Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La oposición local contra proyectos mineros, la deforestación masiva y la amenaza a los páramos fueron los grandes problemas ambientales del año. Pese a la movilización ciudadana, el gobierno siguió acelerando su locomotora minera.

 

Locomotora minera y resistencia social

 

El 2013 fue un año de protestas motivadas por los problemas ambientales que ocasiona el extractivismo imperante en el país

 

La resistencia a la minería en gran escala contrapone visiones e intereses de comunidades agrarias e incluso de grandes productores agrícolas nacionales con las que provienen de las transnacionales mineras e incluso de la mediana minería que no por ser menor frente a  aquella deja de causar enormes daños ecológicos y perturbar la vida de los habitantes del campo y de los pueblos. Proliferaron las manifestaciones contra las empresas y los proyectos mineros, particularmente los de las transnacionales:

 

En Piedras, Tolima, se produjo la primera consulta popular sobre el tratamiento del material extraído en La Colosa, que pretendía realizar la Anglo Gold Ashanti aprovechando su abundancia en agua y otras ventajas (la votación fue de 2971 votos en contra y 24 a favor). Posteriormente el Concejo Municipal aprobó un Acuerdo acogiendo la consulta, es decir, prohibiendo las actividades mineras en el municipio.

 

· El ejemplo fue seguido por los habitantes de Tauramena, Casanare, donde el 15 de Diciembre 4426 personas rechazaron las actividades de exploración petrolera frente a 151 votos a favor.

 

· Por doquier surgen nuevos movimientos de resistencia. Algunos son aún poco conocidos, como el que se levanta en el corredor Tinjacá-Villa de Leyva-Gachantivá contra la gran minería del carbón y la eventual extracción de gas y de otros minerales.

 

· La multa impuesta a la Drummond por el derrame de 500 toneladas de carbón al comienzo del año, ha desatado un gran debate por la desproporción entre el daño causado y las enormes ganancias de la transnacional, lo cual pone en evidencia que si se tiene como pagar se puede contaminar.   

 

Pero además el conflicto ambiental se reveló como transversal y esencialmente político. Detrás de la entrega de baldíos a monopolios nacionales, de la conurbación de extensas zonas, del decaimiento de la producción agraria nacional, también asoma la dimensión ambiental de los grandes problemas contemporáneos y emerge la sociedad civil protestando.

 

Deforestación causada por la siembra de palma aceitera.

Foto: Inés Fernández

Delimitación de los páramos: un asunto espinoso

 

La delimitación de los páramos –propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo vigente y estrechamente vinculada con los límites a la exploración y explotación mineras- dio pie a una gran polémica.

 

Los insumos técnicos para tal delimitación fueron encargados al Instituto Alexander Von Humbolt, el cual viene trabajando en el asunto y  el primer páramo que se decidió delimitar fue el de Santurbán, cuya defensa ante la amenaza de la minería del oro a cielo abierto ha generado un gran movimiento popular en Bucaramanga, cuya provisión de agua se vería gravemente afectada.

 

A finales del año la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que la demarcación estaba lista[1], pero era necesario concertarla con comunidades e intereses mineros que, como se sabe, involucran no solo a grandes empresas -dos de ellas transnacionales- sino también a los pequeños mineros de la zona. El problema consiste en que la delimitación traza una línea y prohíbe las actividades económicas por encima de ella, sin diferenciar los intereses de las comunidades tradicionales, de los de agricultores más recientes como los cebolleros ni de las empresas transnacionales, lo cual genera un galimatías difícil de resolver.

 

Incluso se ha llegado a mencionar que se respetarían los derechos adquiridos por los títulos mineros ya otorgados, lo que  implica permitir la explotación minera dentro de los páramos por 15 años, al cabo de los cuales la afectación sería de tal magnitud que para entonces del ecosistema paramuno no existirá ni el recuerdo.

 

El asunto central consiste en que las zonas de páramo en Colombia -que representan un poco más del 1 por ciento del territorio- proveen el 85 por ciento del agua que utilizamos.

 

La Orinoquia en riesgo

 

Los problemas no se limitan a la minería. Extensas zonas están dedicadas a la explotación agropecuaria intensiva que acabará alterando el equilibrio ambiental y desplazando las  prácticas adaptativas que se habían aplicado durante muchas décadas.

 

El 2013 fue un año de protestas motivadas por los problemas ambientales que ocasiona el extractivismo imperante en el país

Tal es el caso de la Orinoquía, que incluye la zona de transición entre los llanos y la Amazonía.

 

Esta importante macro región de 347.165 kilómetros cuadrados abarca el 30,4 por ciento del territorio continental del país y se caracteriza por su gran biodiversidad representada por 32 tipos de sabana que se agrupan en dos categorías: la sabana de altillanura “bien drenada” entre los ríos Meta y Vichada y la sabana inundable que comprende gran parte de los departamentos de Arauca y Casanare. Estos singulares ecosistemas son el hábitat de 1435 especies de peces de agua dulce, lo cual los hace únicos en el mundo y, como si fuera poco, en ella habitan 700 especies de aves, el 40 por ciento de las registradas en Colombia.

 

Pues bien, la Orinoquia viene siendo sometida a un proceso acelerado de desecación, deforestación, sustitución de la cobertura vegetal y pérdida o menoscabo de las culturas autóctonas. Un solo producto, la palma de aceite,  ha llegado a cubrir amplias extensiones y la propia Fedepalma anuncia que gran parte del millón seiscientas mil hectáreas que se proyectan para el 2032, lo serán en la Orinoquía (que hoy aporta cerca del 30 por ciento de la producción nacional de palma aceitera[2]).

