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Ex socios de ‘paras’, principales sospechosos de muertes de líderes de tierras

Testaferros de grupos paramilitares son los presuntos responsables de los asesinatos contra varios líderes de tierras ocurridos este año en Córdoba. El gobierno asegura que ha creado un nuevo Comando de Restitución para garantizar seguridad a los reclamantes.

“Aquí esos señores mandaron por mucho tiempo y tuvieron tierras a nombre de otros.  Uno no sabe si los que matan son de las bandas criminales o de esos señores que no quieren dejar de ser los dueños”. La frase, de una líder de Córdoba cuya identidad se reserva, retrata el drama de los reclamantes de esta región azotada por el paramilitarismo durante tantos años y que hoy esperan más atención del gobierno.

En lo que va corrido del año han sido asesinados seis líderes de tierras y sus  familias han sufrido desplazamientos, amenazas y asesinatos de varios de sus integrantes. Todos viven en territorios señalados de ser ‘la boca del lobo’ por la presencia permanente de grupos armados ilegales, entre ellas las bandas criminales, así como por testaferros de paramilitares y narcotraficantes que no quieren perder las miles de hectáreas que acumularon en los últimos veinte años.

En el municipio de Valencia, Córdoba, fueron asesinados este año Gilberto Padilla Ortega, Éver Antonio Cordero y Hermes Enrique Vidal Osoario. En Tierralta, en el mismo departamento, Élmer Antonio Serna Úsuga y Émel Antonio Serna Úsuga, y en Carmen de Bolívar, Bolívar, Rigoberto José Rivera.

El gobierno insiste en afirmar que no todas las víctimas estaban relacionadas con el proceso de restitución de tierras y que hay que esperar a aclarar los crímenes antes de señalarlos como producto de una persecución contra el proceso.

Sin embargo, varias organizaciones campesinas han criticado la postura oficial, señalando que el gobierno se esfuerza más por demostrar que su política de restitución va bien, antes de reconocer la complicada situación de seguridad en las que viven los labriegos en las zonas en las que el conflicto por la tierra no ha cesado.

Según Fernando Enamorado, miembro de Tierra y Vida, organización a la que pertenecían tres de los líderes asesinados, el gobierno debe hacer un esfuerzo para proteger a los campesinos, sin importar si están en sus registros como solicitantes de restitución de tierras.  “Para el gobierno, si no estamos en las bases de datos de restitución no somos líderes de tierras, eso no tiene sentido.  Hay mucha gente que está peleando por la tierra de su familia o asesorando a reclamantes que está expuesta”, explicó Enamorado.

Los reclamos de varias organizaciones de campesinos al gobierno en temas de seguridad no son nuevos.  Luego de que comenzara el proceso de restitución a mediados de 2012, varios líderes denunciaron amenazas de grupos que se hacían llamar ‘ejércitos anti restitución’, conformados por bandas criminales relacionadas con antiguos bloques paramilitares.  

El gobierno ha insistido que no existen dichos ejércitos, pero ha aceptado que algunas personas que se quedaron con las tierras de los campesinos pueden estar detrás de las amenazas y los crímenes.

La indignación de los campesinos ha crecido luego del asesinato de varios líderes.  En abril de 2013, cuando el Presidente viajaba a la región para entregar los títulos de la Santa Paula, una antigua hacienda que usurparon los hermanos Castaño, la comunidad se resistió a ir al acto oficial como una forma de protesta, tras el entonces asesinato de Éver Cordero, un líder que representaba a familias desplazadas de Córdoba.

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, reconoce que en el caso de Gildardo Padilla, último líder asesinado,  “hay muchos indicios de que está relacionado con un caso de restitución”. Según el comandante, las investigaciones apuntan a que en la región hay una tensión generada por las reclamaciones de tierras, dado que los herederos del paramilitarismo no quieren que los campesinos recuperen la tierra que las AUC les usurparon con violencia.

“No descarto que también haya responsabilidad de la banda criminal de Los Urabeños, pero estos grupos armados ilegales están más dedicados a actividades del narcotráfico… Para reforzar la seguridad de las víctimas, hemos dispuesto de dos escuadrones especializados de carabineros para brindar protección a las comunidades”, señaló el Comandante de la Policía de Córdoba.

La hipótesis de la Policía se refuerza luego de la captura de José Vicente Cantero Ibáñez, el 4 de diciembre de 2013, un ganadero de Urabá que fue mencionado en las denuncias de Gildardo Padilla, dos semanas antes de su asesinato.  Cantero es señalado de haberse aliado con los paramilitares del Bloque Bananero de las AUC para quedarse con más de 7.000 hectáreas de más de una decena de familias.

