta positiva del gobierno sino, por el contrario, una negativa total, lo que hace que el conflicto escale a una fase violenta. Y al escalar a una fase de violencia, las confrontaciones entre la fuerza pública y los campesinos son pan de cada día en nuestro país, obviamente llevando la peor parte los campesinos, que son brutalmente agredidos por las fuerzas del ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] y del Ejército, en algunos casos, como en el Paro Campesino (2), que el gobierno tomó la decisión de enviar al Ejército, cuando constitucionalmente está para otras cosas. Lo envía a confrontar con los campesinos y a defender el latifundio y la extranjerización de la tierra.

Esa es una realidad y creo que es una preocupación válida de esta compañera en decir que el tema del llamado desarrollo lo que está generando es una violencia sin control en nuestro país. De ahí la importancia de las posibilidades de diálogo de paz en este momento, yo creo que un elemento central que debe discutirse es el elemento de la tierra, es el elemento macroeconómico –que el Gobierno no quiere discutir-, es el tema del modelo de desarrollo, el tema de qué hacer con los recursos naturales. Por ahí pasa la paz de nuestro país.

-¿Qué lectura hace el sindicato de la ‘Locomotora minero energética’? Que implica la ampliación de las fronteras extractivas como los planes de explotación en el piedemonte, en el Meta; avanzar sobre Boyacá, con la vocación productiva agraria; o la explotación de no convencionales, sea shale, crudos extra pesados. (3)

 La USO ha dicho enfáticamente que no comparte la política de la Locomotora Minero Energética, que la rechaza contundentemente, y que, por el contrario, invita al Gobierno a que se abra un espacio democrático en el país, donde el pueblo colombiano discuta qué hacer con sus recursos. Y qué hacer con sus recursos es pensar en si el modelo extractivista tiene, de verdad, una alternativa, partiendo de la base del respeto de derechos, partiendo de la base del bien común, y partiendo de la base de romper con la lógica de acumulación de capital, y pensando, también, en temas como el derecho a la energía.

Entonces, en esa lógica, el sindicato dice, construyamos una propuesta base de Ley Orgánica de los Hidrocarburos que incorpore estos elementos, el tema de la renta petrolera, de la tecnología, del medioambiente. Nosotros creemos que hoy en día es sano decir: “En ciertos territorios es imposible hacer cualquier tipo de explotación, porque el impacto ambiental va a ser nefasto para la vida humana”. Porque aquí estamos hablando de la vida de seres humanos y, obviamente, de derechos de la Naturaleza. Creemos que debe construirse la propuesta, no es una propuesta que vaya a construir la USO. La USO simplemente va a decir, aquí está este borrador, este borrador es provocador de un debate nacional, y que el país discuta pero, también, que el país se movilice.

Nosotros sabemos que este es un ejercicio de relaciones de poder, donde la correlación de fuerzas es la que nos va a permitir avanzar en frenar esta Locomotora. Es decir, sin una correlación de fuerzas a nuestro favor, sin un movimiento social fuerte, peleando en las calles, exigiendo derechos, va a ser imposible. Y como en Cochabamba, cuando la Guerra del Agua, en ese documental tan bello una de las frases decía: “Y el pueblo le perdió el miedo a las balas”, yo creo que en Colombia ya el movimiento social y popular le perdió el miedo a las balas. (4)

El Paro Agrario fue un ejemplo, la gente se sensibilizó, el país se sintió campesino, había movilizaciones en las zonas urbanas, también. Había respaldo a los campesinos y los campesinos salieron a decirle al gobierno nacional: “¡Basta ya! Nos tienen quebrados los TLC, no hay posibilidades para el agro, no hay posibilidades para el campo, somos un sector fundamental, determinante”. Y creo que es la vía, la lucha social, la movilización, la lucha popular.

-¿En qué etapa está el borrador de la propuesta de Ley Orgánica de Hidrocarburos?

En este momento tenemos el tercer borrador, donde está la sustentación de motivos y está el proyecto de ley. Una vez el borrador esté listo y sea el documento oficial del sindicato, comenzará a circular públicamente para continuar nutriéndolo.

Este proceso inicia con un proceso educativo. El sindicato hace un diplomado con unos expertos de la Universidad Nacional de Santander donde tocamos muchos temas, el tema ambiental, el tema eléctrico, el tema del gas, el tema petróleo, el tema social –de responsabilidad de las empresas–, y de ahí se crea un equipo, tanto de dirigentes sindicales como de asesores políticos externos de las fuerzas políticas de izquierda que están en el sindicato. Y ese equipo inicia un trabajo temático, en tres mesas, y logran ir construyendo borradores.

-¿Para quién y para qué se extraen hidrocarburos hoy en Colombia?

Los hidrocarburos en Colombia tienen dos destinaciones: el consumo interno -nos autoabastecemos de hidrocarburos- y el mercado internacional. La producción en Colombia hoy es de, más o menos, un millón de barriles equivalentes, y, de ese millón de barriles equivalentes, sólo estamos utilizando alrededor de 120 mil barriles, que es para refinación, el resto es para suplir necesidades de la canasta energética mundial.

Y el dinero queda en manos de las corporaciones empresarias que tienen los proyectos de producción. Porque el modelo de contratación petrolera le entrega el total del crudo a las empresas, Colombia es dueña pura y exclusivamente de las regalías y de los impuestos, es el mercado mundial el que se está beneficiando con ese tema. Las empresas son exentas de impuestos de transferencia, por ejemplo, tienen una disminución de un 30% del impuesto a la renta, liquidan las regalías después de haber hecho liquidación de tasas internas, es decir, que no liquidan sobre el total de sus ganancias.

 

Por OPSur.

 

Colombia: La locomotora que deja al pueblo en la vía