 

Las circunstancias oscuras que acompañan este proceso aparecieron con toda claridad en el 2013, cuando trascendió que una de los monopolios que quieren convertir la Orinoquía en un campo agroindustrial –Riopaila S.A.- había acudido a triquiñuelas jurídicas para hacerse con 40.000 hectáreas de baldíos nacionales destinados por la Ley 160 de 1994 a  ser adjudicados a población campesina solo a través de Unidades Agrícolas Familiares (UAF), que para la región no sobrepasan las 1.100 hectáreas cada una.

 

Páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Foto: Alixon Navarro

Campeones mundiales en deforestación

 

Asistimos a una transformación profunda de los ecosistemas en aras de la quimera de la “prosperidad” que la economía extractiva promete.

 

Un indicador del avance en dirección equivocada son las cifras de deforestación. En agosto de 2013 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) anunció que entre 2011 y 2012 el país había perdido 295.892 hectáreas de bosque natural, el equivalente a 1,6 veces el área del Quindío. Esta noticia se matizaba diciendo que el promedio anual había descendido a 147.946 hectáreas con respecto al período 2005 – 2010, cuando fueron 238.273 hectáreas anuales, lo cual no puede ocultar el desastre ambiental que supone la pérdida de 6.206.000 hectáreas entre 1990 y 2010. Esto convierte a Colombia en uno de los países que más contribuye a la pérdida de cobertura vegetal natural en el mundo.

 

Hay una gran polémica sobre las causas de este problema. Aunque hay consenso en que la ganadería extensiva es una de las causas centrales y que ha ocasionado la tala de vastas extensiones, la atribución a la minería ilegal de parte importante es más discutible pues se usa para ocultar la devastación causada por la minería legal que el Gobierno promueve.

 

Lo cierto es que de afianzarse el modelo depredador adoptado por los últimos gobiernos ,  la base natural del país se verá tan profundamente afectada que tal vez no será posible construir un nuevo tipo de sistema productivo acorde con las características de los ecosistemas del trópico húmedo que predominan en Colombia.

 

Encrucijadas ambientales y paz

 

Colombia vice un gran dilema: destruir para prosperar, o utilizar adecuadamente su territorio para garantizar el futuro.

 

El asunto central consiste en que las zonas de páramo en Colombia -que representan un poco más del 1 por ciento del territorio- proveen el 85 por ciento del agua que utilizamos.

 

El Gobierno se inclina por la primera alternativa. Varias decisiones e intentos dan cuenta de ello:

 

Frente a la rebeldía de los municipios ante la minería, el gobierno emitió el Decreto 934 de 2013, prohibiendo que los Planes de Ordenamiento Territorial excluyeran  la minería.

 

Intentó facilitar la “extranjerización” de la tierra para impulsar el agro-negocio vinculando la inversión foránea [5]

Persiguió las semillas criollas y pretende imponer las semillas patentadas.

 

Ha insistido en facilitar la adjudicación de baldíos a monopolios nacionales y extranjeros, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos del Plan de Desarrollo que lo permitían.

 

Ha nombrado al frente de las carteras de Agricultura y Medio Ambiente a personajes estrechamente vinculados con el extractivismo agropecuario y minero.

 

La resistencia de amplios sectores de la sociedad colombiana aumentó en el 2013, además de los movimientos contra la minería en gran escala, el propio Paro Agrario Nacional y la protesta indígena son manifestaciones de la misma y encierran la posibilidad de un cambio de rumbo en las formas de ocupación del territorio y los sistemas productivos. La solución de esta confrontación de manera que se garanticen derechos fundamentales cono el agua, la seguridad y soberanía alimentaria y la autodeterminación del país esta en la base de la paz duradera y estable que se busca en La Habana.

 

Rafael Colmenares – Miembro de Unión Libre Ambiental.

 

Notas:

[1] Al disminuir la escala a 1:100.000, de acuerdo con la delimitación hecha por el Instituto Humbolt, el área del Páramo de Santurbán se “incrementó” de 82.000 a 142.000 hectáreas pues se pudo observar la zona de manera más precisa. Está en curso una nueva delimitación a 1:25.000, que es la que ordena el Plan Nacional de Desarrollo. Con relación al tema de la delimitación de los páramos véase el artículo de Carlos Lozano Acosta, “La delimitación de Santurbán: un páramo es un páramo” publicado en Razón Pública el 30/09/2013. 

 

[2] “La mejor Orinoquía que podemos construir”, Corporinoquia, Universidad de Los Andes, Foro Nacional Ambiental, Fescol, 2009.

 

[3] Idem, p.48.

 

[4] Este Decreto fue demandado por la actual Alcaldía de Bogotá, que prohibió la minería en la ciudad.

 

[5] Según el Representante a la Cámara Wilson Arias, varias empresas extranjeras poseen ya 134.000 hectáreas en la altillanura orinoquense. De otra parte el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley 164 de 2012, para facilitar el acceso del capital extranjero a la tierra, el cual fue aprobado por la Comisión V del Senado, con fuerte oposición del Polo Democrático Alternativo en cabeza del Senador Jorge Robledo.

 

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/7274-balance-ambiental-del-2013-modelo-econ%C3%B3mico,-da%C3%B1os-ecol%C3%B3gicos-y-protestas-sociales.html?highlight=WyJyYWZhZWwiLCJjb2xtZW5hcmVzIiwicmFmYWVsIGNvbG1lbmFyZXMiXQ==