Luego de la muerte de Padilla, la Unidad de Restitución de Tierras a cargo de Ricardo Sabogal aseguró en un comunicado de prensa el 28 de noviembre de 2013 la creación de un nuevo Comando de Restitución de Tierras y Antiterrorismo, integrado por personas especializadas en investigación criminal y de inteligencia, para apoyar el proceso de restitución. “… se priorizó la protección para los reclamantes de tierras. En este sentido, la Unidad Nacional de Protección cuenta con un programa especial para reclamantes que permite, de manera expedita, implementar medidas para proteger la vida de las víctimas amenazadas”, dijo el funcionario.

Los líderes asesinados en lo que va de 2013
 
Tres de las seis víctimas asesinadas entre marzo y junio de 2013 eran líderes que apoyaban campesinos desplazados en el proceso de restitución de tierras en el alto San Jorge, en Córdoba. Aunque las autoridades han insistido que otros dos crímenes de líderes ocurridos en el Nudo del Paramillo no tienen que ver con la restitución, las víctimas sí eran representantes de campesinos de la zona que han exigido la titulación de las tierras que habitan desde hace varias décadas.

El otro caso, según las investigaciones judiciales, al parecer fue cometido por un ex paramilitar contra el hijo de una reclamante de tierras en Carmen de Bolívar, pero por motivos pasionales, según lo confesó el presunto victimario.

Según Rodrigo Torres, director de la Unidad de Tierras de Córdoba, aunque ninguno de los cinco líderes asesinados de ese departamento era reclamante de tierras en casos que estuvieran siendo documentados o presentados en demanda ante un juez de restitución, eran víctimas de la violencia. “En Valencia y Tierralta la situación tiene que ver con las bandas criminales y su interés por controlar los cultivos ilícitos. Estamos impulsando una ruta para que las víctimas puedan reclamar y continúe el proceso”, asegura el funcionario, quien dice que en Valencia las solicitudes de restitución suman 500 y ya 250 han sido tramitadas ante un juez especializado en restitución.

De estas 250 demandas presentadas, hasta ahora la justicia ha fallado a favor de 22 familias reclamantes de la antigua hacienda de Las Tangas,  usurpada por los hermanos Castaño, que fue utilizada como base paramilitar y en la que más tarde los Castaño despojaron con violencia a los campesinos que ellos habían parcelado en la región.

Sobre Tierralta, Torres señala que este municipio por estar en el Nudo del Paramillo es disputado por las bandas criminales, que buscan sacar la droga hacia la región del Urabá  buscando la salida al Pacífico. “Queremos intervenir algunas zonas de este municipio para principios del próximo año”, comenta el director.

El nudo del Paramillo: Élmer Antonio Serna Úsuga y Émel Antonio Serna Úsuga
 
La última semana de julio, dos campesinos que pertenecían a la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecás, fueron asesinados en sus casas, en el Nudo del Paramillo, en los límites entre Córdoba y Antioquia.

Élmer Serna era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Estrella, en el corregimiento de Zaiza en Tierra Alta. Émel Serna, también tenía el mismo cargo, pero en la vereda La Gloria, en el corregimiento de Crucito.  

La zona en la que vivían los líderes asesinados es una compleja región montañosa que tiene presencia de la guerrilla de las Farc y la banda de los ‘Urabeños’.  Es un lugar estratégico para los grupos armados ya que la complejidad del relieve les ha permitido mantener enormes extensiones de cultivos de coca a menos de 100 kilómetros de la Costa Caribe.

Según los directivos de Asodecás, los líderes asesinados no representaban comunidades desplazadas por la violencia, sino que exigían al gobierno nacional el cese de la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y la adjudicación de predios que han habitado a los campesinos por décadas.  “Los reclamos nuestros no están alrededor de la restitución.  Nosotros no queremos es que nos titulen las tierras que son nuestras y que hemos trabajado por mucho tiempo”, explicó Luis Carlos Herrera, presidente de Asodecás.

Inicialmente la Policía manejó la hipótesis, en el caso de Émel Varela, de que las Farc habían cometido el crimen, pero las investigaciones no han avanzado para corroborar esa información, según cuentan los compañeros de las víctimas en Acodecás.  “En la zona está la guerrilla, los ‘Urabeños’ y las fuerza pública, uno no sabe quién pudo ser y por qué motivos”, cuenta Herrera.

El Urabá Cordobés: Gildardo Padilla,Éver Antonio Cordero y Hermes Enrique Vidal
 
El 17 de noviembre fue asesinado Gildardo Padilla, un campesino que había declarado ante la Unidad de Contexto de la Fiscalía a finales de octubre en un proceso de despojo de tierras.  Aunque Padilla no aparece en la Unidad de Restitución como reclamante, sí buscaba que le devolvieran sus fincas junto a sus familiares, que había iniciado el proceso ante la Unidad.

Varios miembros de la familia Padilla han sido asesinados en los últimos 20 años.  Los padres de Gildardo y tres de sus hermanos terminaron muertos y según la propia víctima, había recibido amenazas durante el último año por reclamar dos predios que presuntamente les habían quitado los paramilitares.

