Cerca de 60 personas en condición de desplazamiento, entre mujeres y hombres niños, adultos y abuelos,  completaron 14 días de protesta en el puente de la Cll. 116 con Cra. 9 al norte de Bogotá.

 
Estas personas han llegado a Bogotá en diferentes fechas y desde diferentes departamentos. Indicaron que las razones para ocupar el puente, exponerse al ruido y la contaminación de la transitada Cra. 9 y quizá incomodar algunos vecinos, obedecen a que sus reclamos por protección y justicia no han sido atendidos por instituciones correspondientes como la Unidad de Víctimas a cargo de la doctora Paula Gaviria.
 
Desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado hemos dicho que la Ley de Víctimas, es un mecanismo insuficiente y lento para atender las demandas concretas de las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado; con esta Ley, la atención de emergencia para la población desplazada se ha precarizado y las expectativas generadas con la misma, no se compadecen con su realidad y necesidades.
 
Los manifestantes José (Argelia, Cauca), Joaquín (San Antonio, Tolima) y Luis (Sierra Nevada de Santa Marta), aseguran que cuando grupos armados les destruyeron sus viviendas, hurtaron animales y cosechas y secuestraron o asesinaron miembros de su familia, se dirigieron a la inspección policial más cercana para denunciar los hechos. Sin embargo, según ellos la respuesta no fue inmediata ni pertinente. Ellos también habían recibido amenazas de muerte y tuvieron que abandonar su región.
 
Ahora solo esperan que esta forma de protesta motive un gesto generoso del Gobierno frente la imposibilidad de tomar en arriendo un inmueble porque no tendrían los documentos necesarios ni dinero para pagarlo.
 
La manifestación de estas 60 personas sin techo y con escasa comida, culminaría si el Estado las escucha y acoge o si les envía unas docenas de uniformados del Esmad cargados con gases, bombas aturdidoras y pelotas de goma, situación que tal vez llamaría la atención de la sociedad capitalina que habita aquel exclusivo sector, y alertaría al país de los más de 5.200.000 desplazados internos por el conflicto armado.
 
Finalmente convocamos a las organizaciones sociales de Bogotá para brindar la más pronta solidaridad con estas personas que exigen soluciones concretas a sus derechos vulnerados. Asimismo, sugerimos que la Unidad de Victimas debe establecer mecanismos eficaces de dialogo con los manifestantes para poner fin a esta difícil situación. 
 
BOGOTÁ, noviembre 19/13.
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