Otro campesino en el Urabá cordobés había sido asesinado. El 20 de marzo de 2013, un grupo de hombres armados secuestró a Hermes Vidal, un campesino de  60 años y líder de la vereda San Rafael de Pirú en Tierra Alta, Córdoba.  Su cuerpo apareció tres días después flotando en el  Río Sinú, con signos de tortura.Vidal pertenecía a varias organizaciones de víctimas, entre ellas a la  Asociación Tierra y Vida que apoya peticiones de restitución de tierras en distintas zonas del país. Había salido desplazado de su finca y había regresado a la vereda para reclamar su parcela, pero comenzó a recibir amenazas.

Ese mismo mes, en marzo de 2013, otro miembro de la Tierra y Vida, Éver Antonio Cordero fue asesinado en el municipio de Valencia.  El crimen ocurrió el 9 de abril de 2013, mientras coordinaba las actividades de la Marcha Nacional por la Paz en su comunidad.  Cordero también era miembro de Tierra y Vida, y se había convertido en la voz de los reclamantes de tierras en la vereda de Santo Domingo de Fara, en Valencia y de varias familias del Alto San Jorge.

Según Fernando Enamorado, las dos víctimas habían recibido amenazas, al igual que varios de los miembros de esa ONG, en diferentes zonas del país.  “Ellos ya estaban amenazados.  Nosotros hemos tenido muchos problemas por nuestro trabajo, tenemos 14 personas con esquemas de seguridad del gobierno”.

Aunque los líderes de la zona han señalado que algunos de los propietarios actuales de los predios se aliaron con los ‘Urabeños’ para amenazar a los reclamantes y asesinar a los dos campesinos, las autoridades no han podido confirmar estas hipótesis.

Carmen de Bolívar: Rigoberto José Rivera Catalán
 
El 29 de mayo de 2013 apareció el cuerpo de Rigoberto Rivera, cerca de la parcela en la que vivía con su mamá, una reclamante de tierras en la vereda Pelotas de Carmen de Bolívar.

En un principio la comunidad relacionó el crimen con el proceso que llevaba la madre de la víctima ante la Unidad de Restitución de Tierras.  La familia Rivera tuvo que dejar su finca de 20 hectáreas en el año 2000, por los enfrentamientos entre los frentes 35 y 37 de las Farc  y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Dos semanas después del asesinato, la Policía capturó al presunto asesino, Amaury Montes Rivera, un ex paramilitar que confesó el crimen, pero señaló que mató al joven por líos pasionales.

Aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo por documentar los casos de abandono y despojo en las regiones, de presentar las demandas a los jueces especializados de restitución de tierras y de brindar medidas de protección a las personas que han denunciado riesgo contra sus vidas, las comunidades exigen que los procesos se realicen de forma colectiva para que todos puedan retornar y vivir en las regiones protegidos por el Estado. Otra preocupación es la presencia de las bandas criminales, que siguen amenazando a la población en su afán de controlar el negocio del narcotráfico.

La violencia contra los reclamantes en el resto del país
 
El que hayan asesinado líderes en Córdoba no significa que ésta es la única región donde las víctimas corren riesgo. Según la Unidad Nacional de Protección, por lo menos 452 campesinos cuentan en la actualidad con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección, el organismo creado en 2011 por la Ley 1448 o Ley de Víctimas para garantizar la vida y la seguridad de las familias que estén corriendo riesgo por reclamar sus derechos.

Han recibido llamadas amenazantes, los han señalado y en el peor de los casos, los han asesinado. Además de Córdoba, la mayoría son víctimas de Chocó, Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena y Cundinamarca, varios de los departamentos donde continúa el desplazamiento y el gobierno intenta hacer un proceso de restitución de tierras a las víctimas que tuvieron que abandonar sus parcela.

El más reciente informe de la organización estadounidense Human Rights Watch publicado en septiembre de 2013 encontró que el mayor volumen de amenazas contra víctimas y líderes reclamantes de tierras se registra en Chocó, Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba. Según este informe, 520 personas que reclaman la restitución y que viven en 28 de los 32 departamentos que componen al país han denunciado desde 2013 amenazas contra su vida.

En Colombia, no hay un consenso que dé cuenta de la dimensión del asesinato de víctimas líderes reclamantes de tierras. El informe de Human Rights Watch señala que la Defensoría reportó 71 personas asesinadas entre 2006 y 2011; la Fiscalía investiga 49 casos que involucran el asesinato de 56 reclamantes ocurridos desde 2000, y la organización estadounidense documentó en terreno 17 casos de asesinados desde 2008 en los que 21 líderes perdieron la vida por reclamar sus parcelas.

Aunque no todos los casos de amenazas y asesinatos estén relacionados con procesos de restitución, todo indica que la mayoría de los crímenes está ligada al conflicto por la tierra que ha vivido el país desde hace décadas. Lo cierto es que las intimidaciones y las muertes de los líderes campesinos continúan, especialmente en las zonas en las que los terratenientes de los poderes mafiosos locales se niegan a perder su influencia.

por: Ivonne rodríguez y óscar parra

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